Alejandro Narváez Liceras (*)

Petróleos Mexicanos (PEMEX) es la empresa estatal de hidrocarburos más importante de México y una de las petroleras más grandes de América Latina. Fundada en 1938 tras la expropiación petrolera, PEMEX ha sido símbolo de soberanía energética y motor económico del país durante décadas. Sin embargo, en los últimos años ha enfrentado desafíos financieros profundos, con altos niveles de deuda, resultados operativos negativos y la necesidad recurrente de apoyo gubernamental.  Conocer su situación actual es esencial para entender la salud del sector energético y la importancia estratégica para la economía mexicana. Asimismo, puede servir de ejemplo a otros países que enfrentan problemas similares.

Estructura financiera y fuentes de financiamiento

• Deuda financiera

PEMEX mantiene uno de los niveles de endeudamiento más altos entre grandes empresas estatales globales. Al segundo trimestre de 2025, la deuda financiera se situó en aproximadamente 99 mil millones de dólares (reporte trimestral PEMEX, 2025). Esta cifra representa una reducción marginal respecto a periodos anteriores, gracias a estrategias de refinanciamiento, pero sigue constituyendo una pesada carga sobre la empresa. Adicionalmente, PEMEX tiene obligaciones importantes con proveedores y contratistas que, sumadas a la deuda financiera, elevan su carga total por encima de los 120 mil millones de dólares.

• Emisiones de deuda y bonos

En 2025, México y PEMEX han recurrido activamente a los mercados financieros para manejar sus compromisos. El Gobierno mexicano colocó bonos en euros y dólares por un total de 13,800 millones de dólares, parte de los cuales se destinaron a amortizar deuda de PEMEX y refinanciar vencimientos entre 2025 y 2029. Además, lanzó una oferta de recompra de bonos por hasta 9,900 mil millones de dólares para aligerar el perfil de vencimientos futuros de su pasivo denominados en moneda dura, es decir, en euros y dólares. Los bonos de PEMEX han dado rendimientos elevados en 2025, con rendimientos en dólares que alcanzaron niveles superiores al 24% promedio, reflejo del riesgo percibido por los inversores en mercados emergentes.

• Aportaciones gubernamentales

El Gobierno federal mexicano ha realizado aportaciones patrimoniales significativas para fortalecer la liquidez de su empresa pública y reducir sus costos financieros. Durante el primer semestre del 2025, las inyecciones de capital por parte del Ejecutivo mexicano ascendieron a más de 14 mil millones de dólares para apoyar operaciones estratégicas y mejorar la posición de liquidez de la compañía. En el segundo semestre del mismo año habría recibido nuevo apoyo en torno a 29 mil millones de dórales para sostener a PEMEX frente a sus tensiones financieras (S&P Global, 2025).

Rendimiento operativo y resultados financieros recientes

• Producción y ventas

PEMEX enfrenta un retroceso en su producción de petróleo debido al agotamiento de campos maduros y retrasos en nuevos proyectos, lo que ha afectado volúmenes productivos y ventas. En el primer trimestre de 2025, la empresa reportó una producción de crudo de aproximadamente 1.6 millones de barriles por día (bpd), y el procesamiento en refinerías se redujo respecto al año anterior.

Según reportes internos del tercer trimestre de 2025, la empresa procesó alrededor de 1.01 mil bpd y generó cifras de venta y servicio que reflejan desafíos de competitividad y menores ingresos por exportaciones en comparación con periodos previos (Informe PEMEX al 3T25).

• Resultados financieros y pérdidas

PEMEX ha experimentado fluctuaciones significativas en su desempeño financiero, como otras empresas del sector en el mundo.  En el primer trimestre de 2025 reportó una pérdida neta de unos 2,100 millones de dólares, resultado de menores ventas, altos gastos financieros y variaciones del tipo de cambio, en contraste con ganancias en el periodo equivalente de 2024.

Aunque algunos trimestres mostraron mejoras de EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización), la rentabilidad neta aún está condicionada por la fuerte carga de deuda y los costos asociados al servicio del pasivo total.

Razones del apoyo del Gobierno

El Gobierno de México continúa apoyando financieramente a PEMEX por varias razones estructurales y estratégicas:

• Seguridad y Soberanía energética

Desde su creación, PEMEX simboliza la seguridad y soberanía petrolera del país, suministrando combustibles esenciales y garantizando la disponibilidad interna de energía sin depender exclusivamente de importaciones. Esto ha llevado al Estado a defender su existencia incluso en momentos de crisis financiera, fiscal y operacional.

• Impacto fiscal y contribuciones

Aunque PEMEX enfrenta pérdidas, sigue siendo un contribuyente importante para el presupuesto nacional, a través de impuestos, derechos y cargas fiscales específicas. La recaudación derivada de sus actividades representa una parte significativa de los ingresos del Gobierno federal, y su debilitamiento podría tener consecuencias presupuestales amplias, especialmente en un contexto de priorización de gasto social y disciplina fiscal (Wikipedia, 2025).

• Riesgo económico sistémico

La quiebra o colapso de PEMEX implicaría un impacto macroeconómico sin precedentes: pérdida de empleos, deterioro de relaciones comerciales con socios internacionales y mayores costos de importación de combustibles, etc.. Por ello, el Gobierno prefiere apuntalar a la empresa mediante capitalizaciones, emisión de deuda y restructuraciones financieras.

Desafíos estructurales y perspectivas futuras

• Deuda y sostenibilidad financiera

A pesar de los esfuerzos por reducir la deuda financiera en 2025 con operaciones como recompra de bonos y aportaciones de capital, la empresa sigue enfrentando una pesada carga pasiva. El objetivo del Plan Estratégico 2025 2035 es reducir la deuda financiera total a alrededor de 77,300 millones de dólares hacia 2030 (IMCO, 2025). Para lograrlo, se requiere no solo disciplina fiscal interna, sino un aumento sostenido en producción y eficiencia operativa.

• Producción y mercado

PEMEX ha trazado en su plan estratégico metas ambiciosas para elevar la producción de crudo a 1 millón 800 mil bpd durante el periodo de la actual Administración (Claudia Sheinbaum), aunque dichas cifras aún están por alcanzarse debido a la declinación natural de campos maduros y retos técnicos en nuevos desarrollos (Reuters, 2025).

Incrementar la eficiencia y diversificar inversiones —incluyendo actividades con participación privada y asociaciones estratégicas— será crucial para revertir tendencias de producción decreciente y dar viabilidad financiera a largo plazo.

Conclusiones

La situación económica y financiera de PEMEX es compleja y representa un desafío tanto para la empresa como para la economía mexicana en su conjunto. Mantiene una deuda financiera que ronda los 99 mil millones de dólares y pasivos adicionales con proveedores, pese a los esfuerzos de reducción mediante recompra de bonos y apoyo gubernamental.

El respaldo del Gobierno de México —reflejado en aportes de capital, emisiones de deuda soberana y medidas fiscales específicas— responde a la necesidad de preservar estructuras energéticas estratégicas y evitar impactos negativos en la estabilidad económica nacional. El éxito de estos esfuerzos dependerá de la capacidad de la empresa para transformar su modelo operativo, reducir su carga financiera y recuperar niveles de producción compatibles con la sustentabilidad económica futura.

