El orden económico global vive un proceso de transformación profunda durante la presente década de 2020, marcada por cambios en la contribución relativa de las grandes economías al crecimiento mundial. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2026, China y la India lideran la expansión global del Producto Bruto Interno (PBI) real, aportando conjuntamente más del 40 % de la contribución total al crecimiento económico global, superando ampliamente a Estados Unidos y las economías avanzadas del G 7.

Este artículo explora las causas económicas detrás de este cambio de paradigma, examina el auge de India y el relativo retroceso de Estados Unidos, y analiza los efectos que este nuevo escenario puede tener en la economía global, incluyendo el papel creciente de otras economías emergentes y el debilitamiento relativo de los países tradicionalmente dominantes.

El cambio estructural en la economía mundial

Históricamente, Estados Unidos ha liderado la economía global en términos de PIB total nominal. Para 2026, el FMI proyecta que su economía sigue siendo la economía más grande del mundo con un PBI nominal estimado en US$ 31,82 billones, pero su contribución relativa al crecimiento global ha perdido terreno frente a las economías asiáticas emergentes.

China, con un PBI nominal estimado en US$ 20,65 billones para el mismo año, se ha consolidado como el motor principal de la expansión económica mundial, destacándose no tanto por un ritmo de crecimiento extraordinariamente alto, sino por su enorme tamaño económico y su papel estructural en la producción global.

Esta dinámica también queda clara en las contribuciones relativas al PBI real global, donde el propio FMI reconoce que China aportará 26.6 % del crecimiento económico mundial en 2026, muy por encima de cualquier otra economía individual. India le sigue con 17 %, mientras que Estados Unidos aparece en tercer lugar con 9.9 % de la expansión global.

Estas cifras ilustran un reordenamiento estructural de la economía global, que no solo obedece a variaciones cíclicas, sino a tendencias profundas del nuevo orden mundial (Dalio, 2022).

Razones del ascenso chino

China ha construido durante décadas una base manufacturera dominante, con una integración vertical única en sectores clave como bienes de capital, manufactura de alto volumen y exportaciones globales. Esta estructura productiva le ha permitido mantener un crecimiento estable incluso cuando las economías occidentales han reducido sus tasas de expansión.

El FMI ha señalado que políticas fiscales y créditos orientados a inversión han impulsado el crecimiento de China en 2025 y 2026, incluso frente a presiones globales como aranceles y tensiones comerciales. El Banco Mundial también proyecta que la economía china seguirá expandiéndose en 2026, con tasas cercanas al 4 %, un ritmo inferior al de décadas anteriores, pero suficiente para sostener el papel de motor global.

Por otro lado, China sigue siendo centro logístico y de producción para economías asiáticas y africanas, reforzando un ecosistema de comercio e inversión que ha diversificado y estabilizado su crecimiento, en contraste con economías occidentales más orientadas al sector servicios.

El auge de India y su creciente peso relativo

India emerge como el segundo motor asiático detrás de China. Las proyecciones del FMI y de encuestas oficiales del gobierno indio estiman que su PBI crecerá entre 6.8 % y 7.3 % en 2026 27, impulsado por una demanda interna robusta, creciente consumo, reformas estructurales y políticas de inversión que han fortalecido su posición en la economía global.

India combina una macrodemografía favorable —con una población joven y en crecimiento— y un enfoque en modernización de infraestructura, manufactura y servicios, factores que favorecen su continuidad como uno de los principales contribuyentes al PBI real global. Este avance complementa, pero también compite con la trayectoria china, sugiriendo que Asia en su conjunto se está consolidando como el nuevo eje de crecimiento mundial.

Retroceso relativo de Estados Unidos y economías avanzadas

Aunque Estados Unidos sigue siendo la economía más grande en términos de volumen nominal de PBI, su contribución al crecimiento global ha disminuido como proporción del total. Este fenómeno no implica fracaso económico per se, sino una normalización relativa en un mundo donde las economías emergentes crecen más rápidamente desde bases más bajas.

De acuerdo con diversas fuentes, el crecimiento proyectado para Estados Unidos en 2026 ronda el 2.1 %, comparativamente más lento que sus pares emergentes, menor que el ritmo de India y cercano a las tasas chinas más moderadas.

Este menor dinamismo se explica por: i) Madurez tecnológica y menor elasticidad del consumo interno, ii) Desafíos demográficos y productividad en sectores tradicionales, iii) Tensiones comerciales y políticas proteccionistas que afectan el comercio y la inversión internacional y iv) Competencia en innovación desde Asia, sobre todo en manufactura avanzada, telecomunicaciones y sectores digitales.

La suma de estos factores ha reducido la participación relativa de Estados Unidos en la expansión del PBI global, traduciéndose en un menor impacto en el crecimiento mundial comparado con China e India.

Avance de otras economías emergentes y retroceso del G7

El cambio global no se explica únicamente por China e India. La proyección de la economía mundial del FMI menciona que los mercados emergentes y economías en desarrollo mantendrán tasas de crecimiento superiores al 4 % en 2026 y 2027, incluso cuando las economías avanzadas se enfrían.

Este grupo incluye países como Indonesia, Turquía, Nigeria y Brasil, que también aportan porcentajes crecientes al crecimiento global del PBI real, aunque el peso individual sea menor que el de China o India.

Mientras tanto, muchos países del G 7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos) enfrentan crecimientos mediocres, reflejo de economías maduras que tienden a expandirse a ritmos más lentos, impulsadas más por el consumo que por la inversión o expansión productiva.

Efectos del nuevo escenario económico global

. Redefinición del liderazgo económico. El papel predominante de China —y el auge de India— obliga a repensar las relaciones económicas y geoestratégicas globales. La influencia de Asia en organismos multilaterales, comercio internacional, inversión extranjera directa y tecnología es cada vez más notoria, reduciendo el monopolio tradicional del liderazgo económico occidental.

. Reconfiguración de alianzas comerciales. La creciente interdependencia entre economías asiáticas favorece bloques económicos paralelos a los tradicionales (como la ASEAN, RCEP o BRICS), implicando una fragmentación del comercio global y una menor dependencia de mercados occidentales.

. Innovación y competencia. La aceleración de sectores tecnológicos, manufactura avanzada y digitalización en China e India presiona a los países del G 7 a reforzar sus políticas de innovación para no perder competitividad.

. Financiamiento y moneda. Aunque el dólar sigue siendo la moneda de reserva global dominante, mayores aportes al crecimiento mundial por parte de economías emergentes podrían impulsar el uso de otras monedas como ya lo vienen haciendo— el yuan, la rupia, el rublo, el real brasileño— en transacciones internacionales, desafiando la hegemonía financiera tradicional a largo plazo (aunque sin un reemplazo inmediato).

Conclusiones

Las últimas proyecciones del FMI y del Banco Mundial consolidan un cambio estructural en la economía global.  China ha pasado de ser un motor secundario a ser el líder principal en la contribución al crecimiento del PIB real, acompañada por el fuerte avance de India y otros mercados emergentes.

Este proceso refleja fuerzas profundas en la economía mundial —incluyendo industrialización, demografía y políticas públicas territoriales— que han aumentado la participación de Asia en el crecimiento global y, al mismo tiempo, han reducido el peso relativo de economías avanzadas tradicionalmente dominantes como los países del G 7.

Entender este cambio es esencial para formular políticas económicas eficaces en un mundo multipolar, donde el crecimiento ya no es prerrogativa exclusiva de economías históricamente hegemónicas, sino un fenómeno compartido e impulsado especialmente por China, India y el conjunto de mercados emergentes. L:030226.

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas. Actualmente profesor principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del II&EE.

En el Perú, solemos hablar de corrupción como si fuera una “desviación moral”: funcionarios “malos”, empresarios “sin escrúpulos”, partidos “podridos”, “cloacas de la economía”. Estos adjetivos tranquilizan, porque reduce el problema a comportamientos defectuosas. Pero no explica lo esencial: la corrupción persiste porque funciona. Y funciona como un modelo de negocio que el Estado —con sus reglas, incentivos, opacidades y complacencias—subsidia.

Un negocio es viable cuando la ganancia o el retorno esperado supera el riesgo. En corrupción, el retorno se llama sobrevaloración, adenda, coima, arbitraje amañado, plaza comprada, expediente “acelerado”. El riesgo se llama control, sanción, cárcel, pérdida patrimonial, muerte civil. Cuando el sistema hace que el riesgo sea bajo y la ganancia alta, la “ética” deja de ser el centro del análisis: la corrupción se vuelve un gran negocio, con cadena de suministro, tarifas, intermediarios y protección política.

No lo digo en abstracto. La Contraloría General de la República (CGR) ha estimado que, en un ejercicio fiscal, las pérdidas por corrupción e inconducta funcional podrían rondar el 14% del presupuesto anual ejecutado, alrededor de 24 mil millones de soles equivalentes al 3% del PBI. Ese “margen” no es un accidente: es el “espacio” en el que opera el negocio.

