Alejandro Narváez Liceras (*)

Petróleos Mexicanos (PEMEX) es la empresa estatal de hidrocarburos más importante de México y una de las petroleras más grandes de América Latina. Fundada en 1938 tras la expropiación petrolera, PEMEX ha sido símbolo de soberanía energética y motor económico del país durante décadas. Sin embargo, en los últimos años ha enfrentado desafíos financieros profundos, con altos niveles de deuda, resultados operativos negativos y la necesidad recurrente de apoyo gubernamental.  Conocer su situación actual es esencial para entender la salud del sector energético y la importancia estratégica para la economía mexicana. Asimismo, puede servir de ejemplo a otros países que enfrentan problemas similares.

Estructura financiera y fuentes de financiamiento

• Deuda financiera

PEMEX mantiene uno de los niveles de endeudamiento más altos entre grandes empresas estatales globales. Al segundo trimestre de 2025, la deuda financiera se situó en aproximadamente 99 mil millones de dólares (reporte trimestral PEMEX, 2025). Esta cifra representa una reducción marginal respecto a periodos anteriores, gracias a estrategias de refinanciamiento, pero sigue constituyendo una pesada carga sobre la empresa. Adicionalmente, PEMEX tiene obligaciones importantes con proveedores y contratistas que, sumadas a la deuda financiera, elevan su carga total por encima de los 120 mil millones de dólares.

• Emisiones de deuda y bonos

En 2025, México y PEMEX han recurrido activamente a los mercados financieros para manejar sus compromisos. El Gobierno mexicano colocó bonos en euros y dólares por un total de 13,800 millones de dólares, parte de los cuales se destinaron a amortizar deuda de PEMEX y refinanciar vencimientos entre 2025 y 2029. Además, lanzó una oferta de recompra de bonos por hasta 9,900 mil millones de dólares para aligerar el perfil de vencimientos futuros de su pasivo denominados en moneda dura, es decir, en euros y dólares. Los bonos de PEMEX han dado rendimientos elevados en 2025, con rendimientos en dólares que alcanzaron niveles superiores al 24% promedio, reflejo del riesgo percibido por los inversores en mercados emergentes.

• Aportaciones gubernamentales

El Gobierno federal mexicano ha realizado aportaciones patrimoniales significativas para fortalecer la liquidez de su empresa pública y reducir sus costos financieros. Durante el primer semestre del 2025, las inyecciones de capital por parte del Ejecutivo mexicano ascendieron a más de 14 mil millones de dólares para apoyar operaciones estratégicas y mejorar la posición de liquidez de la compañía. En el segundo semestre del mismo año habría recibido nuevo apoyo en torno a 29 mil millones de dórales para sostener a PEMEX frente a sus tensiones financieras (S&P Global, 2025).

Rendimiento operativo y resultados financieros recientes

• Producción y ventas

PEMEX enfrenta un retroceso en su producción de petróleo debido al agotamiento de campos maduros y retrasos en nuevos proyectos, lo que ha afectado volúmenes productivos y ventas. En el primer trimestre de 2025, la empresa reportó una producción de crudo de aproximadamente 1.6 millones de barriles por día (bpd), y el procesamiento en refinerías se redujo respecto al año anterior.

Según reportes internos del tercer trimestre de 2025, la empresa procesó alrededor de 1.01 mil bpd y generó cifras de venta y servicio que reflejan desafíos de competitividad y menores ingresos por exportaciones en comparación con periodos previos (Informe PEMEX al 3T25).

• Resultados financieros y pérdidas

PEMEX ha experimentado fluctuaciones significativas en su desempeño financiero, como otras empresas del sector en el mundo.  En el primer trimestre de 2025 reportó una pérdida neta de unos 2,100 millones de dólares, resultado de menores ventas, altos gastos financieros y variaciones del tipo de cambio, en contraste con ganancias en el periodo equivalente de 2024.

Aunque algunos trimestres mostraron mejoras de EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización), la rentabilidad neta aún está condicionada por la fuerte carga de deuda y los costos asociados al servicio del pasivo total.

Razones del apoyo del Gobierno

El Gobierno de México continúa apoyando financieramente a PEMEX por varias razones estructurales y estratégicas:

• Seguridad y Soberanía energética

Desde su creación, PEMEX simboliza la seguridad y soberanía petrolera del país, suministrando combustibles esenciales y garantizando la disponibilidad interna de energía sin depender exclusivamente de importaciones. Esto ha llevado al Estado a defender su existencia incluso en momentos de crisis financiera, fiscal y operacional.

• Impacto fiscal y contribuciones

Aunque PEMEX enfrenta pérdidas, sigue siendo un contribuyente importante para el presupuesto nacional, a través de impuestos, derechos y cargas fiscales específicas. La recaudación derivada de sus actividades representa una parte significativa de los ingresos del Gobierno federal, y su debilitamiento podría tener consecuencias presupuestales amplias, especialmente en un contexto de priorización de gasto social y disciplina fiscal (Wikipedia, 2025).

• Riesgo económico sistémico

La quiebra o colapso de PEMEX implicaría un impacto macroeconómico sin precedentes: pérdida de empleos, deterioro de relaciones comerciales con socios internacionales y mayores costos de importación de combustibles, etc.. Por ello, el Gobierno prefiere apuntalar a la empresa mediante capitalizaciones, emisión de deuda y restructuraciones financieras.

Desafíos estructurales y perspectivas futuras

• Deuda y sostenibilidad financiera

A pesar de los esfuerzos por reducir la deuda financiera en 2025 con operaciones como recompra de bonos y aportaciones de capital, la empresa sigue enfrentando una pesada carga pasiva. El objetivo del Plan Estratégico 2025 2035 es reducir la deuda financiera total a alrededor de 77,300 millones de dólares hacia 2030 (IMCO, 2025). Para lograrlo, se requiere no solo disciplina fiscal interna, sino un aumento sostenido en producción y eficiencia operativa.

• Producción y mercado

PEMEX ha trazado en su plan estratégico metas ambiciosas para elevar la producción de crudo a 1 millón 800 mil bpd durante el periodo de la actual Administración (Claudia Sheinbaum), aunque dichas cifras aún están por alcanzarse debido a la declinación natural de campos maduros y retos técnicos en nuevos desarrollos (Reuters, 2025).

Incrementar la eficiencia y diversificar inversiones —incluyendo actividades con participación privada y asociaciones estratégicas— será crucial para revertir tendencias de producción decreciente y dar viabilidad financiera a largo plazo.

Conclusiones

La situación económica y financiera de PEMEX es compleja y representa un desafío tanto para la empresa como para la economía mexicana en su conjunto. Mantiene una deuda financiera que ronda los 99 mil millones de dólares y pasivos adicionales con proveedores, pese a los esfuerzos de reducción mediante recompra de bonos y apoyo gubernamental.

El respaldo del Gobierno de México —reflejado en aportes de capital, emisiones de deuda soberana y medidas fiscales específicas— responde a la necesidad de preservar estructuras energéticas estratégicas y evitar impactos negativos en la estabilidad económica nacional. El éxito de estos esfuerzos dependerá de la capacidad de la empresa para transformar su modelo operativo, reducir su carga financiera y recuperar niveles de producción compatibles con la sustentabilidad económica futura.

“En el siglo XXI estamos aprendiendo quien controla la energía, controla el destino de las próximas generaciones”. L:170126.

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ex presidente de Petroperú  y actualmente profesor Principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

OBJETIVO DEL D.U. 010 2025: DESMEMBRAR Y VENDER (MAL VENDER) PETROPERÚ

Alejandro Narváez Liceras (*)

La promulgación del D.U. 010 2025 y publicado “entre gallos y medianoche” por el Poder Ejecutivo marca un punto de inflexión en la política energética y empresarial del Estado peruano. Bajo el argumento de “reestructuración”, “eficiencia” y “sostenibilidad fiscal”, el decreto habilita una serie de medidas que abre el camino al desmembramiento y posterior venta (mal venta) de los activos estratégicos de Petroperú, la “última joya de la corona”, es decir, lo más valioso, lo más importante que nos queda a los peruanos.

Este D.U. 010 2025 no busca rescatar ni fortalecer a Petroperú, sino -sin titubeos- fragmentarlo, trocearlo, dividirlo, para facilitar su liquidación parcial o total, en condiciones desfavorables para el Estado. Mi análisis en una primera y rápida aproximación, se centra en los efectos económicos, sociales, institucionales y laborales de la norma, así como sus consecuencias de largo plazo para la soberanía energética y el interés público.

El contenido del D.U. 010 2025

Aunque el decreto se presenta como una herramienta de emergencia para “ordenar” la situación financiera de Petroperú, su arquitectura normativa revela un objetivo distinto: separar activos, aislar pasivos y preparar unidades de negocio para su venta. Entre los elementos más preocupantes destacan:

• La transferencia de activos operativos a vehículos especiales o esquemas de gestión privada.
• La priorización del pago a acreedores financieros, por encima de objetivos productivos o estratégicos.
• La reducción del rol del Estado como operador directo, transformándolo en un mero garante de deudas.

