El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), vuelve cada enero con la misma liturgia: montañas nevadas, trajes impecables, paneles sobre “cooperación” y “futuro”, y una coreografía de poder que pretende presentarse como filantropía ilustrada. Pero el Foro de Davos 2026 no fue solo el enésimo desfile de élites, fue, sobre todo, una guerra del relato: el intento de las élites económicas y políticas de sostener la narrativa de la “cooperación global y dialogo” en un mundo en disputa, frente a la denuncia —cada vez más difícil de neutralizar— de que la desigualdad extrema está capturando la democracia y convirtiendo la pobreza masiva en una normalidad.

La pregunta relevante es: el WEF, ¿para qué sirve realmente? Porque un espacio donde convergen cerca de 3,000 participantes de alto nivel, con récord de líderes políticos (cerca de 65 jefes de Estado y de gobierno, además de cientos de autoridades) y centenares de CEOs, no es un club social: es un espacio de influencia poderosa. Veamos.

Orígenes: de seminario empresarial a diplomacia privada

El relato oficial del WEF, también conocido como Foro de Davos (Suiza) insiste en el diálogo de diversos actores (gobierno, sector privado, sociedad civil y la academia) como virtud. Sin embargo, su historia sugiere otra cosa: nació en 1971 como un foro de gestión empresarial (European Management Forum) y, con el tiempo, mutó hacia una plataforma que busca moldear agendas globales, incluidas las reglas del comercio, la tecnología y el clima.

Ese tránsito importa porque explica el núcleo del fenómeno: Davos no es un parlamento mundial —no tiene mandato democrático—, pero opera como un mercado de gobernanza privada, donde se intercambian narrativas, compromisos blandos, “principios”, estándares y alineamientos políticos. Lo decisivo no suele ocurrir en los auditorios, sino en los pasillos: quién se sienta con quién, qué se prioriza, qué se deja fuera.

El marco 2026: “cooperación” en un mundo fragmentado

El WEF se presentó en 2026 bajo la pregunta: “¿Cómo cooperar en un mundo más fragmentado?”. La frase suena razonable, el problema es que la realidad fue más cruda: El Foro 2026 estuvo fuertemente condicionado por Donald Trump, al punto de “dominar” la agenda y convertir el, evento en un escenario donde la geopolítica y el nacionalismo económico se comían el guion del consenso global (Financial Times, 2026).

En otras palabras, Davos vendió “cooperación y dialogo”, pero el Foro exhibió poder desnudo. El Foro también funciona como termómetro de la transición hacia un orden más transaccional, donde los acuerdos multilaterales pesan menos y los “hombres fuertes” pesan más. Esa tensión se vio en discursos y reacciones de líderes, en debates sobre aranceles, seguridad y reglas del juego, y en el esfuerzo del establishment por no confrontar abiertamente al actor que desordena el tablero, pero del que dependen muchos negocios.

Oxfam: desigualdad como captura de democracia

Mientras el Foro de Davos habla de “cooperación y diálogo”, Oxfam llega con cifras que funcionan como bomba moral: en su informe Resisting the Rule of the Rich, sostiene que la riqueza de los multimillonarios alcanzó niveles récord y creció en 2025 a un ritmo muy superior al promedio reciente, mientras “una de cada cuatro personas” no tiene alimento suficiente de manera regular y casi la mitad del planeta vive en pobreza (Oxfam, 2026).

Este choque no es anecdótico. Davos intenta presentar el capitalismo contemporáneo como un sistema reformable mediante “buenas prácticas”, tecnología y colaboración. Oxfam, en cambio, describe un capitalismo salvaje que se vuelve oligárquico, el superrico no solo consume lujo, compra influencia, captura políticas públicas y condiciona la democracia. El debate ya no es “ética empresarial”, sino poder político.

Y aquí aparece la pregunta que incomoda: si el diagnóstico de Oxfam es que la desigualdad erosiona libertades y captura instituciones, ¿por qué el espacio donde se juntan los máximos beneficiarios de esa desigualdad debería ser, a la vez, el espacio donde se diseña la solución?

El costo moral: carbono privado y seguridad pública

Davos es un ritual caro no solo por su logística, sino también por su simbolismo. En 2026, el presupuesto de seguridad para el Foro asciende a 12 millones de dólares. La cifra por sí sola no “condena” a Davos, pero ilumina una asimetría: el espacio se presenta como debate sobre bienes públicos globales, mientras externaliza costos en bienes públicos locales.

La otra externalidad es climática. Greenpeace (2026) documentó, con datos de tráfico aéreo, un aumento marcado de vuelos privados vinculados al Foro y lo condensó en una imagen demoledora: un vuelo de jet privado por cada cuatro participantes. Además, medios suizos recogieron ese hallazgo subrayando la desproporción de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero por pasajero.

Aquí se revela la estructura del relato: Davos pretende ser la cumbre de la responsabilidad global, pero su estética logística advierte lo contrario. Predica límites planetarios, practica privilegio sin límites. Y esa contradicción no es un detalle: erosiona legitimidad, alimenta el cinismo y refuerza la idea de que “la transición ambiental” es para los demás, pero no para las élites.

¿Entonces Davos no sirve? Sí produce efectos, pero…

 Davos sí produce efectos. No como “solución” a la pobreza, sino como mecanismo de coordinación de élites. Su utilidad para el mundo no se mide por discursos, sino por tres funciones reales:

1. Agenda setting: define qué es “prioridad” (IA, seguridad, comercio, energía) y qué se vuelve accesorio. En 2026, la IA y la geopolítica desplazaron parte del foco climático en la conversación pública del evento, a la par de advertencias sobre disrupción laboral por IA en economías avanzadas y globales.

2. Estándares blandos: promueve marcos y “principios” que luego se convierten en presión reputacional o insumo regulatorio, sin pasar por deliberación democrática formal.

3. Diplomacia paralela: en un mundo fragmentado, reduce costos de transacción para hablar, tantear acuerdos o calmar tensiones. Que eso sea útil no implica que sea legítimo.

Davos no es irrelevante, es problemático por lo que es: una gobernanza sin urna.

La propuesta: auditar Davos como si fuera política pública

Si Davos insiste en ocupar el lugar simbólico de “cerebro del mundo”, entonces debe aceptar estándares de evaluación pública.

· Transparencia de influencia: publicar agendas de reuniones bilaterales (al menos agregadas por temas), conflictos de interés y compromisos asumidos, con mecanismos de verificación.

· Contabilidad de externalidades: huella de carbono del evento (incluyendo aviación privada) y plan de reducción con metas, costos públicos locales y compensaciones explícitas.

· Compromisos con plazos: pasar de declaraciones a objetivos medibles (financiamiento movilizado, proyectos, resultados).

· Voz real del Sur global: no como decoración, sino como poder de agenda, especialmente si el contraste con hambre y pobreza es parte del debate.

Conclusión

Davos 2026 expuso, sin maquillaje, la guerra del relato de nuestro tiempo. De un lado, la élite proclama “cooperación y dialogo” en un mundo fragmentado, del otro, Oxfam recuerda que el mundo real se divide entre acumulación obscena y supervivencia precaria. Davos puede seguir existiendo, incluso puede producir coordinación útil, pero mientras no rinda cuentas, seguirá siendo lo que hoy simboliza para millones: una cumbre donde el poder se explica a sí mismo y, al explicarse, busca absolverse.