Y cuando miramos el termómetro internacional, el diagnóstico no mejora. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, el Perú se ubica 127 de 180 (Transparency International, 2025). Proética (2025) remarca el retroceso reciente del país en ese indicador. No estamos frente a un vicio, estamos frente a una economía política de la impunidad.

Los tres incentivos que hacen rentable la corrupción

Veamos:

1. a) Baja probabilidad de detección efectiva. El Estado controla tarde y mal en los puntos donde más dinero se mueve: inversión pública, compras, contratación, arbitrajes, supervisión. La evidencia comparada es clara: el mayor riesgo de integridad en el gasto público suele concentrarse en procura y obras, precisamente por su complejidad y discrecionalidad. Por eso la OCDE insiste en mecanismos de transparencia, revisión y control social, incluyendo el uso de herramientas como e-procurement (contratación electrónica) para comunicar decisiones y habilitar impugnaciones oportunas, así como la participación de la sociedad civil y acceso público a términos clave de grandes contratos. Cuando eso no existe —o existe solo en el papel— el control se vuelve una formalidad y la corrupción, una apuesta segura.
2. b) Baja severidad real de la sanción. El castigo no es solo “cárcel”. En un sistema serio, hay decomiso, reparación, inhabilitación, pérdida del beneficio, y una trazabilidad que impide reingresar al Estado por la puerta de atrás. Cuando la sanción efectiva es baja o tardía, el negocio incorpora el riesgo como “costo operativo”. La impunidad, en economía, es un subsidio.
3. c) Alta rentabilidad vía diseño institucional: adendas, arbitrajes y opacidad. El negocio necesita un mecanismo para “cobrar” sin quedar expuesto. En obras, ese mecanismo suele aparecer como ampliaciones, adicionales, controversias administradas, arbitrajes, consultorías “de cierre”, y una cadena de decisiones fragmentadas donde nadie “es responsable”, pero todos firman.

La OCDE lo dice sin eufemismos: el control requiere una cadena clara de responsabilidades y mecanismos que permitan escrutinio público y auditoría efectiva. Sin esa arquitectura, el Estado no solo pierde: paga por perder.

Consecuencias: lo que la corrupción realmente destruye

La corrupción no solo roba dinero. Deforma la economía y enferma la democracia.

1. a) Destruye productividad del gasto: cada sol perdido no es “un sol menos”; es una escuela que no se construye, un hospital que no se equipa, una carretera que se cae al primer invierno. La propia Contraloría ilustra el costo de oportunidad del perjuicio económico: recursos con los que se podrían cerrar brechas e inversiones básicas.
2. b) Eleva el “impuesto país”: empresas serias invierten menos cuando perciben que competir depende de coimas, contactos, lobbies o captura regulatoria. Eso reduce inversión, innovación y empleo formal.
3. c) Normaliza la inmoralidad como ventaja competitiva: el mensaje social es venenoso: “el vivo progresa, el honesto pierde”. Allí nace la reproducción intergeneracional del problema.
4. d) Captura la política: la corrupción necesita poder para protegerse. Por eso se ancla en financiamiento oscuro, redes, nombramientos y control de entidades clave (congreso, ministerios). El resultado es un Estado que ya no sirve al ciudadano, sino al cartel de los corruptos.

Hagamos algo diferente

Si la corrupción es un modelo de negocio, la política anticorrupción debe hacer lo que haría cualquier regulador frente a una industria dañina:

1. Subir el costo esperado: Ajustar el precio del delito

El corazón del negocio es la ecuación “ganancia alta + riesgo bajo”. Hay que invertirla a: riesgo alto + ganancia incierta”. Lo que implica:

1. a) Transparencia contractual de punta a punta (no solo licitación): publicación de términos clave, avances, modificaciones, adicionales y pagos en formatos auditables, con posibilidad de control social.
2. b) Compras y obras con trazabilidad digital: el enfoque de “gobierno digital + control ciudadano” no es discurso. En Perú existe evidencia de que combinar herramientas de información (InfObras/Invierte.pe) con monitoreo ciudadano puede reducir sobrecostos en obras tercerizadas.
3. c) Revisión independiente y rápida de controversias: evitar que la impugnación se use como chantaje o que el arbitraje se convierta en caja negra. La OCDE recomienda cuerpos independientes con capacidad de decisión y aplicación.
4. Cortar el suministro: atacar el “ecosistema” (no solo al funcionario)

Un acto corrupto rara vez es individual: requiere intermediarios, empresas fachadas, consultores, supervisores complacientes, abogados, financiadores. ¿Qué hacer?

1. a) Debida diligencia real en contratistas y sanciones que impidan recontratación.
2. b) Recuperación patrimonial agresiva: si el dinero se queda, el negocio continúa.
3. c) Reglas contra conflictos de interés y puertas giratorias: sin esto, la captura regulatoria se institucionaliza.
4. Crear una institución anticorrupción con tres brazos (y protegerla políticamente)

Hong Kong es el ejemplo clásico por una razón: su ICAC se diseñó con una estrategia tripartita —aplicación, prevención y educación— y con independencia institucional. No se trató solo de “meter presos”: sino también de cambiar sistemas y cultura, con supervisión ciudadana mediante comités independientes.

El Perú no necesita copiar mecánicamente ese modelo, pero sí tomar su idea central: una agencia con dientes, blindaje, control externo y enfoque preventivo-educativo.

4. Reducir la demanda social: educación de integridad y “vergüenza pública” del atajo

Sin legitimidad social, el negocio se debilita. La educación anticorrupción no debe ser moralina (“sé bueno”), sino alfabetización cívica: cómo funciona el fraude, cómo se captura un contrato, por qué la coima mata servicios públicos, cómo denunciar, cómo auditar una obra local.

La ICAC enfatiza educación masiva y formación ética para distintos sectores, lo que ayuda a consolidar tolerancia cero. El mensaje para jóvenes debe ser nítido: la corrupción no es “viveza”, es un impuesto regresivo que pagan los que menos tienen.

Conclusión

El Perú no va a “curarse” de la corrupción con campañas emotivas ni con indignación ciudadana. La corrupción es estable porque el sistema la hace rentable. El Estado la subsidia cuando permite opacidad en contratos, sanciones tardías, controles débiles y un ecosistema que se recicla continuamente.

Lo novedoso —y urgente— es cambiar la conversación: dejar de pedir “más valores” como si el problema fuera un sermón, y pasar a la ingeniería de incentivos. Transparencia radical y útil, control ciudadano con tecnología, sanción efectiva con recuperación patrimonial, y una institucionalidad anticorrupción con prevención y educación, al estilo de los casos que funcionan.

Cuando corromper sea caro, incierto y socialmente repudiado, el negocio quebrará. Y recién allí, las próximas generaciones podrán respirar un aire menos contaminado.  L:310126.

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas. Actualmente profesor principal de eocnomia financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director de II&EE.

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), vuelve cada enero con la misma liturgia: montañas nevadas, trajes impecables, paneles sobre “cooperación” y “futuro”, y una coreografía de poder que pretende presentarse como filantropía ilustrada. Pero el Foro de Davos 2026 no fue solo el enésimo desfile de élites, fue, sobre todo, una guerra del relato: el intento de las élites económicas y políticas de sostener la narrativa de la “cooperación global y dialogo” en un mundo en disputa, frente a la denuncia —cada vez más difícil de neutralizar— de que la desigualdad extrema está capturando la democracia y convirtiendo la pobreza masiva en una normalidad.

La pregunta relevante es: el WEF, ¿para qué sirve realmente? Porque un espacio donde convergen cerca de 3,000 participantes de alto nivel, con récord de líderes políticos (cerca de 65 jefes de Estado y de gobierno, además de cientos de autoridades) y centenares de CEOs, no es un club social: es un espacio de influencia poderosa. Veamos.

Orígenes: de seminario empresarial a diplomacia privada

El relato oficial del WEF, también conocido como Foro de Davos (Suiza) insiste en el diálogo de diversos actores (gobierno, sector privado, sociedad civil y la academia) como virtud. Sin embargo, su historia sugiere otra cosa: nació en 1971 como un foro de gestión empresarial (European Management Forum) y, con el tiempo, mutó hacia una plataforma que busca moldear agendas globales, incluidas las reglas del comercio, la tecnología y el clima.

Ese tránsito importa porque explica el núcleo del fenómeno: Davos no es un parlamento mundial —no tiene mandato democrático—, pero opera como un mercado de gobernanza privada, donde se intercambian narrativas, compromisos blandos, “principios”, estándares y alineamientos políticos. Lo decisivo no suele ocurrir en los auditorios, sino en los pasillos: quién se sienta con quién, qué se prioriza, qué se deja fuera.

