Hablar hoy de pensamiento crítico en el Perú parece casi una provocación. Vivimos rodeados de información, titulares, redes sociales, algoritmos, consignas políticas, verdades prefabricadas y respuestas instantáneas. Nunca hemos tenido tanto acceso al conocimiento y, sin embargo, pocas veces hemos sido tan vulnerables a la manipulación, la superficialidad y el pensamiento en serie.

El problema no es solo tecnológico. Es cultural, educativo y político. En un país como el Perú, subdesarrollado, profundamente desigual y con una educación pública muy pobre, el pensamiento crítico no solo escasea: parece estar en peligro de extinción. Muchos ciudadanos opinan, repiten, comparten y reaccionan, pero muy pocos verifican, contrastan, dudan o argumentan. Por eso, la pregunta resulta inevitable: ¿ha muerto el pensamiento crítico o simplemente ha sido arrinconado por una sociedad que premia la obediencia, el facilismo y la comodidad intelectual?

Sócrates: la pregunta como rebelión

El pensamiento crítico no nació en los manuales universitarios ni en los discursos modernos sobre educación. Su raíz más profunda está en la filosofía griega, especialmente en Sócrates. Antes de ser una competencia académica, fue una actitud frente a la vida, el poder y la verdad.

Sócrates entendió que pensar no consiste en repetir respuestas, sino en formular buenas preguntas. Su método consistía en interrogar a sus interlocutores para que descubrieran sus propias contradicciones. No imponía conclusiones; desmontaba certezas. Convirtió la pregunta en instrumento de conocimiento y la duda en camino hacia la verdad.

Frases atribuidas a Sócrates como “solo sé que no sé nada” o “una vida sin examen no merece ser vivida” conservan plena vigencia. La primera expresa humildad intelectual; la segunda, una exigencia ética. No examinar lo que creemos, lo que obedecemos o lo que defendemos equivale a vivir bajo tutela mental.

En el Perú, esta enseñanza es urgente. Nos acostumbramos a aceptar como verdad lo que dice el político, el analista económico, el periodista, el profesor, el empresario, el influencer o el grupo al que pertenecemos. Pocas veces preguntamos: ¿es cierto?, ¿Dónde está la evidencia?, ¿Quién se beneficia?, ¿Qué se oculta detrás de ese discurso?

Kant: pensar sin tutela

Sócrates enseñó a preguntar. Immanuel Kant enseñó a pensar sin tutela. En su célebre respuesta a la pregunta “¿Qué es la Ilustración?”, Kant sostuvo que la mayoría de edad intelectual consiste en atreverse a usar el propio entendimiento. Su expresión sapere aude —atrévete a saber— fue un llamado a la emancipación de la razón.

Para Kant, el problema de muchas personas no era la falta de inteligencia, sino la falta de valor para pensar por sí mismas. Preferían que otros decidieran por ellas: la autoridad, el dogma, el poder político o religioso. Hoy podríamos añadir: las redes sociales, los influencers, los partidos políticos, los medios de comunicación, el mercado o la inteligencia artificial.

La lección kantiana es clara: sin autonomía intelectual no hay ciudadanía plena. Puede haber votantes, consumidores y usuarios, pero no ciudadanos libres. Y este es uno de los dramas del Perú: tenemos democracia formal, elecciones periódicas y libertad de expresión, pero una ciudadanía muchas veces desinformada, manipulable y emocionalmente capturada por el miedo, el odio o la promesa fácil.

¿Qué es realmente el pensamiento crítico?

En sentido estricto, el pensamiento crítico es la capacidad de analizar, evaluar y juzgar ideas, hechos, argumentos y decisiones antes de aceptarlos como verdaderos. No significa oponerse a todo ni vivir en la sospecha permanente. Tampoco equivale a negar la evidencia o confundir crítica con resentimiento.

Pensar críticamente implica distinguir hechos de opiniones, evidencia de propaganda, argumentos de consignas e información de manipulación. Es preguntar: ¿esto es cierto?, ¿con qué pruebas?, ¿Quién lo dice?, ¿desde qué interés?, ¿Qué consecuencias tiene?, ¿Qué alternativas existen?

También significa cuestionar aquello que parece obvio. Muchas injusticias de la historia fueron defendidas como verdades naturales: la esclavitud, la exclusión de la mujer, el colonialismo, el racismo, la pobreza como destino inevitable o la desigualdad extrema. Lo “obvio” muchas veces no es la verdad, sino una costumbre que dejó de ser discutida.

En el Perú, se nos ha dicho durante años que basta crecer económicamente para que todos vivamos mejor; que la informalidad es culpa exclusiva del informal; que la pobreza se explica solo por falta de esfuerzo; que la corrupción es inevitable; que la educación pública no tiene remedio; que la política es sucia por naturaleza. El pensamiento crítico empieza precisamente cuando nos atrevemos a cuestionar esas falacias.

Inteligencia artificial y dependencia mental

La aparición de la inteligencia artificial ha abierto una nueva etapa. La IA puede ayudar a buscar información, ordenar ideas, traducir textos, resumir documentos y acelerar procesos de aprendizaje. Bien utilizada, puede ser una herramienta valiosa. Pero mal utilizada puede convertirse en una peligrosa fábrica de dependencia intelectual.

El riesgo no está solo en que la IA se equivoque. El riesgo mayor está en que dejemos de verificar, comparar, interpretar y pensar. Si el estudiante copia sin comprender, si el profesional delega su juicio a la máquina o si el ciudadano acepta respuestas automáticas como verdades absolutas, el pensamiento crítico se debilita, pierde terreno.

En un país con graves brechas educativas, este riesgo es mayor. La inteligencia artificial puede ampliar capacidades, pero también puede profundizar la pereza mental. Puede democratizar el conocimiento, pero también fabricar una generación que lee menos, escribe peor y razona con menor profundidad.

Un país sin pensamiento crítico

El pensamiento crítico está amenazado en el Perú por varias causas: una educación memorística, una política polarizada, medios que privilegian el escándalo, redes sociales que premian la reacción inmediata y una cultura que confunde viveza con inteligencia.