La pregunta final no es si Davos “habla bonito”. Es si acepta que, en tiempos de desigualdad extrema, el derecho a definir el futuro no puede ser monopolio de quienes ya lo poseen. (L:250126)

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(*) ES doctor en Ciencias Económicas y Profesor Principal en la UNMSM

ESTABILIDAD DE PRECIOS, SÍ. PERO LA ECONOMÍA REAL NO SE MUEVE

Alejandro Narváez Liceras(*)

En el debate público peruano se repite una idea que suena tranquilizadora: “al menos tenemos estabilidad de precios”. Y es cierto: la inflación se ha reducido de forma importante. Pero esa “victoria” convive con otra realidad igual de contundente: el crecimiento sigue siendo frágil, la inversión avanza con timidez, y el empleo formal no se crea al ritmo que exige un país con profundas brechas sociales. La pregunta incómoda es inevitable: ¿de qué sirve la estabilidad de precios si la economía real no se mueve?

La inflación vuelve al rango, y ¿qué?

A noviembre de 2025, el BCR reportó inflación anual de 1.37% y una inflación subyacente (sin alimentos y energía) de 1.77%. Es decir, precios contenidos y dentro del rango meta (1% -3%), con señales de normalización.

Sin embargo, lo decisivo no es solo la inflación, sino el pulso de la actividad económica: el INEI (2025) informó que el PBI creció 3.4% interanual en el tercer trimestre de 2025. Es crecimiento, sí; pero también es una cifra que se parece demasiado al “piloto automático” de una economía que ronda su potencial sin resolver cuellos de botella. Y cuando una economía se limita a crecer “cerca del potencial” mientras arrastra informalidad masiva, el resultado social suele ser el mismo: se estabiliza el precio del pan, pero no mejora la calidad del empleo que compra ese pan.

El mercado laboral revela la verdad

Aquí nuestro país es brutalmente transparente. La Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) muestra que, en el tercer trimestre de 2025, la tasa de empleo informal fue 70.6% (y el empleo formal 29.4%). Además, el propio INEI reporta que el empleo adecuado alcanzó 52,4% de la PEA, mientras el subempleo o trabajo parcial – sin derecho a nada 42.5%.

¿Qué nos dice esto? Que el Perú no está frente a un simple problema de “crecer un poco más”. Está frente a una estructura productiva que convierte el crecimiento moderado en ocupación de baja productividad. Por eso la frase “la economía no se mueve” no significa “no hay PBI”, sino que no hay movilidad social, no hay escalera de formalización, no hay salto de productividad.

El “precio del dinero”:  el freno silencioso

Aquí aparece un factor clave: el “precio del dinero” o tasa de interés. En la práctica, en el Perú la tasa de interés que un banco cobra por prestar dinero (tasa activa) a una MYPE (Micro y Pequeñas Empresas) es muy cara, y estas representan el 99% del tejido empresarial, vitales para el empleo y la economía.

Lo que realmente importa para tomar decisiones de inversión y generar empleo no es la tasa de referencia del BCR de 4.25% actual – que tanto de propalan-, sino el costo efectivo del crédito productivo. Y allí la economía real se da de bruces con una pared. La SBS (2025) muestra que, al 16 de diciembre de 2025, la tasa promedio para créditos a la microempresa en moneda nacional fue 56.81% anual. Es decir, de cada 100 soles de sus ingresos, 57 soles van al prestamista solo por concepto de intereses, fuera de la amortización del principal.

Con ese costo, pedir “más inversión privada” suena irónico, burla para los jóvenes que aspiran a emprender negocios y para los miles de empresarios que sobreviven a duras penas. El crédito caro no solo frena el capital de trabajo e inversión, también empuja a la informalidad, porque formalizarse con financiamiento prohibitivo hace que el negocio sea simplemente inviable. Esta es la economía que “no se mueve” y la que mantiene una inflación baja.

El Perú no es una economía “normal” desde el lado laboral

Según el BCR (2025), en octubre, el empleo formal total a nivel nacional aumentó en 3.4% interanual.  No obstante, si comparamos esta cifra con lo de marzo de este mismo año que fue de 7.8% la caída es preocupante, por un lado, y por otro, la tendencia es decreciente en los últimos 6 meses (véase la Nota Semanal del BCR, diciembre 2025).

Desafortunadamente, esta cifra convive con un problema estructural: el Perú sigue siendo un país donde 7 de cada 10 ocupados son informales. Cuando la informalidad domina, el desempleo abierto deja de ser el termómetro de “holgura” real del mercado laboral. En economías con alto subempleo e informalidad, el dilema tradicional de la curva de Phillips (menos inflación a cambio de más desempleo, o viceversa) actúa de forma distinta, y desplazan el centro de gravedad de la política económica hacia la productividad, inversión, competencia y formalización efectiva.

¿Qué hacer?

En política económica la estabilidad de precios es un piso, un noble objetivo a corto plazo, no un techo. Esta idea es de manual. Si el piso se convierte en objetivo final, la economía se vuelve conservadora, y el país termina administrando el estancamiento con inflación reducida. Aquí algunas ideas:

1. Estado eficiente y que ejecute: macroeconomía robusta pierde legitimidad cuando el ciudadano observa servicios públicos de pésima calidad e inmóviles.
2. Acelerar inversión y destrabar proyectos (públicos y privados) con metas verificables, reducción de trámites y mejoras reales en permisos.
3. Política monetaria y crediticia con foco productivo: más competencia financiera y mejores esquemas de garantías focalizadas para MYPEs. Con tasas de interés leoninas no hay transición a la formalidad.
4. Productividad e institucionalidad: sin reformas micro (competencia, simplificación regulatoria, calidad del gasto), la economía seguirá con crecimiento “corto”.
5. Empleo formal como objetivo explícito: políticas de capacitación, formalización viable y reducción de costos no salariales que castigan la contratación.

Apunte final

La estabilidad de precios es un logro macroeconómico valioso, pero no es un proyecto de país. Cuando la economía no se mueve, la estabilidad se vuelve una tarea incompleta: orden sin progreso. Obviamente, el Perú necesita controlar la inflación y, al mismo tiempo, atacar el núcleo del estancamiento: inversión débil, productividad baja, trabas institucionales y un mercado laboral que no convierte crecimiento en bienestar.

La pregunta final no es si queremos inflación baja, eso es obvio. La pregunta es: ¿queremos una economía estable que apenas respira, o una economía estable que genere empleo, productividad y futuro?  L:201225

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y actualmente profesor Principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del IIEE.

Temas para el debate:

Alejandro Narváez Liceras(*)

El Perú exhibe una de las paradojas más persistentes y desconcertantes de América Latina: una macroeconomía robusta coexistiendo con una profunda fragilidad social. Mientras las autoridades económicas resaltan la baja deuda pública, la estabilidad monetaria y la solvencia externa, millones de peruanos padecen de inseguridad alimentaria grave o moderada, empleos precarios y servicios públicos insuficientes. Esta dualidad, lejos de ser un fenómeno reciente, ha alcanzado un punto crítico en el periodo 2024–2025, revelando los límites de un modelo económico concentrado en estabilidad, pero muy débil en redistribución, institucionalidad e inclusión social.