El marco 2026: “cooperación” en un mundo fragmentado

El WEF se presentó en 2026 bajo la pregunta: “¿Cómo cooperar en un mundo más fragmentado?”. La frase suena razonable, el problema es que la realidad fue más cruda: El Foro 2026 estuvo fuertemente condicionado por Donald Trump, al punto de “dominar” la agenda y convertir el, evento en un escenario donde la geopolítica y el nacionalismo económico se comían el guion del consenso global (Financial Times, 2026).

En otras palabras, Davos vendió “cooperación y dialogo”, pero el Foro exhibió poder desnudo. El Foro también funciona como termómetro de la transición hacia un orden más transaccional, donde los acuerdos multilaterales pesan menos y los “hombres fuertes” pesan más. Esa tensión se vio en discursos y reacciones de líderes, en debates sobre aranceles, seguridad y reglas del juego, y en el esfuerzo del establishment por no confrontar abiertamente al actor que desordena el tablero, pero del que dependen muchos negocios.

Oxfam: desigualdad como captura de democracia

Mientras el Foro de Davos habla de “cooperación y diálogo”, Oxfam llega con cifras que funcionan como bomba moral: en su informe Resisting the Rule of the Rich, sostiene que la riqueza de los multimillonarios alcanzó niveles récord y creció en 2025 a un ritmo muy superior al promedio reciente, mientras “una de cada cuatro personas” no tiene alimento suficiente de manera regular y casi la mitad del planeta vive en pobreza (Oxfam, 2026).

Este choque no es anecdótico. Davos intenta presentar el capitalismo contemporáneo como un sistema reformable mediante “buenas prácticas”, tecnología y colaboración. Oxfam, en cambio, describe un capitalismo salvaje que se vuelve oligárquico, el superrico no solo consume lujo, compra influencia, captura políticas públicas y condiciona la democracia. El debate ya no es “ética empresarial”, sino poder político.

Y aquí aparece la pregunta que incomoda: si el diagnóstico de Oxfam es que la desigualdad erosiona libertades y captura instituciones, ¿por qué el espacio donde se juntan los máximos beneficiarios de esa desigualdad debería ser, a la vez, el espacio donde se diseña la solución?

El costo moral: carbono privado y seguridad pública

Davos es un ritual caro no solo por su logística, sino también por su simbolismo. En 2026, el presupuesto de seguridad para el Foro asciende a 12 millones de dólares. La cifra por sí sola no “condena” a Davos, pero ilumina una asimetría: el espacio se presenta como debate sobre bienes públicos globales, mientras externaliza costos en bienes públicos locales.

La otra externalidad es climática. Greenpeace (2026) documentó, con datos de tráfico aéreo, un aumento marcado de vuelos privados vinculados al Foro y lo condensó en una imagen demoledora: un vuelo de jet privado por cada cuatro participantes. Además, medios suizos recogieron ese hallazgo subrayando la desproporción de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero por pasajero.

Aquí se revela la estructura del relato: Davos pretende ser la cumbre de la responsabilidad global, pero su estética logística advierte lo contrario. Predica límites planetarios, practica privilegio sin límites. Y esa contradicción no es un detalle: erosiona legitimidad, alimenta el cinismo y refuerza la idea de que “la transición ambiental” es para los demás, pero no para las élites.

¿Entonces Davos no sirve? Sí produce efectos, pero…

 Davos sí produce efectos. No como “solución” a la pobreza, sino como mecanismo de coordinación de élites. Su utilidad para el mundo no se mide por discursos, sino por tres funciones reales:

1. Agenda setting: define qué es “prioridad” (IA, seguridad, comercio, energía) y qué se vuelve accesorio. En 2026, la IA y la geopolítica desplazaron parte del foco climático en la conversación pública del evento, a la par de advertencias sobre disrupción laboral por IA en economías avanzadas y globales.

2. Estándares blandos: promueve marcos y “principios” que luego se convierten en presión reputacional o insumo regulatorio, sin pasar por deliberación democrática formal.

3. Diplomacia paralela: en un mundo fragmentado, reduce costos de transacción para hablar, tantear acuerdos o calmar tensiones. Que eso sea útil no implica que sea legítimo.

Davos no es irrelevante, es problemático por lo que es: una gobernanza sin urna.

La propuesta: auditar Davos como si fuera política pública

Si Davos insiste en ocupar el lugar simbólico de “cerebro del mundo”, entonces debe aceptar estándares de evaluación pública.

· Transparencia de influencia: publicar agendas de reuniones bilaterales (al menos agregadas por temas), conflictos de interés y compromisos asumidos, con mecanismos de verificación.

· Contabilidad de externalidades: huella de carbono del evento (incluyendo aviación privada) y plan de reducción con metas, costos públicos locales y compensaciones explícitas.

· Compromisos con plazos: pasar de declaraciones a objetivos medibles (financiamiento movilizado, proyectos, resultados).

· Voz real del Sur global: no como decoración, sino como poder de agenda, especialmente si el contraste con hambre y pobreza es parte del debate.

Conclusión

Davos 2026 expuso, sin maquillaje, la guerra del relato de nuestro tiempo. De un lado, la élite proclama “cooperación y dialogo” en un mundo fragmentado, del otro, Oxfam recuerda que el mundo real se divide entre acumulación obscena y supervivencia precaria. Davos puede seguir existiendo, incluso puede producir coordinación útil, pero mientras no rinda cuentas, seguirá siendo lo que hoy simboliza para millones: una cumbre donde el poder se explica a sí mismo y, al explicarse, busca absolverse.

La pregunta final no es si Davos “habla bonito”. Es si acepta que, en tiempos de desigualdad extrema, el derecho a definir el futuro no puede ser monopolio de quienes ya lo poseen. (L:250126)

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(*) ES doctor en Ciencias Económicas y Profesor Principal en la UNMSM

Alejandro Narváez Liceras (*)

Petróleos Mexicanos (PEMEX) es la empresa estatal de hidrocarburos más importante de México y una de las petroleras más grandes de América Latina. Fundada en 1938 tras la expropiación petrolera, PEMEX ha sido símbolo de soberanía energética y motor económico del país durante décadas. Sin embargo, en los últimos años ha enfrentado desafíos financieros profundos, con altos niveles de deuda, resultados operativos negativos y la necesidad recurrente de apoyo gubernamental.  Conocer su situación actual es esencial para entender la salud del sector energético y la importancia estratégica para la economía mexicana. Asimismo, puede servir de ejemplo a otros países que enfrentan problemas similares.

Estructura financiera y fuentes de financiamiento

• Deuda financiera

PEMEX mantiene uno de los niveles de endeudamiento más altos entre grandes empresas estatales globales. Al segundo trimestre de 2025, la deuda financiera se situó en aproximadamente 99 mil millones de dólares (reporte trimestral PEMEX, 2025). Esta cifra representa una reducción marginal respecto a periodos anteriores, gracias a estrategias de refinanciamiento, pero sigue constituyendo una pesada carga sobre la empresa. Adicionalmente, PEMEX tiene obligaciones importantes con proveedores y contratistas que, sumadas a la deuda financiera, elevan su carga total por encima de los 120 mil millones de dólares.

• Emisiones de deuda y bonos

En 2025, México y PEMEX han recurrido activamente a los mercados financieros para manejar sus compromisos. El Gobierno mexicano colocó bonos en euros y dólares por un total de 13,800 millones de dólares, parte de los cuales se destinaron a amortizar deuda de PEMEX y refinanciar vencimientos entre 2025 y 2029. Además, lanzó una oferta de recompra de bonos por hasta 9,900 mil millones de dólares para aligerar el perfil de vencimientos futuros de su pasivo denominados en moneda dura, es decir, en euros y dólares. Los bonos de PEMEX han dado rendimientos elevados en 2025, con rendimientos en dólares que alcanzaron niveles superiores al 24% promedio, reflejo del riesgo percibido por los inversores en mercados emergentes.

• Aportaciones gubernamentales

El Gobierno federal mexicano ha realizado aportaciones patrimoniales significativas para fortalecer la liquidez de su empresa pública y reducir sus costos financieros. Durante el primer semestre del 2025, las inyecciones de capital por parte del Ejecutivo mexicano ascendieron a más de 14 mil millones de dólares para apoyar operaciones estratégicas y mejorar la posición de liquidez de la compañía. En el segundo semestre del mismo año habría recibido nuevo apoyo en torno a 29 mil millones de dórales para sostener a PEMEX frente a sus tensiones financieras (S&P Global, 2025).

Rendimiento operativo y resultados financieros recientes

• Producción y ventas

PEMEX enfrenta un retroceso en su producción de petróleo debido al agotamiento de campos maduros y retrasos en nuevos proyectos, lo que ha afectado volúmenes productivos y ventas. En el primer trimestre de 2025, la empresa reportó una producción de crudo de aproximadamente 1.6 millones de barriles por día (bpd), y el procesamiento en refinerías se redujo respecto al año anterior.

Según reportes internos del tercer trimestre de 2025, la empresa procesó alrededor de 1.01 mil bpd y generó cifras de venta y servicio que reflejan desafíos de competitividad y menores ingresos por exportaciones en comparación con periodos previos (Informe PEMEX al 3T25).