También lo amenaza la comodidad humana. Pensar exige esfuerzo. Dudar incomoda. Argumentar demanda disciplina. Contrastar información toma tiempo. Por eso, en una sociedad cansada, desigual y saturada de estímulos, muchas personas prefieren respuestas simples, culpables visibles y verdades prefabricadas.

El problema es grave. Sin pensamiento crítico, la democracia se convierte en espectáculo; la educación, en trámite; la opinión pública, en rebaño emocional; y la ciudadanía, en clientela manipulable. Un país que no piensa críticamente puede tener celulares inteligentes, pero ciudadanos intelectualmente indefensos.

Apunte final

El pensamiento crítico no ha muerto, pero en el Perú está gravemente debilitado. Puede morir por abandono, por mala educación, por manipulación política, por mediocridad institucional o por exceso de comodidad intelectual.

Sócrates nos enseñó a preguntar. Kant nos exigió pensar por cuenta propia. La tarea de nuestro tiempo es recuperar ambas lecciones. El Perú no saldrá del subdesarrollo solo con más obras de infraestructura física, más inversión o más crecimiento económico. También necesita ciudadanos capaces de pensar, preguntar, dudar, argumentar y no dejarse engañar.

Porque una sociedad que no piensa críticamente no es una sociedad viva y moderna. Es apenas una sociedad conectada tecnológicamente y ruidosa, pero intelectualmente muy pobre, condenado a repetir sus errores, obedecer a sus manipuladores y confundir propaganda con verdad. L: 05072026

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(*) Es profesor principal de Economía Financiara en la UNMSM.

La historia económica enseña una verdad incómoda: quien controla la energía controla una parte sustantiva del poder mundial. En el siglo XX, el petróleo estuvo detrás de guerras, alianzas militares, golpes de Estado, rutas marítimas, corporaciones gigantescas y estrategias imperiales. En el siglo XXI, esa disputa no ha desaparecido; se ha sofisticado.

Hoy la guerra por la energía ya no se libra solo por pozos petroleros, gasoductos o reservas de carbón. También se libra por minerales críticos, redes eléctricas, semiconductores, centros de datos, inteligencia artificial, rutas marítimas y control tecnológico. La economía digital, presentada muchas veces como “intangible”, tiene una base profundamente material: consume electricidad, agua, cobre, litio, chips, refrigeración e infraestructura.

La paradoja de nuestro tiempo es evidente: el mundo habla de transición energética, pero sigue funcionando sobre una base mayoritariamente fósil. La pregunta de fondo no es si habrá transición energética, sino quién la financiará, quién controlará sus tecnologías y quién pagará sus costos.

Energía, geopolítica y poder

La primera causa de esta nueva disputa es estructural: la demanda mundial de energía sigue creciendo. La población aumenta, las economías emergentes reclaman legítimamente mayor consumo, las ciudades se expanden y la digitalización exige electricidad abundante, estable y barata. La inteligencia artificial, los servidores, las plataformas digitales y las granjas de datos no viven del aire. Detrás de cada algoritmo hay energía, minerales, agua, suelo e infraestructura. La Agencia Internacional de Energía (AIE) en 2026, advierte que el desarrollo de la inteligencia artificial elevará la demanda de electricidad de los centros de datos. El consumo eléctrico global de dichos centros podría duplicarse hacia 2030, pasando de 415 TWh en 2024 a 945 TWh.

La segunda causa es geopolítica. La guerra en Ucrania demostró que la energía puede convertirse en arma de presión política. Europa, que durante años construyó parte de su competitividad industrial sobre el gas ruso relativamente barato, descubrió de golpe su fragilidad estratégica. Redujo su dependencia de Rusia, pero no dejó de ser importadora neta de energía. Cambió proveedores, pagó más por seguridad y trasladó parte del costo a empresas y hogares.

La tercera causa es tecnológica. Estados Unidos, China y Europa no compiten solo por talento, algoritmos o patentes. Compiten también por electricidad, minerales críticos, redes, chips y capacidad industrial. En adelante, los centros de datos serán tan estratégicos como antes lo fueron los puertos, los oleoductos, las refinerías o las bases militares. Ningún país podrá liderar la inteligencia artificial si no dispone de energía suficiente, segura y competitiva.

La transición energética incompleta

Las renovables avanzan, pero no reemplazarán de manera rápida al petróleo, al gas y al carbón. La energía solar y eólica requieren redes, almacenamiento, respaldo, permisos, tierras y minerales. No basta instalar paneles y aerogeneradores. Se necesita un sistema eléctrico capaz de sostenerlos.

Además, sectores como transporte pesado, aviación, minería, cemento, acero, petroquímica, etc. seguirán dependiendo durante años de combustibles fósiles o de tecnologías aún costosas. Por eso, la transición energética no será un simple cambio de tecnología. Será una transformación económica, fiscal, industrial y geopolítica lenta. Según World Oil Outlook 2050 (OPEC, 2025), en 2024, los combustibles fósiles representaban el 80% de la matriz energética mundial y proyecta al 2050 una contribución del 67.2%.

El discurso optimista promete una transición rápida, limpia y barata.

La realidad muestra un proceso más lento, desigual y conflictivo. Los países con capital, tecnología y energía barata avanzarán más rápido. Los países dependientes, subdesarrollados y sin planificación quedarán atrapados entre combustibles caros, importación de equipos y pérdida de competitividad.

Los efectos económicos y sociales

Los efectos de la guerra energética son múltiples. Cuando suben el petróleo, el gas o el carbón, suben también el transporte, la electricidad, los alimentos, los fertilizantes y la inflación. El impacto es regresivo, porque los hogares pobres destinan una mayor proporción de sus ingresos a energía, movilidad y bienes básicos.