“En el siglo XXI estamos aprendiendo quien controla la energía, controla el destino de las próximas generaciones”. L:170126.

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ex presidente de Petroperú  y actualmente profesor Principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

CRECER 6-7%: LA PROMESA FÁCIL DE LOS CANDIDATOS

Alejandro Narváez Liceras(*)

He leído un número importante de planes de gobierno de los partidos políticos que aspiran gobernar el país a partir del 2026.  En la mayoría de ellos aparece la misma frase, repetida como eslogan técnico: “PBI o crecimiento económico 6% a 7% anual sostenido”. Suena bien y entusiasma a los votantes. El problema es que esa meta, sin ruta, no es política económica: es simple propaganda. Un segundo aspecto que he encontrado en dichos planes es que confunden crecimiento económico con desarrollo o bienestar de la gente.  En este breve artículo vamos a analizar ambos puntos.

Crecer 6 – 7 u 8% es posible

El Producto Bruto Interno (PBI) es útil. Nadie sensato lo niega. Sirve para medir el valor monetario de la producción final de bienes y servicios en un periodo. Es decir, cuantifica la actividad económica. Pero de ahí a confundirlo con “desarrollo” hay un salto lógico —y moral— que el Perú paga caro. La Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009) lo dijo con claridad: el PBI tiene límites serios para reflejar el progreso social y el bienestar, y además puede inducir a decisiones públicas equivocadas si se usa como brújula única.

Crecer 6–7% de manera sostenida no es imposible, pero sí retador. Ese ritmo requiere —como mínimo— un salto simultáneo muy importante en inversión privada y pública, productividad, estabilidad institucional y seguridad. Y hoy el país arrastra lo contrario: burocracia que paraliza, obras que no se ejecutan, informalidad masiva, crimen que encarece hacer negocios y un Estado ineficiente que promete más de lo que gestiona. En ese contexto, ofrecer 6-7% sin explicar el cómo, es como prometer lluvia en sequía sin mostrar el reservorio.

¿Cómo se logra un 6–7% realista? No con arengas. Se logra con medidas concretas: destrabando proyectos, reglas claras para invertir, infraestructura, logística, energía competitiva y segura, reforma del servicio civil, justicia rápida, simplificación tributaria y una ofensiva seria contra la inseguridad. Se logra también elevando la productividad del trabajo: educación útil, salud que no te quiebre, capacitación técnica, tecnología y crédito con tasas de interés razonables para MYPEs formales (y no las tasas leoninas que actualmente rigen). En síntesis: más capacidad productiva, no solo más consumo.

La primera ceguera es la distribución del crecimiento: dos países con el mismo PBI per cápita pueden ser socialmente opuestos si uno reparte oportunidades y el otro concentra rentas en pocas manos. La segunda es la calidad del crecimiento: un boom extractivo puede inflar el PBI sin generar capacidades productivas sostenibles. La tercera es la contabilidad incompleta: el PBI no mide la economía informal (en Perú esta actividad representa en torno 20% del PBI), no toma en cuenta el efecto de la inflación (cifras nominales), subestima o ignora el trabajo no remunerado (trabajo de las amas de casa), no mide las externalidades tanto positivas como negativas que produce la economía de mercado en el medio ambiente, etc.

La trampa del PBI: confundir crecimiento con bienestar

Hay un segundo vacío más grave aún en los planes de gobierno: el reparto. Hablan del tamaño de la torta, pero callan sobre su distribución. Si el crecimiento se concentra en sectores rentistas o extractivos sin encadenamientos, el PBI sube y la vida no. El país ya conoce esa historia: cifras macro “buenas” con sueldos modestos y estancados, servicios públicos mediocres y jóvenes sin movilidad social. Sin un enfoque explícito de “crecimiento con empleo formal” y sin políticas que reduzcan brechas territoriales, la promesa de 6,7 u 8% termina siendo un promedio que no llega a la mayoría.

El PBI suma, pero no pregunta. No pregunta quién se beneficia, cómo se reparte el ingreso que se crea cada año, qué se destruye en el camino de creación de esa riqueza, ni cuánta vida digna se produce con ese crecimiento. Es decir, puede expandirse la economía mientras el empleo es informal, la seguridad se deteriora, la inseguridad alimentaria aumenta, la salud se privatiza de facto y la educación se convierte en filtro de clase. Nuevamente, los “sólidos fundamentos macroeconómicos” de los que hacen gala algunos burócratas que han copado la administración del Estado de poco sirven.  Si no van de la mano de una mejora sensible del bienestar de los peruanos, la tarea es incompleta.

Entonces, ¿es posible? Sí, condicionalmente. Un 6–7% puede alcanzarse en un rebote o en un ciclo favorable, pero sostenerlo requiere reformas y ejecución, no frases. La pregunta que deberían responder los planes de gobierno, que están obligados a presentar los candidatos, no es “¿cuánto creceremos?”, sino: ¿Qué sector liderará el crecimiento?, ¿Qué inversión lo financiará?, ¿Qué productividad lo sostendrá?, ¿Cuánto empleo formal generará y cómo se redistribuirán sus frutos? Si no contestan estas simples preguntas, la meta es solo un número bonito para campaña. Y el país, otra vez, será el que paga la factura.

Apunte final

El PBI es una cifra. El desarrollo es vida. Y un país que confunde ambas cosas termina administrando promedios y abandonando personas. Si de verdad queremos “crecer”, la pregunta no es cuánto produce el Perú, sino cuánta dignidad produce ese crecimiento. Mientras el 71% de la PEA trabaje en la informalidad y un tercio de la población viva en pobreza monetaria, el PBI podrá crecer la cifra que deseen, pero el país seguirá esperando crecimiento con bienestar. En suma, el PBI no es inútil, pero es insuficiente para orientar políticas económicas en un país de crisis alimentaria, desigualdad, precariedad laboral y pobreza estructural. (L:291225).

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y actualmente profesor Principal Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del IIEE.

ESTABILIDAD DE PRECIOS, SÍ. PERO LA ECONOMÍA REAL NO SE MUEVE

Alejandro Narváez Liceras(*)

En el debate público peruano se repite una idea que suena tranquilizadora: “al menos tenemos estabilidad de precios”. Y es cierto: la inflación se ha reducido de forma importante. Pero esa “victoria” convive con otra realidad igual de contundente: el crecimiento sigue siendo frágil, la inversión avanza con timidez, y el empleo formal no se crea al ritmo que exige un país con profundas brechas sociales. La pregunta incómoda es inevitable: ¿de qué sirve la estabilidad de precios si la economía real no se mueve?

La inflación vuelve al rango, y ¿qué?

A noviembre de 2025, el BCR reportó inflación anual de 1.37% y una inflación subyacente (sin alimentos y energía) de 1.77%. Es decir, precios contenidos y dentro del rango meta (1% -3%), con señales de normalización.