En este artículo   intentaré analizar esta paradoja mostrando algunas evidencias y cómo la política económica debería recuperar su esencia, su razón de ser: el bienestar de la gente.

Política económica y su fin supremo

La política económica —en teoría y en práctica— debería orientarse a mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, la atención y el debate se ha desplazado hacia temas estrictamente técnicos: equilibrio fiscal, metas de inflación, disciplina monetaria o estabilidad macroeconómica. Aunque estos elementos son importantes, pierden sentido cuando no se traducen en bienestar concreto para la población. Adam Smith (1776) advertía que la riqueza de una nación no radica únicamente en la acumulación de capital, sino en la capacidad de mejorar la vida de sus habitantes. De igual forma, Keynes (1936) señalaba que la economía debía estar al servicio de las necesidades humanas y no al revés.

Fortaleza macroeconómica: un espejismo estadístico

Desde la perspectiva estrictamente macroeconómica, el Perú mantiene indicadores que, en apariencia, son mejores que los de sus pares en la región. El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) reportó que la inflación retornó al rango meta en 2024, ubicándose en 1.4% al 3T2025, una cifra significativamente inferior al promedio regional. Asimismo, las reservas internacionales netas superan los 90 mil millones de dólares en noviembre de 2025 (26% del PBI), otorgando un colchón importante frente a episodios de volatilidad externa.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (2025) ha insistido en que la deuda pública se mantendrá en torno al 31.3% del PBI para el 2025, una de las más bajas de América Latina, lo que preserva grados de libertad de la política fiscal. Cabe destacar que el Perú cuenta con un reducido déficit fiscal de 2.4% al 3T2025 (BCR: RI3T25), solo superado por Chile.  Además, el sistema bancario peruano exhibe una ratio de solvencia o capital global (RCG) a septiembre de 2025 de 17.2%, nivel mayor al mínimo regulatorio exigido de 10%.

No obstante, este conjunto de cifras genera una ilusión de estabilidad que no captura la precariedad social subyacente. La macroeconomía peruana parece diseñada para ofrecer una imagen de fortaleza que no se traduce en mejoras sustanciales para la mayoría de la población. La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve la estabilidad fiscal si no logra revertir la desigualdad ni cerrar brechas históricas en salud, educación o infraestructura?

El rostro oculto: pobreza, desigualdad y hambre

La pobreza monetaria (ingresos) se elevó a 27.6 % en 2024 (INEI, 2025), lo que significa que cerca de uno de cada tres peruanos no logra cubrir una canasta básica de consumo. Más alarmante aún, la pobreza extrema volvió a crecer (5.5%) por primera vez en una década. Consecuencia de este panorama y según el informe del MINSA (2025) 33,000 peruanos padecían tuberculosis en el 2024, y de acuerdo a la OMS la cifra real podría estar en 59,000 casos. Perú está entre los países con mayor aumento de esta enfermedad en América Latina.

Por otro lado, el 41% de la población peruana experimentó inseguridad alimentaria grave o moderada (falta de acceso continuo y suficiente a alimentos) entre 2022 y 2024, la cifra más alta de América del Sur (FAO, 2025). La anemia en niños menores de tres años subió a 45.3% y la desnutrición crónica en menores de cinco años alcanzó al 12.6% (ENDES 2025-I). El país de la mejor cocina del mundo golpeada por la falta de comida, ¡vaya paradoja!  La precariedad laboral sigue siendo la norma: más del 70 % de la población ocupada trabaja en la informalidad, con ingresos inestables y sin protección social, y un 42.3% de la PEA es subempleada (INEI, 3T25), es decir, trabajadores sin derecho a nada.

La fragilidad social no es solo una consecuencia económica, es también el reflejo de un Estado ineficiente e indolente, cuya presencia fuera de Lima es débil, fragmentada y, en muchos casos, inexistente. Esta ausencia institucional, combinada con décadas de baja inversión pública en infraestructura, educación, salud, etc., explica por qué amplios sectores de la población siguen en el abandono del Estado pese a los buenos indicadores macroeconómicos que tanto se propalan.

Estabilidad arriba, colapso abajo

El contraste entre estabilidad macro y deterioro social evidencia la naturaleza incompleta del modelo económico peruano de más mercado y menos Estado. Como señala el FMI (2024), economías con fundamentos sólidos pueden fracasar si carecen de instituciones capaces de traducir el crecimiento en bienestar. El Perú es un ejemplo paradigmático: sólido en cuentas fiscales, muy débil en cohesión social, eficiente en estabilidad monetaria, ineficiente en provisión de servicios públicos. Simplemente, no hay correlación entre ambos.

El problema no es únicamente distributivo, sino estructural: el crecimiento peruano ha dependido excesivamente de ciclos de precios de materias primas y de un sector privado dinámico que opera al margen de un Estado rezagado. Esta desconexión genera una economía primaria exportador que coexiste con una sociedad vulnerable, lo que explica la crisis social permanente y la desconfianza hacia las instituciones del Estado.

En términos concretos, la fragilidad social no es un accidente: es el resultado acumulado de un Estado débil e ineficiente, una élite económica egoísta y desconectada del Perú real y una “clase política” más centrada en disputas internas por pequeñas cuotas de poder que en diseñar un proyecto nacional.

¿Para quién crece la economía? La pregunta que incomoda

La economía no crece en abstracto, crece para alguien. La pregunta clave, planteada por clásicos y contemporáneos, es quién se beneficia de ese crecimiento. Según Amartya Sen (1999), el desarrollo debe medirse por la expansión de capacidades reales de las personas, no por la magnitud del PBI.  Si el empleo es informal, los salarios son bajos y los servicios públicos son deficientes, entonces un crecimiento elevado carece de sentido moral y político.

El bienestar colectivo no es una consecuencia automática del crecimiento económico, es la resultante de políticas públicas deliberadas. Cuando el Estado deja que el mercado resuelva por sí solo problemas como pobreza, desigualdad o exclusión, lo que en realidad hace es perpetuar las brechas estructurales que afectan a los sectores más vulnerables.

La responsabilidad del Estado: más allá de la retórica económica

El Estado es el principal arquitecto de la política económica, y por tanto el primer responsable de que sus objetivos estén alineados con el bienestar social. Keynes (1936) advertía que una economía abandonada a la “mano invisible del mercado” podía generar más inestabilidad que prosperidad, precisamente porque el mercado no garantiza pleno empleo ni protección social. En este sentido, la intervención del Estado no es una anomalía, sino una necesidad para ordenar el sistema económico.

Sin embargo, en países con débil institucionalidad, la política económica se ha vuelto un ejercicio elemental tecnocrático desconectado de la realidad social. Se celebran metas fiscales mientras aumentan la informalidad, la pobreza, el hambre. Se aplaude la estabilidad monetaria mientras se deterioran los servicios de salud, educación y seguridad. Esta desconexión erosiona la legitimidad del Estado y, en última instancia, mina la cohesión social que luego explotará. Sin justicia social no habrá paz social duradera y genuina en el Perú.

Conclusión

El Perú vive atrapado en una paradoja profunda: presume de estabilidad macroeconómica sólida mientras su tejido social se deshace lentamente. Los logros monetarios y fiscales, aunque importantes, no compensan la fragilidad social que amenaza con socavar la cohesión nacional. El verdadero desafío no es mantener el orden macroeconómico, sino construir un Estado capaz de transformar tales cifras en bienestar, estabilidad en desarrollo y crecimiento para todos.

