Hablar hoy de pensamiento crítico en el Perú parece casi una provocación. Vivimos rodeados de información, titulares, redes sociales, algoritmos, consignas políticas, verdades prefabricadas y respuestas instantáneas. Nunca hemos tenido tanto acceso al conocimiento y, sin embargo, pocas veces hemos sido tan vulnerables a la manipulación, la superficialidad y el pensamiento en serie.

El problema no es solo tecnológico. Es cultural, educativo y político. En un país como el Perú, subdesarrollado, profundamente desigual y con una educación pública muy pobre, el pensamiento crítico no solo escasea: parece estar en peligro de extinción. Muchos ciudadanos opinan, repiten, comparten y reaccionan, pero muy pocos verifican, contrastan, dudan o argumentan. Por eso, la pregunta resulta inevitable: ¿ha muerto el pensamiento crítico o simplemente ha sido arrinconado por una sociedad que premia la obediencia, el facilismo y la comodidad intelectual?

Sócrates: la pregunta como rebelión

El pensamiento crítico no nació en los manuales universitarios ni en los discursos modernos sobre educación. Su raíz más profunda está en la filosofía griega, especialmente en Sócrates. Antes de ser una competencia académica, fue una actitud frente a la vida, el poder y la verdad.

Sócrates entendió que pensar no consiste en repetir respuestas, sino en formular buenas preguntas. Su método consistía en interrogar a sus interlocutores para que descubrieran sus propias contradicciones. No imponía conclusiones; desmontaba certezas. Convirtió la pregunta en instrumento de conocimiento y la duda en camino hacia la verdad.

Frases atribuidas a Sócrates como “solo sé que no sé nada” o “una vida sin examen no merece ser vivida” conservan plena vigencia. La primera expresa humildad intelectual; la segunda, una exigencia ética. No examinar lo que creemos, lo que obedecemos o lo que defendemos equivale a vivir bajo tutela mental.

En el Perú, esta enseñanza es urgente. Nos acostumbramos a aceptar como verdad lo que dice el político, el analista económico, el periodista, el profesor, el empresario, el influencer o el grupo al que pertenecemos. Pocas veces preguntamos: ¿es cierto?, ¿Dónde está la evidencia?, ¿Quién se beneficia?, ¿Qué se oculta detrás de ese discurso?

Kant: pensar sin tutela

Sócrates enseñó a preguntar. Immanuel Kant enseñó a pensar sin tutela. En su célebre respuesta a la pregunta “¿Qué es la Ilustración?”, Kant sostuvo que la mayoría de edad intelectual consiste en atreverse a usar el propio entendimiento. Su expresión sapere aude —atrévete a saber— fue un llamado a la emancipación de la razón.

Para Kant, el problema de muchas personas no era la falta de inteligencia, sino la falta de valor para pensar por sí mismas. Preferían que otros decidieran por ellas: la autoridad, el dogma, el poder político o religioso. Hoy podríamos añadir: las redes sociales, los influencers, los partidos políticos, los medios de comunicación, el mercado o la inteligencia artificial.

La lección kantiana es clara: sin autonomía intelectual no hay ciudadanía plena. Puede haber votantes, consumidores y usuarios, pero no ciudadanos libres. Y este es uno de los dramas del Perú: tenemos democracia formal, elecciones periódicas y libertad de expresión, pero una ciudadanía muchas veces desinformada, manipulable y emocionalmente capturada por el miedo, el odio o la promesa fácil.

¿Qué es realmente el pensamiento crítico?

En sentido estricto, el pensamiento crítico es la capacidad de analizar, evaluar y juzgar ideas, hechos, argumentos y decisiones antes de aceptarlos como verdaderos. No significa oponerse a todo ni vivir en la sospecha permanente. Tampoco equivale a negar la evidencia o confundir crítica con resentimiento.

Pensar críticamente implica distinguir hechos de opiniones, evidencia de propaganda, argumentos de consignas e información de manipulación. Es preguntar: ¿esto es cierto?, ¿con qué pruebas?, ¿Quién lo dice?, ¿desde qué interés?, ¿Qué consecuencias tiene?, ¿Qué alternativas existen?

También significa cuestionar aquello que parece obvio. Muchas injusticias de la historia fueron defendidas como verdades naturales: la esclavitud, la exclusión de la mujer, el colonialismo, el racismo, la pobreza como destino inevitable o la desigualdad extrema. Lo “obvio” muchas veces no es la verdad, sino una costumbre que dejó de ser discutida.

En el Perú, se nos ha dicho durante años que basta crecer económicamente para que todos vivamos mejor; que la informalidad es culpa exclusiva del informal; que la pobreza se explica solo por falta de esfuerzo; que la corrupción es inevitable; que la educación pública no tiene remedio; que la política es sucia por naturaleza. El pensamiento crítico empieza precisamente cuando nos atrevemos a cuestionar esas falacias.

Inteligencia artificial y dependencia mental

La aparición de la inteligencia artificial ha abierto una nueva etapa. La IA puede ayudar a buscar información, ordenar ideas, traducir textos, resumir documentos y acelerar procesos de aprendizaje. Bien utilizada, puede ser una herramienta valiosa. Pero mal utilizada puede convertirse en una peligrosa fábrica de dependencia intelectual.

El riesgo no está solo en que la IA se equivoque. El riesgo mayor está en que dejemos de verificar, comparar, interpretar y pensar. Si el estudiante copia sin comprender, si el profesional delega su juicio a la máquina o si el ciudadano acepta respuestas automáticas como verdades absolutas, el pensamiento crítico se debilita, pierde terreno.

En un país con graves brechas educativas, este riesgo es mayor. La inteligencia artificial puede ampliar capacidades, pero también puede profundizar la pereza mental. Puede democratizar el conocimiento, pero también fabricar una generación que lee menos, escribe peor y razona con menor profundidad.

Un país sin pensamiento crítico

El pensamiento crítico está amenazado en el Perú por varias causas: una educación memorística, una política polarizada, medios que privilegian el escándalo, redes sociales que premian la reacción inmediata y una cultura que confunde viveza con inteligencia.

También lo amenaza la comodidad humana. Pensar exige esfuerzo. Dudar incomoda. Argumentar demanda disciplina. Contrastar información toma tiempo. Por eso, en una sociedad cansada, desigual y saturada de estímulos, muchas personas prefieren respuestas simples, culpables visibles y verdades prefabricadas.

El problema es grave. Sin pensamiento crítico, la democracia se convierte en espectáculo; la educación, en trámite; la opinión pública, en rebaño emocional; y la ciudadanía, en clientela manipulable. Un país que no piensa críticamente puede tener celulares inteligentes, pero ciudadanos intelectualmente indefensos.

Apunte final

El pensamiento crítico no ha muerto, pero en el Perú está gravemente debilitado. Puede morir por abandono, por mala educación, por manipulación política, por mediocridad institucional o por exceso de comodidad intelectual.

Sócrates nos enseñó a preguntar. Kant nos exigió pensar por cuenta propia. La tarea de nuestro tiempo es recuperar ambas lecciones. El Perú no saldrá del subdesarrollo solo con más obras de infraestructura física, más inversión o más crecimiento económico. También necesita ciudadanos capaces de pensar, preguntar, dudar, argumentar y no dejarse engañar.

Porque una sociedad que no piensa críticamente no es una sociedad viva y moderna. Es apenas una sociedad conectada tecnológicamente y ruidosa, pero intelectualmente muy pobre, condenado a repetir sus errores, obedecer a sus manipuladores y confundir propaganda con verdad. L: 05072026

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(*) Es profesor principal de Economía Financiara en la UNMSM.

La historia económica enseña una verdad incómoda: quien controla la energía controla una parte sustantiva del poder mundial. En el siglo XX, el petróleo estuvo detrás de guerras, alianzas militares, golpes de Estado, rutas marítimas, corporaciones gigantescas y estrategias imperiales. En el siglo XXI, esa disputa no ha desaparecido; se ha sofisticado.

Hoy la guerra por la energía ya no se libra solo por pozos petroleros, gasoductos o reservas de carbón. También se libra por minerales críticos, redes eléctricas, semiconductores, centros de datos, inteligencia artificial, rutas marítimas y control tecnológico. La economía digital, presentada muchas veces como “intangible”, tiene una base profundamente material: consume electricidad, agua, cobre, litio, chips, refrigeración e infraestructura.

La paradoja de nuestro tiempo es evidente: el mundo habla de transición energética, pero sigue funcionando sobre una base mayoritariamente fósil. La pregunta de fondo no es si habrá transición energética, sino quién la financiará, quién controlará sus tecnologías y quién pagará sus costos.