También se afecta la competitividad. Una economía que compra energía cara produce caro. Europa es el ejemplo más claro. Tiene tecnología, capital humano e instituciones sólidas, pero enfrenta una restricción energética severa. Puede liderar normas ambientales, pero si no resuelve el costo de la energía corre el riesgo de convertirse en una potencia regulatoria con menor músculo productivo.

En América Latina, la situación es ambivalente. La región posee petróleo, gas, litio, cobre, agua, sol y viento, pero muchos países carecen de una visión de futuro, infraestructura, integración regional y política industrial. Tener recursos naturales no garantiza seguridad energética. Sin estrategia, puede profundizar el extractivismo y reproducir dependencia tecnológica.

Tres escenarios hacia 2050

El primer escenario es una transición ordenada: renovables, redes, almacenamiento, eficiencia y electrificación avanzan rápidamente; las energías fósiles pierden peso; los países vulnerables reciben financiamiento; y la seguridad energética mejora. Es el escenario deseable, pero exige cooperación internacional, muy difícil en una época de fragmentación geopolítica.

El segundo escenario es una transición desigual: los países ricos aceleran su cambio energético, mientras los países pobres siguen atrapados entre crisis estructurales, combustibles caros y falta de inversión. Este escenario es probable. Puede crear una nueva división internacional: unos controlan tecnología, capital y minerales; otros exportan materias primas baratas e importan equipos caros.

El tercer escenario es la fragmentación energética: bloques rivales compiten por petróleo, gas, uranio, litio, cobre, tierras raras, chips y rutas marítimas. En ese mundo, la energía no será solo mercancía, sino instrumento de poder. Las sanciones, los bloqueos, los aranceles, la guerra tecnológica y la militarización de corredores estratégicos (Canal de Panamá, Estrecho de Ormuz, etc.) formarán parte del paisaje económico.

Una agenda necesaria

Los países no pueden esperar pasivamente al mercado. La energía debe ser tratada como bien estratégico. Se requiere diversificar fuentes, invertir en redes, almacenamiento y eficiencia, promover industria nacional vinculada a la transición, proteger a los hogares vulnerables y construir reservas estratégicas.

Para países como el Perú, la agenda es clara: planificación energética de largo plazo, impulso responsable a renovables, uso inteligente de sus materias primas  (gas natural, minerales), modernización de infraestructura, integración eléctrica regional, desarrollo de proveedores locales y reglas que atraigan inversión sin renunciar al interés nacional.

Conclusión

La guerra por la energía en el siglo XXI ya está en marcha. Se expresa en Ucrania, Medio Oriente, el mar Rojo, la disputa por minerales críticos, la carrera por la inteligencia artificial y la competencia por redes eléctricas seguras.

La humanidad enfrenta una contradicción histórica: necesita más energía para sostener el desarrollo, pero debe producirla con menos emisiones y menor dependencia geopolítica. El futuro no será de quienes repitan discursos verdes sin infraestructura ni de quienes defiendan los fósiles como si nada hubiera cambiado. Será de los países que entiendan que energía, tecnología, industria y soberanía forman parte de una misma estrategia. L:270626

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(*) Es ex presidente de Petroperú y profesor principal de Economía Financiera en la UNMSM.

El Perú exhibe cifras macroeconómicas relativamente estables, pero esa estabilidad no se traduce en bienestar para la mayoría. El país puede crecer, acumular reservas, mantener baja inflación y mostrar disciplina fiscal; sin embargo, si millones de peruanos siguen trabajando sin derechos, con bajos ingresos y sin protección social, el supuesto éxito económico es más aparente que real.

El problema de fondo no es solo cuánto crece la economía, sino cómo crece y a quién beneficia. La economía peruana continúa apoyándose en sectores primarios —minería, hidrocarburos y algunas exportaciones— que elevan el PBI y la recaudación, pero generan muy poco empleo directo.

Dos preguntas inevitables: ¿de qué sirve celebrar la estabilidad macroeconómica si la mayoría de trabajadores permanece fuera de la formalidad y una parte importante de la población trabaja solo para sobrevivir? ¿de qué empleo vigoroso habla Julio Velarde jefe del BCRP cuando la informalidad laboral asfixia a millones de trabajadores peruanos? En este artículo pretendo desarrolla precisamente esa contradicción entre crecimiento, desempleo e informalidad laboral.

Más ocupación no significa mejor empleo

Según el INEI, en 2025 la población ocupada del país creció 1.5% y llegó a 17.6 millones de personas. A primera vista, el dato parece positivo. Pero una lectura más rigurosa obliga a mirar la calidad del empleo. Una persona puede aparecer como ocupada, aunque trabaje pocas horas, no tenga contrato, carezca de seguro, no aporte a una pensión o reciba ingresos insuficientes para cubrir una canasta básica familiar.

Ese es el drama peruano: no se trata únicamente de no tener empleo, sino de trabajar y continuar siendo pobre. El vendedor ambulante, el mototaxista, el trabajador eventual, los jóvenes que encadenan servicios por horas o el pequeño agricultor familiar aparecen en la estadística como ocupados. Sin embargo, en la vida real carecen de estabilidad, protección social y futuro previsional.

En 2025, la tasa de desempleo nacional fue 4.9%, pero esa cifra no debe llevarnos a conclusiones complacientes. En el Perú, muchas personas no pueden darse el lujo de estar desempleadas. Ante la falta de empleo formal, crean su propio puesto de subsistencia, aceptan trabajos precarios o ingresan a actividades informales de baja productividad. Por eso, el desempleo abierto que publica el INEI no revela la verdadera magnitud del problema laboral.

Informalidad: el rostro real del mercado laboral

La informalidad laboral es la expresión más cruda del fracaso del modelo económico peruano. Entre abril de 2025 y marzo de 2026, cerca de siete de cada diez trabajadores ocupados se encontraban en condición de informal. Esto significa que millones de peruanos trabajan sin contrato adecuado, sin seguridad social, sin pensión efectiva y sin mecanismos reales de protección frente a una enfermedad, vejez o despido.