La política económica debe recuperar su esencia: mejorar la vida de las personas. Reducirla a un mero ejercicio de equilibrios macroeconómicos es vaciarla de contenido ético y social. El progreso genuino requiere un Estado capaz de combinar estabilidad monetaria y fiscal con políticas públicas que generen oportunidades reales para todos los peruanos. El desafío no es solo técnico, sino moral: recordar que los números sólo tienen valor en economía cuando se traducen en bienestar humano. (L:131225)

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y actualmente profesor Principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del IIEE.

(**) El artículo completo puede leerse en: www.alejandronarvaez.com

El Perú se enfrenta a una encrucijada energética. Pese a su riqueza en recursos naturales y su potencial en energías renovables, el país carece de una política energética integral, moderna, visionaria y orientada al interés nacional. La creciente dependencia de combustibles fósiles importados (petróleo, diésel, GLP), la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica y el desbalance territorial en el acceso a la energía revelan una debilidad estructural que compromete la seguridad energética del país en el futuro cercano.

Este vacío estratégico es aún más grave en el contexto de una geopolítica global incierta, donde los precios internacionales de la energía son volátiles y las disputas tecnológicas entre potencias afectan las cadenas de suministro. Este artículo sostiene que el Perú no solo necesita una política energética urgente, sino que ésta debe estar diseñada como un componente clave de soberanía y desarrollo nacional.

La seguridad y soberanía energética

Para la Agencia Internacional de Energía (2024), “la seguridad energética implica asegurar un suministro continuo, accesible y sostenible de energía para sostener la economía y el desarrollo humano”. Cuando hablamos de seguridad energética, no nos referimos a una única energía ni a una tecnología específica, sino al sistema completo que sostiene la economía y la vida cotidiana de la gente. Es un concepto transversal que engloba electricidad, combustibles, renovables, infraestructura, precios, acceso territorial y resiliencia climática. En suma, la seguridad es una meta práctica de suministro, y la soberanía energética el concepto político y social de poder y control más amplio de un país para decidir sus fuentes, producción y políticas energéticas buscando la autosuficiencia y justicia social.

En el Perú, esta noción ha sido ignorada o reducida a medidas parciales y sin planificación de largo plazo. La producción nacional de petróleo (el recuso más vital de la civilización moderna) cubre menos del 25 % de la demanda interna, lo que obliga importar el 75% restante. El Diésel el de mayor demanda en el mercado peruano (148MBDC) la producción local asciende a 82MBDC y el resto viene de fuera. Ocurre algo parecido con el GLP, cuya demanda nacional es de 74MBDC, mientras que la producción local alcanza a 41MBDC (DGH 2025). El gas natural de Camisea (Lote 88) con una declinación creciente de reserva probadas, sigue concentrado en la costa sur y su distribución nacional es desigual. Las millonarias importaciones implican para el país sangría de divisas.

La ausencia de una política energética nacional con enfoque de seguridad expone al país a escenarios críticos, como cortes masivos, inestabilidad tarifaria o desabastecimientos regionales. En tiempos de crisis geoeconómica global, esa debilidad puede traducirse en una pérdida de autonomía económica grave para el país.

Otros ejemplos: El Euro 6 en Petroperú, con exiguo presupuesto y ahora en stand by, la promoción de Hidrógeno Verde (ley 31992), que aún no arranca.  En materia de energía nuclear, el IPEN con 50 años de vida tiene una contribución muy modesta, en cambio países como China, Rusia e India consideran este tipo de energía de capital importancia para su desarrollo.

El sistema eléctrico: fragilidad y desigualdad territorial

La matriz eléctrica peruana tiene un componente hidroeléctrico dominante (cerca del 55%), pero el sistema presenta problemas de concentración, obsolescencia y falta de planificación. El 70 % de la energía se genera en pocas plantas, ubicadas en zonas vulnerables a eventos climáticos extremos (Huancavelica, Huánuco, Ancash, Cusco), lo cual reduce la resiliencia del sistema (COES, 2024). Además, la distribución eléctrica está altamente centralizada. Zonas enteras, especialmente en la Amazonía y la sierra rural, no cuentan con cobertura o sufren cortes frecuentes. Según el MINEM (2025), más de 1 millón de peruanos aún no tiene acceso regular a electricidad.  Claramente, este panorama refleja la incapacidad del Estado para garantizar un derecho básico que condiciona la educación, la salud, el trabajo y la productividad.

La trampa del gas natural

El caso del gas natural de Camisea es ilustrativo de cómo el Perú convierte ventajas comparativas en problemas estructurales. Si bien el país produce en torno a 1,500 millones de pies cúbicos por día (MMPCD), la masificación del gas a domicilio que llego de Camisea a Lima en 2004, va a paso de tortuga. La infraestructura de transporte es muy limitada, las tarifas de conexión siguen siendo elevadas. En suma, los beneficios no han llegado a la mayoría de hogares peruanos ni a pequeñas industrias.

¿Cómo puede un país con abundante gas natural seguir cocinando con balones de GLP importado y costoso?  Esta pregunta resume una política orientada a maximizar ganancias de unas pocas empresas que han llegado al Perú para hacerse con el lucrativo negocio de un recurso no renovable.

Transición energética: más discurso que acciones

La transición energética es una obligación global frente al cambio climático. Pero en el Perú, esta transición avanza a un ritmo muy lento, sin coordinación y sin vinculación con las comunidades. El país posee alto potencial en energía solar y eólica pero los proyectos son aislados, y la inversión privada no ha sido acompañada de un marco regulatorio promotor e institucional sólido.

El Ministerio del Ambiente (2024) reconoce que el 50 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país proviene del sector energía y transporte. Sin embargo, no existe un plan nacional de electrificación del transporte ni incentivos reales para promover eficiencia energética. Una transición sin justicia energética, es decir, sin acceso universal, tarifas justas y participación de las comunidades, es una transición fallida.

El rol estratégico de Petroperú en la seguridad energética

La empresa estatal Petroperú ha sido sistemáticamente debilitada, politizada y convertida en chivo expiatorio de la pésima política energética seguida en el país. Sin embargo, pese a sus dificultades financieras y al acoso recurrente de algunos medios y mentes nubladas, sigue siendo un actor clave para garantizar el abastecimiento de combustibles, a lo largo y ancho del país. Es la palanca que mueve la aguja de la economía financiando parte del presupuesto nacional con los impuestos que recauda y paga.

Con la Nueva Refinería de Talara (considerada como una de las 7 más modernas del mundo) y actualmente en etapa de optimización, el Perú tiene ahora la posibilidad de producir combustibles más limpios, con estándares internacionales y reducir en gran parte su dependencia externa. Pero sin una política energética de Estado que le dé a Petroperú el empuje para ser un negocio integrado verticalmente, su futuro no es halagüeño.

Conclusión

El problema del Perú no es la falta de energía, sino la falta de política de Estado. Se necesita una política energética integral, moderna, con enfoque de seguridad y soberanía nacional. La dependencia de combustibles importados, la desarticulación territorial, la concentración del sistema eléctrico, la escasa masificación del gas y el atraso en la transición energética conforman un cuadro alarmante.