En términos económicos, se trata de un clásico proceso de asset stripping (despojo de activos) : se conservan las pérdidas en el balance público y se privatizan los activos con mayor valor económico, usualmente a precios deprimidos o coloquialmente hablando  “a precio de huevo”, es decir, por debajo de su valor real. Esta la esencia del decreto.

Costos económicos: vender en crisis es mal vender

Desde el punto de vista económico, el D.U. 010 2025 implica una transferencia de valor desde el Estado hacia el sector privado. Petroperú atraviesa una situación financiera difícil, – falta de capital de trabajo-, es evidente, pero cuenta con activos estratégicos de alto valor, como la Nueva Refinería de Talara – con vida útil económica estimada de 70 años-, la refinería de Iquitos y Conchan, el Oleoducto Norperuano (ONP), actualmente operativo, la red de plantas de venta en todo el territorio nacional, una red de 717 grifos asociados a la marca de Petroperú, una cuota de mercado del 30% a nivel nacional, etc.

Vender o concesionar estos activos en un contexto de urgencia fiscal, presión política, bajo un gobierno de transición y lo más grave, sin un análisis costo- beneficio de una decisión de capital importancia es un graso error y pésimo negocio para el país. Aceptar precios inferiores a su valor real de largo plazo golpeará a las finanzas públicas, ya que finalmente, el Estado asumirá pasivos de corto y largo plazo de la empresa de cerca de 8 mil millones de dólares al 30 de setiembre de 2025. La experiencia peruana e internacional demuestra que las privatizaciones en contextos de crisis o supuestas crisis suelen generar pérdidas patrimoniales cuantiosas para el Estado.

Además, la fragmentación de Petroperú debilita su capacidad de generar economías de escala, afectando la competencia en el mercado de combustibles y aumentando la dependencia de importaciones, con impactos directos sobre la balanza comercial y la inflación.

La privatización o gestión externalizada de bloques lucrativos disminuiría los ingresos fiscales futuros: dividendos, impuestos corporativos, regalías y utilidades que Petroperú genera como operador mayorista. La política fiscal futura del país, especialmente en un contexto de restricciones presupuestales, se vería afectada si una parte sustancial de los activos productivos queda bajo control privado.

La creación de fideicomisos, contratos fiduciarios y estructuras complejas de administración patrimonial genera costos financieros y transaccionales elevados que no están cuantificados en el decreto. Estos gastos —sumados a las comisiones de ProInversión de 144 millones de soles y honorarios técnicos especializados— reducirán aún más el valor neto obtenido por el Estado.

Costos sociales: territorios más vulnerables

Petroperú no es solo una empresa, es un actor económico clave en regiones históricamente postergadas. Su retiro o debilitamiento tendría efectos sociales inmediatos, especialmente en la Amazonía (Loreto, Ucayali y Madre de Dios).

Petroperú cumple funciones que la empresa privada no asume, como la venta de combustibles en la amazonia peruana por mandato de la Ley de Promoción a la Inversión en la Amazonia No. 27037 – 1999 que exonera la recuperación del IGV y el ISC por la venta de gas natural y combustibles, que en promedio representa en torno a 660 millones de soles sólo en el 2025 monto no recuperados por Petroperú. Asimismo, mantiene infraestructura crítica como el ONP y la articulación con economías locales en todo el territorio nacional. El D.U. 010 2025 ignora estos costos sociales, reduciendo el análisis a una lógica puramente contable.

La experiencia peruana demuestra que la retirada del Estado en sectores estratégicos incrementa la desigualdad territorial y la conflictividad social, particularmente en zonas vinculadas a la actividad extractiva (Bebbington et al., 2018).

Costos institucionales

En el plano institucional, el decreto consolida una narrativa peligrosa: que el Estado es incapaz de gestionar empresas, y que la única salida posible es la privatización. Esta visión interesada omite deliberadamente los problemas reales: captura política, mala gobernanza, directorios inestables y ausencia de planificación de largo plazo y de política energética.

En lugar de corregir estas fallas estructurales, el D.U. 010 2025 opta por desmantelar la empresa, debilitando la capacidad del Estado para intervenir en sectores estratégicos clave.  Cuando en el mundo los países emergentes y desarrollados estan fortaleciendo sus empresas públicas estratégica de energía, comunicaciones, y de otros rubros (véase México, Brasil, Colombia, Chile) en el Perú ocurre lo contrario.  Ello erosiona la credibilidad institucional y refuerza la percepción de un Estado peruano subordinado a intereses privados de corto plazo.

La intervención de ProInversión, que pasa de ser agencia promotora a autoridad decisoria en el proceso de reorganización patrimonial, modifica la gobernanza tradicional de Petroperú y transfiere poder decisorio —sin contrapeso legislativo explícito— a un organismo técnico con fines de promoción de inversión. Esto puede generar un déficit de control democrático, ya que decisiones estratégicas de unidades productivas se adoptarían sin el escrutinio suficiente del Congreso o los órganos de control.

Impacto laboral: precarización y pérdida de capital humano

Uno de los efectos más inmediatos del decreto recae sobre los trabajadores. El desmembramiento de Petroperú implica despido de personal, tercerización y pérdida de derechos laborales, bajo el pretexto de “optimización”. El costo de la planilla para el 2025 es de 128 millones de dólares que representa apenas el 3.77% del total de ingresos, y representa el 3.49% de los costos y gastos (véase EEFF auditados e informes a la SMV).

Más allá del impacto social, esta estrategia supone una pérdida de capital humano especializado acumulado durante décadas. Petroperú fue y sigue siendo la cantera de otras empresas del sector. La fragmentación institucional rompe equipos técnicos, debilita la memoria organizacional y reduce la capacidad del país para gestionar su propio sector energético.

El decreto obliga al Directorio de Petroperú a aprobar una nueva estructura orgánica y medidas de reconversión y reducción de personal en plazos muy breves, apoyado por un aporte de capital estatal de 240 millones de soles para dicho fin.

La reorganización interna y reducción de personal generará despidos masivos, con la consecuente pérdida de empleo para miles de trabajadores. Dado que Petroperú emplea a varios miles, una reducción del 30 40% significaría un impacto social profundo en trabajadores, sus familias y economías regionales donde la empresa es un actor central

Como señala la OIT (2021), los procesos de reestructuración sin enfoque social generan costos incalculables de largo plazo que superan ampliamente los ahorros fiscales de corto plazo.

Hipótesis crítica: una decisión política, no técnica

El D.U. 010 2025 no es el resultado inevitable de una crisis financiera, sino es indiscutiblemente una decisión política. Existen diversas alternativas: reestructuración organizacional ordenada, reperfilamiento de las deudas, mejora de la gobernanza, auditorías independientes, alianzas estratégicas con privados sin pérdida de control estatal, entre otras. Pero, ninguna de ellas fue tomada en cuenta.

La urgencia invocada por el Ejecutivo funciona como coartada para imponer una agenda que, en condiciones normales, enfrentaría mayor resistencia social y política -no se descarta que ello ocurra-. En este sentido, el decreto responde más a una lógica de shock que a un plan de desarrollo energético nacional.

Conclusiones

El D.U. 010 2025 no apunta a rescatar Petroperú, sino a desmembrarlo y venderlo en condiciones desfavorables para el Estado peruano. Sus efectos económicos, sociales, institucionales y laborales configuran un escenario de pérdida de soberanía energética, debilitamiento del Estado y transferencia abierta de recursos o activos públicos al sector privado. En el mundo entero las empresas públicas estratégicas de energía estan siendo fortalecidas y ampliadas, en el Perú ocurre exactamente lo contrario. Podría ser calificado como una traición a la patria y privatización de nuestra soberanía.

Finalmente, más que una solución, el decreto profundiza el problema. Petroperú requiere reforma, no liquidación. Requiere gobernanza, no fragmentación, requiere visión estratégica, no urgencia fiscal. Persistir en esta ruta implicará costos que el país pagará durante décadas. No olvidar. Décadas.  (L:02012026).

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, ExPresidente de Petroperú y actualmente profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

CRECER 6-7%: LA PROMESA FÁCIL DE LOS CANDIDATOS

Alejandro Narváez Liceras(*)

He leído un número importante de planes de gobierno de los partidos políticos que aspiran gobernar el país a partir del 2026.  En la mayoría de ellos aparece la misma frase, repetida como eslogan técnico: “PBI o crecimiento económico 6% a 7% anual sostenido”. Suena bien y entusiasma a los votantes. El problema es que esa meta, sin ruta, no es política económica: es simple propaganda. Un segundo aspecto que he encontrado en dichos planes es que confunden crecimiento económico con desarrollo o bienestar de la gente.  En este breve artículo vamos a analizar ambos puntos.