Reducir la informalidad a un problema de trámites, costos laborales o rigidez normativa es una explicación incompleta. La raíz es más profunda: gran parte de las unidades económicas opera con baja productividad, poco capital, tecnología limitada y obsoleta, escaso acceso al crédito y mercados reducidos. No se formaliza una empresa únicamente reduciendo papeles y burocracia. La formalización exige productividad, financiamiento, capacitación, acceso a mercados y confianza en el Estado.

El Perú tiene una economía dual: un sector moderno, exportador y relativamente productivo convive con millones de trabajadores y pequeños negocios de subsistencia. Esa fractura explica por qué el PBI puede crecer sin transformar la vida cotidiana de la mayoría. El crecimiento llega a las cifras macro, pero no necesariamente al bolsillo de los trabajadores.

Crecer al 3% no alcanza

El Banco Central de Reserva proyectó para 2026 un crecimiento del PBI de 3.2%. Esa tasa puede evitar una recesión, sostener ciertos equilibrios macroeconómicos y mantener expectativas razonables, pero es insuficiente para absorber la oferta laboral y reducir la precariedad. También es cierto, que el crecimiento económico por sí solo no garantiza el bienestar social si no se acompaña de una transformación estructural y distributiva.

El Perú necesita crear empleo formal neto en una magnitud mucho mayor a la actual. Cada año ingresan o retornan al mercado laboral jóvenes y adultos que necesitan trabajar. Además, existe un stock acumulado de desempleados, subempleados e informales que no puede ser ignorados. Para absorber nuevas incorporaciones y reducir progresivamente la precariedad, el país tendría que crecer de manera sostenida alrededor de 5.5% a 6% anual, pero cambiando su matriz productiva.

No basta crecer más; hay que crecer mejor. Una expansión basada casi exclusivamente en sectores extractivos puede mejorar exportaciones, utilidades empresariales y recaudación, pero no garantiza empleo suficiente. En cambio, construcción, agroindustria, manufactura, turismo, servicios empresariales, y economía digital tienen mayor capacidad de generar puestos de trabajo directos e indirectos.

El problema peruano no es la estabilidad macroeconómica en sí misma. El problema es creer ingenuamente que la estabilidad basta. Una economía puede estar ordenada en sus cuentas y, al mismo tiempo, ser socialmente injusta, productivamente débil y laboralmente precaria.

2026: señales positivas, estructura frágil

En el primer trimestre de 2026, la población ocupada aumentó 1.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Construcción, comercio y servicios explicaron buena parte de ese avance. También se observó un aumento del ingreso promedio laboral entre abril de 2025 y marzo de 2026. Son señales que no deben desconocerse.

El crecimiento de la ocupación no equivale automáticamente a empleo formal, productivo y bien remunerado. Además, el desempleo afecta con mayor severidad a mujeres y jóvenes, y también golpea a personas con educación superior, lo que revela una desconexión preocupante entre la academia y el mercado laboral.

Qué hacer

El Perú necesita una política nacional de empleo productivo. No se trata de rechazar la minería ni las exportaciones, sino de usar sus excedentes para diversificar la economía y promover una nueva matriz productiva.

Primero, se requiere un “programa sostenido de infraestructura” (carreteras, puertos, irrigación, vivienda, agua, saneamiento, hospitales y escuelas). Estas inversiones generan empleo inmediato y elevan la productividad futura. No obstante, este programa requiere reformas profundas en la gestión pública, para combatir la corrupción.

Segundo, debe impulsarse una estrategia de desarrollo productivo regional. La agroindustria, manufactura ligera, pesca para consumo humano, industria forestal, turismo, economía digital y servicios modernos pueden crear empleo descentralizado si reciben financiamiento, tecnología, asistencia técnica y acceso a mercados.

Tercero, las micro y pequeñas empresas necesitan una ruta de formalización gradual. La formalidad debe ofrecer beneficios visibles: crédito más barato, compras públicas, capacitación, protección social flexible y simplificación tributaria real. Formalizar no puede significar únicamente imponer obligaciones a negocios que apenas sobreviven.

Cuarto, la educación técnica debe vincularse con las necesidades productivas de cada región. El país requiere técnicos, especialistas digitales, operarios calificados, gestores logísticos, trabajadores agroindustriales y profesionales capaces de integrarse a las cadenas de valor.

Quinto, rediseño de las métricas estatales para medir la calidad del empleo y no solo la ocupación cuantitativa. Hay que saber cuánto ganan, cuántas horas trabajan, si tienen contrato, seguro, pensión, estabilidad y posibilidades de progreso.

Conclusión

El crecimiento del mercado laboral peruano es mediocre y mantiene una falla estructural: crece poco, genera empleo insuficiente y tolera una informalidad masiva. La estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no suficiente. Sin transformación productiva, el crecimiento seguirá siendo débil, concentrado y socialmente excluyente.

El verdadero éxito económico no consiste en que las personas hagan cualquier cosa para subsistir. Consiste en construir una economía donde trabajar permita vivir con dignidad. Para lograrlo, el Perú necesita crecer más, pero, sobre todo, derechos laborales y oportunidades reales para quienes hoy sostienen el país desde la precariedad.  Son los desafíos que debe asumir el nuevo gobierno. P:200626

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(*)Es profesor principal de economía financiera en la UNMSM

KEVIN WARSH Y EL FINA DE LA ERA POWELL: ¿NACE UN NUEVO REGIMEN MONETARIO MUNDIAL?

Alejandro Narváez Liceras(*)

La llegada de Kevin Warsh a la presidencia del Banco Central de los Estados Unidos, comúnmente llamado Reserva Federal (FED) marca el inicio de una nueva etapa para la política monetaria de Estados Unidos y, por extensión, para el sistema financiero internacional. Su nombramiento ocurre en un contexto particularmente complejo: una inflación que ha vuelto a acelerarse y se ubica alrededor de 4,2%, tensiones geopolíticas derivadas del conflicto en Medio Oriente, elevados déficits fiscales y crecientes dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública estadounidense.