Pero más grave aún, es la ausencia de visión estratégica. La energía no es solo un recurso económico, es un instrumento de desarrollo humano y de soberanía. En un mundo en proceso de desglobalización, donde las cadenas energéticas están condicionadas por la geopolítica, los países que no planifican serán subordinados. Finalmente, no hay economía sólida ni justicia social posible sin una política energética que garantice continuidad, accesibilidad y sostenibilidad. (L:061225)

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(*) Es actualmente profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ex presidente del Directorio de Petroperú.

(**) Este articulo y otros del autor tambien puede leerse en: www.alejandronarvaez.com

En el Perú, la política cambiaria se ha caracterizado por un régimen de “flotación sucia”, o managed float, en el cual el tipo de cambio no se deja totalmente al arbitrio del mercado, sino que es intervenido discrecionalmente por el Banco Central de Reserva (BCR). Este esquema híbrido ha sido uno de los pilares de la política monetaria del banco emisor desde los años 2000, apuntando a evitar volatilidades abruptas que afecten la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación. Sin embargo, una de sus consecuencias más relevantes —y menos debatidas— es su efecto directo sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN) , que constituyen el principal escudo financiero externo del país, así como sus efectos colaterales: pérdida de competitividad exportadora, fortalecimiento artificial del sol, y una creciente dependencia de la acumulación de reservas internacionales. Este artículo propone una reflexión crítica sobre los efectos del régimen cambiario actual en la economía peruana y su sostenibilidad en el mediano plazo.

Naturaleza del régimen y sus efectos

El régimen de “flotación sucia “o “flotación administrada” permite que el tipo de cambio sea determinado principalmente por el mercado, pero con intervenciones del BCR para evitar fluctuaciones bruscas. En teoría, esto otorga flexibilidad frente a shocks externos. En la práctica, sin embargo, el Banco Central ha intervenido activamente en el mercado cambiario con compras (como la reciente compra del 6 de noviembre de 2025 por 27 millones de dólares) y ventas de divisas que en algunos años han superado los 10, 000 millones de dólares anuales (BCR, 2023). Estas acciones, aunque estabilizadoras en el corto plazo, distorsionan los precios relativos e impiden un ajuste real de la economía ante desequilibrios externos

Uno de los efectos más evidentes de la “flotación sucia” ha sido la apreciación real de nuestra moneda, el sol. A pesar de los vaivenes internacionales, el tipo de cambio ha permanecido relativamente estable, oscilando entre 3.40 y 4.10 soles por dólar en la última década. Esta estabilidad, si bien beneficiosa para los importadores y el control inflacionario, ha erosionado la competitividad de las exportaciones no tradicionales, cuyos costos se han mantenido elevados en términos internacionales. Sectores como el textil, la agroindustria o el metalmecánico han visto reducida su rentabilidad, incentivando una reprimarización de la economía, como la agricultura, la minería y la extracción de recursos naturales.

Reserva internacional y vulnerabilidad externa

Las intervenciones del BCR se financian con la acumulación de reservas internacionales, las cuales al 12 de noviembre de 2025 totalizaban 89,937 millones de dólares que equivale al 26% del PBI (BCR noviembre 2025). Si bien este colchón fortalece la percepción de solvencia financiera, también implica costos de oportunidad para la economía peruana. El mantenimiento de reservas excesivas en instrumentos financieros de bajo rendimiento genera un drenaje de recursos que podrían ser utilizados en inversión pública productiva y mejorar el bienestar de los peruanos. Además, el exceso de reservas expone al país a pérdidas contables cuando el dólar se devalúa globalmente como viene ocurriendo actualmente. Concretamente, las RIN del BCR están constituidos principalmente por activos internacionales líquidos como depósitos en bancos extranjeros, bonos de gobiernos y organismos internacionales.

Sesgos y riesgos de la política cambiaria actual

El sesgo a la apreciación o revaluación del sol, promovido por el BCR en su afán de mantener la inflación bajo control, tiene implicancias distributivas: favorece a los sectores importadores y financieros, pero perjudica a los exportadores, a las pequeñas empresas. Asimismo, genera un espejismo de estabilidad macroeconómica que puede desincentivar reformas estructurales necesarias. Por otro lado, en un contexto de mayor volatilidad financiera global, mantener artificialmente bajo el tipo de cambio puede convertirse en una trampa, como ocurrió en otros países latinoamericanos que vieron desplomarse sus monedas ante eventos externos (casos de Argentina en 2020 o Colombia en 2022).

Alternativas a la “flotación sucia”

Para superar los límites de la “flotación sucia”, es necesario rediseñar la estrategia cambiaria bajo criterios de desarrollo productivo y diversificación exportadora. Esto a mi juicio implica:

• Redefinir la banda de intervención para permitir una mayor flexibilidad que favorezca la competitividad.
• Establecer reglas explícitas de intervención, lo que aumentaría la transparencia y previsibilidad de la política cambiaria.
• Coordinar la política monetaria con la política fiscal y la comercial, para lograr una alineación coherente con los objetivos de política económica del país.
• Reducir la concentración del poder de decisión del BCR, promoviendo una supervisión más democrática y técnica de su actuación.

Apunte final

La “flotación sucia” del tipo de cambio ha sido funcional para garantizar la estabilidad macroeconómica y reducir la inflación durante más de dos décadas. Sin embargo, esta herramienta ha llegado a sus límites. Su uso intensivo ha generado distorsiones productivas, pérdida de competitividad, concentración sectorial y dependencia excesiva de las reservas internacionales. En un entorno mundial incierto, el país necesita transitar hacia un régimen más transparente, flexible y alineado con un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. La estabilidad cambiaria no puede seguir sosteniéndose a costa del estancamiento productivo. Es urgente debatir abiertamente los costos ocultos del régimen cambiario actual. (L:161125)

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1. Es actualmente profesor Principal de Economía Financiera en San Marcos y director del Instituto Internacional de Economía y Empresa.
2. En el próximo articulo analizaremos los efectos del régimen cambiario de “flotación sucia” en las Reservas Internacionales.

El petróleo, como pocos otros activos, condensa el poder geopolítico, la fragilidad económica y la ansiedad del mercado global. Cuando una bala cruza las fronteras entre países del Medio Oriente, las ondas expansivas llegan no solo a los países en guerra, sino también a los tableros financieros de Londres, Nueva York, Shanghái, y del mundo entero. La actual guerra entre Israel e Irán ha provocado un repunte en los precios del petróleo y como es de esperar tendrá efectos colaterales en el crecimiento económico, la inflación global y en las decisiones de política monetaria.

Riesgos para el crecimiento y la inflación

La reacción del mercado ante los ataques israelíes sobre objetivos estratégicos iraníes—incluyendo infraestructura energética y centros militares— y la respuesta de este último, no se hizo esperar. El precio del Brent subió más del 11 % y el WTI aumentó alrededor del 13% en apenas una semana. Es decir, cuando el petróleo se convierte en rehén de la geopolítica, el precio no lo determina ni la oferta ni la demanda, sino la incertidumbre.

Reconocidos analistas han advertido que un aumento sostenido de 10 dólares en el precio del barril de petróleo puede agregar hasta 0.5 puntos porcentuales a la inflación de las economías avanzadas y golpear con más fuerza a los países importadores netos, como Japón, Alemania, India, Indonesia y varios países de América Latina, incluido Perú.