• Resultados financieros y pérdidas

PEMEX ha experimentado fluctuaciones significativas en su desempeño financiero, como otras empresas del sector en el mundo.  En el primer trimestre de 2025 reportó una pérdida neta de unos 2,100 millones de dólares, resultado de menores ventas, altos gastos financieros y variaciones del tipo de cambio, en contraste con ganancias en el periodo equivalente de 2024.

Aunque algunos trimestres mostraron mejoras de EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización), la rentabilidad neta aún está condicionada por la fuerte carga de deuda y los costos asociados al servicio del pasivo total.

Razones del apoyo del Gobierno

El Gobierno de México continúa apoyando financieramente a PEMEX por varias razones estructurales y estratégicas:

• Seguridad y Soberanía energética

Desde su creación, PEMEX simboliza la seguridad y soberanía petrolera del país, suministrando combustibles esenciales y garantizando la disponibilidad interna de energía sin depender exclusivamente de importaciones. Esto ha llevado al Estado a defender su existencia incluso en momentos de crisis financiera, fiscal y operacional.

• Impacto fiscal y contribuciones

Aunque PEMEX enfrenta pérdidas, sigue siendo un contribuyente importante para el presupuesto nacional, a través de impuestos, derechos y cargas fiscales específicas. La recaudación derivada de sus actividades representa una parte significativa de los ingresos del Gobierno federal, y su debilitamiento podría tener consecuencias presupuestales amplias, especialmente en un contexto de priorización de gasto social y disciplina fiscal (Wikipedia, 2025).

• Riesgo económico sistémico

La quiebra o colapso de PEMEX implicaría un impacto macroeconómico sin precedentes: pérdida de empleos, deterioro de relaciones comerciales con socios internacionales y mayores costos de importación de combustibles, etc.. Por ello, el Gobierno prefiere apuntalar a la empresa mediante capitalizaciones, emisión de deuda y restructuraciones financieras.

Desafíos estructurales y perspectivas futuras

• Deuda y sostenibilidad financiera

A pesar de los esfuerzos por reducir la deuda financiera en 2025 con operaciones como recompra de bonos y aportaciones de capital, la empresa sigue enfrentando una pesada carga pasiva. El objetivo del Plan Estratégico 2025 2035 es reducir la deuda financiera total a alrededor de 77,300 millones de dólares hacia 2030 (IMCO, 2025). Para lograrlo, se requiere no solo disciplina fiscal interna, sino un aumento sostenido en producción y eficiencia operativa.

• Producción y mercado

PEMEX ha trazado en su plan estratégico metas ambiciosas para elevar la producción de crudo a 1 millón 800 mil bpd durante el periodo de la actual Administración (Claudia Sheinbaum), aunque dichas cifras aún están por alcanzarse debido a la declinación natural de campos maduros y retos técnicos en nuevos desarrollos (Reuters, 2025).

Incrementar la eficiencia y diversificar inversiones —incluyendo actividades con participación privada y asociaciones estratégicas— será crucial para revertir tendencias de producción decreciente y dar viabilidad financiera a largo plazo.

Conclusiones

La situación económica y financiera de PEMEX es compleja y representa un desafío tanto para la empresa como para la economía mexicana en su conjunto. Mantiene una deuda financiera que ronda los 99 mil millones de dólares y pasivos adicionales con proveedores, pese a los esfuerzos de reducción mediante recompra de bonos y apoyo gubernamental.

El respaldo del Gobierno de México —reflejado en aportes de capital, emisiones de deuda soberana y medidas fiscales específicas— responde a la necesidad de preservar estructuras energéticas estratégicas y evitar impactos negativos en la estabilidad económica nacional. El éxito de estos esfuerzos dependerá de la capacidad de la empresa para transformar su modelo operativo, reducir su carga financiera y recuperar niveles de producción compatibles con la sustentabilidad económica futura.

“En el siglo XXI estamos aprendiendo quien controla la energía, controla el destino de las próximas generaciones”. L:170126.

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ex presidente de Petroperú  y actualmente profesor Principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

CRECER 6-7%: LA PROMESA FÁCIL DE LOS CANDIDATOS

Alejandro Narváez Liceras(*)

He leído un número importante de planes de gobierno de los partidos políticos que aspiran gobernar el país a partir del 2026.  En la mayoría de ellos aparece la misma frase, repetida como eslogan técnico: “PBI o crecimiento económico 6% a 7% anual sostenido”. Suena bien y entusiasma a los votantes. El problema es que esa meta, sin ruta, no es política económica: es simple propaganda. Un segundo aspecto que he encontrado en dichos planes es que confunden crecimiento económico con desarrollo o bienestar de la gente.  En este breve artículo vamos a analizar ambos puntos.

Crecer 6 – 7 u 8% es posible

El Producto Bruto Interno (PBI) es útil. Nadie sensato lo niega. Sirve para medir el valor monetario de la producción final de bienes y servicios en un periodo. Es decir, cuantifica la actividad económica. Pero de ahí a confundirlo con “desarrollo” hay un salto lógico —y moral— que el Perú paga caro. La Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009) lo dijo con claridad: el PBI tiene límites serios para reflejar el progreso social y el bienestar, y además puede inducir a decisiones públicas equivocadas si se usa como brújula única.

Crecer 6–7% de manera sostenida no es imposible, pero sí retador. Ese ritmo requiere —como mínimo— un salto simultáneo muy importante en inversión privada y pública, productividad, estabilidad institucional y seguridad. Y hoy el país arrastra lo contrario: burocracia que paraliza, obras que no se ejecutan, informalidad masiva, crimen que encarece hacer negocios y un Estado ineficiente que promete más de lo que gestiona. En ese contexto, ofrecer 6-7% sin explicar el cómo, es como prometer lluvia en sequía sin mostrar el reservorio.

¿Cómo se logra un 6–7% realista? No con arengas. Se logra con medidas concretas: destrabando proyectos, reglas claras para invertir, infraestructura, logística, energía competitiva y segura, reforma del servicio civil, justicia rápida, simplificación tributaria y una ofensiva seria contra la inseguridad. Se logra también elevando la productividad del trabajo: educación útil, salud que no te quiebre, capacitación técnica, tecnología y crédito con tasas de interés razonables para MYPEs formales (y no las tasas leoninas que actualmente rigen). En síntesis: más capacidad productiva, no solo más consumo.

La primera ceguera es la distribución del crecimiento: dos países con el mismo PBI per cápita pueden ser socialmente opuestos si uno reparte oportunidades y el otro concentra rentas en pocas manos. La segunda es la calidad del crecimiento: un boom extractivo puede inflar el PBI sin generar capacidades productivas sostenibles. La tercera es la contabilidad incompleta: el PBI no mide la economía informal (en Perú esta actividad representa en torno 20% del PBI), no toma en cuenta el efecto de la inflación (cifras nominales), subestima o ignora el trabajo no remunerado (trabajo de las amas de casa), no mide las externalidades tanto positivas como negativas que produce la economía de mercado en el medio ambiente, etc.

La trampa del PBI: confundir crecimiento con bienestar

Hay un segundo vacío más grave aún en los planes de gobierno: el reparto. Hablan del tamaño de la torta, pero callan sobre su distribución. Si el crecimiento se concentra en sectores rentistas o extractivos sin encadenamientos, el PBI sube y la vida no. El país ya conoce esa historia: cifras macro “buenas” con sueldos modestos y estancados, servicios públicos mediocres y jóvenes sin movilidad social. Sin un enfoque explícito de “crecimiento con empleo formal” y sin políticas que reduzcan brechas territoriales, la promesa de 6,7 u 8% termina siendo un promedio que no llega a la mayoría.

El PBI suma, pero no pregunta. No pregunta quién se beneficia, cómo se reparte el ingreso que se crea cada año, qué se destruye en el camino de creación de esa riqueza, ni cuánta vida digna se produce con ese crecimiento. Es decir, puede expandirse la economía mientras el empleo es informal, la seguridad se deteriora, la inseguridad alimentaria aumenta, la salud se privatiza de facto y la educación se convierte en filtro de clase. Nuevamente, los “sólidos fundamentos macroeconómicos” de los que hacen gala algunos burócratas que han copado la administración del Estado de poco sirven.  Si no van de la mano de una mejora sensible del bienestar de los peruanos, la tarea es incompleta.

Entonces, ¿es posible? Sí, condicionalmente. Un 6–7% puede alcanzarse en un rebote o en un ciclo favorable, pero sostenerlo requiere reformas y ejecución, no frases. La pregunta que deberían responder los planes de gobierno, que están obligados a presentar los candidatos, no es “¿cuánto creceremos?”, sino: ¿Qué sector liderará el crecimiento?, ¿Qué inversión lo financiará?, ¿Qué productividad lo sostendrá?, ¿Cuánto empleo formal generará y cómo se redistribuirán sus frutos? Si no contestan estas simples preguntas, la meta es solo un número bonito para campaña. Y el país, otra vez, será el que paga la factura.