Sin embargo, lo decisivo no es solo la inflación, sino el pulso de la actividad económica: el INEI (2025) informó que el PBI creció 3.4% interanual en el tercer trimestre de 2025. Es crecimiento, sí; pero también es una cifra que se parece demasiado al “piloto automático” de una economía que ronda su potencial sin resolver cuellos de botella. Y cuando una economía se limita a crecer “cerca del potencial” mientras arrastra informalidad masiva, el resultado social suele ser el mismo: se estabiliza el precio del pan, pero no mejora la calidad del empleo que compra ese pan.

El mercado laboral revela la verdad

Aquí nuestro país es brutalmente transparente. La Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) muestra que, en el tercer trimestre de 2025, la tasa de empleo informal fue 70.6% (y el empleo formal 29.4%). Además, el propio INEI reporta que el empleo adecuado alcanzó 52,4% de la PEA, mientras el subempleo o trabajo parcial – sin derecho a nada 42.5%.

¿Qué nos dice esto? Que el Perú no está frente a un simple problema de “crecer un poco más”. Está frente a una estructura productiva que convierte el crecimiento moderado en ocupación de baja productividad. Por eso la frase “la economía no se mueve” no significa “no hay PBI”, sino que no hay movilidad social, no hay escalera de formalización, no hay salto de productividad.

El “precio del dinero”:  el freno silencioso

Aquí aparece un factor clave: el “precio del dinero” o tasa de interés. En la práctica, en el Perú la tasa de interés que un banco cobra por prestar dinero (tasa activa) a una MYPE (Micro y Pequeñas Empresas) es muy cara, y estas representan el 99% del tejido empresarial, vitales para el empleo y la economía.

Lo que realmente importa para tomar decisiones de inversión y generar empleo no es la tasa de referencia del BCR de 4.25% actual – que tanto de propalan-, sino el costo efectivo del crédito productivo. Y allí la economía real se da de bruces con una pared. La SBS (2025) muestra que, al 16 de diciembre de 2025, la tasa promedio para créditos a la microempresa en moneda nacional fue 56.81% anual. Es decir, de cada 100 soles de sus ingresos, 57 soles van al prestamista solo por concepto de intereses, fuera de la amortización del principal.

Con ese costo, pedir “más inversión privada” suena irónico, burla para los jóvenes que aspiran a emprender negocios y para los miles de empresarios que sobreviven a duras penas. El crédito caro no solo frena el capital de trabajo e inversión, también empuja a la informalidad, porque formalizarse con financiamiento prohibitivo hace que el negocio sea simplemente inviable. Esta es la economía que “no se mueve” y la que mantiene una inflación baja.

El Perú no es una economía “normal” desde el lado laboral

Según el BCR (2025), en octubre, el empleo formal total a nivel nacional aumentó en 3.4% interanual.  No obstante, si comparamos esta cifra con lo de marzo de este mismo año que fue de 7.8% la caída es preocupante, por un lado, y por otro, la tendencia es decreciente en los últimos 6 meses (véase la Nota Semanal del BCR, diciembre 2025).

Desafortunadamente, esta cifra convive con un problema estructural: el Perú sigue siendo un país donde 7 de cada 10 ocupados son informales. Cuando la informalidad domina, el desempleo abierto deja de ser el termómetro de “holgura” real del mercado laboral. En economías con alto subempleo e informalidad, el dilema tradicional de la curva de Phillips (menos inflación a cambio de más desempleo, o viceversa) actúa de forma distinta, y desplazan el centro de gravedad de la política económica hacia la productividad, inversión, competencia y formalización efectiva.

¿Qué hacer?

En política económica la estabilidad de precios es un piso, un noble objetivo a corto plazo, no un techo. Esta idea es de manual. Si el piso se convierte en objetivo final, la economía se vuelve conservadora, y el país termina administrando el estancamiento con inflación reducida. Aquí algunas ideas:

1. Estado eficiente y que ejecute: macroeconomía robusta pierde legitimidad cuando el ciudadano observa servicios públicos de pésima calidad e inmóviles.
2. Acelerar inversión y destrabar proyectos (públicos y privados) con metas verificables, reducción de trámites y mejoras reales en permisos.
3. Política monetaria y crediticia con foco productivo: más competencia financiera y mejores esquemas de garantías focalizadas para MYPEs. Con tasas de interés leoninas no hay transición a la formalidad.
4. Productividad e institucionalidad: sin reformas micro (competencia, simplificación regulatoria, calidad del gasto), la economía seguirá con crecimiento “corto”.
5. Empleo formal como objetivo explícito: políticas de capacitación, formalización viable y reducción de costos no salariales que castigan la contratación.

Apunte final

La estabilidad de precios es un logro macroeconómico valioso, pero no es un proyecto de país. Cuando la economía no se mueve, la estabilidad se vuelve una tarea incompleta: orden sin progreso. Obviamente, el Perú necesita controlar la inflación y, al mismo tiempo, atacar el núcleo del estancamiento: inversión débil, productividad baja, trabas institucionales y un mercado laboral que no convierte crecimiento en bienestar.

La pregunta final no es si queremos inflación baja, eso es obvio. La pregunta es: ¿queremos una economía estable que apenas respira, o una economía estable que genere empleo, productividad y futuro?  L:201225

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y actualmente profesor Principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del IIEE.

Temas para el debate:

Alejandro Narváez Liceras(*)

El Perú exhibe una de las paradojas más persistentes y desconcertantes de América Latina: una macroeconomía robusta coexistiendo con una profunda fragilidad social. Mientras las autoridades económicas resaltan la baja deuda pública, la estabilidad monetaria y la solvencia externa, millones de peruanos padecen de inseguridad alimentaria grave o moderada, empleos precarios y servicios públicos insuficientes. Esta dualidad, lejos de ser un fenómeno reciente, ha alcanzado un punto crítico en el periodo 2024–2025, revelando los límites de un modelo económico concentrado en estabilidad, pero muy débil en redistribución, institucionalidad e inclusión social.

En este artículo   intentaré analizar esta paradoja mostrando algunas evidencias y cómo la política económica debería recuperar su esencia, su razón de ser: el bienestar de la gente.

Política económica y su fin supremo

La política económica —en teoría y en práctica— debería orientarse a mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, la atención y el debate se ha desplazado hacia temas estrictamente técnicos: equilibrio fiscal, metas de inflación, disciplina monetaria o estabilidad macroeconómica. Aunque estos elementos son importantes, pierden sentido cuando no se traducen en bienestar concreto para la población. Adam Smith (1776) advertía que la riqueza de una nación no radica únicamente en la acumulación de capital, sino en la capacidad de mejorar la vida de sus habitantes. De igual forma, Keynes (1936) señalaba que la economía debía estar al servicio de las necesidades humanas y no al revés.