Energía, geopolítica y poder

La primera causa de esta nueva disputa es estructural: la demanda mundial de energía sigue creciendo. La población aumenta, las economías emergentes reclaman legítimamente mayor consumo, las ciudades se expanden y la digitalización exige electricidad abundante, estable y barata. La inteligencia artificial, los servidores, las plataformas digitales y las granjas de datos no viven del aire. Detrás de cada algoritmo hay energía, minerales, agua, suelo e infraestructura. La Agencia Internacional de Energía (AIE) en 2026, advierte que el desarrollo de la inteligencia artificial elevará la demanda de electricidad de los centros de datos. El consumo eléctrico global de dichos centros podría duplicarse hacia 2030, pasando de 415 TWh en 2024 a 945 TWh.

La segunda causa es geopolítica. La guerra en Ucrania demostró que la energía puede convertirse en arma de presión política. Europa, que durante años construyó parte de su competitividad industrial sobre el gas ruso relativamente barato, descubrió de golpe su fragilidad estratégica. Redujo su dependencia de Rusia, pero no dejó de ser importadora neta de energía. Cambió proveedores, pagó más por seguridad y trasladó parte del costo a empresas y hogares.

La tercera causa es tecnológica. Estados Unidos, China y Europa no compiten solo por talento, algoritmos o patentes. Compiten también por electricidad, minerales críticos, redes, chips y capacidad industrial. En adelante, los centros de datos serán tan estratégicos como antes lo fueron los puertos, los oleoductos, las refinerías o las bases militares. Ningún país podrá liderar la inteligencia artificial si no dispone de energía suficiente, segura y competitiva.

La transición energética incompleta

Las renovables avanzan, pero no reemplazarán de manera rápida al petróleo, al gas y al carbón. La energía solar y eólica requieren redes, almacenamiento, respaldo, permisos, tierras y minerales. No basta instalar paneles y aerogeneradores. Se necesita un sistema eléctrico capaz de sostenerlos.

Además, sectores como transporte pesado, aviación, minería, cemento, acero, petroquímica, etc. seguirán dependiendo durante años de combustibles fósiles o de tecnologías aún costosas. Por eso, la transición energética no será un simple cambio de tecnología. Será una transformación económica, fiscal, industrial y geopolítica lenta. Según World Oil Outlook 2050 (OPEC, 2025), en 2024, los combustibles fósiles representaban el 80% de la matriz energética mundial y proyecta al 2050 una contribución del 67.2%.

El discurso optimista promete una transición rápida, limpia y barata.

La realidad muestra un proceso más lento, desigual y conflictivo. Los países con capital, tecnología y energía barata avanzarán más rápido. Los países dependientes, subdesarrollados y sin planificación quedarán atrapados entre combustibles caros, importación de equipos y pérdida de competitividad.

Los efectos económicos y sociales

Los efectos de la guerra energética son múltiples. Cuando suben el petróleo, el gas o el carbón, suben también el transporte, la electricidad, los alimentos, los fertilizantes y la inflación. El impacto es regresivo, porque los hogares pobres destinan una mayor proporción de sus ingresos a energía, movilidad y bienes básicos.

También se afecta la competitividad. Una economía que compra energía cara produce caro. Europa es el ejemplo más claro. Tiene tecnología, capital humano e instituciones sólidas, pero enfrenta una restricción energética severa. Puede liderar normas ambientales, pero si no resuelve el costo de la energía corre el riesgo de convertirse en una potencia regulatoria con menor músculo productivo.

En América Latina, la situación es ambivalente. La región posee petróleo, gas, litio, cobre, agua, sol y viento, pero muchos países carecen de una visión de futuro, infraestructura, integración regional y política industrial. Tener recursos naturales no garantiza seguridad energética. Sin estrategia, puede profundizar el extractivismo y reproducir dependencia tecnológica.

Tres escenarios hacia 2050

El primer escenario es una transición ordenada: renovables, redes, almacenamiento, eficiencia y electrificación avanzan rápidamente; las energías fósiles pierden peso; los países vulnerables reciben financiamiento; y la seguridad energética mejora. Es el escenario deseable, pero exige cooperación internacional, muy difícil en una época de fragmentación geopolítica.

El segundo escenario es una transición desigual: los países ricos aceleran su cambio energético, mientras los países pobres siguen atrapados entre crisis estructurales, combustibles caros y falta de inversión. Este escenario es probable. Puede crear una nueva división internacional: unos controlan tecnología, capital y minerales; otros exportan materias primas baratas e importan equipos caros.

El tercer escenario es la fragmentación energética: bloques rivales compiten por petróleo, gas, uranio, litio, cobre, tierras raras, chips y rutas marítimas. En ese mundo, la energía no será solo mercancía, sino instrumento de poder. Las sanciones, los bloqueos, los aranceles, la guerra tecnológica y la militarización de corredores estratégicos (Canal de Panamá, Estrecho de Ormuz, etc.) formarán parte del paisaje económico.

Una agenda necesaria

Los países no pueden esperar pasivamente al mercado. La energía debe ser tratada como bien estratégico. Se requiere diversificar fuentes, invertir en redes, almacenamiento y eficiencia, promover industria nacional vinculada a la transición, proteger a los hogares vulnerables y construir reservas estratégicas.

Para países como el Perú, la agenda es clara: planificación energética de largo plazo, impulso responsable a renovables, uso inteligente de sus materias primas  (gas natural, minerales), modernización de infraestructura, integración eléctrica regional, desarrollo de proveedores locales y reglas que atraigan inversión sin renunciar al interés nacional.

Conclusión

La guerra por la energía en el siglo XXI ya está en marcha. Se expresa en Ucrania, Medio Oriente, el mar Rojo, la disputa por minerales críticos, la carrera por la inteligencia artificial y la competencia por redes eléctricas seguras.

La humanidad enfrenta una contradicción histórica: necesita más energía para sostener el desarrollo, pero debe producirla con menos emisiones y menor dependencia geopolítica. El futuro no será de quienes repitan discursos verdes sin infraestructura ni de quienes defiendan los fósiles como si nada hubiera cambiado. Será de los países que entiendan que energía, tecnología, industria y soberanía forman parte de una misma estrategia. L:270626

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(*) Es ex presidente de Petroperú y profesor principal de Economía Financiera en la UNMSM.

KEVIN WARSH Y EL FINA DE LA ERA POWELL: ¿NACE UN NUEVO REGIMEN MONETARIO MUNDIAL?

Alejandro Narváez Liceras(*)

La llegada de Kevin Warsh a la presidencia del Banco Central de los Estados Unidos, comúnmente llamado Reserva Federal (FED) marca el inicio de una nueva etapa para la política monetaria de Estados Unidos y, por extensión, para el sistema financiero internacional. Su nombramiento ocurre en un contexto particularmente complejo: una inflación que ha vuelto a acelerarse y se ubica alrededor de 4,2%, tensiones geopolíticas derivadas del conflicto en Medio Oriente, elevados déficits fiscales y crecientes dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública estadounidense.

Warsh que asumió la dirección de la FED el 22 de mayo último, según se conoce, no representa una simple continuidad del modelo aplicado por Powell. Por el contrario, ha planteado la necesidad de reformar el banco, revisar los indicadores utilizados para medir la inflación y reducir el protagonismo que había adquirido durante las últimas décadas. La pregunta central es si estamos frente a un cambio táctico o al nacimiento de un nuevo régimen monetario. Veamos.

El legado de Powell: inflación primero, pero con flexibilidad

Durante la gestión del expresidente Powell, la FED enfrentó la pandemia, implementó programas masivos de expansión monetaria (quantitative easing – QE) y posteriormente ejecutó el ciclo de alzas de tasas más agresivo desde la década de 1980 para contener la inflación.

Si bien la inflación descendió desde los máximos observados en 2022, nunca regresó plenamente al objetivo de 2%. En este punto, Warsh ha sido muy crítico de algunas decisiones adoptadas por la FED durante los años de pandemia, argumentando que contribuyeron a la persistencia inflacionaria posterior.  Desde su perspectiva, la FED perdió disciplina monetaria y amplió excesivamente su campo de acción hacia temas que no forman parte de su mandato central: maximizar el nivel de empleo y mantener la estabilidad de los precios.

¿Qué propone Kevin Warsh?

Warsh ha dicho que la prioridad debe ser recuperar plenamente la credibilidad antiinflacionaria de la Reserva Federal. Diversos observadores lo consideran un “halcón monetario” (inflation hawk), es decir, un defensor de políticas monetarias más restrictivas cuando la inflación amenaza la estabilidad económica.  A diferencia de algunos enfoques recientes que privilegiaron la creación de empleo o el crecimiento económico, Warsh parece inclinarse por una jerarquía más clásica: primero estabilidad de precios, luego crecimiento sostenible.