Warsh que asumió la dirección de la FED el 22 de mayo último, según se conoce, no representa una simple continuidad del modelo aplicado por Powell. Por el contrario, ha planteado la necesidad de reformar el banco, revisar los indicadores utilizados para medir la inflación y reducir el protagonismo que había adquirido durante las últimas décadas. La pregunta central es si estamos frente a un cambio táctico o al nacimiento de un nuevo régimen monetario. Veamos.

El legado de Powell: inflación primero, pero con flexibilidad

Durante la gestión del expresidente Powell, la FED enfrentó la pandemia, implementó programas masivos de expansión monetaria (quantitative easing – QE) y posteriormente ejecutó el ciclo de alzas de tasas más agresivo desde la década de 1980 para contener la inflación.

Si bien la inflación descendió desde los máximos observados en 2022, nunca regresó plenamente al objetivo de 2%. En este punto, Warsh ha sido muy crítico de algunas decisiones adoptadas por la FED durante los años de pandemia, argumentando que contribuyeron a la persistencia inflacionaria posterior.  Desde su perspectiva, la FED perdió disciplina monetaria y amplió excesivamente su campo de acción hacia temas que no forman parte de su mandato central: maximizar el nivel de empleo y mantener la estabilidad de los precios.

¿Qué propone Kevin Warsh?

Warsh ha dicho que la prioridad debe ser recuperar plenamente la credibilidad antiinflacionaria de la Reserva Federal. Diversos observadores lo consideran un “halcón monetario” (inflation hawk), es decir, un defensor de políticas monetarias más restrictivas cuando la inflación amenaza la estabilidad económica.  A diferencia de algunos enfoques recientes que privilegiaron la creación de empleo o el crecimiento económico, Warsh parece inclinarse por una jerarquía más clásica: primero estabilidad de precios, luego crecimiento sostenible.

Por otro lado, quizás la innovación más interesante sea su propuesta de revisar la forma en que la FED mide la inflación ( no es nuevo). Ha cuestionado la dependencia exclusiva de la inflación subyacente o índice Core PCE (por sus siglas en inglés, Personal Consumption Expenditures Price Index que excluye alimentos y energía) y ha sugerido otorgar mayor importancia a indicadores de inflación “trimmed mean” o inflación recortada, que eliminan la volatilidad extrema para identificar tendencias inflacionarias más persistentes. Este enfoque podría representar uno de los cambios metodológicos más importantes desde la adopción de los objetivos formales de inflación.

Otra diferencia significativa respecto a la era Powell es su intención de disminuir gradualmente el gigantesco balance de la Reserva Federal, que supera los seis billones de dólares. En otras palabras, la FED busca retirar el exceso de dólares en circulación y reducir su enorme cartera de activos financieros (bonos del Tesoro e hipotecarios) para frenar la inflación y estabilizar la economía. Esta operación se conoce como “quantitative tightening” (QT) o ajuste cuantitativo. Warsh considera que una FED excesivamente grande distorsiona los mercados financieros y genera incentivos perversos para el endeudamiento público.

Finalmente, también ha cuestionado la sobreabundancia de mensajes, conferencias y orientaciones futuras (“forward guidance”) emitidas por la FED. Su intención sería simplificar la comunicación y devolver mayor protagonismo a las decisiones concretas de política monetaria.

¿Cómo piensa combatir la inflación de 4,2%?

La inflación actual constituye la primera gran prueba de fuego para Warsh. Los mercados financieros esperan una postura más firme frente al aumento de precios. Su estrategia parece apoyarse en cuatro pilares:  i) Mantener una postura monetaria restrictiva por más tiempo, ii) No apresurar recortes de tasas de interés, iii) Reducir gradualmente la liquidez excedente acumulada durante los años de expansión monetaria, y iv) Fortalecer la credibilidad de la FED como institución antiinflacionaria.

Paradójicamente, aunque algunos sectores políticos presionan por menores tasas de interés entre ellos el propio Donald Trump, los mercados financieros actualmente descuentan la posibilidad de futuras alzas si la inflación continúa acelerándose.

Impactos sobre el sistema financiero mundial

Las decisiones de la FED afectan a prácticamente todas las economías del planeta.

Para los mercados emergentes, una política monetaria más dura fortalecería al dólar y podría generar salidas de capitales desde economías emergentes hacia Estados Unidos. Entre tanto, países como Perú, Colombia, Chile y México podrían enfrentar mayores costos de financiamiento externo y presiones sobre sus monedas.

Para el mercado del oro, la persistencia de tasas elevadas suele limitar el atractivo del oro. Sin embargo, la incertidumbre geopolítica podría compensar parcialmente ese efecto.

Para Bitcoin y otros activos digitales, un entorno monetario más restrictivo generalmente reduce la liquidez global, afectando los activos especulativos. No obstante, el creciente debate sobre la sostenibilidad fiscal estadounidense podría seguir impulsando el interés por activos alternativos, como el bitcoin.

Warsh y la nueva FED: el dólar bajo presión

En este escenario el nuevo presidente parece reconocer algo que muchos bancos centrales no admiten: la inflación del siglo XXI no responde únicamente a factores monetarios. Es decir, la causa de la subida de precios no es solo por el exceso de dinero en circulación. Las tensiones geopolíticas, la fragmentación del comercio mundial, los conflictos energéticos y los déficits fiscales estructurales están modificando profundamente la dinámica inflacionaria global.

Warsh llega a la FED en un momento incómodo: inflación persistente, presión política para bajar tasas y creciente desconfianza internacional sobre la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos. La gran pregunta es si podrá preservar la independencia del Banco Central o si terminará subordinado a los intereses políticos de corto plazo. Esa duda importa porque el dólar no vive solo de estadísticas, vive de confianza. Si la FED pierde credibilidad, el dólar pierde autoridad. Y si el dólar pierde autoridad, China, el oro, los BRICS, las monedas digitales y los activos alternativos ganan más terreno.