Crecer 6 – 7 u 8% es posible

El Producto Bruto Interno (PBI) es útil. Nadie sensato lo niega. Sirve para medir el valor monetario de la producción final de bienes y servicios en un periodo. Es decir, cuantifica la actividad económica. Pero de ahí a confundirlo con “desarrollo” hay un salto lógico —y moral— que el Perú paga caro. La Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009) lo dijo con claridad: el PBI tiene límites serios para reflejar el progreso social y el bienestar, y además puede inducir a decisiones públicas equivocadas si se usa como brújula única.

Crecer 6–7% de manera sostenida no es imposible, pero sí retador. Ese ritmo requiere —como mínimo— un salto simultáneo muy importante en inversión privada y pública, productividad, estabilidad institucional y seguridad. Y hoy el país arrastra lo contrario: burocracia que paraliza, obras que no se ejecutan, informalidad masiva, crimen que encarece hacer negocios y un Estado ineficiente que promete más de lo que gestiona. En ese contexto, ofrecer 6-7% sin explicar el cómo, es como prometer lluvia en sequía sin mostrar el reservorio.

¿Cómo se logra un 6–7% realista? No con arengas. Se logra con medidas concretas: destrabando proyectos, reglas claras para invertir, infraestructura, logística, energía competitiva y segura, reforma del servicio civil, justicia rápida, simplificación tributaria y una ofensiva seria contra la inseguridad. Se logra también elevando la productividad del trabajo: educación útil, salud que no te quiebre, capacitación técnica, tecnología y crédito con tasas de interés razonables para MYPEs formales (y no las tasas leoninas que actualmente rigen). En síntesis: más capacidad productiva, no solo más consumo.

La primera ceguera es la distribución del crecimiento: dos países con el mismo PBI per cápita pueden ser socialmente opuestos si uno reparte oportunidades y el otro concentra rentas en pocas manos. La segunda es la calidad del crecimiento: un boom extractivo puede inflar el PBI sin generar capacidades productivas sostenibles. La tercera es la contabilidad incompleta: el PBI no mide la economía informal (en Perú esta actividad representa en torno 20% del PBI), no toma en cuenta el efecto de la inflación (cifras nominales), subestima o ignora el trabajo no remunerado (trabajo de las amas de casa), no mide las externalidades tanto positivas como negativas que produce la economía de mercado en el medio ambiente, etc.

La trampa del PBI: confundir crecimiento con bienestar

Hay un segundo vacío más grave aún en los planes de gobierno: el reparto. Hablan del tamaño de la torta, pero callan sobre su distribución. Si el crecimiento se concentra en sectores rentistas o extractivos sin encadenamientos, el PBI sube y la vida no. El país ya conoce esa historia: cifras macro “buenas” con sueldos modestos y estancados, servicios públicos mediocres y jóvenes sin movilidad social. Sin un enfoque explícito de “crecimiento con empleo formal” y sin políticas que reduzcan brechas territoriales, la promesa de 6,7 u 8% termina siendo un promedio que no llega a la mayoría.

El PBI suma, pero no pregunta. No pregunta quién se beneficia, cómo se reparte el ingreso que se crea cada año, qué se destruye en el camino de creación de esa riqueza, ni cuánta vida digna se produce con ese crecimiento. Es decir, puede expandirse la economía mientras el empleo es informal, la seguridad se deteriora, la inseguridad alimentaria aumenta, la salud se privatiza de facto y la educación se convierte en filtro de clase. Nuevamente, los “sólidos fundamentos macroeconómicos” de los que hacen gala algunos burócratas que han copado la administración del Estado de poco sirven.  Si no van de la mano de una mejora sensible del bienestar de los peruanos, la tarea es incompleta.

Entonces, ¿es posible? Sí, condicionalmente. Un 6–7% puede alcanzarse en un rebote o en un ciclo favorable, pero sostenerlo requiere reformas y ejecución, no frases. La pregunta que deberían responder los planes de gobierno, que están obligados a presentar los candidatos, no es “¿cuánto creceremos?”, sino: ¿Qué sector liderará el crecimiento?, ¿Qué inversión lo financiará?, ¿Qué productividad lo sostendrá?, ¿Cuánto empleo formal generará y cómo se redistribuirán sus frutos? Si no contestan estas simples preguntas, la meta es solo un número bonito para campaña. Y el país, otra vez, será el que paga la factura.

Apunte final

El PBI es una cifra. El desarrollo es vida. Y un país que confunde ambas cosas termina administrando promedios y abandonando personas. Si de verdad queremos “crecer”, la pregunta no es cuánto produce el Perú, sino cuánta dignidad produce ese crecimiento. Mientras el 71% de la PEA trabaje en la informalidad y un tercio de la población viva en pobreza monetaria, el PBI podrá crecer la cifra que deseen, pero el país seguirá esperando crecimiento con bienestar. En suma, el PBI no es inútil, pero es insuficiente para orientar políticas económicas en un país de crisis alimentaria, desigualdad, precariedad laboral y pobreza estructural. (L:291225).

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y actualmente profesor Principal Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del IIEE.

ESTABILIDAD DE PRECIOS, SÍ. PERO LA ECONOMÍA REAL NO SE MUEVE

Alejandro Narváez Liceras(*)

En el debate público peruano se repite una idea que suena tranquilizadora: “al menos tenemos estabilidad de precios”. Y es cierto: la inflación se ha reducido de forma importante. Pero esa “victoria” convive con otra realidad igual de contundente: el crecimiento sigue siendo frágil, la inversión avanza con timidez, y el empleo formal no se crea al ritmo que exige un país con profundas brechas sociales. La pregunta incómoda es inevitable: ¿de qué sirve la estabilidad de precios si la economía real no se mueve?

La inflación vuelve al rango, y ¿qué?

A noviembre de 2025, el BCR reportó inflación anual de 1.37% y una inflación subyacente (sin alimentos y energía) de 1.77%. Es decir, precios contenidos y dentro del rango meta (1% -3%), con señales de normalización.

Sin embargo, lo decisivo no es solo la inflación, sino el pulso de la actividad económica: el INEI (2025) informó que el PBI creció 3.4% interanual en el tercer trimestre de 2025. Es crecimiento, sí; pero también es una cifra que se parece demasiado al “piloto automático” de una economía que ronda su potencial sin resolver cuellos de botella. Y cuando una economía se limita a crecer “cerca del potencial” mientras arrastra informalidad masiva, el resultado social suele ser el mismo: se estabiliza el precio del pan, pero no mejora la calidad del empleo que compra ese pan.

El mercado laboral revela la verdad

Aquí nuestro país es brutalmente transparente. La Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) muestra que, en el tercer trimestre de 2025, la tasa de empleo informal fue 70.6% (y el empleo formal 29.4%). Además, el propio INEI reporta que el empleo adecuado alcanzó 52,4% de la PEA, mientras el subempleo o trabajo parcial – sin derecho a nada 42.5%.

¿Qué nos dice esto? Que el Perú no está frente a un simple problema de “crecer un poco más”. Está frente a una estructura productiva que convierte el crecimiento moderado en ocupación de baja productividad. Por eso la frase “la economía no se mueve” no significa “no hay PBI”, sino que no hay movilidad social, no hay escalera de formalización, no hay salto de productividad.

El “precio del dinero”:  el freno silencioso

Aquí aparece un factor clave: el “precio del dinero” o tasa de interés. En la práctica, en el Perú la tasa de interés que un banco cobra por prestar dinero (tasa activa) a una MYPE (Micro y Pequeñas Empresas) es muy cara, y estas representan el 99% del tejido empresarial, vitales para el empleo y la economía.

Lo que realmente importa para tomar decisiones de inversión y generar empleo no es la tasa de referencia del BCR de 4.25% actual – que tanto de propalan-, sino el costo efectivo del crédito productivo. Y allí la economía real se da de bruces con una pared. La SBS (2025) muestra que, al 16 de diciembre de 2025, la tasa promedio para créditos a la microempresa en moneda nacional fue 56.81% anual. Es decir, de cada 100 soles de sus ingresos, 57 soles van al prestamista solo por concepto de intereses, fuera de la amortización del principal.

Con ese costo, pedir “más inversión privada” suena irónico, burla para los jóvenes que aspiran a emprender negocios y para los miles de empresarios que sobreviven a duras penas. El crédito caro no solo frena el capital de trabajo e inversión, también empuja a la informalidad, porque formalizarse con financiamiento prohibitivo hace que el negocio sea simplemente inviable. Esta es la economía que “no se mueve” y la que mantiene una inflación baja.