Por otro lado, quizás la innovación más interesante sea su propuesta de revisar la forma en que la FED mide la inflación ( no es nuevo). Ha cuestionado la dependencia exclusiva de la inflación subyacente o índice Core PCE (por sus siglas en inglés, Personal Consumption Expenditures Price Index que excluye alimentos y energía) y ha sugerido otorgar mayor importancia a indicadores de inflación “trimmed mean” o inflación recortada, que eliminan la volatilidad extrema para identificar tendencias inflacionarias más persistentes. Este enfoque podría representar uno de los cambios metodológicos más importantes desde la adopción de los objetivos formales de inflación.

Otra diferencia significativa respecto a la era Powell es su intención de disminuir gradualmente el gigantesco balance de la Reserva Federal, que supera los seis billones de dólares. En otras palabras, la FED busca retirar el exceso de dólares en circulación y reducir su enorme cartera de activos financieros (bonos del Tesoro e hipotecarios) para frenar la inflación y estabilizar la economía. Esta operación se conoce como “quantitative tightening” (QT) o ajuste cuantitativo. Warsh considera que una FED excesivamente grande distorsiona los mercados financieros y genera incentivos perversos para el endeudamiento público.

Finalmente, también ha cuestionado la sobreabundancia de mensajes, conferencias y orientaciones futuras (“forward guidance”) emitidas por la FED. Su intención sería simplificar la comunicación y devolver mayor protagonismo a las decisiones concretas de política monetaria.

¿Cómo piensa combatir la inflación de 4,2%?

La inflación actual constituye la primera gran prueba de fuego para Warsh. Los mercados financieros esperan una postura más firme frente al aumento de precios. Su estrategia parece apoyarse en cuatro pilares:  i) Mantener una postura monetaria restrictiva por más tiempo, ii) No apresurar recortes de tasas de interés, iii) Reducir gradualmente la liquidez excedente acumulada durante los años de expansión monetaria, y iv) Fortalecer la credibilidad de la FED como institución antiinflacionaria.

Paradójicamente, aunque algunos sectores políticos presionan por menores tasas de interés entre ellos el propio Donald Trump, los mercados financieros actualmente descuentan la posibilidad de futuras alzas si la inflación continúa acelerándose.

Impactos sobre el sistema financiero mundial

Las decisiones de la FED afectan a prácticamente todas las economías del planeta.

Para los mercados emergentes, una política monetaria más dura fortalecería al dólar y podría generar salidas de capitales desde economías emergentes hacia Estados Unidos. Entre tanto, países como Perú, Colombia, Chile y México podrían enfrentar mayores costos de financiamiento externo y presiones sobre sus monedas.

Para el mercado del oro, la persistencia de tasas elevadas suele limitar el atractivo del oro. Sin embargo, la incertidumbre geopolítica podría compensar parcialmente ese efecto.

Para Bitcoin y otros activos digitales, un entorno monetario más restrictivo generalmente reduce la liquidez global, afectando los activos especulativos. No obstante, el creciente debate sobre la sostenibilidad fiscal estadounidense podría seguir impulsando el interés por activos alternativos, como el bitcoin.

Warsh y la nueva FED: el dólar bajo presión

En este escenario el nuevo presidente parece reconocer algo que muchos bancos centrales no admiten: la inflación del siglo XXI no responde únicamente a factores monetarios. Es decir, la causa de la subida de precios no es solo por el exceso de dinero en circulación. Las tensiones geopolíticas, la fragmentación del comercio mundial, los conflictos energéticos y los déficits fiscales estructurales están modificando profundamente la dinámica inflacionaria global.

Warsh llega a la FED en un momento incómodo: inflación persistente, presión política para bajar tasas y creciente desconfianza internacional sobre la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos. La gran pregunta es si podrá preservar la independencia del Banco Central o si terminará subordinado a los intereses políticos de corto plazo. Esa duda importa porque el dólar no vive solo de estadísticas, vive de confianza. Si la FED pierde credibilidad, el dólar pierde autoridad. Y si el dólar pierde autoridad, China, el oro, los BRICS, las monedas digitales y los activos alternativos ganan más terreno.

Su propuesta de utilizar indicadores más sofisticados para medir la inflación constituye un avance conceptual interesante. Sin embargo, existe un riesgo evidente: que la búsqueda de nuevas métricas termine generando confusión o debilitando la transparencia de la política monetaria norteamericana.  La credibilidad de un banco central depende tanto de la calidad de sus modelos como de la claridad y transparencia con que comunica sus decisiones y como impacta en la economía del país.

Conclusiones

Kevin Warsh llega a la presidencia de la FED en un momento decisivo. Su proyecto parece combinar elementos tradicionales de disciplina monetaria con innovaciones metodológicas en la medición de la inflación y una reducción gradual del balance de la FED.

Si tiene éxito, podría inaugurar un nuevo régimen monetario basado en una FED más pequeña, más disciplinada y más enfocada en su mandato esencial. Si fracasa, podría enfrentar una combinación explosiva de inflación persistente, tensiones políticas y volatilidad financiera global. Lo único seguro es que el “régimen Warsh” será observado con atención por gobiernos, bancos centrales e inversionistas de todo el mundo. L:130626

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(*)   Es profesor principal de Economía Financiera en la UNMSM y director del II&EE.

El Perú no está polarizado por casualidad. La fractura social, política y territorial que divide a los peruanos es el resultado de una modernización incompleta, una democracia de baja calidad, partidos convertidos en franquicias electorales, un Estado ausente y un modelo económico que exhibe cifras macroeconómicas “ordenadas” mientras millones de ciudadanos sobreviven en la precariedad, la informalidad y el abandono.

América Latina y el Caribe es hoy la región más polarizada del mundo, según el PNUD (Programa de las Naciones para el Desarrollo) 2026, con un índice regional de 3,4 sobre 4. En ese escenario, el Perú aparece como uno de los casos más críticos. CEPLAN (2026), advierte que el país se ubica entre los de mayor polarización regional y que dicho indicador aumentó 61,5% desde 2001. La pregunta, entonces, no es solo por qué estamos tan divididos, sino por qué un país que presume “fortaleza macroeconómica” produce tanta rabia social, tanto voto de castigo y tanta desconfianza democrática.

Causas y efectos de la polarización

La primera causa es la desigualdad territorial. El Perú sigue funcionando como un país partido entre Lima y las regiones, entre economía formal y supervivencia informal, entre ciudadanos protegidos y ciudadanos abandonados. En 2025, la pobreza monetaria alcanzó al 25,7% de la población; sin embargo, mientras algunos territorios muestran niveles bajos de pobreza, regiones como Cajamarca (41%), Loreto (40%) y Puno (37.5%) registran tasas muy superiores al promedio nacional (INEI, 2026). Esta diferencia no es una simple estadística: es ciudadanía de primera y de segunda. Donde el Estado no llega, la democracia se convierte en promesa vacía.

La segunda causa es la informalidad laboral. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, el 70,7% de la población ocupada tenía empleo informal; en el área rural, la informalidad llegó al 94,6% (INEI, 2025). ¿Qué significa esto? Que la mayoría trabaja sin derechos laborales, sin protección social, sin pensión suficiente y sin seguridad económica. Es decir, sin futuro. En esas condiciones, hablar de estabilidad macroeconómica suena casi a burla para el ciudadano que vive al día, sin ahorros ni excedentes.

La tercera causa es la crisis de representación. Los partidos políticos han dejado de ser instituciones programáticas para convertirse, en muchos casos, en vientres de alquiler, negocios electorales o plataformas de intereses particulares. Según V-Dem Institute, 2026, la polarización política mide hasta qué punto una sociedad se divide en campos hostiles, donde las diferencias deterioran las relaciones sociales y reducen la posibilidad de diálogo democrático. En el Perú, esa definición parece escrita a la medida: el adversario ya no es un competidor legítimo, sino un enemigo al que se le etiqueta como comunista, extremista, fascista, corrupto, terrorista o vendepatria, según la conveniencia del momento.

La cuarta causa es la corrupción estructural. La corrupción no solo roba dinero; destruye confianza. Cuando presidentes, congresistas, gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales, policías y empresarios aparecen recurrentemente vinculados a escándalos, la ciudadanía concluye que el Estado es un botín. En ese ambiente, cada bando denuncia al corrupto contrario, pero protege al corrupto propio. Así se fabrica una moral política de conveniencia.

Los efectos son devastadores. La polarización impide acuerdos mínimos, bloquea reformas, alimenta la inestabilidad, deteriora la confianza, debilita la inversión y abre espacio a salidas autoritarias. Un país polarizado no discute políticas públicas; discute identidades heridas. No evalúa propuestas; castiga enemigos. No elige futuro; administra resentimientos, odio. Por eso el Perú vive entre vacancias, censuras, presidentes débiles, congresos desprestigiados y reformas o cambios que nunca llegan.