Su propuesta de utilizar indicadores más sofisticados para medir la inflación constituye un avance conceptual interesante. Sin embargo, existe un riesgo evidente: que la búsqueda de nuevas métricas termine generando confusión o debilitando la transparencia de la política monetaria norteamericana.  La credibilidad de un banco central depende tanto de la calidad de sus modelos como de la claridad y transparencia con que comunica sus decisiones y como impacta en la economía del país.

Conclusiones

Kevin Warsh llega a la presidencia de la FED en un momento decisivo. Su proyecto parece combinar elementos tradicionales de disciplina monetaria con innovaciones metodológicas en la medición de la inflación y una reducción gradual del balance de la FED.

Si tiene éxito, podría inaugurar un nuevo régimen monetario basado en una FED más pequeña, más disciplinada y más enfocada en su mandato esencial. Si fracasa, podría enfrentar una combinación explosiva de inflación persistente, tensiones políticas y volatilidad financiera global. Lo único seguro es que el “régimen Warsh” será observado con atención por gobiernos, bancos centrales e inversionistas de todo el mundo. L:130626

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(*)   Es profesor principal de Economía Financiera en la UNMSM y director del II&EE.

El Perú no está polarizado por casualidad. La fractura social, política y territorial que divide a los peruanos es el resultado de una modernización incompleta, una democracia de baja calidad, partidos convertidos en franquicias electorales, un Estado ausente y un modelo económico que exhibe cifras macroeconómicas “ordenadas” mientras millones de ciudadanos sobreviven en la precariedad, la informalidad y el abandono.

América Latina y el Caribe es hoy la región más polarizada del mundo, según el PNUD (Programa de las Naciones para el Desarrollo) 2026, con un índice regional de 3,4 sobre 4. En ese escenario, el Perú aparece como uno de los casos más críticos. CEPLAN (2026), advierte que el país se ubica entre los de mayor polarización regional y que dicho indicador aumentó 61,5% desde 2001. La pregunta, entonces, no es solo por qué estamos tan divididos, sino por qué un país que presume “fortaleza macroeconómica” produce tanta rabia social, tanto voto de castigo y tanta desconfianza democrática.

Causas y efectos de la polarización

La primera causa es la desigualdad territorial. El Perú sigue funcionando como un país partido entre Lima y las regiones, entre economía formal y supervivencia informal, entre ciudadanos protegidos y ciudadanos abandonados. En 2025, la pobreza monetaria alcanzó al 25,7% de la población; sin embargo, mientras algunos territorios muestran niveles bajos de pobreza, regiones como Cajamarca (41%), Loreto (40%) y Puno (37.5%) registran tasas muy superiores al promedio nacional (INEI, 2026). Esta diferencia no es una simple estadística: es ciudadanía de primera y de segunda. Donde el Estado no llega, la democracia se convierte en promesa vacía.

La segunda causa es la informalidad laboral. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, el 70,7% de la población ocupada tenía empleo informal; en el área rural, la informalidad llegó al 94,6% (INEI, 2025). ¿Qué significa esto? Que la mayoría trabaja sin derechos laborales, sin protección social, sin pensión suficiente y sin seguridad económica. Es decir, sin futuro. En esas condiciones, hablar de estabilidad macroeconómica suena casi a burla para el ciudadano que vive al día, sin ahorros ni excedentes.

La tercera causa es la crisis de representación. Los partidos políticos han dejado de ser instituciones programáticas para convertirse, en muchos casos, en vientres de alquiler, negocios electorales o plataformas de intereses particulares. Según V-Dem Institute, 2026, la polarización política mide hasta qué punto una sociedad se divide en campos hostiles, donde las diferencias deterioran las relaciones sociales y reducen la posibilidad de diálogo democrático. En el Perú, esa definición parece escrita a la medida: el adversario ya no es un competidor legítimo, sino un enemigo al que se le etiqueta como comunista, extremista, fascista, corrupto, terrorista o vendepatria, según la conveniencia del momento.

La cuarta causa es la corrupción estructural. La corrupción no solo roba dinero; destruye confianza. Cuando presidentes, congresistas, gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales, policías y empresarios aparecen recurrentemente vinculados a escándalos, la ciudadanía concluye que el Estado es un botín. En ese ambiente, cada bando denuncia al corrupto contrario, pero protege al corrupto propio. Así se fabrica una moral política de conveniencia.

Los efectos son devastadores. La polarización impide acuerdos mínimos, bloquea reformas, alimenta la inestabilidad, deteriora la confianza, debilita la inversión y abre espacio a salidas autoritarias. Un país polarizado no discute políticas públicas; discute identidades heridas. No evalúa propuestas; castiga enemigos. No elige futuro; administra resentimientos, odio. Por eso el Perú vive entre vacancias, censuras, presidentes débiles, congresos desprestigiados y reformas o cambios que nunca llegan.

La gran contradicción macroeconómica

Aquí aparece la paradoja peruana. Los ministros y exministros de Economía repiten, una y otra vez, que el Perú tiene sólidos fundamentos macroeconómicos. Y, en parte, tienen razón. El MEF informó que en 2025 la deuda pública bruta se ubicaba alrededor de 32,1% del PBI, las reservas internacionales netas cerca del 27% del PBI, la inflación en niveles bajos y el riesgo país por debajo del promedio regional (MEF, 2025). En los agregados, el país luce ordenado.

Pero esa fortaleza es incompleta. La macroeconomía peruana ha sido eficaz para tranquilizar a acreedores, bancos, inversionistas y clasificadoras de riesgo; pero ha sido insuficiente para construir ciudadanía social. La estabilidad no se convirtió en educación pública de calidad, salud oportuna, seguridad ciudadana, empleo formal, infraestructura territorial, seguridad alimentaria ni diversificación productiva. Allí nace la contradicción: un país puede ser macroeconómicamente estable y socialmente inviable.