El Perú no es una economía “normal” desde el lado laboral

Según el BCR (2025), en octubre, el empleo formal total a nivel nacional aumentó en 3.4% interanual.  No obstante, si comparamos esta cifra con lo de marzo de este mismo año que fue de 7.8% la caída es preocupante, por un lado, y por otro, la tendencia es decreciente en los últimos 6 meses (véase la Nota Semanal del BCR, diciembre 2025).

Desafortunadamente, esta cifra convive con un problema estructural: el Perú sigue siendo un país donde 7 de cada 10 ocupados son informales. Cuando la informalidad domina, el desempleo abierto deja de ser el termómetro de “holgura” real del mercado laboral. En economías con alto subempleo e informalidad, el dilema tradicional de la curva de Phillips (menos inflación a cambio de más desempleo, o viceversa) actúa de forma distinta, y desplazan el centro de gravedad de la política económica hacia la productividad, inversión, competencia y formalización efectiva.

¿Qué hacer?

En política económica la estabilidad de precios es un piso, un noble objetivo a corto plazo, no un techo. Esta idea es de manual. Si el piso se convierte en objetivo final, la economía se vuelve conservadora, y el país termina administrando el estancamiento con inflación reducida. Aquí algunas ideas:

1. Estado eficiente y que ejecute: macroeconomía robusta pierde legitimidad cuando el ciudadano observa servicios públicos de pésima calidad e inmóviles.
2. Acelerar inversión y destrabar proyectos (públicos y privados) con metas verificables, reducción de trámites y mejoras reales en permisos.
3. Política monetaria y crediticia con foco productivo: más competencia financiera y mejores esquemas de garantías focalizadas para MYPEs. Con tasas de interés leoninas no hay transición a la formalidad.
4. Productividad e institucionalidad: sin reformas micro (competencia, simplificación regulatoria, calidad del gasto), la economía seguirá con crecimiento “corto”.
5. Empleo formal como objetivo explícito: políticas de capacitación, formalización viable y reducción de costos no salariales que castigan la contratación.

Apunte final

La estabilidad de precios es un logro macroeconómico valioso, pero no es un proyecto de país. Cuando la economía no se mueve, la estabilidad se vuelve una tarea incompleta: orden sin progreso. Obviamente, el Perú necesita controlar la inflación y, al mismo tiempo, atacar el núcleo del estancamiento: inversión débil, productividad baja, trabas institucionales y un mercado laboral que no convierte crecimiento en bienestar.

La pregunta final no es si queremos inflación baja, eso es obvio. La pregunta es: ¿queremos una economía estable que apenas respira, o una economía estable que genere empleo, productividad y futuro?  L:201225

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y actualmente profesor Principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del IIEE.

Temas para el debate:

Alejandro Narváez Liceras(*)

El Perú exhibe una de las paradojas más persistentes y desconcertantes de América Latina: una macroeconomía robusta coexistiendo con una profunda fragilidad social. Mientras las autoridades económicas resaltan la baja deuda pública, la estabilidad monetaria y la solvencia externa, millones de peruanos padecen de inseguridad alimentaria grave o moderada, empleos precarios y servicios públicos insuficientes. Esta dualidad, lejos de ser un fenómeno reciente, ha alcanzado un punto crítico en el periodo 2024–2025, revelando los límites de un modelo económico concentrado en estabilidad, pero muy débil en redistribución, institucionalidad e inclusión social.

En este artículo   intentaré analizar esta paradoja mostrando algunas evidencias y cómo la política económica debería recuperar su esencia, su razón de ser: el bienestar de la gente.

Política económica y su fin supremo

La política económica —en teoría y en práctica— debería orientarse a mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, la atención y el debate se ha desplazado hacia temas estrictamente técnicos: equilibrio fiscal, metas de inflación, disciplina monetaria o estabilidad macroeconómica. Aunque estos elementos son importantes, pierden sentido cuando no se traducen en bienestar concreto para la población. Adam Smith (1776) advertía que la riqueza de una nación no radica únicamente en la acumulación de capital, sino en la capacidad de mejorar la vida de sus habitantes. De igual forma, Keynes (1936) señalaba que la economía debía estar al servicio de las necesidades humanas y no al revés.

Fortaleza macroeconómica: un espejismo estadístico

Desde la perspectiva estrictamente macroeconómica, el Perú mantiene indicadores que, en apariencia, son mejores que los de sus pares en la región. El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) reportó que la inflación retornó al rango meta en 2024, ubicándose en 1.4% al 3T2025, una cifra significativamente inferior al promedio regional. Asimismo, las reservas internacionales netas superan los 90 mil millones de dólares en noviembre de 2025 (26% del PBI), otorgando un colchón importante frente a episodios de volatilidad externa.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (2025) ha insistido en que la deuda pública se mantendrá en torno al 31.3% del PBI para el 2025, una de las más bajas de América Latina, lo que preserva grados de libertad de la política fiscal. Cabe destacar que el Perú cuenta con un reducido déficit fiscal de 2.4% al 3T2025 (BCR: RI3T25), solo superado por Chile.  Además, el sistema bancario peruano exhibe una ratio de solvencia o capital global (RCG) a septiembre de 2025 de 17.2%, nivel mayor al mínimo regulatorio exigido de 10%.

No obstante, este conjunto de cifras genera una ilusión de estabilidad que no captura la precariedad social subyacente. La macroeconomía peruana parece diseñada para ofrecer una imagen de fortaleza que no se traduce en mejoras sustanciales para la mayoría de la población. La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve la estabilidad fiscal si no logra revertir la desigualdad ni cerrar brechas históricas en salud, educación o infraestructura?

El rostro oculto: pobreza, desigualdad y hambre

La pobreza monetaria (ingresos) se elevó a 27.6 % en 2024 (INEI, 2025), lo que significa que cerca de uno de cada tres peruanos no logra cubrir una canasta básica de consumo. Más alarmante aún, la pobreza extrema volvió a crecer (5.5%) por primera vez en una década. Consecuencia de este panorama y según el informe del MINSA (2025) 33,000 peruanos padecían tuberculosis en el 2024, y de acuerdo a la OMS la cifra real podría estar en 59,000 casos. Perú está entre los países con mayor aumento de esta enfermedad en América Latina.

Por otro lado, el 41% de la población peruana experimentó inseguridad alimentaria grave o moderada (falta de acceso continuo y suficiente a alimentos) entre 2022 y 2024, la cifra más alta de América del Sur (FAO, 2025). La anemia en niños menores de tres años subió a 45.3% y la desnutrición crónica en menores de cinco años alcanzó al 12.6% (ENDES 2025-I). El país de la mejor cocina del mundo golpeada por la falta de comida, ¡vaya paradoja!  La precariedad laboral sigue siendo la norma: más del 70 % de la población ocupada trabaja en la informalidad, con ingresos inestables y sin protección social, y un 42.3% de la PEA es subempleada (INEI, 3T25), es decir, trabajadores sin derecho a nada.

La fragilidad social no es solo una consecuencia económica, es también el reflejo de un Estado ineficiente e indolente, cuya presencia fuera de Lima es débil, fragmentada y, en muchos casos, inexistente. Esta ausencia institucional, combinada con décadas de baja inversión pública en infraestructura, educación, salud, etc., explica por qué amplios sectores de la población siguen en el abandono del Estado pese a los buenos indicadores macroeconómicos que tanto se propalan.

Estabilidad arriba, colapso abajo

El contraste entre estabilidad macro y deterioro social evidencia la naturaleza incompleta del modelo económico peruano de más mercado y menos Estado. Como señala el FMI (2024), economías con fundamentos sólidos pueden fracasar si carecen de instituciones capaces de traducir el crecimiento en bienestar. El Perú es un ejemplo paradigmático: sólido en cuentas fiscales, muy débil en cohesión social, eficiente en estabilidad monetaria, ineficiente en provisión de servicios públicos. Simplemente, no hay correlación entre ambos.

El problema no es únicamente distributivo, sino estructural: el crecimiento peruano ha dependido excesivamente de ciclos de precios de materias primas y de un sector privado dinámico que opera al margen de un Estado rezagado. Esta desconexión genera una economía primaria exportador que coexiste con una sociedad vulnerable, lo que explica la crisis social permanente y la desconfianza hacia las instituciones del Estado.

En términos concretos, la fragilidad social no es un accidente: es el resultado acumulado de un Estado débil e ineficiente, una élite económica egoísta y desconectada del Perú real y una “clase política” más centrada en disputas internas por pequeñas cuotas de poder que en diseñar un proyecto nacional.

¿Para quién crece la economía? La pregunta que incomoda

La economía no crece en abstracto, crece para alguien. La pregunta clave, planteada por clásicos y contemporáneos, es quién se beneficia de ese crecimiento. Según Amartya Sen (1999), el desarrollo debe medirse por la expansión de capacidades reales de las personas, no por la magnitud del PBI.  Si el empleo es informal, los salarios son bajos y los servicios públicos son deficientes, entonces un crecimiento elevado carece de sentido moral y político.