La gran contradicción macroeconómica

Aquí aparece la paradoja peruana. Los ministros y exministros de Economía repiten, una y otra vez, que el Perú tiene sólidos fundamentos macroeconómicos. Y, en parte, tienen razón. El MEF informó que en 2025 la deuda pública bruta se ubicaba alrededor de 32,1% del PBI, las reservas internacionales netas cerca del 27% del PBI, la inflación en niveles bajos y el riesgo país por debajo del promedio regional (MEF, 2025). En los agregados, el país luce ordenado.

Pero esa fortaleza es incompleta. La macroeconomía peruana ha sido eficaz para tranquilizar a acreedores, bancos, inversionistas y clasificadoras de riesgo; pero ha sido insuficiente para construir ciudadanía social. La estabilidad no se convirtió en educación pública de calidad, salud oportuna, seguridad ciudadana, empleo formal, infraestructura territorial, seguridad alimentaria ni diversificación productiva. Allí nace la contradicción: un país puede ser macroeconómicamente estable y socialmente inviable.

¿A quién benefician los buenos resultados macroeconómicos? No puede negarse que la estabilidad ayuda a todos cuando reduce inflación, evita crisis fiscales y protege parcialmente el poder adquisitivo. Pero también es evidente que los mayores beneficios del modelo se concentran en quienes ya tienen activos, riqueza, capital, acceso financiero, educación de calidad y vínculos con los grupos de poder económico. Para millones de trabajadores informales, campesinos, pequeños agricultores, comerciantes y jóvenes precarizados, la estabilidad macroeconómica se percibe como una fiesta ajena. Esa desconexión alimenta la polarización. Y ello es indiscutible.

El futuro si continúa esta tendencia

Si la polarización sigue creciendo, -como parece ser- en mi opinión, el Perú enfrentará tres principales riesgos. Primero, ingobernabilidad permanente: presidentes sin poder real, congresos fragmentados y cambios urgentes imposibles de darse. Segundo, avance autoritario: una ciudadanía cansada podría aceptar mano dura, concentración de poder y debilitamiento de libertades a cambio de orden. Tercero, deterioro económico: la incertidumbre política terminará afectando la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Ninguna economía puede sostenerse indefinidamente sobre una sociedad rota.

¿Qué hacer?

Aquí algunas propuestas: Primero, una reforma política seria: partidos con democracia interna, financiamiento transparente, sanción a organizaciones fachada y eliminación de candidaturas improvisadas. Segundo, una descentralización productiva: no basta transferir presupuesto; hay que crear polos regionales de industria, agroexportación, turismo, tecnología e infraestructura. Tercero, formalización laboral realista: eliminar costos de entrada a la formalidad, ampliar protección social gradual y simplificar el régimen tributario para pequeñas unidades productivas. Cuarto, inversión sostenida en educación, salud y seguridad territorial, porque sin Estado efectivo no hay nación. Quinto, pacto anticorrupción con trazabilidad digital del gasto público, justicia independiente y sanciones efectivas. Sexto, alfabetización cívica y mediática para desmontar la mentira política, el odio digital y la manipulación electoral.

Conclusiones

El Perú está profundamente polarizado porque su estabilidad macroeconómica muy propalada no logró convertirse en cohesión social. El país ordenó sus cuentas, pero no integró su territorio; acumuló reservas, pero no construyó confianza; redujo la inflación, pero no derrotó la informalidad; celebró elecciones, pero destruyó partidos. La polarización no es el problema original: es el síntoma de un país que ha postergado cambios profundos.

Si el Perú quiere sobrevivir como democracia viable, debe dejar de administrar cifras frías y empezar a construir ciudadanía. Una macroeconomía sólida sobre una sociedad fracturada no es fortaleza: es una bomba de tiempo. El país no necesita más enemigos internos. Necesita Estado moderno y eficiente, justicia, partidos políticos serios y una economía que incluya. Todo lo demás es ruido, cálculo electoral y decadencia. L:020626

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Actual profesor principal de Economía Financiera en la UNMSM y director del II&EE.

Pocas expresiones han sido tan utilizadas y, al mismo tiempo, tan vaciadas de contenido en el debate económico peruano como la de “economía social de mercado”. La Constitución de 1993 recoge en su artículo 58 como principio rector del régimen económico. Tres décadas después, el Plan de Gobierno 2026-2031 del fujimorismo vuelve a presentarla como fundamento de su propuesta económica. Sin embargo, el problema no está en el concepto mismo, sino en la mutilación que ha sufrido en el Perú. Se ha usado para legitimar un modelo de más mercado y menos Estado y una economía que ha producido estabilidad macroeconómica, sí, pero sigue arrastrando desigualdad estructural, exclusión y derechos sociales mal garantizados.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿Qué significa realmente la economía social de mercado y en qué medida el modelo peruano ha respetado —o traicionado— su sentido original?

La economía social de mercado no es “mercado sin Estado”

La economía social de mercado nació en la Alemania de posguerra como una propuesta distinta tanto del capitalismo laissez-faire (dejar hacer, dejar pasar) como de la economía centralmente planificada. Alfred Müller-Armack (1946), quien acuñó el término, la definió como la combinación de la libertad de mercado con la equidad social. No se trataba de reemplazar la iniciativa privada, sino de reconocer que el mercado, por sí solo, no garantiza competencia real, cohesión social ni igualdad de oportunidades. Por ello, la economía debía organizarse dentro de un orden jurídico e institucional fuerte, capaz de corregir monopolios, abusos de poder económico y exclusiones sociales.

Autores alemanes vinculados al ordoliberalismo(**)  como Walter Eucken, Wilhelm Röpke y Alexander Rüstow (1946), defendieron que la función pública debía ser reguladora, promotora y garante del bien común. En este sentido, la economía social de mercado es una tercera vía institucional: protege la propiedad privada y la libertad de empresa, pero exige políticas de empleo, seguridad social, educación, salud, infraestructura y redistribución razonable de la riqueza para evitar que la libertad económica se convierta en privilegio de pocos.

Por eso, reducir la economía social de mercado a la simple fórmula “más inversión privada, menos Estado” constituye una mutilación conceptual. Esa lectura no es alemana, ni ordoliberal, ni social: es apenas una coartada para consagrar un mercado sin suficiente contrapeso democrático.

 Lo que dice realmente la Constitución de 1993

El artículo 58 de la Constitución peruana establece que la iniciativa privada es libre y que se ejerce en una economía social de mercado. Pero la norma no termina allí. Añade que, bajo ese régimen, “el Estado orienta el desarrollo del país” y actúa principalmente en promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Es decir, el texto constitucional no consagra un Estado espectador, sino un Estado con deberes económicos y sociales explícitos.

El Tribunal Constitucional ha reiterado esta lectura. En decisiones recientes, ha precisado que la economía social de mercado se diferencia de una economía de mercado simple porque habilita la intervención estatal para corregir inequidades, asimetrías y fallas del mercado, así como para crear las condiciones que permitan el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Incluso ha señalado que el Estado no puede dejar la vigencia de los derechos “sujeta a los vaivenes del mercado”.

En otras palabras, la Constitución de 1993 no obliga a escoger entre mercado y Estado. Lo que dispone es una articulación: mercado para generar riqueza; Estado para asegurar que esa riqueza se traduzca en desarrollo humano, cohesión social y oportunidades reales. Ese es el núcleo olvidado de la fórmula constitucional.

La apropiación política del concepto por el fujimorismo

El Plan de Gobierno del fujimorismo 2026-2031 insiste repetidamente en la economía social de mercado. Afirma que esta debe funcionar “al servicio del ciudadano”, que debe ir acompañada de una “acción rectora y rectificadora del Estado” y que ha de proteger a trabajadores, Mypes, agro, comuneros y consumidores. Incluso introduce la idea de un “capitalismo popular” con redistribución de la riqueza.

El problema no está en esas declaraciones, sino en la brecha entre el discurso y la experiencia histórica. Durante los últimos treinta años, el Perú ha mantenido una economía ampliamente orientada al mercado, con estabilidad monetaria, disciplina fiscal y apertura comercial. Esos elementos generaron crecimiento y contribuyeron a reducir la pobreza en algunos puntos porcentuales. Sin embargo, el Banco Mundial advierte que esos avances fueron frágiles: la pandemia revirtió una década de mejora social y reveló que el crecimiento no había construido una base sólida de protección social, servicios universales ni empleos de calidad.

Por ello, reivindicar hoy la economía social de mercado sin reconocer las insuficiencias sociales del modelo aplicado equivale a repetir una consigna desprovista de autocrítica. Es más, de lo mismo. No basta con citar el artículo 58; hay que explicar por qué, después de tres décadas, el Perú sigue arrastrando estructuras incompatibles con una economía verdaderamente “social”.