¿A quién benefician los buenos resultados macroeconómicos? No puede negarse que la estabilidad ayuda a todos cuando reduce inflación, evita crisis fiscales y protege parcialmente el poder adquisitivo. Pero también es evidente que los mayores beneficios del modelo se concentran en quienes ya tienen activos, riqueza, capital, acceso financiero, educación de calidad y vínculos con los grupos de poder económico. Para millones de trabajadores informales, campesinos, pequeños agricultores, comerciantes y jóvenes precarizados, la estabilidad macroeconómica se percibe como una fiesta ajena. Esa desconexión alimenta la polarización. Y ello es indiscutible.

El futuro si continúa esta tendencia

Si la polarización sigue creciendo, -como parece ser- en mi opinión, el Perú enfrentará tres principales riesgos. Primero, ingobernabilidad permanente: presidentes sin poder real, congresos fragmentados y cambios urgentes imposibles de darse. Segundo, avance autoritario: una ciudadanía cansada podría aceptar mano dura, concentración de poder y debilitamiento de libertades a cambio de orden. Tercero, deterioro económico: la incertidumbre política terminará afectando la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Ninguna economía puede sostenerse indefinidamente sobre una sociedad rota.

¿Qué hacer?

Aquí algunas propuestas: Primero, una reforma política seria: partidos con democracia interna, financiamiento transparente, sanción a organizaciones fachada y eliminación de candidaturas improvisadas. Segundo, una descentralización productiva: no basta transferir presupuesto; hay que crear polos regionales de industria, agroexportación, turismo, tecnología e infraestructura. Tercero, formalización laboral realista: eliminar costos de entrada a la formalidad, ampliar protección social gradual y simplificar el régimen tributario para pequeñas unidades productivas. Cuarto, inversión sostenida en educación, salud y seguridad territorial, porque sin Estado efectivo no hay nación. Quinto, pacto anticorrupción con trazabilidad digital del gasto público, justicia independiente y sanciones efectivas. Sexto, alfabetización cívica y mediática para desmontar la mentira política, el odio digital y la manipulación electoral.

Conclusiones

El Perú está profundamente polarizado porque su estabilidad macroeconómica muy propalada no logró convertirse en cohesión social. El país ordenó sus cuentas, pero no integró su territorio; acumuló reservas, pero no construyó confianza; redujo la inflación, pero no derrotó la informalidad; celebró elecciones, pero destruyó partidos. La polarización no es el problema original: es el síntoma de un país que ha postergado cambios profundos.

Si el Perú quiere sobrevivir como democracia viable, debe dejar de administrar cifras frías y empezar a construir ciudadanía. Una macroeconomía sólida sobre una sociedad fracturada no es fortaleza: es una bomba de tiempo. El país no necesita más enemigos internos. Necesita Estado moderno y eficiente, justicia, partidos políticos serios y una economía que incluya. Todo lo demás es ruido, cálculo electoral y decadencia. L:020626

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Actual profesor principal de Economía Financiera en la UNMSM y director del II&EE.

En toda elección democrática debe existir debate, confrontación de ideas y disputa legítima por el poder. Esa es la esencia de la política cuando se practica con responsabilidad. Sin embargo, hay una frontera que ninguna fuerza política seria debería cruzar: convertir el miedo en programa, la mentira en método y la desinformación en estrategia electoral.

En esta segunda vuelta, determinados sectores del fujimorismo y de la derecha peruana, han optado por reemplazar el debate por una vieja receta de propaganda: repetir hasta el cansancio que “Roberto Sánchez es comunista”, que “la extrema izquierda nos quitará todo”, que “ la izquierda es  empobrecedora, expropiadora”,  que  “no respeta la propiedad privada”, que “el Perú será otra Venezuela”, que “Julio Velarde se irá del BCRP” o que “las reservas internacionales terminarán en Cuba, Venezuela y Bolivia”. Estas frases no son argumentos. Son consignas de pánico. No buscan informar al ciudadano, sino asustarlo.

La pregunta de fondo no es si los peruanos son “tontos” para creer estas falsedades. La pregunta correcta es otra: ¿hasta cuándo una parte de la clase política seguirá tratando a los peruanos como si no tuvieran memoria, inteligencia ni capacidad crítica?

La fábrica del miedo

El fujimorismo y la derecha conoce bien la eficacia emocional del miedo. Sabe que, en un país golpeado por la pobreza, la informalidad, la inseguridad ciudadana y la precariedad institucional, basta instalar una amenaza imaginaria para que muchos votantes dejen de razonar y empiecen a votar con angustia. Por eso, en lugar de explicar cómo resolverá el desempleo, la pobreza, la crisis educativa, el deterioro de la salud pública, la corrupción enquistada en el Estado o el abandono de las regiones, prefiere repetir un libreto gastado: “viene el comunismo”.

El problema no es criticar a Roberto Sánchez ni a la izquierda. En democracia, toda propuesta debe ser examinada con severidad. El problema es inventar monstruos para no debatir programas. Una cosa es advertir sobre el peligro de la democracia y el futuro de la economía; otra muy distinta es afirmar, sin pruebas, que al día siguiente de la elección (si gana la izquierda) se confiscarán propiedades, se estatizará todo o se vaciarán las reservas internacionales del país. Ese tipo de discurso no informa: intoxica. No educa al ciudadano: lo empuja al resentimiento. No defiende la democracia: la empobrece.

“Nos quitarán todo”: la mentira como chantaje emocional

Una de las frases más repetidas por la campaña del miedo es que “los comunistas nos quitarán todo”. La afirmación es grave, pero sobre todo absurda cuando no se presenta una sola evidencia concreta. ¿Qué significa “todo”? ¿Las casas? ¿Los ahorros? ¿Los negocios? ¿Los autos? ¿Las cuentas bancarias? ¿Las pensiones? La frase no busca precisión; busca terror.

El mecanismo es elemental: se toma una etiqueta —“comunista”—, se la convierte en amenaza absoluta y luego se asocia al adversario con una catástrofe inevitable. Es una forma de manipulación política que explota los temores más básicos de la población. Nadie quiere perder lo que tiene. Nadie quiere que el Estado abuse de su poder. Nadie quiere vivir bajo autoritarismo de la derecha ni de la izquierda. Pero precisamente por eso, la discusión pública debe basarse en hechos y no en fantasmas.