El bienestar colectivo no es una consecuencia automática del crecimiento económico, es la resultante de políticas públicas deliberadas. Cuando el Estado deja que el mercado resuelva por sí solo problemas como pobreza, desigualdad o exclusión, lo que en realidad hace es perpetuar las brechas estructurales que afectan a los sectores más vulnerables.

La responsabilidad del Estado: más allá de la retórica económica

El Estado es el principal arquitecto de la política económica, y por tanto el primer responsable de que sus objetivos estén alineados con el bienestar social. Keynes (1936) advertía que una economía abandonada a la “mano invisible del mercado” podía generar más inestabilidad que prosperidad, precisamente porque el mercado no garantiza pleno empleo ni protección social. En este sentido, la intervención del Estado no es una anomalía, sino una necesidad para ordenar el sistema económico.

Sin embargo, en países con débil institucionalidad, la política económica se ha vuelto un ejercicio elemental tecnocrático desconectado de la realidad social. Se celebran metas fiscales mientras aumentan la informalidad, la pobreza, el hambre. Se aplaude la estabilidad monetaria mientras se deterioran los servicios de salud, educación y seguridad. Esta desconexión erosiona la legitimidad del Estado y, en última instancia, mina la cohesión social que luego explotará. Sin justicia social no habrá paz social duradera y genuina en el Perú.

Conclusión

El Perú vive atrapado en una paradoja profunda: presume de estabilidad macroeconómica sólida mientras su tejido social se deshace lentamente. Los logros monetarios y fiscales, aunque importantes, no compensan la fragilidad social que amenaza con socavar la cohesión nacional. El verdadero desafío no es mantener el orden macroeconómico, sino construir un Estado capaz de transformar tales cifras en bienestar, estabilidad en desarrollo y crecimiento para todos.

La política económica debe recuperar su esencia: mejorar la vida de las personas. Reducirla a un mero ejercicio de equilibrios macroeconómicos es vaciarla de contenido ético y social. El progreso genuino requiere un Estado capaz de combinar estabilidad monetaria y fiscal con políticas públicas que generen oportunidades reales para todos los peruanos. El desafío no es solo técnico, sino moral: recordar que los números sólo tienen valor en economía cuando se traducen en bienestar humano. (L:131225)

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y actualmente profesor Principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del IIEE.

(**) El artículo completo puede leerse en: www.alejandronarvaez.com

El Perú se enfrenta a una encrucijada energética. Pese a su riqueza en recursos naturales y su potencial en energías renovables, el país carece de una política energética integral, moderna, visionaria y orientada al interés nacional. La creciente dependencia de combustibles fósiles importados (petróleo, diésel, GLP), la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica y el desbalance territorial en el acceso a la energía revelan una debilidad estructural que compromete la seguridad energética del país en el futuro cercano.

Este vacío estratégico es aún más grave en el contexto de una geopolítica global incierta, donde los precios internacionales de la energía son volátiles y las disputas tecnológicas entre potencias afectan las cadenas de suministro. Este artículo sostiene que el Perú no solo necesita una política energética urgente, sino que ésta debe estar diseñada como un componente clave de soberanía y desarrollo nacional.

La seguridad y soberanía energética

Para la Agencia Internacional de Energía (2024), “la seguridad energética implica asegurar un suministro continuo, accesible y sostenible de energía para sostener la economía y el desarrollo humano”. Cuando hablamos de seguridad energética, no nos referimos a una única energía ni a una tecnología específica, sino al sistema completo que sostiene la economía y la vida cotidiana de la gente. Es un concepto transversal que engloba electricidad, combustibles, renovables, infraestructura, precios, acceso territorial y resiliencia climática. En suma, la seguridad es una meta práctica de suministro, y la soberanía energética el concepto político y social de poder y control más amplio de un país para decidir sus fuentes, producción y políticas energéticas buscando la autosuficiencia y justicia social.

En el Perú, esta noción ha sido ignorada o reducida a medidas parciales y sin planificación de largo plazo. La producción nacional de petróleo (el recuso más vital de la civilización moderna) cubre menos del 25 % de la demanda interna, lo que obliga importar el 75% restante. El Diésel el de mayor demanda en el mercado peruano (148MBDC) la producción local asciende a 82MBDC y el resto viene de fuera. Ocurre algo parecido con el GLP, cuya demanda nacional es de 74MBDC, mientras que la producción local alcanza a 41MBDC (DGH 2025). El gas natural de Camisea (Lote 88) con una declinación creciente de reserva probadas, sigue concentrado en la costa sur y su distribución nacional es desigual. Las millonarias importaciones implican para el país sangría de divisas.

La ausencia de una política energética nacional con enfoque de seguridad expone al país a escenarios críticos, como cortes masivos, inestabilidad tarifaria o desabastecimientos regionales. En tiempos de crisis geoeconómica global, esa debilidad puede traducirse en una pérdida de autonomía económica grave para el país.

Otros ejemplos: El Euro 6 en Petroperú, con exiguo presupuesto y ahora en stand by, la promoción de Hidrógeno Verde (ley 31992), que aún no arranca.  En materia de energía nuclear, el IPEN con 50 años de vida tiene una contribución muy modesta, en cambio países como China, Rusia e India consideran este tipo de energía de capital importancia para su desarrollo.

El sistema eléctrico: fragilidad y desigualdad territorial

La matriz eléctrica peruana tiene un componente hidroeléctrico dominante (cerca del 55%), pero el sistema presenta problemas de concentración, obsolescencia y falta de planificación. El 70 % de la energía se genera en pocas plantas, ubicadas en zonas vulnerables a eventos climáticos extremos (Huancavelica, Huánuco, Ancash, Cusco), lo cual reduce la resiliencia del sistema (COES, 2024). Además, la distribución eléctrica está altamente centralizada. Zonas enteras, especialmente en la Amazonía y la sierra rural, no cuentan con cobertura o sufren cortes frecuentes. Según el MINEM (2025), más de 1 millón de peruanos aún no tiene acceso regular a electricidad.  Claramente, este panorama refleja la incapacidad del Estado para garantizar un derecho básico que condiciona la educación, la salud, el trabajo y la productividad.

La trampa del gas natural

El caso del gas natural de Camisea es ilustrativo de cómo el Perú convierte ventajas comparativas en problemas estructurales. Si bien el país produce en torno a 1,500 millones de pies cúbicos por día (MMPCD), la masificación del gas a domicilio que llego de Camisea a Lima en 2004, va a paso de tortuga. La infraestructura de transporte es muy limitada, las tarifas de conexión siguen siendo elevadas. En suma, los beneficios no han llegado a la mayoría de hogares peruanos ni a pequeñas industrias.

¿Cómo puede un país con abundante gas natural seguir cocinando con balones de GLP importado y costoso?  Esta pregunta resume una política orientada a maximizar ganancias de unas pocas empresas que han llegado al Perú para hacerse con el lucrativo negocio de un recurso no renovable.

Transición energética: más discurso que acciones

La transición energética es una obligación global frente al cambio climático. Pero en el Perú, esta transición avanza a un ritmo muy lento, sin coordinación y sin vinculación con las comunidades. El país posee alto potencial en energía solar y eólica pero los proyectos son aislados, y la inversión privada no ha sido acompañada de un marco regulatorio promotor e institucional sólido.

El Ministerio del Ambiente (2024) reconoce que el 50 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país proviene del sector energía y transporte. Sin embargo, no existe un plan nacional de electrificación del transporte ni incentivos reales para promover eficiencia energética. Una transición sin justicia energética, es decir, sin acceso universal, tarifas justas y participación de las comunidades, es una transición fallida.

El rol estratégico de Petroperú en la seguridad energética

La empresa estatal Petroperú ha sido sistemáticamente debilitada, politizada y convertida en chivo expiatorio de la pésima política energética seguida en el país. Sin embargo, pese a sus dificultades financieras y al acoso recurrente de algunos medios y mentes nubladas, sigue siendo un actor clave para garantizar el abastecimiento de combustibles, a lo largo y ancho del país. Es la palanca que mueve la aguja de la economía financiando parte del presupuesto nacional con los impuestos que recauda y paga.

Con la Nueva Refinería de Talara (considerada como una de las 7 más modernas del mundo) y actualmente en etapa de optimización, el Perú tiene ahora la posibilidad de producir combustibles más limpios, con estándares internacionales y reducir en gran parte su dependencia externa. Pero sin una política energética de Estado que le dé a Petroperú el empuje para ser un negocio integrado verticalmente, su futuro no es halagüeño.

Conclusión

El problema del Perú no es la falta de energía, sino la falta de política de Estado. Se necesita una política energética integral, moderna, con enfoque de seguridad y soberanía nacional. La dependencia de combustibles importados, la desarticulación territorial, la concentración del sistema eléctrico, la escasa masificación del gas y el atraso en la transición energética conforman un cuadro alarmante.