Treinta años después: ¿Qué tan “social” ha sido el modelo peruano?

Los resultados obligan a una evaluación honesta. En 2025, la pobreza monetaria en el Perú se ubicó en 25.7%, es decir, 8 millones 800 mil peruanos (INEI, 2026). La desigualdad, medida por el índice de Gini, se mantuvo en torno a 40,1 (Banco Mundial, 2025). El Informe Mundial sobre la Desigualdad 2026 (WIR 2026) advierte que el 0.1% más rico de peruanos recibe el 22% de los ingresos, el más alto de la región y del mundo en 2022.

El mercado laboral ofrece un diagnóstico aún más severo. Nuevamente, el INEI reportó que, a diciembre de 2025, el 70.2% de la población ocupada tenía empleo informal. En el ámbito rural, la informalidad alcanzó 94.6%; entre los jóvenes de 14 a 24 años, 85,3%. Estos datos no describen una economía social de mercado,  sino un país donde la mayoría trabaja fuera de los estándares mínimos de ciudadanía económica.  Estas cifras son la radiografía de un capitalismo periférico que produce ocupación, pero no ciudadanía laboral; que permite sobrevivir, pero no progresar.

El propio Banco Mundial (2025) ha señalado que el Perú mantiene brechas persistentes en acceso a servicios públicos, baja calidad de empleo y limitada capacidad redistributiva del sistema fiscal y de transferencias. Dicho de otra forma, el país ha confiado mucho en el mercado para crecer, pero demasiado poco en el Estado para integrar.

Aquí aparece la gran contradicción, se invoca la economía social de mercado, pero se tolera una sociedad con salud fragmentada, educación desigual, pensiones insuficientes, trabajo informal generalizado y regiones enteras desconectadas del progreso. Eso no es economía social de mercado en su sentido primigenio. Es, más bien, un modelo económico neoliberal puro y duro.

Conclusiones

La economía social de mercado no significa estatismo ni planificación central; pero tampoco significa abandono social, subsidiariedad extrema o privatización acrítica. Su significado real es más exigente: mercados libres dentro de un orden político que corrija desigualdades, garantice competencia, provea bienes públicos y haga efectiva la dignidad humana.

En el Perú, la Constitución de 1993 incorporó ese concepto, pero la práctica política y económica de los últimos treinta años la redujo a más mercado y menos Estado. Por eso, cuando el fujimorismo vuelve a citar recurrentemente la economía social de mercado, corresponde recordar que su verdadero contenido no se prueba en los eslóganes, sino en los resultados: empleo digno, servicios públicos universales, reducción efectiva de desigualdades y un Estado capaz de equilibrar el poder del mercado. Si esos pilares no están presentes, hablar de economía social de mercado es traicionar su sentido original, el cual ha sido mutilado burdamente en el modelo peruano. L:20052026

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(*)Es Doctor en Ciencias Económicas y profesor principal de economía financiera en la UNMSM.

(**) El ordoliberalismo a diferencia del liberalismo clásico, sostiene que el libre mercado no se sostiene por sí solo y requiere que el Estado intervenga para crear un marco legal que garantice la competencia y evite los monopolios.

La coyuntura actual se ha precipitado por tres hechos concretos: el rechazo al 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐲 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐢𝐫𝐢́𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐢𝐧𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐲 𝐯𝐢𝐜𝐞𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐬; la exigencia de que las próximas elecciones de rectorado y cogobierno se realicen con garantías plenas de transparencia,  de manera presencial; y el cuestionamiento al incremento de la 𝐯𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐢𝐥, elevada del 10 % al 20 %, medida que restringe la pluralidad y debilita el cogobierno universitario. Estos reclamos han sido formulados públicamente por la Federación Universitaria de San Marcos y han encontrado respaldo en sectores docentes y autoridades académicas de la propia universidad.

A mi juicio, 𝐥𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐢𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐲 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬. Defender la alternancia en el gobierno universitario no es un capricho político, sino una exigencia básica de salud institucional. Exigir elecciones confiables tampoco es una actitud obstruccionista, más aún cuando persisten cuestionamientos sobre experiencias previas de votación virtual y cuando la propia ONPE ha comunicado limitaciones para asistir técnicamente el proceso electoral sanmarquino. Asimismo, revisar una valla electoral que reduce la representación estudiantil constituye una demanda legítima en una universidad que se reclama democrática.

Por ello, expreso 𝐦𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐬𝐚𝐧𝐦𝐚𝐫𝐪𝐮𝐢𝐧𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚, 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐲 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐠𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨. San Marcos no necesita imposiciones ni maniobras de continuidad; necesita legitimidad, apertura, diálogo y una conducción institucional a la altura de su historia.

Las salidas a esta crisis deben ser inmediatas y claras:

1. 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐨 del proyecto de reelección inmediata de rectores y vicerrectores.
2. 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐚́𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 entre autoridades, FUSM, docentes y representantes de los trabajadores.
3. 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 para garantizar una representación estudiantil amplia y plural.
4. 𝐃𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐦𝐞𝐜𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐩𝐥𝐞𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞, verificable y aceptado por la comunidad universitaria.
5. 𝐂𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐦𝐚𝐭𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬, privilegiando el diálogo y no la criminalización.

San Marcos ha sido históricamente conciencia crítica del país. Sería una contradicción intolerable que, en su propio seno, se pretenda acallar la voz de sus estudiantes cuando exigen democracia.

Ciudad Universitaria, 15 de mayo de 2026

𝐀𝐥𝐞𝐣𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐍𝐚𝐫𝐯𝐚́𝐞𝐳 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐫𝐚𝐬

Docente Principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Más de 25 años al servicio de la Universidad

Código: 096652

El dólar vuelve a ser utilizado como termómetro del miedo político en el Perú. Su reciente subida no puede explicarse únicamente por fundamentos económicos, ni imputarse al avance de la izquierda peruana en las recientes elecciones. Lo que existe es una mezcla peligrosa de factores: incertidumbre electoral, especulación financiera, mensajes de miedo recurrentes de medios de comunicación, una actuación del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) que merece ser discutida con serenidad (no con devoción) y la alarma infundada de la élite económica peruana ante un proyecto de cambio del modelo económico imperante. En una economía parcialmente dolarizada, el tipo de cambio no solo expresa oferta y demanda de divisas: también expresa poder, desconfianza y capacidad de algunos sectores para convertir el miedo en precio.

 Factores de la apreciación del dólar 

El primer factor detrás de la subida del dólar es la incertidumbre electoral. Reuters informó que el avance de Roberto Sánchez, generó nerviosismo en los mercados por sus propuestas de nueva Constitución, revisión de contratos mineros y mayores impuestos a la riqueza o ganancias extraordinarias, combate a la brecha de desigualdad y la búsqueda de una mayor equidad en el país.

Pero una cosa es decir que los mercados reaccionan ante la posibilidad de un gobierno de izquierda, y otra muy distinta es afirmar que la izquierda “causa” directamente la subida del dólar. No hay evidencia verificable de que Roberto Sánchez y la izquierda estén detrás de la apreciación del dólar. Lo que sí existe es una reacción natural: empresas, bancos, fondos, casas de cambio y familias compran dólares por temor a un futuro incierto en un país inmersa en una profundad crisis política. En economía, muchas veces la expectativa produce el hecho: si todos creen que el dólar subirá, compran dólares; al comprar, efectivamente lo hacen subir.

El problema es que esa desconfianza no nace en el vacío. Se alimenta de una narrativa repetida hasta el cansancio: si gana la izquierda, el dólar se dispara; la izquierda es peligrosa, debe ser derrotada, etc. Así se fabrica una profecía autocumplida. Algunos analistas de medios de dudosa reputación no están explicando el mercado; están ayudando a producirlo. Cuando un analista advierte todos los días que Roberto Sánchez sería un “peligro” para la estabilidad, no solo describe un riesgo: contribuye a instalarlo en la psicología colectiva.

El segundo factor es la memoria de Pedro Castillo. En 2021, el dólar llego a S/ 4.049 en medio de la incertidumbre por el rumbo económico del nuevo gobierno, la composición de su gabinete y el debate en aquel entonces sobre la continuidad de Velarde en el BCRP.  Ese momento  reveló  que el mercado de divisas  temía aparentemente a un presidente de izquierda; y  quizás el mayor temor  seria,  que se toque el “santuario” monetario: el BCRP. Cuando Castillo ratificó a Velarde, cerro el año con S/ 3.960, mostrando que la continuidad de Velarde actuaba como señal de tranquilidad para los agentes económicos.

La comparación con Castillo, sin embargo, debe hacerse con cuidado. Castillo ya era presidente cuando el dólar superó los S/ 4; Sánchez todavía es candidato. Castillo había nombrado gabinete y enviaba señales poco claras; Sánchez aún no gobierna. Por tanto, el mercado no está castigando hechos consumados, sino posibilidades. Y cuando el mercado castiga posibilidades antes de que ocurran, deja de comportarse como termómetro neutral y empieza a comportarse como actor político.