Fortaleza macroeconómica: un espejismo estadístico

Desde la perspectiva estrictamente macroeconómica, el Perú mantiene indicadores que, en apariencia, son mejores que los de sus pares en la región. El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) reportó que la inflación retornó al rango meta en 2024, ubicándose en 1.4% al 3T2025, una cifra significativamente inferior al promedio regional. Asimismo, las reservas internacionales netas superan los 90 mil millones de dólares en noviembre de 2025 (26% del PBI), otorgando un colchón importante frente a episodios de volatilidad externa.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (2025) ha insistido en que la deuda pública se mantendrá en torno al 31.3% del PBI para el 2025, una de las más bajas de América Latina, lo que preserva grados de libertad de la política fiscal. Cabe destacar que el Perú cuenta con un reducido déficit fiscal de 2.4% al 3T2025 (BCR: RI3T25), solo superado por Chile.  Además, el sistema bancario peruano exhibe una ratio de solvencia o capital global (RCG) a septiembre de 2025 de 17.2%, nivel mayor al mínimo regulatorio exigido de 10%.

No obstante, este conjunto de cifras genera una ilusión de estabilidad que no captura la precariedad social subyacente. La macroeconomía peruana parece diseñada para ofrecer una imagen de fortaleza que no se traduce en mejoras sustanciales para la mayoría de la población. La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve la estabilidad fiscal si no logra revertir la desigualdad ni cerrar brechas históricas en salud, educación o infraestructura?

El rostro oculto: pobreza, desigualdad y hambre

La pobreza monetaria (ingresos) se elevó a 27.6 % en 2024 (INEI, 2025), lo que significa que cerca de uno de cada tres peruanos no logra cubrir una canasta básica de consumo. Más alarmante aún, la pobreza extrema volvió a crecer (5.5%) por primera vez en una década. Consecuencia de este panorama y según el informe del MINSA (2025) 33,000 peruanos padecían tuberculosis en el 2024, y de acuerdo a la OMS la cifra real podría estar en 59,000 casos. Perú está entre los países con mayor aumento de esta enfermedad en América Latina.

Por otro lado, el 41% de la población peruana experimentó inseguridad alimentaria grave o moderada (falta de acceso continuo y suficiente a alimentos) entre 2022 y 2024, la cifra más alta de América del Sur (FAO, 2025). La anemia en niños menores de tres años subió a 45.3% y la desnutrición crónica en menores de cinco años alcanzó al 12.6% (ENDES 2025-I). El país de la mejor cocina del mundo golpeada por la falta de comida, ¡vaya paradoja!  La precariedad laboral sigue siendo la norma: más del 70 % de la población ocupada trabaja en la informalidad, con ingresos inestables y sin protección social, y un 42.3% de la PEA es subempleada (INEI, 3T25), es decir, trabajadores sin derecho a nada.

La fragilidad social no es solo una consecuencia económica, es también el reflejo de un Estado ineficiente e indolente, cuya presencia fuera de Lima es débil, fragmentada y, en muchos casos, inexistente. Esta ausencia institucional, combinada con décadas de baja inversión pública en infraestructura, educación, salud, etc., explica por qué amplios sectores de la población siguen en el abandono del Estado pese a los buenos indicadores macroeconómicos que tanto se propalan.

Estabilidad arriba, colapso abajo

El contraste entre estabilidad macro y deterioro social evidencia la naturaleza incompleta del modelo económico peruano de más mercado y menos Estado. Como señala el FMI (2024), economías con fundamentos sólidos pueden fracasar si carecen de instituciones capaces de traducir el crecimiento en bienestar. El Perú es un ejemplo paradigmático: sólido en cuentas fiscales, muy débil en cohesión social, eficiente en estabilidad monetaria, ineficiente en provisión de servicios públicos. Simplemente, no hay correlación entre ambos.

El problema no es únicamente distributivo, sino estructural: el crecimiento peruano ha dependido excesivamente de ciclos de precios de materias primas y de un sector privado dinámico que opera al margen de un Estado rezagado. Esta desconexión genera una economía primaria exportador que coexiste con una sociedad vulnerable, lo que explica la crisis social permanente y la desconfianza hacia las instituciones del Estado.

En términos concretos, la fragilidad social no es un accidente: es el resultado acumulado de un Estado débil e ineficiente, una élite económica egoísta y desconectada del Perú real y una “clase política” más centrada en disputas internas por pequeñas cuotas de poder que en diseñar un proyecto nacional.

¿Para quién crece la economía? La pregunta que incomoda

La economía no crece en abstracto, crece para alguien. La pregunta clave, planteada por clásicos y contemporáneos, es quién se beneficia de ese crecimiento. Según Amartya Sen (1999), el desarrollo debe medirse por la expansión de capacidades reales de las personas, no por la magnitud del PBI.  Si el empleo es informal, los salarios son bajos y los servicios públicos son deficientes, entonces un crecimiento elevado carece de sentido moral y político.

El bienestar colectivo no es una consecuencia automática del crecimiento económico, es la resultante de políticas públicas deliberadas. Cuando el Estado deja que el mercado resuelva por sí solo problemas como pobreza, desigualdad o exclusión, lo que en realidad hace es perpetuar las brechas estructurales que afectan a los sectores más vulnerables.

La responsabilidad del Estado: más allá de la retórica económica

El Estado es el principal arquitecto de la política económica, y por tanto el primer responsable de que sus objetivos estén alineados con el bienestar social. Keynes (1936) advertía que una economía abandonada a la “mano invisible del mercado” podía generar más inestabilidad que prosperidad, precisamente porque el mercado no garantiza pleno empleo ni protección social. En este sentido, la intervención del Estado no es una anomalía, sino una necesidad para ordenar el sistema económico.

Sin embargo, en países con débil institucionalidad, la política económica se ha vuelto un ejercicio elemental tecnocrático desconectado de la realidad social. Se celebran metas fiscales mientras aumentan la informalidad, la pobreza, el hambre. Se aplaude la estabilidad monetaria mientras se deterioran los servicios de salud, educación y seguridad. Esta desconexión erosiona la legitimidad del Estado y, en última instancia, mina la cohesión social que luego explotará. Sin justicia social no habrá paz social duradera y genuina en el Perú.

Conclusión

El Perú vive atrapado en una paradoja profunda: presume de estabilidad macroeconómica sólida mientras su tejido social se deshace lentamente. Los logros monetarios y fiscales, aunque importantes, no compensan la fragilidad social que amenaza con socavar la cohesión nacional. El verdadero desafío no es mantener el orden macroeconómico, sino construir un Estado capaz de transformar tales cifras en bienestar, estabilidad en desarrollo y crecimiento para todos.

La política económica debe recuperar su esencia: mejorar la vida de las personas. Reducirla a un mero ejercicio de equilibrios macroeconómicos es vaciarla de contenido ético y social. El progreso genuino requiere un Estado capaz de combinar estabilidad monetaria y fiscal con políticas públicas que generen oportunidades reales para todos los peruanos. El desafío no es solo técnico, sino moral: recordar que los números sólo tienen valor en economía cuando se traducen en bienestar humano. (L:131225)

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y actualmente profesor Principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del IIEE.