Apunte final

El PBI es una cifra. El desarrollo es vida. Y un país que confunde ambas cosas termina administrando promedios y abandonando personas. Si de verdad queremos “crecer”, la pregunta no es cuánto produce el Perú, sino cuánta dignidad produce ese crecimiento. Mientras el 71% de la PEA trabaje en la informalidad y un tercio de la población viva en pobreza monetaria, el PBI podrá crecer la cifra que deseen, pero el país seguirá esperando crecimiento con bienestar. En suma, el PBI no es inútil, pero es insuficiente para orientar políticas económicas en un país de crisis alimentaria, desigualdad, precariedad laboral y pobreza estructural. (L:291225).

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y actualmente profesor Principal Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del IIEE.

ESTABILIDAD DE PRECIOS, SÍ. PERO LA ECONOMÍA REAL NO SE MUEVE

Alejandro Narváez Liceras(*)

En el debate público peruano se repite una idea que suena tranquilizadora: “al menos tenemos estabilidad de precios”. Y es cierto: la inflación se ha reducido de forma importante. Pero esa “victoria” convive con otra realidad igual de contundente: el crecimiento sigue siendo frágil, la inversión avanza con timidez, y el empleo formal no se crea al ritmo que exige un país con profundas brechas sociales. La pregunta incómoda es inevitable: ¿de qué sirve la estabilidad de precios si la economía real no se mueve?

La inflación vuelve al rango, y ¿qué?

A noviembre de 2025, el BCR reportó inflación anual de 1.37% y una inflación subyacente (sin alimentos y energía) de 1.77%. Es decir, precios contenidos y dentro del rango meta (1% -3%), con señales de normalización.

Sin embargo, lo decisivo no es solo la inflación, sino el pulso de la actividad económica: el INEI (2025) informó que el PBI creció 3.4% interanual en el tercer trimestre de 2025. Es crecimiento, sí; pero también es una cifra que se parece demasiado al “piloto automático” de una economía que ronda su potencial sin resolver cuellos de botella. Y cuando una economía se limita a crecer “cerca del potencial” mientras arrastra informalidad masiva, el resultado social suele ser el mismo: se estabiliza el precio del pan, pero no mejora la calidad del empleo que compra ese pan.

El mercado laboral revela la verdad

Aquí nuestro país es brutalmente transparente. La Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) muestra que, en el tercer trimestre de 2025, la tasa de empleo informal fue 70.6% (y el empleo formal 29.4%). Además, el propio INEI reporta que el empleo adecuado alcanzó 52,4% de la PEA, mientras el subempleo o trabajo parcial – sin derecho a nada 42.5%.

¿Qué nos dice esto? Que el Perú no está frente a un simple problema de “crecer un poco más”. Está frente a una estructura productiva que convierte el crecimiento moderado en ocupación de baja productividad. Por eso la frase “la economía no se mueve” no significa “no hay PBI”, sino que no hay movilidad social, no hay escalera de formalización, no hay salto de productividad.

El “precio del dinero”:  el freno silencioso

Aquí aparece un factor clave: el “precio del dinero” o tasa de interés. En la práctica, en el Perú la tasa de interés que un banco cobra por prestar dinero (tasa activa) a una MYPE (Micro y Pequeñas Empresas) es muy cara, y estas representan el 99% del tejido empresarial, vitales para el empleo y la economía.

Lo que realmente importa para tomar decisiones de inversión y generar empleo no es la tasa de referencia del BCR de 4.25% actual – que tanto de propalan-, sino el costo efectivo del crédito productivo. Y allí la economía real se da de bruces con una pared. La SBS (2025) muestra que, al 16 de diciembre de 2025, la tasa promedio para créditos a la microempresa en moneda nacional fue 56.81% anual. Es decir, de cada 100 soles de sus ingresos, 57 soles van al prestamista solo por concepto de intereses, fuera de la amortización del principal.

Con ese costo, pedir “más inversión privada” suena irónico, burla para los jóvenes que aspiran a emprender negocios y para los miles de empresarios que sobreviven a duras penas. El crédito caro no solo frena el capital de trabajo e inversión, también empuja a la informalidad, porque formalizarse con financiamiento prohibitivo hace que el negocio sea simplemente inviable. Esta es la economía que “no se mueve” y la que mantiene una inflación baja.

El Perú no es una economía “normal” desde el lado laboral

Según el BCR (2025), en octubre, el empleo formal total a nivel nacional aumentó en 3.4% interanual.  No obstante, si comparamos esta cifra con lo de marzo de este mismo año que fue de 7.8% la caída es preocupante, por un lado, y por otro, la tendencia es decreciente en los últimos 6 meses (véase la Nota Semanal del BCR, diciembre 2025).

Desafortunadamente, esta cifra convive con un problema estructural: el Perú sigue siendo un país donde 7 de cada 10 ocupados son informales. Cuando la informalidad domina, el desempleo abierto deja de ser el termómetro de “holgura” real del mercado laboral. En economías con alto subempleo e informalidad, el dilema tradicional de la curva de Phillips (menos inflación a cambio de más desempleo, o viceversa) actúa de forma distinta, y desplazan el centro de gravedad de la política económica hacia la productividad, inversión, competencia y formalización efectiva.

¿Qué hacer?

En política económica la estabilidad de precios es un piso, un noble objetivo a corto plazo, no un techo. Esta idea es de manual. Si el piso se convierte en objetivo final, la economía se vuelve conservadora, y el país termina administrando el estancamiento con inflación reducida. Aquí algunas ideas:

1. Estado eficiente y que ejecute: macroeconomía robusta pierde legitimidad cuando el ciudadano observa servicios públicos de pésima calidad e inmóviles.
2. Acelerar inversión y destrabar proyectos (públicos y privados) con metas verificables, reducción de trámites y mejoras reales en permisos.
3. Política monetaria y crediticia con foco productivo: más competencia financiera y mejores esquemas de garantías focalizadas para MYPEs. Con tasas de interés leoninas no hay transición a la formalidad.
4. Productividad e institucionalidad: sin reformas micro (competencia, simplificación regulatoria, calidad del gasto), la economía seguirá con crecimiento “corto”.
5. Empleo formal como objetivo explícito: políticas de capacitación, formalización viable y reducción de costos no salariales que castigan la contratación.

Apunte final

La estabilidad de precios es un logro macroeconómico valioso, pero no es un proyecto de país. Cuando la economía no se mueve, la estabilidad se vuelve una tarea incompleta: orden sin progreso. Obviamente, el Perú necesita controlar la inflación y, al mismo tiempo, atacar el núcleo del estancamiento: inversión débil, productividad baja, trabas institucionales y un mercado laboral que no convierte crecimiento en bienestar.

La pregunta final no es si queremos inflación baja, eso es obvio. La pregunta es: ¿queremos una economía estable que apenas respira, o una economía estable que genere empleo, productividad y futuro?  L:201225

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y actualmente profesor Principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del IIEE.

Como cada año, la revista británica The Economist ha publicado su conocido informe The World Ahead 2026, en el que identifica 10 grandes tendencias que definirán el curso global del próximo año. La revista advierte que el mundo enfrentará un entorno más volátil, marcado por un reordenamiento estratégico de las grandes potencias, tensiones persistentes en la economía mundial y un avance acelerado de la tecnología que transformará mercados laborales y estructuras productivas.  Sin embargo, más allá del tono prospectivo de la revista, analizamos en este articulo los riesgos y limitaciones reales a los que se enfrentara el mundo en el 2026. Veamos:

2026: Estados Unidos celebrará 250 años de independencia

Celebrar 250 años de historia debería ser un hito histórico y una gran ocasión de unidad nacional. Sin embargo, The Economist anticipa algo muy diferente. Señala que hay narrativas radicalmente opuestas sobre el pasado, el presente y el futuro de los Estados Unidos. Tanto demócratas como republicanos tienen su propia versión al respecto. Mientras tanto, la crisis política y social interna se polariza, en lugar de sanar viejas heridas. ¿Cuál prevalecerá? La pregunta es pertinente.

La deriva geopolítica del mundo actual

Se vislumbra la guerra fría 2.0 con bloques liderados por EE.UU. y China o mundo multipolar, es decir, un reparto de espacios de influencia al estilo de otros tiempos entre Washington, Pekín y Moscú. La revista advierte que el 2026 puede ser un año mucho más caótico e impredecible. Por otro lado, otros países emergentes puede que no encajen en esa triada, entre ellos (India, Brasil, Sudáfrica, Turquía, Arabia Saudí, etc.). Las instituciones creadas en Bretton Woods 1944 (BM, FMI,) controladas por Occidente, están siendo desplazadas por otras como el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD). El resultado puede ser un mundo más fragmentado donde cada país compita para sobrevivir. El mundo está navegando sin conductor, las Naciones Unidas no funciona y estamos ante un tablero geopolítico difuso.