El tercer factor es el BCRP. La crítica es legítima: si el Banco Central compró dólares cuando el dólar caía a inicios de 2026, ¿por qué no vende con la misma fuerza cuando sube por tensión electoral? El Reporte de Inflación de marzo de 2026 señala que entre enero y febrero el BCRP realizó compras de US$ 9.663 millones en 2026.  Si el Banco Central interviene con fuerza cuando el dólar cae, pero actúa con mayor cautela cuando el dólar sube en plena campaña electoral, la percepción pública puede ser que tolera una señal de miedo favorable a ciertos intereses.

Por otro lado, la remoción de Julio Velarde no debería ser traumática si se respeta la institucionalidad. Ningún país serio depende eternamente de una sola persona. Velarde ha sido una figura importante para la estabilidad monetaria, pero convertirlo en irremplazable es una exageración peligrosa. El problema no es que termine su mandato; el problema sería reemplazarlo por alguien sin solvencia técnica, independencia ni credibilidad. La estabilidad del BCRP debe descansar en reglas, no en idolatrías personales.

El cuarto factor son las élites económicas. ¿No quieren que la izquierda gobierne el país? La respuesta, aunque incómoda, parece evidente. Una parte importante del poder económico peruano desconfía de cualquier proyecto de cambio del modelo económico o que cuestione contratos, impuestos, rentas extractivas o distribución del poder.

Eso no significa que toda preocupación empresarial sea ilegítima. Un país necesita reglas claras, inversión privada, estabilidad jurídica y responsabilidad fiscal. Pero otra cosa muy distinta es presentar cualquier propuesta de reforma o cambio como salto al abismo. En el Perú, las élites suelen llamar “populismo” a toda reforma que afecte sus privilegios, mientras llaman “confianza” a la preservación de un modelo que convive con pobreza, informalidad y desigualdades estructurales profundas.

Esas preocupaciones pueden tener una base racional si las propuestas son ambiguas o técnicamente débiles. Pero también pueden convertirse en campaña de miedo cuando toda reforma se presenta como “comunismo”, “expropiación” o “destrucción del país”, etc. Ahí el análisis deja de ser económico y se vuelve propaganda maliciosa para desprestigiar a la izquierda y mantener el status quo.

El quinto factor es la fragilidad institucional. Reuters informó que una encuesta de Ipsos mostraba un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ambos con 38%, en una segunda vuelta marcada por tensión política, denuncias de fraude no acreditadas por observadores europeos y respaldo de la OEA al proceso electoral. En ese ambiente, el dólar sube porque el país no confía en sus instituciones, en sus partidos, en sus candidatos ni en sus consensos mínimos.

Por ello, culpar solo a Sánchez sería una salida fácil. El dólar sube por Sánchez, sí, en la medida en que su eventual victoria es leída por el mercado como riesgo. Pero sube también por quienes exageran ese riesgo, por quienes compran dólares para especular, por quienes usan el miedo como arma electoral y por un sistema económico que ha convencido a millones de peruanos de que la estabilidad solo existe si gobiernan los mismos de siempre o que Velarde es el único que puede presidir el BCRP incluso desde “más allá”.

El sexto factor es el rol de los medios y opinólogos. Algunos analistas no explican el mercado: ayudan a fabricarle fantasías. Cuando se repite diariamente que Roberto Sánchez sería un peligro, se induce a la población a comprar dólares antes de que ocurra cualquier cambio real. Es la vieja profecía autocumplida: se anuncia el incendio, la gente corre, el mercado se altera y luego los mismos voceros dicen que el pánico prueba que tenían razón. El dólar, en ese escenario, no solo refleja miedo; también es usado para producir miedo.

Conclusiones

La subida del dólar responde a varios factores: incertidumbre electoral, temor infundado a un gobierno de izquierda, especulación, mensajes alarmistas de medios tradicionales y opinólogos de dudosa reputación, dudas sobre la continuidad de Velarde en el BCRP y fragilidad institucional.  Las élites económicas tienen razones para preocuparse si las propuestas son imprecisas, pero no tienen derecho a convertir el miedo en chantaje político.  Finalmente, el BCRP debe explicar mejor su intervención cambiaria. Y el país debe entender algo elemental: cuando el dólar sube antes de que el ciudadano vote, no siempre habla la economía; muchas veces habla el poder. L:03052026

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(*)Es Doctor en Ciencias Económicas y actualmente Profesor principal de economía Financiera en la UNMSM

Cada vez que se menciona la posibilidad de relevar a Julio Velarde de la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), una parte del establishment (élite dominante) económico y mediático reacciona como si se estuviera proponiendo dinamitar el último muro de contención de la República. Se instala entonces una falsa narrativa de pánico: sin Velarde, se hunde el sol, se dispara la inflación, el Perú se precipita al abismo. El problema de ese relato no es solo su exageración, sino su trasfondo: convierte a una institución en rehén de un nombre propio y sugiere, de manera ofensiva para el país, que no existen otros economistas peruanos capaces de conducir el BCRP. Esa idea no resiste un análisis serio. El debate no debería ser si Julio Velarde es un economista competente —seguro que lo es—, sino si el Perú debe aceptar la ficción de que una persona es irremplazable y si el balance de casi veinte años de gestión justifica tanta reverencia.

¿Velarde es irremplazable?

Lo primero que conviene recordar es algo elemental que a veces se oculta deliberadamente: el BCRP no es una monarquía personal. Su Ley Orgánica establece que el mandato principal del Banco es preservar la estabilidad monetaria, mejor aún, mantener la inflación dentro del rango meta de 1% a 3% y es gobernado por un directorio de siete miembros; además, el presidente del Banco es designado por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso. Julio Velarde preside el directorio desde octubre de 2006 y fue ratificado en 2021 hasta 2026. Es decir, la propia arquitectura institucional del BCRP desmiente la tesis del “hombre irremplazable”. Lo que debe protegerse es la autonomía, la calidad técnica y la prudencia institucional del Banco Central, no la eternización de una persona.

La pregunta de fondo, por tanto, es incómoda pero legítima: ¿realmente Julio Velarde es el único economista peruano capaz de dirigir el BCRP? La respuesta es categóricamente “no”. Decir lo contrario sería aceptar que en el Perú no hay economistas capaces de dirigir los destinos del banco emisor. Decir lo contrario, no solo sería falso; sería humillante para el país y para quienes adoptamos la identidad de economistas, cuando sabemos que hay economistas con sólida formación académica en universidades extranjeras y peruanas de prestigio y probada experiencia. El punto no es reemplazar a Velarde por cualquiera, ni mucho menos por un operador político sin credenciales. El punto es comprender que la continuidad institucional no depende de una biografía individual, sino de reglas, mandatos, contrapesos y cuadros técnicos competentes. En una democracia nadie es irreemplazable; menos aún en una entidad colegiada.

Ahora bien, reconocer que Velarde no es único no obliga a negar sus méritos. Bajo su conducción, el BCRP consolidó un esquema de metas de inflación y una reputación de prudencia monetaria que, en términos comparados, ha sido valiosa para el país. Pero de allí a presentarlo como un tótem intocable hay un largo trecho. El propio mandato constitucional del BCRP está circunscrito a preservar la estabilidad monetaria; no a resolver por sí solo la pobreza, la informalidad o el subempleo. Por eso, cuando algunos defensores lo convierten en el gran arquitecto del bienestar nacional, cruzan la línea entre el reconocimiento técnico y el culto personal – ¡vaya ignorancia! -. Si el mandato del Banco es monetario, no corresponde adjudicarle éxitos estructurales que no le pertenecen. Pero tampoco corresponde blindar su gestión de toda crítica, como si estabilidad de precios fuera sinónimo de desarrollo del país o bienestar de los peruanos.

Balance agridulce 

Y aquí aparece el lado agridulce del balance. Mientras se celebra con entusiasmo desmedido a Julio Velarde en foros empresariales y se multiplican los elogios y las condecoraciones, el Perú sigue cargando brechas sociales estructurales indecentes. Según el INEI, la pobreza monetaria afectó al 26% de la población en 2025; además, en el período octubre 2024 -setiembre 2025 la tasa de empleo informal fue de 70,6%, y la estructura del empleo mostraba 42,5% de subempleo a nivel nacional. Estos datos no son responsabilidad exclusiva del BCRP, y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Pero sí obligan a moderar el triunfalismo de los defensores de los “sólidos fundamentos macroeconómicos del Perú”. Una política monetaria prudente puede ser condición necesaria para el desarrollo, pero claramente insuficiente para cerrar las graves fracturas sociales peruanas. Por ello, tanto halago sin matices termina siendo más ideología de mercado que evaluación rigurosa y seria.