(**) El artículo completo puede leerse en: www.alejandronarvaez.com

En el Perú, la política cambiaria se ha caracterizado por un régimen de “flotación sucia”, o managed float, en el cual el tipo de cambio no se deja totalmente al arbitrio del mercado, sino que es intervenido discrecionalmente por el Banco Central de Reserva (BCR). Este esquema híbrido ha sido uno de los pilares de la política monetaria del banco emisor desde los años 2000, apuntando a evitar volatilidades abruptas que afecten la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación. Sin embargo, una de sus consecuencias más relevantes —y menos debatidas— es su efecto directo sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN) , que constituyen el principal escudo financiero externo del país, así como sus efectos colaterales: pérdida de competitividad exportadora, fortalecimiento artificial del sol, y una creciente dependencia de la acumulación de reservas internacionales. Este artículo propone una reflexión crítica sobre los efectos del régimen cambiario actual en la economía peruana y su sostenibilidad en el mediano plazo.

Naturaleza del régimen y sus efectos

El régimen de “flotación sucia “o “flotación administrada” permite que el tipo de cambio sea determinado principalmente por el mercado, pero con intervenciones del BCR para evitar fluctuaciones bruscas. En teoría, esto otorga flexibilidad frente a shocks externos. En la práctica, sin embargo, el Banco Central ha intervenido activamente en el mercado cambiario con compras (como la reciente compra del 6 de noviembre de 2025 por 27 millones de dólares) y ventas de divisas que en algunos años han superado los 10, 000 millones de dólares anuales (BCR, 2023). Estas acciones, aunque estabilizadoras en el corto plazo, distorsionan los precios relativos e impiden un ajuste real de la economía ante desequilibrios externos

Uno de los efectos más evidentes de la “flotación sucia” ha sido la apreciación real de nuestra moneda, el sol. A pesar de los vaivenes internacionales, el tipo de cambio ha permanecido relativamente estable, oscilando entre 3.40 y 4.10 soles por dólar en la última década. Esta estabilidad, si bien beneficiosa para los importadores y el control inflacionario, ha erosionado la competitividad de las exportaciones no tradicionales, cuyos costos se han mantenido elevados en términos internacionales. Sectores como el textil, la agroindustria o el metalmecánico han visto reducida su rentabilidad, incentivando una reprimarización de la economía, como la agricultura, la minería y la extracción de recursos naturales.

Reserva internacional y vulnerabilidad externa

Las intervenciones del BCR se financian con la acumulación de reservas internacionales, las cuales al 12 de noviembre de 2025 totalizaban 89,937 millones de dólares que equivale al 26% del PBI (BCR noviembre 2025). Si bien este colchón fortalece la percepción de solvencia financiera, también implica costos de oportunidad para la economía peruana. El mantenimiento de reservas excesivas en instrumentos financieros de bajo rendimiento genera un drenaje de recursos que podrían ser utilizados en inversión pública productiva y mejorar el bienestar de los peruanos. Además, el exceso de reservas expone al país a pérdidas contables cuando el dólar se devalúa globalmente como viene ocurriendo actualmente. Concretamente, las RIN del BCR están constituidos principalmente por activos internacionales líquidos como depósitos en bancos extranjeros, bonos de gobiernos y organismos internacionales.

Sesgos y riesgos de la política cambiaria actual

El sesgo a la apreciación o revaluación del sol, promovido por el BCR en su afán de mantener la inflación bajo control, tiene implicancias distributivas: favorece a los sectores importadores y financieros, pero perjudica a los exportadores, a las pequeñas empresas. Asimismo, genera un espejismo de estabilidad macroeconómica que puede desincentivar reformas estructurales necesarias. Por otro lado, en un contexto de mayor volatilidad financiera global, mantener artificialmente bajo el tipo de cambio puede convertirse en una trampa, como ocurrió en otros países latinoamericanos que vieron desplomarse sus monedas ante eventos externos (casos de Argentina en 2020 o Colombia en 2022).

Alternativas a la “flotación sucia”

Para superar los límites de la “flotación sucia”, es necesario rediseñar la estrategia cambiaria bajo criterios de desarrollo productivo y diversificación exportadora. Esto a mi juicio implica:

• Redefinir la banda de intervención para permitir una mayor flexibilidad que favorezca la competitividad.
• Establecer reglas explícitas de intervención, lo que aumentaría la transparencia y previsibilidad de la política cambiaria.
• Coordinar la política monetaria con la política fiscal y la comercial, para lograr una alineación coherente con los objetivos de política económica del país.
• Reducir la concentración del poder de decisión del BCR, promoviendo una supervisión más democrática y técnica de su actuación.

Apunte final

La “flotación sucia” del tipo de cambio ha sido funcional para garantizar la estabilidad macroeconómica y reducir la inflación durante más de dos décadas. Sin embargo, esta herramienta ha llegado a sus límites. Su uso intensivo ha generado distorsiones productivas, pérdida de competitividad, concentración sectorial y dependencia excesiva de las reservas internacionales. En un entorno mundial incierto, el país necesita transitar hacia un régimen más transparente, flexible y alineado con un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. La estabilidad cambiaria no puede seguir sosteniéndose a costa del estancamiento productivo. Es urgente debatir abiertamente los costos ocultos del régimen cambiario actual. (L:161125)

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1. Es actualmente profesor Principal de Economía Financiera en San Marcos y director del Instituto Internacional de Economía y Empresa.
2. En el próximo articulo analizaremos los efectos del régimen cambiario de “flotación sucia” en las Reservas Internacionales.

En medio de una coyuntura marcada por conflictos geopolíticos, la guerra comercial y monetaria, las tensiones inflacionarias y la transformación digital del dinero, el debate sobre el futuro del dólar, el oro y el Bitcoin cobra capital importancia. El dólar, tradicional pilar del sistema monetario internacional, el oro, símbolo eterno de resguardo y valor, y el bitcoin, emblema disruptivo de la era digital, compiten por la supremacía como activos de reserva y refugio en un mundo cada vez más incierto.

¿Cuál de estos instrumentos sobrevivirá —o dominará— en el escenario económico multipolar que se avecina? Este artículo no busca emitir una sentencia absoluta, sino examinar críticamente la trayectoria de estos tres pilares financieros, las razones de su fortaleza relativa y las implicancias que su evolución tendrá en la economía global y en la soberanía monetaria de las naciones.

El dólar: hegemonía cuestionada, pero aún vigente

Desde el fin de Bretton Woods (1976), el dólar ha sido el centro del sistema financiero mundial. Su rol como moneda de reserva global se sostiene por el tamaño de la economía estadounidense, la profundidad de sus mercados de capital y el respaldo militar y geopolítico de Washington. A pesar de las crisis —Guerra de Vietnam, la quiebra de Lehman Brothers, COVID-19— el dólar ha demostrado una resiliencia admirable. Como recuerda Kenneth Rogoff (2022): “El dólar sobrevive no por falta de alternativas, sino porque sigue siendo la opción menos mala”.