Guerra o paz en el mundo

En el 2026 no sabemos si el mundo vivirá en guerra o en paz. The Economist pronostica ambas a la vez. La frágil tregua en Oriente Medio, no abemos cuánto durará, sin embargo, varios conflictos seguirán activos (la guerra en Ucrania tal vez continúe, posible conflicto bélico en el caribe, las luchas civiles en Sudan, etc.) y seguirán poniendo en constante tensión a las grandes potencias militares.  Habrá tensiones crecientes en zonas insospechadas como el ártico. Estaremos ante una nueva normalidad bélica global y tensión permanente incitada por los guerreristas para beneficio de la industria militar norteamericana y europea.

La Unión Europea (UE) en declive

La UE tiene muchos frentes abiertos, por tanto, el viejo conteniente hará malabares con varios frentes a la vez. Por un lado, aumentar el presupuesto de defensa para defenderse de la supuesta amena rusa y por otro el distanciamiento con EE.UU.  Las finanzas públicas maltrechas, un déficit público en torno al 7% en promedio, la deuda creciente reflejada en que la mayoría de sus miembros supera el 100% de su PBI, así como la caída de su peso en el PBI mundial del 25% en el 2000 al 15% actual, son consecuencias de las políticas económicas erradas de los últimos años.

La oportunidad de China

El gigante asiático se presenta como el nuevo jefe de la fiesta.  El vacío que deja Occidente será cubierto por los chinos. La revista señala que el 2026 será una oportunidad estratégica para China.  China se presenta ante el Sur Global como campeona de la inversión, en línea con la nueva ruta de la seda que se inició en el 2013. Mientras Washington va por el mundo regañando a sus aliados, China va tejiendo relaciones de beneficio mutuo ofreciendo tecnología, inversiones, becas para estudiantes extranjeros, exenciones de visa, etc. Por supuesto, en China no todo es color de rosa: la amenaza de la deflación, el desempleo juvenil, una deuda pública en aumento y una población que se encoje, son sus principales desafíos internos.

Deuda mundial impagable y riesgo de crisis

La deuda publica global total alcanzó un máximo histórico de aproximadamente 324.3 billones de dólares en el primer trimestre de 2025 (330% del PBI mundial), un aumento de 7.5 billones de dólares desde finales de 2024. Se espera que esa deuda continúe creciendo. El Instituto Internacional de Finanzas (IIF) proyecta un aumento de más de 5 billones de dólares en 2025, con EE. UU., Japón, China, India, Francia, a la cabeza. La deuda de 59 países representa el 80% de su PBI (FMI, 2025.). La deuda pública podría ser una causante de severa crisis en 2026 debido a un “pico” en los vencimientos de dichas deudas, en un entorno de crecimiento global débil, tasas de interés altas y una mayor vulnerabilidad de los mercados emergentes, lo que afectará el crecimiento y las inversiones.

La fiebre de la IA

La inteligencia artificial (IA) ha sido la protagonista indiscutible del 2025 y lo seguirá siendo en el 2026. Según la revista está provocando un gasto desbocado en infraestructura, enormes inversiones en centros de datos y chips especializados, entre los que destacan los GPU (unidad de procesamiento gráfico) de Nvidia. Por otro lado, la euforia por la IA y las acciones de las 7 magnificas (Nvidia, Microsoft, Tesla, Amazon, Apple, Meta, Google) pueden estar gestando una burbuja financiera similar a las puntocom de fines de los 90.  Actuadamente, estos 7 gigantes concentran el 36% del índice S&P 500, mientras otras empresas languidecen. Tal vez el próximo año veamos los primeros   batacazos de empresas, por promesas   de IA no cumplidas.

Conclusiones

Las tendencias del 2026 revelan un mundo inmerso en transformaciones profundas: reacomodo geopolítico, tensiones macroeconómicas, aceleración tecnológica, transición energética conflictiva y fragmentación social creciente. Sin embargo, es de reconocer que la clave no está únicamente en identificar tendencias, es también importante comprender sus interacciones y consecuencias. La economía global del 2026 no será simplemente más volátil, sino también más desigual.

La pregunta de fondo es: ¿están los países preparados para navegar este nuevo año o seguirán respondiendo con políticas reactivas que solo prolongan los desequilibrios que intentan corregir? El 2026 será, sin duda, un año que pondrá a prueba la solidez de las instituciones, la calidad del liderazgo político y la capacidad de adaptación de las economías a un entorno que cambia más rápido de lo que muchos gobiernos están dispuestos a reconocer (L:221125).

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(*) Es actualmente, Profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del Instituto Internacional de Economía y Empresas.

Las declaraciones de algunos miembros del Ejecutivo y la narrativa de analistas difundida en distintos medios locales, señalando que “Petroperú es una empresa inviable” y que “todos estamos pagando los altos sueldos de sus empleados”, han reactivado un viejo debate público. Estas afirmaciones, además de contundentes, tienen un efecto perverso y operativo: plantean la inviabilidad de la empresa estatal como premisa para retirar del mercado. Pero cuando se confrontan con los datos objetivos financieros y operativos de Petroperú, dichas narrativas se diluyen y no resisten un análisis serio. Este artículo lo hace, examinando los hechos relevantes para construir una respuesta informada y contrastada.

¿Inviabilidad automática o condición crítica?

El término “inviable” implica que la empresa no puede sostenerse, carece de expectativas de recuperación y que su continuidad es inviable sin liquidación o privatización. Sin embargo, una lectura más completa y objetiva de los datos reportados por la propia empresa a los organismos supervisores y a la Junta General de Accionistas, permite desmentir esta conclusión:

1. a) Mejoría de la pérdida neta

La mejora relativa de la pérdida de 2024 frente a 2023, es una reducción de 24 % (2023: —US$ 1 022 millones y 2024:  US$ 774 millones). Esto no equivale a rentabilidad, pero muestra que no se trata de un deterioro incesante, sino, un punto de inflexión gracias a las medidas tomadas por la administración de Narváez en noviembre del año pasado. Para 2025 se proyecta un EBITDA positivo conservador de 5 millones de dólares (2024: -296 MM de dólares). Esta cifra supone un cambio de tendencia en su historia reciente, lo que permite avizorar una ruta de recuperación. Esto no significa que la crisis esté superada, pero muestra que hay una tendencia de estabilización en sus indicadores operativos clave.

1. b) Auditoría con dictamen limpio

La empresa obtuvo un dictamen sin salvedades de la firma auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) para los estados financieros 2024. Si bien este hecho no confirma la viabilidad plena de Petroperú, pero sí reduce el nivel de riesgo de “inviabilidad técnica “y la confiabilidad de la información que ofrece Petroperú a la opinión pública.

1. c) Activos estratégicos de largo plazo

Aunque gran parte del debate enfatiza las pérdidas, omitir el valor de los activos estratégicos como la moderna refinería de Talara cuya vida útil económica se estima entre 60 y 70 años y considerada entre las siete más modernas del mundo, el Oleoducto Norperuano, etc. lleva a un sesgo. Estos activos no sólo tienen valor contable, sino también estratégico para la seguridad energética del país, lo que extiende horizontes de viabilidad.

1. d) Rentabilidad de los Bonos de Petroperú al alza

Según reportes de Bloomberg, los bonos en dólares de Petroperú entregaron un retorno cercano al 14 % desde julio 2025, ubicándose como uno de los mejores resultados entre los emisores corporativos de mercados emergentes.  Este comportamiento ocurre en un contexto donde los mercados le habían asignado anteriormente una prima de riesgo elevada por la combinación de pérdidas, deuda elevada y falta de visibilidad operativa de la empresa estatal.

¿Qué significa esto?  Que los mercados están anticipando mejoras en la empresa: mejor gobernanza interna, proyectos de explotación en lote 192, lote 64, optimización de la refinería de Talara, mejora sensible de sus indicadores de eficiencia (El EBITDA positivo alcanzado en 2025, es indiscutible) lo cual genera una percepción de que la trayectoria está girando hacia mejor. También es verdad que la confianza se basa en expectativas, lo que falta es consolidar resultados. Tarea de la actual administración. Implicaciones para Petroperú: reduce su costo de financiamiento para futuras emisiones, mejora su reputación crediticia y abre puertas para renegociar su deuda. Para el país, puede interpretarse como una mejora en la credibilidad del sector público energético.

1. e) Moody’s: Petroperú perspectiva estable.

En marzo de 2025, Moody’s otorgó a Petroperú una calificación de B3 con perspectiva estable. La agencia de calificación de riesgos resaltó la importancia estratégica de la empresa en el mercado energético peruano y proyectó una mejora en sus indicadores financieros, principalmente por la reincorporación de la refinería de Talara y la optimización de su producción y la nueva gobernanza en curso. Si bien el repunte es genuino, Moody’s también advierte que la empresa enfrenta desafíos, como los altos niveles de apalancamiento financiero debido la construcción de su nueva refinería, retos de liquidez, como otras empresas del sector.