La paradoja es clara: mientras la economía global intenta desacelerar su inflación con políticas monetarias restrictivas, el conflicto en Medio Oriente amenaza con encender nuevas presiones inflacionarias. Así, el margen de maniobra de los bancos centrales se reduce drásticamente. En un escenario de escalada prolongada de la guerra con el bloqueo del Estrecho de Ormuz (por donde transita el 20% del petróleo mundial) y la intervención directa de Estados Unidos en la guerra, el precio del oro negro podría rondar fácilmente los 120 – 150 dólares el barril, con riesgo de estanflación (alta inflación y bajo crecimiento) en la economía mundial.

Cabe recordar que la historia está plagada de precedentes similares. La Guerra del Yom Kippur (1973) y la Revolución Iraní (1979) desataron shocks petroleros globales. La guerra entre Irak e Irán en los años 80 tuvo efectos prolongados en los precios internacionales. Y la invasión de Kuwait por parte de Irak en 1990 empujó el Brent a niveles históricos. Hoy, como entonces, el mercado no reacciona tanto por escasez real del petróleo, sino por el miedo a la disrupción futura.

Y en este punto se evidencia una segunda capa del problema: el rol de la economía financiera. Los grandes fondos de inversión han reactivado sus apuestas sobre derivados energéticos, lo que amplifica los movimientos de precios. El petróleo, en este entorno, no es solo un bien físico: es un activo financiero sujeto a la especulación. BlackRock, Vanguard y otros gigantes financieros y gestores de fondos de inversión han aumentado su exposición al petróleo en sus portafolios de cobertura, lo que añade más volatilidad a su precio.

En consecuencia, el mercado petrolero ha dejado de ser un reflejo de la economía real para convertirse en un campo de juego de la economía financiera. Esta desconexión es la que explica por qué los precios suben más rápido que los fundamentos de la economía real. El barril de petróleo se convierte así en símbolo de una economía global en desequilibrio: una donde la lógica especulativa prima sobre las necesidades energéticas reales.

El dilema de los Bancos Centrales

El aumento del costo de vida y la reducción de la demanda global debido a la inflación impactaran directamente en el crecimiento. Para escenarios de conflicto prolongado, el Banco Mundial estima que el crecimiento global podría reducirse en un 0.5% durante el segundo semestre de 2025. Además, sectores altamente dependientes del petróleo, como transporte, manufactura y logística, sufrirán recortes, despidos y congelamiento de inversiones.

En este contexto, los bancos centrales enfrentan un dilema: combatir la inflación con tasas altas o evitar la recesión con políticas más expansivas. La Reserva Federal de Estas Unidos ha optado el miércoles pasado por mantener su tasa clave sin cambios, pero advierte que un conflicto prolongado podría obligarla a intervenir. Entre tanto, el Banco Central Europeo optó por detener cualquier avance en la reducción de tasas de interés. Por otro lado, no hay indicios de que el Banco Central de China vaya a modificar próximamente sus tasas de interés por el alza del petróleo.

Por otra parte, la guerra ha reforzado el papel de activos considerados refugios, como el oro y, paradójicamente, algunas criptomonedas. Mientras tanto, las bolsas de valores han reaccionado con caídas generalizadas, especialmente en países con alta exposición a la región. El precio del oro ha superado los 3.450 dólares por onza, aunque sin llegar a los 3.500 que alcanzó brevemente el 22 de abril último.

Apunte final

La guerra Israel–Irán ha reactivado una alarma energética que se proyecta globalmente. El impacto real dependerá de la capacidad del mundo para contener el conflicto, proteger rutas clave de transporte y estabilizar precios mediante coordinación entre los grandes jugadores del sector. De lo contrario, la economía mundial enfrentará una confluencia peligrosa: alta inflación, divisas débiles, represión del consumo y un ciclo monetario estancado. Nadie es inmune a un “shock” petroleo global.

Este episodio reitera una lección histórica: mientras el petróleo siga bajo control de regiones inestables, la economía será prisionera de la geopolítica. La humanidad necesita repensar sus estrategias energéticas y geopolíticas, reconociendo que la paz no es solo humanitaria, sino también un requisito básico para la estabilidad económica global.

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(*) Es profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actual Presidente de Petroperú.

(**) Este  y otros artículos del autor  también puede leerse en: www.alejandronarvaez.com

La geoeconomía se ha convertido en un factor determinante en la configuración del poder global. Las naciones ya no solo compiten mediante la fuerza militar, sino también a través del comercio, la inversión, la tecnología y las políticas monetarias. Perú, como economía emergente con una fuerte dependencia de las exportaciones de materias primas, se encuentra en un contexto desafiante. Factores como la rivalidad entre EE.UU. y China, la digitalización financiera, la transición energética y la reconfiguración de las cadenas de suministro están redefiniendo las oportunidades y riesgos para el país. En este breve artículo se analiza el impacto de la nueva geoeconomía y las estrategias que debe el Perú adoptar para posicionarse como una nación emergente.

La Geoeconomía en el Siglo XXI

Como señala, Blackwill y Harris (2016), la geoeconomía es «la utilización de instrumentos de carácter económicos para promover y defender los intereses nacionales, y producir resultados geopolíticos beneficiosos”. Uno de los fenómenos más saltantes de esa geoeconomía es la rivalidad entre EE. UU. y China. Este enfrentamiento ha generado tensiones en sectores estratégicos como la tecnología, el comercio y las finanzas. La “guerra comercial” iniciada en 2018 con la imposición de aranceles mutuos marcó un punto de inflexión, impulsando la fragmentación del comercio mundial (Banco Mundial, 2023). Asimismo, la restricción de exportaciones de semiconductores de EE. UU. hacia China ha reforzado la competencia en la industria tecnológica global.

Por otro lado, las sanciones económicas han sido una herramienta poderosa de la geoeconomía en la última década. Por ejemplo, Occidente ha impuesto cientos de sanciones a Rusia, Irán, Venezuela, entre otros, afectando sectores clave como el energético y financiero. En respuesta, Rusia y China han acelerado el uso de monedas alternativas al dólar y han impulsado sistemas de pago paralelos, como el CIPS chino (sistema de pagos interbancario y transfronterizo), para reducir su exposición a sanciones de EE. UU.

Impacto de la Nueva Geoeconomía

La geoeconomía se ha convertido en un factor determinante en la política económica de los países en desarrollo. La guerra comercial entre EE.UU. y China se recrudece con la andanada de aranceles. Además, la regionalización de las cadenas de suministro y las sanciones económicas impuestas por Occidente a Rusia y a otros países, vienen reconfigurando las dinámicas del comercio y la inversión global (OCDE, 2023). Perú, como una economía abierta y dependiente del comercio exterior, puede sufrir sus efectos negativamente de varias formas, como el incremento de costos de producción y la disminución de sus exportaciones.

China es el principal socio comercial de Perú, representando el 32% de nuestras exportaciones, principalmente en cobre y otros minerales (BCRP, 2024). Sin embargo, la desaceleración económica del gigante asiático, por un lado y la guerra comercial con EE. UU., por otro, han generado incertidumbre en la demanda futura de los productos peruanos. Perú cuenta con una red de tratados de libre comercio (TLC) con importantes economías. Estos acuerdos deben ser aprovechados para diversificar mercados y atraer inversiones.