También merece una discusión más honesta el tema de las Reservas Internacionales Netas (RIN). Al 15 de abril de 2026, las RIN ascendían a US$ 100 076 millones, equivalentes a 29 por ciento del PBI, mientras que la posición de cambio llegó a US$ 67 496 millones. Son cifras robustas y, sin duda, otorgan un colchón frente a choques externos. Sin embargo, no conviene presentarlas como un milagro de Don Julio. El propio BCRP señala que la intervención cambiaria busca reducir la volatilidad del tipo de cambio y no fijarlo; además, estudios del Banco indican que la intervención también ha buscado acumular reservas en un contexto de economía parcialmente dolarizada. En términos simples: una parte importante del crecimiento de las reservas ha estado asociada a compras de dólares y a la esterilización correspondiente en soles. Eso no invalida la utilidad de las RIN, pero sí obliga a discutirlas con mayor honestidad técnica y menos propaganda superficial.

Otra cuestión discutible es la tasa de referencia. El BCRP la mantiene en 4,25% desde setiembre de 2025. Al mismo tiempo, el propio Banco reportó que las expectativas de inflación a doce meses se ubicaron en 2,1% en febrero y 2,5% en marzo, dentro del rango meta; sin embargo, la inflación anual saltó a 3,8% en marzo, empujada por la guerra en Medio Oriente. Esto sugiere que la discusión no puede reducirse a “Velarde sí, Velarde no”, sino a si la política monetaria está reaccionando con la velocidad y calibración adecuadas frente a una economía con crecimiento mediocre (2,7% de PBI en 2026, según FMI) y crédito que tampoco vive una expansión por tasas de interés leoninas. Criticar esa cautela no es herejía; es parte del debate técnico legítimo.

Entonces, ¿por qué siembran miedo? Porque en el Perú un sector de la cierta élite dominante ha confundido estabilidad monetaria con estabilidad política de sus propios intereses. Velarde les ofrece previsibilidad, lenguaje tecnocrático y una imagen de continuidad que tranquiliza a mercados, bancos y grandes inversionistas. Y eso tiene valor, no lo discuto. Pero una cosa es valorar la prudencia, y otra muy distinta es fabricar el mito de que fuera de él solo existe el caos. Ese miedo no protege al BCRP; lo empequeñece. Lo convierte en una institución que aparentemente depende más de la aureola de una persona que de su propio marco constitucional.

Consideraciones finales

El Perú no necesita una campaña de pánico alrededor del relevo de Julio Velarde. Necesita un debate serio sobre el perfil de quien debe conducir el BCRP: autonomía real, solvencia técnica, prudencia monetaria, conocimiento de la economía real y la economía financiera y comprensión del país concreto, no solo del país “de las presentaciones en PowerPoint” que nos tiene acostumbrado.

Julio Velarde ha tenido méritos y su gestión no puede ser despachada con ligereza. Pero tampoco debe ser sacralizada. El balance de casi veinte años es agridulce en varios frentes monetarios, aunque claramente insuficiente para justificar el tono de adoración que suele rodearlo. El elogio sin crítica empobrece el debate; el miedo sin argumentos lo degrada. Es propio de ilusos.

La verdadera pregunta no es si Velarde puede irse. La verdadera pregunta es si el Perú ha madurado lo suficiente como para entender que las instituciones deben ser más grandes que los hombres que las dirigen. L:210426

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(*)Es Doctor en Ciencias Económicas y actualmente profesor principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La guerra vuelve a exhibir la vieja obscenidad del poder: los Estados hablan de seguridad, disuasión y superioridad estratégica, mientras los mercados se estremecen, las ciudades se vacían y los cuerpos de los más débiles pagan la factura. En marzo de 2026, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán dejó de ser una hipótesis de laboratorio geopolítico y ha entrado en una fase abierta de ataques, represalias y expansión regional, sin una ruta clara de salida. Reuters reporta que la guerra ha entrado en su segunda semana, con ataques estadounidenses e israelíes sobre territorio iraní y respuestas iraníes que afectaron no solo a Israel, sino también a otros países del Golfo.

Los efectos de la guerra

Desde la economía política, la primera verdad es brutal: la guerra no destruye por igual. Puede enriquecer a contratistas militares, especuladores energéticos y operadores financieros de corto plazo, pero deteriora el bienestar de hogares, trabajadores precarios, desplazados y niños. La Agencia Internacional de Energía (AIE, 2026) advirtió que, tras el inicio de la guerra en Medio Oriente, el Brent subió a US$100 por barril el 12 de marzo de 2026, alrededor de 65% por encima del inicio del año, impulsado por la caída de envíos a través del estrecho de Ormuz y por interrupciones de producción en la región.

No se trata de un detalle técnico. Ormuz no es una línea en el mapa, sino una arteria del sistema energético mundial. La propia AIE (2026) señala que en 2024 y el primer trimestre de 2025 por ese estrecho transitó más de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y alrededor de una quinta parte del consumo global de petróleo y derivados, además, cerca de una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado pasó también por esa ruta. Cuando se militariza Ormuz, no tiembla solo el Golfo Pérsico: tiembla Asia, tiembla Europa y América Latina, principalmente, Chile, Perú, importadores netos.

El impacto económico, por tanto, va mucho más allá del precio del petróleo. Un petróleo más caro encarece transporte, fertilizantes, electricidad, manufactura y logística, alimentos, etc. Es decir, golpea la inflación por múltiples canales. El problema es especialmente grave para países importadores netos de energía, porque el alza del barril se convierte en presión cambiaria, deterioro de balanza comercial y menor espacio fiscal. El Banco Mundial (2026) ya advertía, antes de esta guerra, que, aunque la región Medio Oriente y Norte de África mostraba una mejora de crecimiento, los riesgos bajistas seguían siendo altos ante una eventual reescalada de conflictos armados, mayores restricciones comerciales y endurecimiento de las condiciones financieras globales.

La guerra como impuesto regresivo

Aquí aparece la hipocresía de siempre. Los arquitectos del conflicto suelen hablar en nombre del orden internacional, pero la guerra real funciona como un impuesto regresivo mundial. El millonario con cobertura financiera no hace cola para comprar alimentos ni deja de medicarse por el alza del transporte. El pobre sí. La clase media endeudada también. En los países del Sur global, donde una mayor proporción del ingreso se destina a comida, energía y movilidad, cada shock bélico se siente en la mesa, en el empleo informal y en la angustia cotidiana. La guerra, por tanto, no solo mata: también abarata la vida de los pobres a ojos del sistema cruel.

En el plano social, el conflicto actúa como fábrica de desarraigo. ACNUR (2026) informa que más de 330.000 personas han sido desplazadas por las hostilidades recientes en Medio Oriente, mientras un reporte de situación del 12 de marzo mostraba decenas de miles de movimientos forzados adicionales vinculados a la crisis, incluyendo desplazamientos internos en Irán y personas alojadas en refugios colectivos en Líbano. La estadística parece fría, pero detrás de ella hay un hecho elemental: cuando estalla la guerra, la primera institución que colapsa es la vida normal. El hogar deja de ser refugio, la escuela deja de educar, el hospital deja de curar y la calle deja de ser espacio civil para convertirse en zona de riesgo.

Los niños cargan la parte más infame de la tragedia. UNICEF (2026) informó que en Gaza más de 64.000 niños habían muerto o resultados heridos, y que más de 56.000 habían perdido a uno o ambos padres. Además, en la reciente escalada regional, la ONU reportó que más de 190 niños habían muerto, la gran mayoría en Irán, junto con menores víctimas también en Líbano e Israel. Una cifra así debería bastar para clausurar cualquier retórica triunfalista, pero no. En la gramática del poder, el niño muerto suele convertirse en “daño colateral”, como si la semántica pudiera absolver a la barbarie.

El sistema sanitario ofrece otra radiografía moral del desastre. La OMS (2026) sostiene que el sistema de salud en Gaza ha colapsado y proyecta que 132.000 niños menores de cinco años podrían sufrir malnutrición aguda hasta mediados de este año. Cuando la guerra destruye hospitales, bloquea suministros y corta rutas humanitarias, el mensaje político es transparente: ciertas vidas pueden esperar, ciertas vidas pueden sufrir, ciertas vidas pueden extinguirse sin alterar la arquitectura del poder global. Esa es la verdadera jerarquía de la civilización contemporánea.