Motivaciones detrás de la narrativa de empresa inviable

Se pueden identificar al menos tres motivaciones:

1. Presión fiscal y urgencia de reforma: al calificarla como inviable, se genera un sentido de urgencia para una intervención o reforma profunda lo que facilita decisiones políticas o normativas drásticas.
2. Agenda de reducción del rol estatal: reforzar la idea de una empresa estatal inviable puede facilitar la privatización, o al menos la redefinición de alcance del Estado en hidrocarburos.
3. Responsabilidad política y simbólica: la remoción del directivo de la empresa, seguida de declaraciones públicas, marca una nueva etapa de rendición de cuentas, en la cual se busca transferir la carga de la crisis hacia la empresa y alejarla del gobierno actual.

Estas motivaciones no invalidan la necesidad de cambio en Petroperú, pero sí invitan a que el debate se sustente en datos objetivos y en políticas de largo plazo, no sólo en titulares alarmistas sin fundamento que afecta el riesgo país, la reputación de la empresa y de sus directivos.

El rol que cumple Petroperú no lo reemplaza el mercado

Decir que el mercado reemplazará a Petroperú es un graso error técnico y político peligroso. El Estado necesita tener presencia operativa en sectores estratégicos. Petroperú cumple funciones que ninguna empresa privada tiene incentivo para cumplir:

• Garantiza el abastecimiento en regiones alejadas sin rentabilidad privada.
• Actúa como instrumento de política pública ante crisis de precios.
• Mantiene capacidades de refinación nacional que garantizan soberanía energética.
• Genera empleo directo e indirecto, y millonarios ingresos fiscales al tesoro público.

La privatización no garantiza eficiencia: ejemplos regionales como ENAP (Chile) o Ecopetrol (Colombia) operan con éxito bajo gestión pública. Lo que se requiere no es privatizar, sino profesionalizar su gestión.

¿Y si Petroperú no existiera?

Eliminar a Petroperú del tablero energético nacional tendría efectos contraproducentes y costos incalculables:

• Mayor dependencia del mercado externo, en un contexto global volátil y geopolíticamente incierto.
• Desaparición de competencia pública, con consecuencias directas en la económica de millones de peruanos.
• Pérdida de soberanía energética, al dejar la totalidad del control del abastecimiento a actores privados.

En resumen, los costos económicos, sociales y estratégicos serían y superiores a cualquier déficit transitorio que enfrente la empresa.

Apunte final

Decir que Petroperú es inviable es una afirmación falas cargada de intereses de ciertos actores. No hay diagnóstico técnico neutral que sostenga tal argumento sin considerar el contexto macroeconómico, el rol del Estado, la evolución de los mercados energéticos ni los factores estructurales que afectan a cualquier empresa del sector. Lo que sí resulta inviable es seguir con el mismo discurso sin examinar las verdaderas motivaciones de quienes sostienen esa narrativa. Petroperú es una empresa estratégica no por decreto, sino por su capacidad de cumplir funciones que van más allá de la rentabilidad privada.

Hoy, con una nueva etapa de gobernanza, transparencia y eficiencia operativa, la empresa puede convertirse nuevamente en motor del desarrollo nacional y garante de la seguridad energética. (26102025)

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor Asociado de la PUCP y Expresidente de Petroperú.

Cuando asumí la presidencia del directorio de Petroperú el 8 de noviembre de 2024, lo hice en medio de una gran tormenta: abultadas pérdidas acumuladas, capital de trabajo negativo, deuda elevada, y una clara falta de credibilidad operativa y de gestión de las administraciones previas. La empresa requería no solo un salvavidas financiero, sino una transformación profunda y un nuevo estilo de gestión que la sacara del declive estructural por la que atravesaba. En este artículo se analiza el contexto de crisis que heredé, los retos que enfrenté al iniciar mi mandato, y algunos logros concretos que alcancé en mi corto periodo de gestión.

El legado de crisis heredado

Al cierre de octubre de 2024, la empresa se encontraba con un capital de trabajo negativo de 1,953 millones de dólares y unas pérdidas acumuladas de 2,207 millones de dólares que consumían su patrimonio. Además, operaba con liquidez comprometida, sin líneas de crédito de la banca privada local, con un endeudamiento que excedía su capacidad operativa, con una gobernanza institucional muy cuestionada, alta rotación de directores, ausencia de un plan de negocios claro y una imagen corporativa devaluada.

El diagnóstico era contundente: “La empresa estaba camino a la quiebra técnica”, como lo calificaron algunos analistas. Por tanto, asumir en ese escenario significaba un doble desafío: estabilizar la sangría de sus operaciones y recuperar la confianza de mercados, acreedores financieros, proveedores y del Estado.

Las líneas estratégicas de intervención

Desde mi designación, establecí un programa de trabajo centrado en cuatro vectores principales:

1. Reducción de pérdidas operativas y reactivación de márgenes: la principal prioridad de mi gestión era cerrar 2025 con un EBITDA positivo y alcanzar resultados igualmente positivos (EBITDA y utilidad neta) a partir del 2026. Recordemos el EBITDA es un indicador financiero clave que mide la rentabilidad operativa bruta de una empresa antes de deducir intereses, impuestos, depreciación y amortización. Se utiliza para evaluar la eficiencia de una gestión y la capacidad de una empresa para generar ganancias a partir de su actividad principal.
2. Incremento de la cuota de mercado y fortalecimiento de la presencia comercial: En octubre de 2024 la cuota mercado de la empresa estaba en 25%. En setiembre de este año 2025 dicha cuota bordea el 30%.  Es decir, un tercio del mercado nacional de combustibles está actualmente en manos de Petroperú.
3. Mejora de la gobernanza: Luego de un periodo crítico (2022-2024) caracterizado por pérdidas financieras abultadas, baja calificación crediticia y cuestionamientos sobre su transparencia, la empresa se ha propuesto un cambio sustancial en materia de gobernanza y rendición de cuentas.
4. Alineación con la seguridad energética nacional. La seguridad energética es, sin duda, uno de los pilares estratégicos para el desarrollo sostenible de cualquier nación. Petroperú (empresa pública históricamente vapuleada por prejuicios ideológicos y errores de gestión pasados) es un actor clave para garantizar el abastecimiento energético y apuntalar la soberanía nacional en este sector estratégico.

Estos cuatro ejes permitieron alcanzar en corto tiempo importantes  logros que se presentan a continuación.

Logros concretos de la gestión

Aunque mi período fue breve y sujeto a numerosos condicionamientos políticos y financieros, las siguientes acciones pueden considerarse como logros destacables:

1. a) Mejora operativa temprana: Para 2025 Petroperú proyecta un EBITDA positivo conservador de 5 millones de dólares (2024: -296 MM de dólares) (ver gráfico). Esta cifra supone un cambio de tendencia en su historia reciente, lo que permite avizorar una ruta de recuperación. Esto no significa que la crisis esté superada, pero muestra que hay una tendencia de estabilización en sus indicadores operativos clave.
2. b) Incremento de la presencia comercial regional: En lo que va de este ejercicio 2025 se viene exportando combustibles a países vecinos (Colombia, Chile, Ecuador, Brasil) y a Estados Unidos. Por otro lado, se tiene en camino la firma de acuerdos comerciales con Ecuador y Bolivia. Este resultado apunta a una empresa que sale de su rol doméstico para convertirse en actor internacional.
3. c) Logros en gobernanza: Los principales logros en materia de gobernanza son:

• Fortalecimiento institucional. Se han implementado nuevos lineamientos de gobierno corporativo basados en estándares de la OCDE y se han establecido códigos de ética más estrictos.
• Transparencia y rendición de cuentas. Desde noviembre de 2024, Petroperú reporta trimestralmente sus estados financieros a la SMV, a la Junta General de Accionistas, a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, etc. lo cual ha mejorado significativamente la confianza de actores financieros nacionales e internacionales reflejado en la calificación de “estable” de la empresa Moodys. También prueba de ello los bonos de Petroperú han tenido un rendimiento histórico de 14% en los mercados internacionales (véase Bloomberg).
• Gestión eficiente de proyectos. La Nueva Refinería Talara (cuestionada por años) ha logrado finalmente alcanzar niveles de operación del 85% de su capacidad instalada.

Petroperú: Evolución del EBITDA, 2024 -2025

(En Millones de dólares)

(Ver Grafico adjunto)

1. d) Reconocimiento institucional de la dirección: En mayo de 2025, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (la más importante del país), me distinguió como “Personalidad Sobresaliente” por mi acercamiento a la profesionalización de Petroperú y su aporte al desarrollo nacional. Si bien esto no es un logro operativo per se, sí configura una señal de credibilidad para el mercado de la alta dirección de la empresa.
2. e) Otros hechos relevantes llevados a cabo en mi gestión: Auditoria Forense de la Nueva Refinería Talara en licitación internacional, la contratación del Chief Transformation Officer (CTO) en pleno proceso de licitación internacional, en venta 55 inmuebles de Petroperú a cargo de Proeinversión, la recuperación de la deuda de MAPFRE seguros con Petroperú de 432 millones de dólares en proceso judicial, entre otros.