La tendencia global hacia la regionalización de las cadenas de suministro ha favorecido a países como México y Brasil, que han visto un incremento en la inversión extranjera debido al nearshoring o deslocalización (OCDE, 2023). Si bien Perú no se encuentra dentro de los principales destinos para este modelo de negocio, podría beneficiarse si mejora su infraestructura vial y aprovecha la ventaja inmejorable que ofrece el megapuerto de Chancay para consolidarse como un actor principal en el transporte de carga marítima mundial, facilitando el acceso a mercados globales.

Por último, Perú mantiene un sistema financiero altamente dolarizado, lo que lo hace vulnerable a fluctuaciones en la política monetaria de EE. UU. La diversificación de reservas internacionales con otras monedas, como el yuan o el euro, o en activos de refugios (el oro) podría mitigar estos riesgos y fortalecer la estabilidad macroeconómica. Los países están diversificando sus reservas internacionales y reduciendo su dependencia del dólar (FMI, 2024).

Nuestros Recursos Estratégicos

El Perú es el segundo mayor productor de cobre a nivel mundial, y la creciente demanda de este metal para la producción de vehículos eléctricos y energías renovables representa una oportunidad clave (Banco Mundial, 2024). La demanda global de cobre sigue en aumento, lo que representa una ocasión para fortalecer el sector minero y negociar acuerdos estratégicos con países en transición energética, como la Unión Europea y EE.UU. Asimismo, Perú posee reservas de litio en Puno, un recurso esencial para la producción de baterías eléctricas. Sin embargo, la falta de infraestructura y un marco regulatorio claro han limitado su desarrollo. Es una oportunidad desaprovechada.

Perú también es un exportador de gas natural, con el consorcio Camisea como un pilar importante de su matriz energética. Sin embargo, la transición hacia energías renovables ha generado debates sobre la sostenibilidad a largo plazo de esta industria y la necesidad de diversificar las fuentes de energía. El sector de hidrocarburos en el país ha sido históricamente un pilar fundamental para la economía nacional, contribuyendo significativamente a los ingresos fiscales y la balanza comercial. Empero, desde la privatización del sector que empezó en 1991, la inversión en exploración y producción de hidrocarburos ha caído sensiblemente, lo que demuestra que la política de privatización ha sido un rotundo fracaso.  A la escasa inversión en hidrocarburos han influido diversos factores, siendo uno de los principales obstáculos identificados, el exceso de una burocracia miope, que dificulta el desarrollo de nuevos proyectos y ahuyenta la inversión extranjera.

Desafíos y Estrategias

Para reducir la dependencia de la minería, el país debe impulsar sectores con mayor valor agregado, como la minería, la agroindustria, la fabricación avanzada y los servicios digitales. La inversión en educación y tecnología será crucial para mejorar la competitividad en estos sectores. Por otro lado, la estabilidad política y regulatoria es fundamental para atraer inversión extranjera en sectores estratégicos como la minería y los hidrocarburos. Un marco legal claro, incentivos fiscales y medidas para reducir la burocracia pueden hacer de nuestro país un destino atractivo para el capital foráneo.

Apunte final

Perú tiene un potencial significativo para adaptarse y prosperar en la nueva geoeconomía del siglo XXI, pero esto requerirá una visión estratégica, inversiones en infraestructura y tecnología, y un enfoque en la sostenibilidad y la inclusión social. La colaboración entre el sector público, el privado y la sociedad civil será clave para aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos que presenta este nuevo escenario global.

Avances en la digitalización de los mercados financieros
El impacto de la digitalización en 2024 se ha manifestado en varias áreas clave:

1. Plataformas de negociación electrónicas
   Las bolsas de valores y plataformas alternativas, como NASDAQ y Euronext, han implementado mejoras significativas en sus sistemas electrónicos, reduciendo tiempos de ejecución y aumentando la capacidad para gestionar grandes volúmenes de operaciones.
2. Blockchain en el mercado financiero
   La tecnología blockchain ha ganado tracción, especialmente en la liquidación y compensación de operaciones financieras. Según Bloomberg (2024), más del 20% de las liquidaciones en Europa ya utilizan esta tecnología para reducir costos y errores operativos.
3. Tokenización de activos
   Los activos tradicionales, como bienes raíces y bonos, han comenzado a ser tokenizados, permitiendo mayor liquidez y acceso para los inversionistas. Esta tendencia ha sido liderada por instituciones como el Banco Santander y plataformas emergentes en Asia.

Ventajas de la digitalización en los mercados financieros
La transformación digital ha generado beneficios significativos:

• Mayor inclusión financiera: Las plataformas digitales han permitido a pequeños inversionistas acceder a mercados que anteriormente eran exclusivos para grandes actores.
• Transparencia y trazabilidad: Las tecnologías digitales han reducido la opacidad en las transacciones financieras, facilitando el cumplimiento normativo.
• Reducción de costos: La automatización de procesos ha disminuido costos operativos en instituciones financieras, lo que beneficia a los usuarios finales.

Desafíos asociados a la digitalización
A pesar de los avances, la digitalización enfrenta barreras importantes:

1. Ciberseguridad: El aumento de transacciones digitales ha incrementado la exposición a ataques cibernéticos, comprometiendo la confianza en el sistema financiero.
2. Brecha tecnológica: La adopción de tecnologías avanzadas no es homogénea, lo que genera disparidades entre países y regiones.
3. Regulación insuficiente: Las innovaciones tecnológicas avanzan más rápido que las regulaciones, generando riesgos en términos de supervisión y protección al consumidor.

Perspectivas para 2025
Para el 2025, se esperan desarrollos clave en la digitalización de los mercados financieros:

• Mayor integración de IA: La inteligencia artificial mejorará los sistemas de análisis de datos y gestión de riesgos.
• Avances en DeFi (Finanzas Descentralizadas): Se prevé un crecimiento significativo en las aplicaciones de DeFi, especialmente en regiones emergentes.
• Colaboración global: La cooperación entre reguladores internacionales será crucial para establecer estándares que fomenten la confianza y la adopción de tecnologías digitales.

Conclusión
La digitalización de los mercados financieros en 2024 ha sentado las bases para un ecosistema más conectado, eficiente y accesible. Sin embargo, será necesario abordar los desafíos de ciberseguridad, regulación y adopción equitativa para maximizar los beneficios de esta transformación. A medida que la tecnología continúa avanzando, los mercados financieros tienen la oportunidad de evolucionar hacia un modelo más inclusivo y sostenible.

Referencias

• Bloomberg. (2024). “The Digital Transformation of Financial Markets”. Recuperado de www.bloomberg.com.
• The New York Times. (2024). “How Blockchain is Changing Financial Transactions”. Recuperado de www.nytimes.com.
• Investing. (2024). “Digitalization Trends in Global Finance”. Recuperado de www.investing.com.

El triunfo de Donald Trump en las recientes elecciones marca un punto de inflexión en la política económica de Estados Unidos, con impactos que probablemente se extiendan a nivel global. Durante su campaña, delineó una política económica que retomaría varios de los enfoques de su primer gobierno (2017 -2021), pero adaptada al contexto actual de la economía estadounidense e internacional. Su enfoque, basado en el proteccionismo, la reducción fiscal, y una visión particular de la política monetaria, tiene importantes implicaciones para la economía norteamericana y el resto del mundo.  Este artículo hace un breve análisis de los puntos clave de dicha política, mirando sus posibles efectos y el impacto que pueden tener tanto en el contexto interno como en la economía mundial.