Y todavía hay analistas que preguntan si la guerra “sirve” para reequilibrar la región. Sirve, sí, pero para lo peor: para endurecer nacionalismos, justificar autoritarismos, fascismos, ampliar presupuestos militares, profundizar odios y convertir la inseguridad en modelo de acumulación. Incluso aliados árabes de Washington han mostrado frustración porque la guerra ha dejado expuestos a países del Golfo, con ataques, vulnerabilidad de infraestructuras y riesgo directo sobre el flujo mundial de energía. La guerra se vende como solución táctica, pero en la práctica es una máquina de producir nuevos frentes, nuevos enemigos y nuevas ruinas.

Conclusiones

La guerra entre EE. UU., Israel e Irán confirma una lección que la historia enseña y las élites fingen ignorar: ningún misil distingue entre geopolítica y humanidad. El alza del petróleo, la inflación importada, el desplazamiento forzado, la orfandad infantil y el colapso sanitario prueban que los costos reales recaen, una vez más, sobre quienes no diseñaron la guerra ni se benefician de ella.

La supuesta racionalidad estratégica de los que se autoproclaman gendarmes del mundo esconde una profunda irracionalidad moral.

Cuando la seguridad de unos se construye sobre el miedo, el hambre y la desposesión de otros, ya no estamos ante defensa: estamos ante la administración tecnocrática de la crueldad.

La humanidad no necesita más guerras “inteligentes”. Necesita, con urgencia, menos cinismo en los centros de poder y más valor político para detener la maquinaria que convierte a los débiles en combustible de la historia. L:120326

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(*) Es doctor en Ciencias Económicas y actualmente profesor Principal de Economía Financiera en la UNMSM y director del II&EE

Una de las ficciones más persistentes de la economía convencional es la idea de que el dinero es neutral, un simple velo técnico que facilita el intercambio y no altera las relaciones sociales de fondo. Esta narrativa, repetida en manuales y discursos oficiales, ignora un hecho histórico y empírico elemental: el dinero es una institución política, creada, regulada y utilizada por el poder, y casi nunca de manera neutral. Desde el patrón oro hasta el actual sistema monetario fiduciario, el dinero ha servido para ordenar jerarquías, disciplinar sociedades y proteger intereses específicos. No es casual que los grandes debates monetarios coincidan con periodos de crisis, guerras y reconfiguraciones del poder global. Aquí presento algunas preguntas incómodas y respuestas para desmontar esas narrativas.

¿El dinero es neutral?

La neutralidad del dinero es más un supuesto metodológico que una realidad histórica. En la práctica, los cambios monetarios alteran precios relativos, redistribuyen ingresos y afectan de manera desigual a trabajadores, empresarios, deudores y acreedores. Keynes (1920), en su libro “Las consecuencias económicas de la paz”, ya advertía que “no hay medio más sutil y seguro de subvertir la base existente de la sociedad que corromper la moneda” El dinero, lejos de ser neutral, reordena ganadores y perdedores, especialmente en contextos inflacionarios o deflacionarios.

¿Para quién funcionaba el dinero durante  el sistema del patrón oro?

El patrón oro (1870 – 1914), idealizado por la ortodoxia como sinónimo de estabilidad y disciplina, funcionaba esencialmente en favor de los acreedores. Al anclar la oferta monetaria a la disponibilidad de oro, se imponía una rigidez que obligaba a los países deficitarios a ajustar vía deflación, caída de salarios y recesión. Polanyi (1944), en su obra “La gran transformación” mostró cómo este sistema sacrificó el empleo y el bienestar social para preservar la “confianza” de los mercados financieros internacionales. En otras palabras, el patrón oro no era neutral: protegía el capital financiero, y castigaba a las economías periféricas y a los trabajadores.

¿Y en el sistema monetario actual: para quién funciona el dinero?

El abandono del patrón oro no eliminó el carácter político del dinero, solo lo transformó. En el sistema fiduciario contemporáneo (1971), el dinero es creado mayoritariamente por el sistema bancario a través del crédito, bajo la supervisión de los bancos centrales. Formalmente, estos últimos buscan estabilidad de precios, en la práctica, suelen priorizar la estabilidad del sistema financiero. La evidencia posterior a la crisis financiera de 2008 es elocuente: rescates bancarios, expansión monetaria masiva y socialización de pérdidas, mientras la recuperación del empleo y los salarios fue lenta y desigual (Stiglitz, 2012).

Manipulación monetaria: ¿mito o realidad?

Hablar de “manipulación” monetaria no implica teorías conspirativas, sino reconocer que las decisiones monetarias son decisiones políticas. La fijación de tasas de interés, los programas de compra de activos o las intervenciones cambiarias como viene haciendo el BCRP en los últimos meses (Narváez, febrero 2026) benefician a ciertos sectores más que a otros. Los periodos de tasas ultrabajas favorecen a los grandes deudores y a los mercados financieros. Los ajustes monetarios bruscos, en cambio, castigan a hogares y pequeñas empresas. Como advierte Minsky (1986) en su trabajo “Estabilizar una economía inestable” la estabilidad monetaria prolongada tiende a generar inestabilidad financiera, al incentivar comportamientos especulativos.

¿Quién controla el dinero y en beneficio de quién se gestiona?

Formalmente, los bancos centrales son instituciones independientes. Materialmente, operan dentro de un entramado de poder económico y político. Su “independencia” suele significar autonomía frente a gobiernos de turno, pero no necesariamente frente a los intereses del sistema financiero. En muchos países, la prioridad de la política monetaria es anclar expectativas de inflación y proteger el valor de los activos financieros, aun cuando ello implique sacrificar crecimiento o empleo. Como señala Epstein (2005), la independencia de los bancos centrales no es neutral: refleja una preferencia institucional por los acreedores (prestamistas). Siempre ha si así.

Dinero y poder: una relación estructural

El dinero es poder porque permite decidir qué se produce, quién accede al crédito y en qué condiciones. Y el poder, en cualquier sistema social, tiende a concentrarse. La concentración bancaria, la financiarización de la economía y el peso creciente de los mercados de capitales refuerzan esta dinámica. No es casual que una parte significativa de las utilidades globales se concentre en el sector financiero, incluso en periodos de bajo crecimiento real (véase caso Perú 2025). El dinero, así, deja de ser un medio y se convierte en un fin en sí mismo.

El dinero es demasiado importante para dejarlo al azar

La idea de que los mercados financieros se autorregulan ha sido desmentida repetidamente por la historia. Desde la Gran Depresión de 1929 hasta la crisis financiera global del 2008, el “azar” del mercado ha requerido siempre la intervención del Estado para evitar colapsos sistémicos. Sin embargo, estas intervenciones suelen ser asimétricas: se rescata al sistema financiero, pero se exige austeridad a la sociedad. Como advertía el papa Francisco (2015), “la economía no puede seguir confiando en la mano invisible del mercado” cuando ésta produce exclusión y desigualdad.

Estabilidad monetaria versus estabilidad económica

Uno de los errores más persistentes es confundir estabilidad monetaria con estabilidad económica. Un país puede tener inflación baja y, al mismo tiempo, alto desempleo, precariedad laboral y desigualdad, ejemplo, el Perú. La obsesión por el índice de precios puede invisibilizar problemas estructurales más profundos. El viejo Keynes (1936) lo planteó con claridad: el objetivo último de la política económica debe ser el empleo y el bienestar, no solo la estabilidad monetaria.

¿El sistema monetario está diseñado para defender a los acreedores?

Históricamente, sí. Tanto en el sistema patrón oro como en el sistema actual, las reglas monetarias tienden a proteger el valor real de las deudas y los activos financieros (acciones, bonos, fondos de inversión, etc.). La inflación es tratada como el enemigo principal porque erosiona el poder adquisitivo del capital financiero, mientras que la deflación —mucho más dañina para la economía real— suele ser subestimada. Esta asimetría revela el sesgo estructural del sistema monetario en favor de los acreedores (prestamistas).

El poder de los bancos centrales: ¿técnico o político?

Los bancos centrales no son meros árbitros técnicos. Sus decisiones son políticas y tienen efectos distributivos y sociales profundos. Determinan quién accede al crédito, a qué costo y con qué riesgos. En contextos de crisis, se convierten en actores políticos de primer orden, capaces de sostener o hundir sectores enteros de la economía. Negar este poder es negar la realidad.

Conclusión

El dinero nunca ha sido neutral ni apolítico. Ha sido, y sigue siendo, un instrumento de poder. Cambian los sistemas —patrón oro, dinero fiduciario, finanzas digitales—, pero persiste la pregunta central: ¿al servicio de quién se organiza el sistema monetario? Mientras el dinero se gestione prioritariamente para proteger a los acreedores y al capital financiero, la estabilidad monetaria seguirá coexistiendo con inestabilidad social. Repensar el dinero no es un ejercicio técnico, sino un debate político y ético impostergable para quienes queremos una sociedad menos desigual y más humana. L:210226

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas y actualmente profesor principal de Economía Financiera en la UNMSM y director del II&EE.