Sin embargo, el poder del dólar ya no es indiscutible. Países como China, Rusia y Brasil han promovido activamente la desdolarización. El reciente uso del yuan en transacciones de petróleo entre Pekín y Arabia Saudita, o el impulso del BRICS a crear una moneda común, son síntomas de un orden que comienza a fragmentarse. Según el FMI (2024), la participación del dólar en las reservas internacionales globales cayó del 71 % en 1999 al 58 % en 2024.

El talón de Aquiles del dólar es, paradójicamente, su propio uso como instrumento de sanción. Las restricciones impuestas a Rusia tras la guerra en Ucrania revelaron que el acceso al sistema financiero internacional puede ser manipulado con fines políticos. Esta instrumentalización ha motivado a muchos países a buscar refugios fuera del alcance estadounidense. Como dice Ray Dalio (2023), “los imperios que abusan de su moneda acaban perdiendo su hegemonía monetaria”.

El oro: viejo refugio en nuevos tiempos

A lo largo de la historia, el oro ha sido la respuesta más común a la desconfianza en los gobiernos y los bancos centrales. Su valor no depende de promesas, tratados ni deudas. En tiempos de inflación, guerras o incertidumbre financiera, su atractivo se magnifica. El precio más alto alcanzado por el oro fue de 3,500 dólares por onza, registrado durante las operaciones de abril 2025. Este máximo histórico se produjo en un contexto de alta volatilidad en los mercados financieros y tensiones geopolíticas.  Larry Fink, CEO de BlackRock, ha reconocido que “el oro sigue siendo un componente esencial en los portafolios institucionales ante la volatilidad y el riesgo sistémico”.

El retorno del oro no es solo especulativo, sino estructural. China ha incrementado significativamente sus reservas de oro, como parte de una estrategia de diversificación frente al dólar. Según el World Gold Council (2024), los bancos centrales compraron más de 1,100 toneladas de oro en 2023, la cifra más alta desde 1967.  Sin embargo, el oro tiene limitaciones evidentes: su uso como medio de pago es impráctico, su almacenamiento y transporte costosos, y su adopción limitada al entorno financiero institucional. Es más refugio que moneda.

Bitcoin: el experimento que desafía al sistema

Bitcoin (BTC), conocido como oro digital, nació en 2009 como una respuesta al colapso financiero global y a la desconfianza hacia los bancos centrales. Su propuesta radical —una moneda sin Estado, sin intermediarios, con emisión finita— desafía los cimientos del sistema monetario tradicional. En tan solo 16 años, pasó de ser una curiosidad marginal a convertirse en un activo incluido en los portafolios de gigantes financieros como BlackRock, Fidelity y ARK Invest. El propio Larry Fink declaró: “Bitcoin podría convertirse en una alternativa digital al oro”.

La aprobación de ETFs (Exchange Traded Fund) de bitcoin en Estados Unidos en enero de 2024 marcó un punto de inflexión. Ya no es solo una herramienta de especulación minorista, sino un activo legitimado por Wall Street. Según datos de la plataforma Glassnode (2025), más del 12 % del total de BTC en circulación está hoy en manos de inversionistas institucionales.

No obstante, el BTC aún no ha logrado consolidarse como medio de pago ni como moneda estable. Su alta volatilidad y el escaso desarrollo de infraestructuras de pago impiden su adopción masiva. Además, las presiones regulatorias en Europa, EE.UU. y América Latina generan un entorno incierto. La promesa de descentralización también se ve cuestionada por la creciente concentración de poder en los grandes mineros y custodios. Pese a todo, bitcoin simboliza una transición: del dinero fiduciario o fíat (dinero por decreto y sin respaldo alguno) controlado por gobiernos, hacia formas descentralizadas y digitales de valor.

¿Quién ganará esta batalla?

Plantear una competencia directa entre el dólar, el oro y el bitcoin puede llevar a una simplificación excesiva. Lo cierto es que cada uno cumple funciones distintas y coexistirá en formas complementarias, al menos en el corto y mediano plazo.

El dólar seguirá siendo la principal moneda de transacción y reserva mientras no surja una alternativa institucional confiable.  Por su parte, el oro continuará como activo de resguardo en escenarios de crisis sistémica. Entre tanto, el bitcoin se consolidará como una nueva clase de activo de riesgo, apreciado por su escasez y su independencia, aunque todavía muy volátil.

El verdadero cambio no será inmediato ni total, pero será inevitable. La confianza en los bancos centrales se erosiona, los sistemas de pagos evolucionan hacia lo digital, y los ciudadanos —especialmente los jóvenes— desconfían cada vez más del dinero tradicional, del dinero fiat, que no tiene ningún respaldo.

Los tres activos coexisten y se complementan en distintos escenarios. En un mundo multipolar, es probable que la dependencia exclusiva del dólar se diluya. El oro y el Bitcoin funcionarán como activos de reserva alternativos y vehículos de cobertura. Cabe mencionar que el surgimiento de las CBDC (Monedas Digitales emitidas por un Banco Central, por sus siglas en inglés, como el yuan digital o el euro digital) podría acelerar esa transición.

Apunte final

El futuro del dinero está en disputa. El dólar mantiene su supremacía, pero con evidentes grietas. El oro reafirma su papel de refugio y el bitcoin representa una ruptura con el modelo centralizado. Más que una sustitución directa, el escenario que se perfila es el de un sistema monetario más diversificado, donde la confianza se repartirá entre distintas formas de valor: físicas, digitales, estatales y descentralizadas.

No se trata de declarar un vencedor hoy, sino de comprender que el futuro del dinero será plural, híbrido, y probablemente más inestable. La clave para los ciudadanos y los gobiernos será aprender a navegar esta nueva realidad con inteligencia, resiliencia y espíritu crítico.

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(*) Es profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actual presidente de Petroperú.

(**) Este articulo tambien puede leerse en: www.alejandronarvaez.com

En un mundo globalizado donde las decisiones económicas determinan en gran medida la distribución del poder y el bienestar, surge una pregunta ineludible: ¿Qué lugar ocupa la moral en los sistemas económicos actuales? Desde Adam Smith hasta el Papa Francisco, la relación entre moral, poder y economía ha sido objeto de debates profundos que hoy adquieren renovada vigencia ante los crecientes niveles de desigualdad, la concentración de riqueza, la corrupción, la pérdida de confianza en las instituciones, la polarización política y la erosión del contrato social. Este breve artículo explora críticamente cómo el poder económico ha moldeado la moral pública contemporánea, y cómo la economía, lejos de ser un campo neutral, reproduce estructuras que privilegian ciertos intereses, a menudo al margen de los principios éticos universales.

La moral a través del tiempo

La economía clásica no nació desprovista de una dimensión moral. Adam Smith, uno de sus fundadores, escribió La teoría de los sentimientos morales (1759) antes de su célebre Riqueza de las naciones (1776), sosteniendo que el ser humano actúa no solo por interés personal sino también por simpatía y sentido de justicia. Para Smith, el mercado no era una fuerza ciega, sino un espacio donde la acción individual debía estar contenida por un marco moral que asegurara el bienestar colectivo.