Consideraciones finales

Petroperú enfrenta desafíos reales: deuda elevada y devaluada credibilidad. Pero también está en un momento de inflexión, con señales más positivas que reconocen diversos analistas financieros internacionales.  Desmontar las mentiras de algunos analistas sobre su situación no significa ignorar sus problemas, sino entenderlos con precisión técnica, reconocer los avances y exigir reformas estructurales que permitan aprovechar su rol estratégico para el país. La empresa no puede seguir siendo vista como una carga, sino como un vehículo de soberanía energética y desarrollo nacional.

Petroperú no es simplemente una empresa petrolera: es una palanca de desarrollo nacional, un instrumento de soberanía energética y un pilar de la integración territorial. El debate público debe girar hacia cómo reformarlo, fortalecerlo y alinear sus objetivos con una visión de país a largo plazo. En tiempos de crisis geopolítica, transición energética y disputas por recursos naturales, tener una empresa estatal fuerte, transparente y eficiente no es un lujo: es un imperativo geoestratégico. (221025).

P.D. Mi gratitud infinita a los trabajadores de Petroperú por su apoyo invalorable que jamás lo olvidaré.

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(*) Es Doctor en Ciencias Economices, Profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Expresidente de Petroperú.

(**) En mis próximos artículos desmontaré las mentiras que se han tejido en torno a Petroperú.

En medio de una coyuntura marcada por conflictos geopolíticos, la guerra comercial y monetaria, las tensiones inflacionarias y la transformación digital del dinero, el debate sobre el futuro del dólar, el oro y el Bitcoin cobra capital importancia. El dólar, tradicional pilar del sistema monetario internacional, el oro, símbolo eterno de resguardo y valor, y el bitcoin, emblema disruptivo de la era digital, compiten por la supremacía como activos de reserva y refugio en un mundo cada vez más incierto.

¿Cuál de estos instrumentos sobrevivirá —o dominará— en el escenario económico multipolar que se avecina? Este artículo no busca emitir una sentencia absoluta, sino examinar críticamente la trayectoria de estos tres pilares financieros, las razones de su fortaleza relativa y las implicancias que su evolución tendrá en la economía global y en la soberanía monetaria de las naciones.

El dólar: hegemonía cuestionada, pero aún vigente

Desde el fin de Bretton Woods (1976), el dólar ha sido el centro del sistema financiero mundial. Su rol como moneda de reserva global se sostiene por el tamaño de la economía estadounidense, la profundidad de sus mercados de capital y el respaldo militar y geopolítico de Washington. A pesar de las crisis —Guerra de Vietnam, la quiebra de Lehman Brothers, COVID-19— el dólar ha demostrado una resiliencia admirable. Como recuerda Kenneth Rogoff (2022): “El dólar sobrevive no por falta de alternativas, sino porque sigue siendo la opción menos mala”.

Sin embargo, el poder del dólar ya no es indiscutible. Países como China, Rusia y Brasil han promovido activamente la desdolarización. El reciente uso del yuan en transacciones de petróleo entre Pekín y Arabia Saudita, o el impulso del BRICS a crear una moneda común, son síntomas de un orden que comienza a fragmentarse. Según el FMI (2024), la participación del dólar en las reservas internacionales globales cayó del 71 % en 1999 al 58 % en 2024.

El talón de Aquiles del dólar es, paradójicamente, su propio uso como instrumento de sanción. Las restricciones impuestas a Rusia tras la guerra en Ucrania revelaron que el acceso al sistema financiero internacional puede ser manipulado con fines políticos. Esta instrumentalización ha motivado a muchos países a buscar refugios fuera del alcance estadounidense. Como dice Ray Dalio (2023), “los imperios que abusan de su moneda acaban perdiendo su hegemonía monetaria”.

El oro: viejo refugio en nuevos tiempos

A lo largo de la historia, el oro ha sido la respuesta más común a la desconfianza en los gobiernos y los bancos centrales. Su valor no depende de promesas, tratados ni deudas. En tiempos de inflación, guerras o incertidumbre financiera, su atractivo se magnifica. El precio más alto alcanzado por el oro fue de 3,500 dólares por onza, registrado durante las operaciones de abril 2025. Este máximo histórico se produjo en un contexto de alta volatilidad en los mercados financieros y tensiones geopolíticas.  Larry Fink, CEO de BlackRock, ha reconocido que “el oro sigue siendo un componente esencial en los portafolios institucionales ante la volatilidad y el riesgo sistémico”.

El retorno del oro no es solo especulativo, sino estructural. China ha incrementado significativamente sus reservas de oro, como parte de una estrategia de diversificación frente al dólar. Según el World Gold Council (2024), los bancos centrales compraron más de 1,100 toneladas de oro en 2023, la cifra más alta desde 1967.  Sin embargo, el oro tiene limitaciones evidentes: su uso como medio de pago es impráctico, su almacenamiento y transporte costosos, y su adopción limitada al entorno financiero institucional. Es más refugio que moneda.

Bitcoin: el experimento que desafía al sistema

Bitcoin (BTC), conocido como oro digital, nació en 2009 como una respuesta al colapso financiero global y a la desconfianza hacia los bancos centrales. Su propuesta radical —una moneda sin Estado, sin intermediarios, con emisión finita— desafía los cimientos del sistema monetario tradicional. En tan solo 16 años, pasó de ser una curiosidad marginal a convertirse en un activo incluido en los portafolios de gigantes financieros como BlackRock, Fidelity y ARK Invest. El propio Larry Fink declaró: “Bitcoin podría convertirse en una alternativa digital al oro”.

La aprobación de ETFs (Exchange Traded Fund) de bitcoin en Estados Unidos en enero de 2024 marcó un punto de inflexión. Ya no es solo una herramienta de especulación minorista, sino un activo legitimado por Wall Street. Según datos de la plataforma Glassnode (2025), más del 12 % del total de BTC en circulación está hoy en manos de inversionistas institucionales.

No obstante, el BTC aún no ha logrado consolidarse como medio de pago ni como moneda estable. Su alta volatilidad y el escaso desarrollo de infraestructuras de pago impiden su adopción masiva. Además, las presiones regulatorias en Europa, EE.UU. y América Latina generan un entorno incierto. La promesa de descentralización también se ve cuestionada por la creciente concentración de poder en los grandes mineros y custodios. Pese a todo, bitcoin simboliza una transición: del dinero fiduciario o fíat (dinero por decreto y sin respaldo alguno) controlado por gobiernos, hacia formas descentralizadas y digitales de valor.

¿Quién ganará esta batalla?

Plantear una competencia directa entre el dólar, el oro y el bitcoin puede llevar a una simplificación excesiva. Lo cierto es que cada uno cumple funciones distintas y coexistirá en formas complementarias, al menos en el corto y mediano plazo.

El dólar seguirá siendo la principal moneda de transacción y reserva mientras no surja una alternativa institucional confiable.  Por su parte, el oro continuará como activo de resguardo en escenarios de crisis sistémica. Entre tanto, el bitcoin se consolidará como una nueva clase de activo de riesgo, apreciado por su escasez y su independencia, aunque todavía muy volátil.

El verdadero cambio no será inmediato ni total, pero será inevitable. La confianza en los bancos centrales se erosiona, los sistemas de pagos evolucionan hacia lo digital, y los ciudadanos —especialmente los jóvenes— desconfían cada vez más del dinero tradicional, del dinero fiat, que no tiene ningún respaldo.

Los tres activos coexisten y se complementan en distintos escenarios. En un mundo multipolar, es probable que la dependencia exclusiva del dólar se diluya. El oro y el Bitcoin funcionarán como activos de reserva alternativos y vehículos de cobertura. Cabe mencionar que el surgimiento de las CBDC (Monedas Digitales emitidas por un Banco Central, por sus siglas en inglés, como el yuan digital o el euro digital) podría acelerar esa transición.

Apunte final

El futuro del dinero está en disputa. El dólar mantiene su supremacía, pero con evidentes grietas. El oro reafirma su papel de refugio y el bitcoin representa una ruptura con el modelo centralizado. Más que una sustitución directa, el escenario que se perfila es el de un sistema monetario más diversificado, donde la confianza se repartirá entre distintas formas de valor: físicas, digitales, estatales y descentralizadas.

No se trata de declarar un vencedor hoy, sino de comprender que el futuro del dinero será plural, híbrido, y probablemente más inestable. La clave para los ciudadanos y los gobiernos será aprender a navegar esta nueva realidad con inteligencia, resiliencia y espíritu crítico.

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(*) Es profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actual presidente de Petroperú.

(**) Este articulo tambien puede leerse en: www.alejandronarvaez.com