La política fiscal

Es un pilar central en la visión económica de Donald Trump. Desde su primera administración, ha defendido la reducción de impuestos como un mecanismo clave para estimular el crecimiento económico. En su nuevo mandato, el presidente electo propone una serie de medidas fiscales que buscan revitalizar el aparato productivo de su país, reducir la dependencia de los mercados extranjeros y fortalecer la competitividad de la industria nacional. Las medidas puntuales en esta materia son:

1. a) Reducción de impuestos internos: En línea con sus políticas anteriores, Trump planea profundizar los recortes fiscales para las personas naturales y empresas. Concretamente, el Impuesto a la Renta de Sociedades bajaría del 21% actual al 15% (en su primer gobierno dicho impuesto pasó de 35% a 21%). La reducción de la carga tributaria sobre las empresas, en particular, busca incentivar la inversión en sectores clave como la manufactura y la tecnología. Trump argumenta que, al reducir la carga fiscal, las empresas estarían en una mejor posición para contratar trabajadores, expandir sus operaciones y mejorar la competitividad internacional.
2. b) Aranceles y Protección de la Industria Nacional: La rebaja de los impuestos internos se combina con la subida de impuestos externos o aranceles. Recordemos, en su primer mandato se caracterizó por aumentar los aranceles con la mala excusa de proteger a las industrias no competitivas locales. En este segundo período irá todavía más lejos, es decir, subirá más. El presidente Biden, no sólo no quitó, aumentó lo que dejo Trump. Defiende un arancel del 60% para todos los productos importados de China. Sin embargo, este tipo de medidas han sido objeto de críticas, ya que podrían desencadenar una guerra comercial de consecuencias impredecibles. Defiende además un arancel universal promedio de 20% para los productos importados de cualquier otro país. Actualmente, el promedio de ese arancel es de 1.5% (hay productos sin aranceles y otros con aranceles elevados). En resumen, habrá una bajada de impuestos internos y una fuerte subida de aranceles.
3. c) Simplificación del Código Tributario: Otro aspecto importante es la simplificación del sistema fiscal estadounidense. Trump ha planteado reducir el número de tramos fiscales y simplificar las declaraciones de impuestos, con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario tanto para las personas naturales como para las empresas. La idea es que un sistema tributario más simple y eficiente fomente la transparencia y reduzca los costos administrativos asociados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
4. d) Implementar políticas económicas de libre mercado y reducir regulaciones. Será principalmente, en aquellos sectores que tienen alto potencial económico. Se habla de industrias como la inteligencia artificial (IA), los criptoactivos, la carrera aeroespacial, entre otras. Todo ello ayudaría a una mayor productividad del país. No ha prometido recortes significativos del gasto público (pensiones, salud, etc.). El financiamiento dependerá de lo que consiga el Ministerio de Eficiencia gubernamental que estaría bajo la batuta del multimillonario Elon Musk.  El gasto corriente del presupuesto público de Estados Unidos absorbe el 15% y el 85% son transferencias.   Finalmente, mantendrá   y aumentará el déficit público y con ello la deuda pública no cesará de crecer, la cual actualmente asciende al 121% de su PBI.

Política monetaria

Aunque la política monetaria es competencia de la Reserva Federal (Fed) y no del Ejecutivo, Trump ha dejado claro su interés en influir en las decisiones del banco central. Durante su campaña, criticó las tasas de interés elevadas que la Fed ha mantenido en su lucha por controlar la inflación, argumentando que estas políticas pueden limitar el crecimiento económico y afectar la competitividad de las empresas norteamericanas en el mercado global. Trump siempre ha abogado por tasas de interés mínimas incluso del 0%.

1. a) Postura frente a la Reserva Federal: Trump ha expresado su deseo de que la Fed adopte una política monetaria más acomodaticia, es decir, con tasas de interés más bajas. Argumenta que esta postura es fundamental para estimular el crecimiento económico y apoyar sus políticas de impulso a la industria. Sin embargo, es importante recordar que la Fed goza de independencia en la formulación de su política monetaria, lo que limita la capacidad del presidente para influir directamente en sus decisiones. No obstante, un gobierno de Trump podría nombrar en el 2026 nuevo presidente de la Fed con una visión alineada a sus intereses, lo que permitiría cierta influencia indirecta en la política monetaria del banco central.
2. b) Implicaciones para la inflación y el crecimiento: La preferencia de Trump por tasas de interés bajas implica ciertos riesgos en el contexto actual. Si la Fed optara por una política monetaria expansiva en respuesta a las presiones del Ejecutivo, podría darse un aumento en la demanda agregada que contribuiría al crecimiento económico. Sin embargo, en un contexto de alta inflación, esta postura podría resultar en un repunte de los precios, lo cual afectaría negativamente el poder adquisitivo de los consumidores.

Los pros y los contras de la política económica

Beneficios potenciales: Las propuestas fiscales de Trump podrían estimular el crecimiento en el corto plazo, ya que los recortes de impuestos y los incentivos fiscales suelen incentivar la inversión y el consumo. La simplificación del código tributario también representa un beneficio potencial para los contribuyentes, quienes verían una reducción en los costos de cumplimiento y una mayor claridad en sus obligaciones fiscales. Además, los aranceles propuestos tienen el objetivo de proteger la industria nacional y generar empleos en sectores clave de la economía, una medida que podría beneficiar a las comunidades industriales que han sufrido los efectos de la globalización.

Riesgos y desafíos: A pesar de estos beneficios, la política económica de Trump presenta varios desafíos importantes. Por un lado, los aranceles y proteccionistas podrían desencadenar represalias comerciales por parte de otros países, lo que afectaría negativamente a los exportadores estadounidenses. Además, la política de aranceles elevados podría provocar un aumento en los costos de los bienes importados, lo cual se traduciría en precios más altos para los consumidores.

En cuanto a la política monetaria, la preferencia de Trump por tasas de interés bajas podría tener efectos adversos en la inflación, especialmente en un contexto en el que los precios ya están elevados. La Fed, en su esfuerzo por controlar la inflación, podría verse en una posición complicada al tener que equilibrar la demanda de una política expansiva con la necesidad de mantener la estabilidad de precios. De igual forma, la independencia de la Fed es un tema delicado, y cualquier intento de influencia política sobre el banco central podría afectar su credibilidad y generar incertidumbre en los mercados financieros.

Apunte final

La política económica de Donald Trump, si bien tiene como objetivo revitalizar la economía estadounidense y proteger sus intereses productivos, enfrenta desafíos importantes que podrían limitar su efectividad. Las medidas tributarias, como la reducción de impuestos y la simplificación tributaria, ofrecen beneficios en términos de crecimiento y eficiencia, pero los aranceles y políticas proteccionistas pueden aumentar los costos para los consumidores.

En el ámbito de la política monetaria, la preferencia de Trump por una postura expansiva presenta riesgos en un contexto de alta inflación, y la independencia de la Fed podría verse comprometida si el Ejecutivo intenta influir en sus decisiones. En conjunto, la política económica de Trump plantea un enfoque audaz y controvertido que promete dinamizar la economía, pero que también enfrenta riesgos y desafíos que podrían afectar tanto a Estados Unidos como a la economía global. (091124).

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