Sin embargo, en la práctica, el desarrollo de los sistemas capitalistas posteriores priorizó la eficiencia, la acumulación de capital, la máxima utilidad y el crecimiento económico, dejando a un lado los fundamentos morales que el propio Smith defendía. La expansión del liberalismo económico en el siglo XIX y su radicalización en el neoliberalismo del siglo XX terminaron por relegar el debate ético al plano de lo accesorio.

En la actualidad, la economía ha dejado de ser una mera herramienta de análisis para convertirse en un instrumento de poder político y social. Las decisiones de los grandes actores financieros globales (bancos centrales, corporaciones multinacionales, fondos de inversión) influyen directamente en la vida cotidiana de millones de personas, muchas veces sin control democrático ni rendición de cuentas. John M. Keynes (1936), en pleno auge del capitalismo industrial, ya advertía que los mercados por sí solos no garantizan una distribución justa ni un orden social estable, razón por la cual defendía el papel regulador del Estado como contrapeso frente a los abusos del capital.

En las últimas décadas, se ha naturalizado una visión según la cual el mercado no solo asigna recursos, sino que también define qué es lo justo, lo eficiente y lo correcto. Bajo la influencia de pensadores como Friedrich Hayek (1944), el mercado ha sido concebido como una suerte de orden espontáneo que no debe ser interferido por juicios morales o planificación estatal.

Sin embargo, esta visión ignora que los mercados no existen en el vacío, sino en marcos institucionales, culturales y normativos que responden a valores sociales. Cuando se impone la lógica del mercado sobre todas las esferas de la vida (educación, salud, cultura, medio ambiente), lo que se produce no es libertad, sino mercantilización de la moral y colonización de lo público por intereses privados.

Una crítica desde la moral humanista

El Papa Francisco fue una de las voces contemporáneas más críticas de esta desconexión entre economía y moral. En su encíclica Fratelli Tutti (2020), denunciaba que “el mercado, por sí mismo, no resuelve todo, aunque a veces se nos quiera hacer creer este dogma de fe neoliberal”. Advertía sobre el peligro de una “globalización de la indiferencia y el individualismo” que normalizara la pobreza estructural y la exclusión de millones de seres humanos.

Por tanto, la economía debería estar al servicio del ser humano y no a la inversa. El poder económico, si no está regulado por principios de justicia, solidaridad y dignidad, degenera en formas de dominación y explotación. Este llamado tiene una resonancia particular en un mundo donde la pobreza convive con niveles inéditos de riqueza. El desafío moral no está en la escasez, sino en la distribución y el acceso.

La mercantilización de todas las esferas de la vida genera vacío existencial, desafección ciudadana y fragmentación social. Estos efectos no son meramente colaterales; son síntomas de un modelo económico que ha perdido su brújula ética y que, sin correcciones profundas, pone en riesgo la cohesión social y la viabilidad del planeta.

Un nuevo contrato moral para la economía

El desafío contemporáneo no consiste en abolir los mercados, sino en reinsertar la moral en el corazón de las decisiones económicas. Esto implica reconocer que el crecimiento económico no puede ser un fin en sí mismo, que la rentabilidad debe estar subordinada al bienestar común y que la eficiencia sin equidad es éticamente reprochable.

La economía necesita redescubrir su dimensión normativa. Las empresas deben ser responsables de su impacto social y ambiental, los gobiernos deben regular con justicia y los ciudadanos deben recuperar su rol político frente a un poder económico cada vez más opaco y transnacional.

Apunte final

La economía no es una ciencia neutral ni un campo autónomo ajeno a la moral: es una construcción humana atravesada por valores, intereses y relaciones de poder. En tiempos de crisis ambiental, desigualdad y desconfianza social, resulta imperativo reconstituir un vínculo entre moral, poder y economía que sea capaz de corregir los desequilibrios estructurales del presente. Recuperar la dimensión ética del pensamiento económico no es una nostalgia ilustrada, sino una condición de supervivencia colectiva.  (190525)

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas y Profesor Principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima-Perú)

Avances en la digitalización de los mercados financieros
El impacto de la digitalización en 2024 se ha manifestado en varias áreas clave:

1. Plataformas de negociación electrónicas
   Las bolsas de valores y plataformas alternativas, como NASDAQ y Euronext, han implementado mejoras significativas en sus sistemas electrónicos, reduciendo tiempos de ejecución y aumentando la capacidad para gestionar grandes volúmenes de operaciones.
2. Blockchain en el mercado financiero
   La tecnología blockchain ha ganado tracción, especialmente en la liquidación y compensación de operaciones financieras. Según Bloomberg (2024), más del 20% de las liquidaciones en Europa ya utilizan esta tecnología para reducir costos y errores operativos.
3. Tokenización de activos
   Los activos tradicionales, como bienes raíces y bonos, han comenzado a ser tokenizados, permitiendo mayor liquidez y acceso para los inversionistas. Esta tendencia ha sido liderada por instituciones como el Banco Santander y plataformas emergentes en Asia.

Ventajas de la digitalización en los mercados financieros
La transformación digital ha generado beneficios significativos:

• Mayor inclusión financiera: Las plataformas digitales han permitido a pequeños inversionistas acceder a mercados que anteriormente eran exclusivos para grandes actores.
• Transparencia y trazabilidad: Las tecnologías digitales han reducido la opacidad en las transacciones financieras, facilitando el cumplimiento normativo.
• Reducción de costos: La automatización de procesos ha disminuido costos operativos en instituciones financieras, lo que beneficia a los usuarios finales.

Desafíos asociados a la digitalización
A pesar de los avances, la digitalización enfrenta barreras importantes:

1. Ciberseguridad: El aumento de transacciones digitales ha incrementado la exposición a ataques cibernéticos, comprometiendo la confianza en el sistema financiero.
2. Brecha tecnológica: La adopción de tecnologías avanzadas no es homogénea, lo que genera disparidades entre países y regiones.
3. Regulación insuficiente: Las innovaciones tecnológicas avanzan más rápido que las regulaciones, generando riesgos en términos de supervisión y protección al consumidor.

Perspectivas para 2025
Para el 2025, se esperan desarrollos clave en la digitalización de los mercados financieros:

• Mayor integración de IA: La inteligencia artificial mejorará los sistemas de análisis de datos y gestión de riesgos.
• Avances en DeFi (Finanzas Descentralizadas): Se prevé un crecimiento significativo en las aplicaciones de DeFi, especialmente en regiones emergentes.
• Colaboración global: La cooperación entre reguladores internacionales será crucial para establecer estándares que fomenten la confianza y la adopción de tecnologías digitales.

Conclusión
La digitalización de los mercados financieros en 2024 ha sentado las bases para un ecosistema más conectado, eficiente y accesible. Sin embargo, será necesario abordar los desafíos de ciberseguridad, regulación y adopción equitativa para maximizar los beneficios de esta transformación. A medida que la tecnología continúa avanzando, los mercados financieros tienen la oportunidad de evolucionar hacia un modelo más inclusivo y sostenible.