Pero más grave aún, es la ausencia de visión estratégica. La energía no es solo un recurso económico, es un instrumento de desarrollo humano y de soberanía. En un mundo en proceso de desglobalización, donde las cadenas energéticas están condicionadas por la geopolítica, los países que no planifican serán subordinados. Finalmente, no hay economía sólida ni justicia social posible sin una política energética que garantice continuidad, accesibilidad y sostenibilidad. (L:061225)

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(*) Es actualmente profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ex presidente del Directorio de Petroperú.

(**) Este articulo y otros del autor tambien puede leerse en: www.alejandronarvaez.com

Sin duda, será año crucial para el Perú. No sólo por el proceso electoral que definirá un nuevo gobierno, sino también por la coyuntura crítica donde convergen: fragilidad institucional, inestabilidad política, crecimiento económico débil, descontento social, inseguridad ciudadana y una corrupción generalizada que engulle el país entero. A la fragilidad interna se suma un entorno internacional adverso marcado por una crisis geopolítica aguda. El conflicto entre grandes potencias, la disrupción de cadenas de suministro, la desaceleración de la economía mundial, etc., configuran un marco en el que los países de ingreso medio, como el Perú, enfrentan importantes desafíos. Este artículo explora los principales factores que determinarán el escenario nacional en 2026 y plantea una reflexión sobre la preparación del país para enfrentar un mundo que exige Estado fuerte, visión estratégica y claridad en la conducción económica.

Un entorno internacional adverso

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía mundial continuará desacelerándose hacia 2026, afectada por el endurecimiento de condiciones financieras, los efectos rezagados de la inflación global y la fragmentación de las reglas del comercio internacional. Países como Estados Unidos y China continúan disputando espacios de influencia económica y tecnológica, lo que provoca la reconfiguración de cadenas de suministro y la imposición de nuevas barreras comerciales.

Para una economía abierta y dependiente de materias primas como el Perú, este escenario implica volatilidad de precios de minerales, presión sobre balanza comercial y un mayor riesgo de choques externos. En términos concretos, el Perú sigue dependiendo de factores que no controla, lo que revela la ausencia histórica de una estrategia de diversificación productiva como política de Estado. Los precios del cobre, el oro, el zinc, la plata, seguirán sujetos a alta volatilidad debido a los conflictos geopolíticos en Medio Oriente, las tensiones en el Sur de China, Ucrania y el conflicto en el Caribe que puede ser un cisne negro para la región.

El cobre, clave para la transición energética, podría sostener nuestra balanza comercial, pero está condicionada por conflictos sociales no resueltos, demoras en proyectos mineros y debilidad regulatoria. El Perú tiene ventajas geológicas, pero limitaciones institucionales impiden convertir el auge de la demanda de minerales como el cobre en desarrollo sostenible e inclusivo.

Política y gobernabilidad: un país agotado de crisis

Para 2026, el riesgo es evidente. La polarización vuelve a capturar la agenda pública, postergando decisiones cruciales. El país necesita estabilidad, pero la estructura política actual la hace improbable. Las pugnas entre Congreso y Ejecutivo, la crisis y la atomización de los partidos políticos, la fragmentación legislativa y la ausencia de liderazgos claros erosionan la capacidad del Estado para ejecutar políticas a largo plazo.

El FMI (2024) advierte que sin estabilidad institucional ninguna política económica puede generar resultados sostenibles. La crisis política erosiona la inversión, debilita la gestión pública y alimenta la desconfianza social. La gobernabilidad será, más que nunca, el factor determinante de la trayectoria económica. De manera que, una reforma política integral con nuevos actores, que implique, reglas claras para la relación entre los poderes del Estado, renovación de liderazgos, entre otros. etc., pueden coadyuvar a la deseada gobernabilidad.

Pobreza y desigualdad:  retrocesos profundos

Mientras el país presume de una macroeconomía robusta con sólidos fundamentos macroeconómicos, más de 90 mil millones de dólares de reservas internacionales (ahorro del país), bla, bla, bla. la fractura social aumenta. Esta realidad es indiscutible.   El INEI (2025) estima la pobreza monetaria en torno al 29%, mientras la informalidad laboral supera el 70%, y el subempleo, es decir, sin derecho a nada, corresponde al 43% de la PEA (INEI, 3T2025), etc. El Banco Mundial (2024) advierte que, sin reformas estructurales, el Perú podría quedar atrapado en un “estancamiento social” que reproduzca círculos de desigualdad y menor productividad generalizada.

Desde una perspectiva crítica, el país no enfrenta un problema de recursos, sino de políticas de Estado con sentido de nación. La ausencia de un Estado eficaz impide que el crecimiento económico se convierta en bienestar real para todos los peruanos, fundamento clave de los objetivos de política económica.

La inseguridad desbordada

El Perú llega al 2026 con una crisis de seguridad sin precedentes. El INEI (2024) reporta que la inseguridad es el principal problema percibido por más del 85% de la población. La inseguridad impacta directamente en la vida cotidiana de la gente, en las decisiones de inversión, en la actividad económica y en la percepción internacional de estabilidad, convirtiéndose en una amenaza real para el crecimiento económico.

El deterioro de la seguridad es el síntoma de un Estado débil. El aumento del crimen organizado, el sicariato, las extorsiones y los delitos violentos de los pandilleros de cada día, es también, consecuencia de una profunda fragmentación social de la sociedad peruana. Se requiere: una reforma integral del sistema de seguridad (inteligencia policial, control territorial, reforma penitenciaria), reforma del código penal, y simultáneamente, atacar las causas estructurales (desempleo, desigualdad, hambre, exclusión) que los produce.

¿Está preparado el Perú para un mundo fragmentado?

El concepto de geoeconomía —entendido como el uso del comercio, la tecnología y las finanzas como armas de poder— ha transformado completamente el funcionamiento del sistema mundial. Las potencias ya no compiten sólo por mercados, sino por influencias estratégicas.

En este escenario, el Perú necesita redefinir su política exterior, diversificar socios comerciales y fortalecer su participación en organismos multilaterales. No hacerlo implica quedar atrapado en la periferia, como un país irrelevante en un mundo donde la competencia económica se mezcla con tensiones militares y tecnológicas.

Apunte final

El Perú enfrenta en 2026 un conjunto de desafíos que trascienden la coyuntura electoral.  Estos desafíos (crecimiento económico débil, precios volátiles de minerales, inestabilidad política, fractura social, inseguridad ciudadana, corrupción crónica), constituyen los pilares de una agenda mínima para cualquier candidato que aspire a gobernar el país.  En todo caso, la pregunta clave, es: ¿contará el país con líderes capaces y honestos para enfrentar dichos desafíos en un entorno internacional que exige un Estado fuerte, una visión estratégica y reformas profundas? (L:2911225)

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(*) Es  actualmente profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Director del Instituto Internacional de Economía y Empresa.

Como cada año, la revista británica The Economist ha publicado su conocido informe The World Ahead 2026, en el que identifica 10 grandes tendencias que definirán el curso global del próximo año. La revista advierte que el mundo enfrentará un entorno más volátil, marcado por un reordenamiento estratégico de las grandes potencias, tensiones persistentes en la economía mundial y un avance acelerado de la tecnología que transformará mercados laborales y estructuras productivas.  Sin embargo, más allá del tono prospectivo de la revista, analizamos en este articulo los riesgos y limitaciones reales a los que se enfrentara el mundo en el 2026. Veamos:

2026: Estados Unidos celebrará 250 años de independencia

Celebrar 250 años de historia debería ser un hito histórico y una gran ocasión de unidad nacional. Sin embargo, The Economist anticipa algo muy diferente. Señala que hay narrativas radicalmente opuestas sobre el pasado, el presente y el futuro de los Estados Unidos. Tanto demócratas como republicanos tienen su propia versión al respecto. Mientras tanto, la crisis política y social interna se polariza, en lugar de sanar viejas heridas. ¿Cuál prevalecerá? La pregunta es pertinente.

La deriva geopolítica del mundo actual

Se vislumbra la guerra fría 2.0 con bloques liderados por EE.UU. y China o mundo multipolar, es decir, un reparto de espacios de influencia al estilo de otros tiempos entre Washington, Pekín y Moscú. La revista advierte que el 2026 puede ser un año mucho más caótico e impredecible. Por otro lado, otros países emergentes puede que no encajen en esa triada, entre ellos (India, Brasil, Sudáfrica, Turquía, Arabia Saudí, etc.). Las instituciones creadas en Bretton Woods 1944 (BM, FMI,) controladas por Occidente, están siendo desplazadas por otras como el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD). El resultado puede ser un mundo más fragmentado donde cada país compita para sobrevivir. El mundo está navegando sin conductor, las Naciones Unidas no funciona y estamos ante un tablero geopolítico difuso.

Guerra o paz en el mundo

En el 2026 no sabemos si el mundo vivirá en guerra o en paz. The Economist pronostica ambas a la vez. La frágil tregua en Oriente Medio, no abemos cuánto durará, sin embargo, varios conflictos seguirán activos (la guerra en Ucrania tal vez continúe, posible conflicto bélico en el caribe, las luchas civiles en Sudan, etc.) y seguirán poniendo en constante tensión a las grandes potencias militares.  Habrá tensiones crecientes en zonas insospechadas como el ártico. Estaremos ante una nueva normalidad bélica global y tensión permanente incitada por los guerreristas para beneficio de la industria militar norteamericana y europea.

La Unión Europea (UE) en declive

La UE tiene muchos frentes abiertos, por tanto, el viejo conteniente hará malabares con varios frentes a la vez. Por un lado, aumentar el presupuesto de defensa para defenderse de la supuesta amena rusa y por otro el distanciamiento con EE.UU.  Las finanzas públicas maltrechas, un déficit público en torno al 7% en promedio, la deuda creciente reflejada en que la mayoría de sus miembros supera el 100% de su PBI, así como la caída de su peso en el PBI mundial del 25% en el 2000 al 15% actual, son consecuencias de las políticas económicas erradas de los últimos años.

La oportunidad de China

El gigante asiático se presenta como el nuevo jefe de la fiesta.  El vacío que deja Occidente será cubierto por los chinos. La revista señala que el 2026 será una oportunidad estratégica para China.  China se presenta ante el Sur Global como campeona de la inversión, en línea con la nueva ruta de la seda que se inició en el 2013. Mientras Washington va por el mundo regañando a sus aliados, China va tejiendo relaciones de beneficio mutuo ofreciendo tecnología, inversiones, becas para estudiantes extranjeros, exenciones de visa, etc. Por supuesto, en China no todo es color de rosa: la amenaza de la deflación, el desempleo juvenil, una deuda pública en aumento y una población que se encoje, son sus principales desafíos internos.

Deuda mundial impagable y riesgo de crisis

La deuda publica global total alcanzó un máximo histórico de aproximadamente 324.3 billones de dólares en el primer trimestre de 2025 (330% del PBI mundial), un aumento de 7.5 billones de dólares desde finales de 2024. Se espera que esa deuda continúe creciendo. El Instituto Internacional de Finanzas (IIF) proyecta un aumento de más de 5 billones de dólares en 2025, con EE. UU., Japón, China, India, Francia, a la cabeza. La deuda de 59 países representa el 80% de su PBI (FMI, 2025.). La deuda pública podría ser una causante de severa crisis en 2026 debido a un “pico” en los vencimientos de dichas deudas, en un entorno de crecimiento global débil, tasas de interés altas y una mayor vulnerabilidad de los mercados emergentes, lo que afectará el crecimiento y las inversiones.

La fiebre de la IA

La inteligencia artificial (IA) ha sido la protagonista indiscutible del 2025 y lo seguirá siendo en el 2026. Según la revista está provocando un gasto desbocado en infraestructura, enormes inversiones en centros de datos y chips especializados, entre los que destacan los GPU (unidad de procesamiento gráfico) de Nvidia. Por otro lado, la euforia por la IA y las acciones de las 7 magnificas (Nvidia, Microsoft, Tesla, Amazon, Apple, Meta, Google) pueden estar gestando una burbuja financiera similar a las puntocom de fines de los 90.  Actuadamente, estos 7 gigantes concentran el 36% del índice S&P 500, mientras otras empresas languidecen. Tal vez el próximo año veamos los primeros   batacazos de empresas, por promesas   de IA no cumplidas.

Conclusiones

Las tendencias del 2026 revelan un mundo inmerso en transformaciones profundas: reacomodo geopolítico, tensiones macroeconómicas, aceleración tecnológica, transición energética conflictiva y fragmentación social creciente. Sin embargo, es de reconocer que la clave no está únicamente en identificar tendencias, es también importante comprender sus interacciones y consecuencias. La economía global del 2026 no será simplemente más volátil, sino también más desigual.

La pregunta de fondo es: ¿están los países preparados para navegar este nuevo año o seguirán respondiendo con políticas reactivas que solo prolongan los desequilibrios que intentan corregir? El 2026 será, sin duda, un año que pondrá a prueba la solidez de las instituciones, la calidad del liderazgo político y la capacidad de adaptación de las economías a un entorno que cambia más rápido de lo que muchos gobiernos están dispuestos a reconocer (L:221125).

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(*) Es actualmente, Profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del Instituto Internacional de Economía y Empresas.

En el Perú, la política cambiaria se ha caracterizado por un régimen de “flotación sucia”, o managed float, en el cual el tipo de cambio no se deja totalmente al arbitrio del mercado, sino que es intervenido discrecionalmente por el Banco Central de Reserva (BCR). Este esquema híbrido ha sido uno de los pilares de la política monetaria del banco emisor desde los años 2000, apuntando a evitar volatilidades abruptas que afecten la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación. Sin embargo, una de sus consecuencias más relevantes —y menos debatidas— es su efecto directo sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN) , que constituyen el principal escudo financiero externo del país, así como sus efectos colaterales: pérdida de competitividad exportadora, fortalecimiento artificial del sol, y una creciente dependencia de la acumulación de reservas internacionales. Este artículo propone una reflexión crítica sobre los efectos del régimen cambiario actual en la economía peruana y su sostenibilidad en el mediano plazo.

Naturaleza del régimen y sus efectos

El régimen de “flotación sucia “o “flotación administrada” permite que el tipo de cambio sea determinado principalmente por el mercado, pero con intervenciones del BCR para evitar fluctuaciones bruscas. En teoría, esto otorga flexibilidad frente a shocks externos. En la práctica, sin embargo, el Banco Central ha intervenido activamente en el mercado cambiario con compras (como la reciente compra del 6 de noviembre de 2025 por 27 millones de dólares) y ventas de divisas que en algunos años han superado los 10, 000 millones de dólares anuales (BCR, 2023). Estas acciones, aunque estabilizadoras en el corto plazo, distorsionan los precios relativos e impiden un ajuste real de la economía ante desequilibrios externos

Uno de los efectos más evidentes de la “flotación sucia” ha sido la apreciación real de nuestra moneda, el sol. A pesar de los vaivenes internacionales, el tipo de cambio ha permanecido relativamente estable, oscilando entre 3.40 y 4.10 soles por dólar en la última década. Esta estabilidad, si bien beneficiosa para los importadores y el control inflacionario, ha erosionado la competitividad de las exportaciones no tradicionales, cuyos costos se han mantenido elevados en términos internacionales. Sectores como el textil, la agroindustria o el metalmecánico han visto reducida su rentabilidad, incentivando una reprimarización de la economía, como la agricultura, la minería y la extracción de recursos naturales.

Reserva internacional y vulnerabilidad externa

Las intervenciones del BCR se financian con la acumulación de reservas internacionales, las cuales al 12 de noviembre de 2025 totalizaban 89,937 millones de dólares que equivale al 26% del PBI (BCR noviembre 2025). Si bien este colchón fortalece la percepción de solvencia financiera, también implica costos de oportunidad para la economía peruana. El mantenimiento de reservas excesivas en instrumentos financieros de bajo rendimiento genera un drenaje de recursos que podrían ser utilizados en inversión pública productiva y mejorar el bienestar de los peruanos. Además, el exceso de reservas expone al país a pérdidas contables cuando el dólar se devalúa globalmente como viene ocurriendo actualmente. Concretamente, las RIN del BCR están constituidos principalmente por activos internacionales líquidos como depósitos en bancos extranjeros, bonos de gobiernos y organismos internacionales.

Sesgos y riesgos de la política cambiaria actual

El sesgo a la apreciación o revaluación del sol, promovido por el BCR en su afán de mantener la inflación bajo control, tiene implicancias distributivas: favorece a los sectores importadores y financieros, pero perjudica a los exportadores, a las pequeñas empresas. Asimismo, genera un espejismo de estabilidad macroeconómica que puede desincentivar reformas estructurales necesarias. Por otro lado, en un contexto de mayor volatilidad financiera global, mantener artificialmente bajo el tipo de cambio puede convertirse en una trampa, como ocurrió en otros países latinoamericanos que vieron desplomarse sus monedas ante eventos externos (casos de Argentina en 2020 o Colombia en 2022).

Alternativas a la “flotación sucia”

Para superar los límites de la “flotación sucia”, es necesario rediseñar la estrategia cambiaria bajo criterios de desarrollo productivo y diversificación exportadora. Esto a mi juicio implica:

• Redefinir la banda de intervención para permitir una mayor flexibilidad que favorezca la competitividad.
• Establecer reglas explícitas de intervención, lo que aumentaría la transparencia y previsibilidad de la política cambiaria.
• Coordinar la política monetaria con la política fiscal y la comercial, para lograr una alineación coherente con los objetivos de política económica del país.
• Reducir la concentración del poder de decisión del BCR, promoviendo una supervisión más democrática y técnica de su actuación.