Referencias

• Bloomberg. (2024). “The Digital Transformation of Financial Markets”. Recuperado de www.bloomberg.com.
• The New York Times. (2024). “How Blockchain is Changing Financial Transactions”. Recuperado de www.nytimes.com.
• Investing. (2024). “Digitalization Trends in Global Finance”. Recuperado de www.investing.com.

Avances tecnológicos en pagos digitales
En 2024, los pagos digitales se han beneficiado de importantes innovaciones tecnológicas:

1. Pagos sin contacto: Las transacciones mediante dispositivos móviles y tarjetas con tecnología NFC (Near Field Communication) han alcanzado un nuevo récord, representando más del 50% de los pagos minoristas en economías avanzadas (Bloomberg, 2024).
2. Billeteras electrónicas: Plataformas como PayPal, Apple Pay y Alipay han incrementado su base de usuarios, integrando funciones como financiamiento a corto plazo y pagos internacionales.
3. Blockchain y criptoactivos: Aunque las criptomonedas enfrentan regulaciones estrictas, tecnologías subyacentes como blockchain han mejorado la transparencia y seguridad en los pagos internacionales.

La adopción de monedas digitales de bancos centrales (CBDC)
Durante 2024, varios países han avanzado significativamente en la implementación de sus CBDC:

• China: El yuan digital se consolidó como una herramienta clave para pagos nacionales e internacionales, expandiendo su uso en zonas piloto.
• Unión Europea: El euro digital avanzó hacia pruebas finales, con planes de adopción a gran escala en 2025.
• Latinoamérica: Países como Brasil y México han iniciado proyectos piloto para evaluar la viabilidad de monedas digitales en economías emergentes (Investing, 2024).

Impacto en el sistema financiero global
Los pagos digitales están transformando múltiples aspectos del sistema financiero:

• Inclusión financiera: Las plataformas digitales han permitido a millones de personas acceder a servicios financieros básicos, especialmente en regiones subbancarizadas.
• Eficiencia transaccional: Los pagos digitales reducen costos operativos y mejoran la velocidad de las transacciones, beneficiando a consumidores y empresas.
• Competencia en el mercado: Bancos tradicionales enfrentan una mayor competencia de empresas fintech, lo que impulsa la innovación en servicios financieros.

Desafíos y riesgos asociados
A pesar de los avances, persisten riesgos importantes:

1. Ciberseguridad: El aumento en los pagos digitales ha incrementado el riesgo de fraudes y ataques cibernéticos.
2. Brechas tecnológicas: La adopción desigual de infraestructura digital limita los beneficios en países con menor desarrollo tecnológico.
3. Privacidad de los datos: La recopilación masiva de información transaccional plantea preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios.

Perspectivas para 2025
El sector de pagos digitales continuará evolucionando, con varias tendencias clave en el horizonte:

• Mayor integración de IA: La inteligencia artificial mejorará la seguridad y personalización de las transacciones digitales.
• Expansión de CBDC: Más países adoptarán monedas digitales para modernizar sus sistemas financieros.
• Crecimiento en mercados emergentes: La digitalización de pagos será un motor de desarrollo en economías con alta penetración móvil.

Conclusión
Los pagos digitales están redefiniendo el sistema financiero global, proporcionando mayor eficiencia, inclusión y accesibilidad. Sin embargo, para maximizar su potencial, será fundamental abordar los desafíos regulatorios, de seguridad y tecnológicos. Al cierre de 2024, el panorama es prometedor, y el futuro de los pagos digitales parece destinado a revolucionar aún más la economía global.

Referencias

• Bloomberg. (2024). “Digital Payments and Global Finance Transformation”. Recuperado de www.bloomberg.com.
• The New York Times. (2024). “Central Bank Digital Currencies: The Next Financial Frontier”. Recuperado de www.nytimes.com.
• Investing. (2024). “Technological Trends in Digital Payments”. Recuperado de www.investing.com.

El crecimiento del mercado de las stablecoins en 2024
A finales de 2024, el valor total de mercado de las stablecoins superó los $200 mil millones, marcando un aumento significativo frente al año anterior (Bloomberg, 2024). Entre las más destacadas, encontramos:

• USDT (Tether): Continúa liderando como la stablecoin con mayor capitalización de mercado y uso predominante en el comercio internacional y los intercambios cripto.
• USDC (USD Coin): Se consolidó como la opción preferida en transacciones corporativas y servicios financieros descentralizados (DeFi).
• EUROC: Una stablecoin emergente vinculada al euro, impulsada por la creciente demanda en mercados europeos.

Aplicaciones económicas de las stablecoins
Las stablecoins han ampliado sus aplicaciones más allá del ecosistema cripto, integrándose en diversos sectores económicos:

1. Pagos transfronterizos: Ofrecen una alternativa más rápida y económica para transferencias internacionales, reduciendo costos frente a los sistemas bancarios tradicionales.
2. Inclusión financiera: Facilitan el acceso a servicios financieros en regiones con economías inestables o acceso limitado al sistema bancario.
3. Herramienta de cobertura: En países con alta inflación, las stablecoins vinculadas al dólar han servido como una reserva de valor segura.

Avances regulatorios en 2024
Los reguladores globales han intensificado sus esfuerzos para establecer marcos legales que promuevan la seguridad y la estabilidad del mercado de stablecoins:

• Estados Unidos: La Ley de Transparencia de Activos Digitales de 2024 fue aprobada, estableciendo estándares estrictos para la emisión y respaldo de stablecoins.
• Unión Europea: La implementación del reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) incluyó lineamientos específicos para garantizar la transparencia y evitar riesgos de lavado de dinero en este sector.
• Asia: Singapur y Japón han liderado en la creación de regulaciones favorables para atraer emisores de stablecoins, equilibrando la innovación y la protección al consumidor.

Retos y perspectivas para 2025
A pesar de su crecimiento, las stablecoins enfrentan desafíos importantes:

• Riesgos de concentración: La dominancia de unas pocas stablecoins podría generar vulnerabilidades en el mercado.
• Interoperabilidad limitada: La falta de integración entre diferentes redes blockchain dificulta su adopción global.
• Confianza del público: Garantizar el respaldo y la transparencia de los activos sigue siendo crucial para consolidar la confianza en estos instrumentos.

En 2025, se espera una mayor integración de las stablecoins en las finanzas tradicionales, especialmente en pagos corporativos y soluciones DeFi. Además, la competencia entre emisores podría fomentar innovaciones tecnológicas y la diversificación del mercado.

Conclusión
Las stablecoins han demostrado ser un componente esencial en la economía digital, con un impacto creciente en las transacciones globales y la inclusión financiera. Si bien los desafíos regulatorios y técnicos persisten, las iniciativas desarrolladas en 2024 han sentado las bases para un futuro más estable y confiable en el uso de estas criptomonedas.

Referencias

• Bloomberg. (2024). “Stablecoins: The Future of Digital Payments”. Recuperado de www.bloomberg.com.
• The New York Times. (2024). “How Stablecoins Are Reshaping Global Finance”. Recuperado de www.nytimes.com.
• Investing. (2024). “Regulation and Growth of Stablecoins in 2024”. Recuperado de www.investing.com.