Apunte final

La “flotación sucia” del tipo de cambio ha sido funcional para garantizar la estabilidad macroeconómica y reducir la inflación durante más de dos décadas. Sin embargo, esta herramienta ha llegado a sus límites. Su uso intensivo ha generado distorsiones productivas, pérdida de competitividad, concentración sectorial y dependencia excesiva de las reservas internacionales. En un entorno mundial incierto, el país necesita transitar hacia un régimen más transparente, flexible y alineado con un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. La estabilidad cambiaria no puede seguir sosteniéndose a costa del estancamiento productivo. Es urgente debatir abiertamente los costos ocultos del régimen cambiario actual. (L:161125)

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1. Es actualmente profesor Principal de Economía Financiera en San Marcos y director del Instituto Internacional de Economía y Empresa.
2. En el próximo articulo analizaremos los efectos del régimen cambiario de “flotación sucia” en las Reservas Internacionales.

Las declaraciones de algunos miembros del Ejecutivo y la narrativa de analistas difundida en distintos medios locales, señalando que “Petroperú es una empresa inviable” y que “todos estamos pagando los altos sueldos de sus empleados”, han reactivado un viejo debate público. Estas afirmaciones, además de contundentes, tienen un efecto perverso y operativo: plantean la inviabilidad de la empresa estatal como premisa para retirar del mercado. Pero cuando se confrontan con los datos objetivos financieros y operativos de Petroperú, dichas narrativas se diluyen y no resisten un análisis serio. Este artículo lo hace, examinando los hechos relevantes para construir una respuesta informada y contrastada.

¿Inviabilidad automática o condición crítica?

El término “inviable” implica que la empresa no puede sostenerse, carece de expectativas de recuperación y que su continuidad es inviable sin liquidación o privatización. Sin embargo, una lectura más completa y objetiva de los datos reportados por la propia empresa a los organismos supervisores y a la Junta General de Accionistas, permite desmentir esta conclusión:

1. a) Mejoría de la pérdida neta

La mejora relativa de la pérdida de 2024 frente a 2023, es una reducción de 24 % (2023: —US$ 1 022 millones y 2024:  US$ 774 millones). Esto no equivale a rentabilidad, pero muestra que no se trata de un deterioro incesante, sino, un punto de inflexión gracias a las medidas tomadas por la administración de Narváez en noviembre del año pasado. Para 2025 se proyecta un EBITDA positivo conservador de 5 millones de dólares (2024: -296 MM de dólares). Esta cifra supone un cambio de tendencia en su historia reciente, lo que permite avizorar una ruta de recuperación. Esto no significa que la crisis esté superada, pero muestra que hay una tendencia de estabilización en sus indicadores operativos clave.

1. b) Auditoría con dictamen limpio

La empresa obtuvo un dictamen sin salvedades de la firma auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) para los estados financieros 2024. Si bien este hecho no confirma la viabilidad plena de Petroperú, pero sí reduce el nivel de riesgo de “inviabilidad técnica “y la confiabilidad de la información que ofrece Petroperú a la opinión pública.

1. c) Activos estratégicos de largo plazo

Aunque gran parte del debate enfatiza las pérdidas, omitir el valor de los activos estratégicos como la moderna refinería de Talara cuya vida útil económica se estima entre 60 y 70 años y considerada entre las siete más modernas del mundo, el Oleoducto Norperuano, etc. lleva a un sesgo. Estos activos no sólo tienen valor contable, sino también estratégico para la seguridad energética del país, lo que extiende horizontes de viabilidad.

1. d) Rentabilidad de los Bonos de Petroperú al alza

Según reportes de Bloomberg, los bonos en dólares de Petroperú entregaron un retorno cercano al 14 % desde julio 2025, ubicándose como uno de los mejores resultados entre los emisores corporativos de mercados emergentes.  Este comportamiento ocurre en un contexto donde los mercados le habían asignado anteriormente una prima de riesgo elevada por la combinación de pérdidas, deuda elevada y falta de visibilidad operativa de la empresa estatal.

¿Qué significa esto?  Que los mercados están anticipando mejoras en la empresa: mejor gobernanza interna, proyectos de explotación en lote 192, lote 64, optimización de la refinería de Talara, mejora sensible de sus indicadores de eficiencia (El EBITDA positivo alcanzado en 2025, es indiscutible) lo cual genera una percepción de que la trayectoria está girando hacia mejor. También es verdad que la confianza se basa en expectativas, lo que falta es consolidar resultados. Tarea de la actual administración. Implicaciones para Petroperú: reduce su costo de financiamiento para futuras emisiones, mejora su reputación crediticia y abre puertas para renegociar su deuda. Para el país, puede interpretarse como una mejora en la credibilidad del sector público energético.

1. e) Moody’s: Petroperú perspectiva estable.

En marzo de 2025, Moody’s otorgó a Petroperú una calificación de B3 con perspectiva estable. La agencia de calificación de riesgos resaltó la importancia estratégica de la empresa en el mercado energético peruano y proyectó una mejora en sus indicadores financieros, principalmente por la reincorporación de la refinería de Talara y la optimización de su producción y la nueva gobernanza en curso. Si bien el repunte es genuino, Moody’s también advierte que la empresa enfrenta desafíos, como los altos niveles de apalancamiento financiero debido la construcción de su nueva refinería, retos de liquidez, como otras empresas del sector.

Motivaciones detrás de la narrativa de empresa inviable

Se pueden identificar al menos tres motivaciones:

1. Presión fiscal y urgencia de reforma: al calificarla como inviable, se genera un sentido de urgencia para una intervención o reforma profunda lo que facilita decisiones políticas o normativas drásticas.
2. Agenda de reducción del rol estatal: reforzar la idea de una empresa estatal inviable puede facilitar la privatización, o al menos la redefinición de alcance del Estado en hidrocarburos.
3. Responsabilidad política y simbólica: la remoción del directivo de la empresa, seguida de declaraciones públicas, marca una nueva etapa de rendición de cuentas, en la cual se busca transferir la carga de la crisis hacia la empresa y alejarla del gobierno actual.

Estas motivaciones no invalidan la necesidad de cambio en Petroperú, pero sí invitan a que el debate se sustente en datos objetivos y en políticas de largo plazo, no sólo en titulares alarmistas sin fundamento que afecta el riesgo país, la reputación de la empresa y de sus directivos.

El rol que cumple Petroperú no lo reemplaza el mercado

Decir que el mercado reemplazará a Petroperú es un graso error técnico y político peligroso. El Estado necesita tener presencia operativa en sectores estratégicos. Petroperú cumple funciones que ninguna empresa privada tiene incentivo para cumplir:

• Garantiza el abastecimiento en regiones alejadas sin rentabilidad privada.
• Actúa como instrumento de política pública ante crisis de precios.
• Mantiene capacidades de refinación nacional que garantizan soberanía energética.
• Genera empleo directo e indirecto, y millonarios ingresos fiscales al tesoro público.

La privatización no garantiza eficiencia: ejemplos regionales como ENAP (Chile) o Ecopetrol (Colombia) operan con éxito bajo gestión pública. Lo que se requiere no es privatizar, sino profesionalizar su gestión.

¿Y si Petroperú no existiera?

Eliminar a Petroperú del tablero energético nacional tendría efectos contraproducentes y costos incalculables:

• Mayor dependencia del mercado externo, en un contexto global volátil y geopolíticamente incierto.
• Desaparición de competencia pública, con consecuencias directas en la económica de millones de peruanos.
• Pérdida de soberanía energética, al dejar la totalidad del control del abastecimiento a actores privados.

En resumen, los costos económicos, sociales y estratégicos serían y superiores a cualquier déficit transitorio que enfrente la empresa.

Apunte final

Decir que Petroperú es inviable es una afirmación falas cargada de intereses de ciertos actores. No hay diagnóstico técnico neutral que sostenga tal argumento sin considerar el contexto macroeconómico, el rol del Estado, la evolución de los mercados energéticos ni los factores estructurales que afectan a cualquier empresa del sector. Lo que sí resulta inviable es seguir con el mismo discurso sin examinar las verdaderas motivaciones de quienes sostienen esa narrativa. Petroperú es una empresa estratégica no por decreto, sino por su capacidad de cumplir funciones que van más allá de la rentabilidad privada.

Hoy, con una nueva etapa de gobernanza, transparencia y eficiencia operativa, la empresa puede convertirse nuevamente en motor del desarrollo nacional y garante de la seguridad energética. (26102025)

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor Asociado de la PUCP y Expresidente de Petroperú.