Si un candidato plantea estatizaciones, confiscaciones o controles generalizados de la economía o restricciones al derecho de propiedad, corresponde mostrar el documento, la propuesta, el artículo, el mecanismo legal y la viabilidad jurídica. Si esa prueba no existe, lo demás es propaganda basada en el miedo.

“Seremos Venezuela”: el insulto a la inteligencia del ciudadano 

Otra mentira recurrente es la comparación automática con Venezuela. Cada vez que una fuerza de izquierda llega a una segunda vuelta en el Perú, aparece el mismo libreto: “seremos Venezuela”. Ya no importan el contexto, el programa de gobierno, la correlación parlamentaria, la autonomía de las instituciones ni la realidad económica peruana. Todo se reduce a una caricatura.

El Perú tiene problemas enormes, pero también posee restricciones institucionales, constitucionales y económicas que impiden que un presidente gobierne como monarca. El Banco Central de Reserva del Perú tiene autonomía constitucional; administra las reservas internacionales y conduce la política monetaria dentro de un marco legal. Por tanto, afirmar que las reservas pueden ser enviadas alegremente a Cuba, Venezuela o Bolivia no solo es falso: revela ignorancia deliberada sobre cómo funciona el Estado peruano.

Las reservas internacionales no son una caja chica del presidente de turno. Son activos administrados por el BCRP. Convertirlas en material de propaganda electoral es una irresponsabilidad política.

Julio Velarde y el fetichismo del salvador único

También se ha instalado otra idea muy peligrosa: que, si Julio Velarde deja el BCRP, el Perú se hunde en la miseria automáticamente. Nadie discute el rol de Velarde. Su permanencia desde 2006 ha sido valorada por la continuidad técnica y la credibilidad del banco central. Pero convertir a una persona en la única garantía de estabilidad de un país es institucionalmente irresponsable y un insulto a los economistas peruanos.

Un banco central serio no puede depender de un solo nombre. Debe depender de reglas, cuadros técnicos, autonomía, transparencia y rendición de cuentas. Si toda la estabilidad monetaria peruana dependiera exclusivamente de Velarde, entonces el problema no sería la izquierda, sino la fragilidad de nuestras instituciones. Defender el BCRP no significa usar a Velarde como amuleto electoral, sino preservar su autonomía frente a cualquier gobierno, sea de izquierda, derecha o centro.

La mentira divide y degrada la democracia

La campaña del miedo tiene un efecto más profundo que ganar votos: destruye la confianza entre peruanos. Presenta al adversario no como competidor político, sino como enemigo de la patria. Divide al país entre “salvadores” y “comunistas”, entre “gente decente” y “amenaza roja”, entre “propietarios” y “expropiadores”. Ese lenguaje no es inocente. Siembra odio visceral entre peruanos.

Además, resulta profundamente ofensivo para la inteligencia de millones de peruanos. Los peruanos no necesitan que les griten consignas; necesitan que les expliquen propuestas. No necesitan videos alarmistas; necesitan cifras, programas, equipos técnicos, diagnósticos serios y soluciones factibles. No necesitan que les digan “te quitarán todo”; necesitan saber quién garantizará más empleo, seguridad, salud, educación, inversión, etc.

El verdadero desprecio al pueblo no está en que algunos ciudadanos puedan creer una mentira. El verdadero desprecio está en quienes fabrican esas mentiras creyendo que los peruanos son tontos e incapaces de pensar.

Conclusión

El Perú no necesita una campaña basada en el terror, insultos y caricaturas ideológicas. Necesita una elección seria. Roberto Sánchez debe ser evaluado críticamente, sin indulgencia, por sus propuestas, sus antecedentes, su equipo y su capacidad real de gobierno. Pero eso no autoriza al fujimorismo ni a sus voceros a intoxicar estas elecciones con mentiras fabricadas para asustar a la población.

Decir que “nos quitarán todo”, que “seremos Venezuela” o que “las reservas se irán a Cuba” no es análisis político: es manipulación emocional burda. Es tratar al ciudadano como un subnormal. Es sustituir la democracia por propaganda.

Los peruanos de bien no deben dejarse arrastrar por el miedo. Deben exigir pruebas, programas y argumentos. Porque una democracia madura no se construye repitiendo mentiras hasta que parezcan verdad, sino desmontándolas antes de que envenenen definitivamente la convivencia nacional. L:290526

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(*) Es profesor principal de economía financiera en la UNMSM.

La reciente toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no debe ser leída como un simple conflicto estudiantil ni como una interrupción coyuntural de la vida académica. Es, más bien, el síntoma visible de una crisis más profunda: la crisis de la universidad pública peruana como institución formadora de élites profesionales, científicas, intelectuales y políticas para el desarrollo nacional.

El hecho es políticamente significativo. San Marcos no es cualquier universidad: es la universidad pública más antigua del continente, símbolo de movilidad social, pensamiento crítico y ascenso profesional para miles de jóvenes de sectores medios, populares y provincianos. Cuando San Marcos se paraliza, no solo se paraliza una institución, se desnuda una enfermedad nacional.

El problema de fondo no es si los estudiantes tienen o no razón en cada punto de su protesta. El problema mayor es que la universidad pública peruana ha sido empujada a una situación límite en las últimas décadas: presupuestos insuficientes, laboratorios obsoletos, investigación de bajo impacto, docentes precarizados, carreras desconectadas de las necesidades productivas del país, facultades convertidas en parcelas de poder y autoridades que, en algunos casos, confunden autonomía con feudo administrativo.

Antecedentes: una crisis largamente acumulada

La crisis universitaria peruana no nació con la toma de San Marcos. Tiene raíces profundas, entre otras, en la masificación de universidades sin planificación, el abandono presupuestal, la precariedad docente, la débil investigación científica y principalmente, en la ausencia de una política nacional de educación superior con visión de futuro.

Durante décadas, el Estado permitió que el sistema universitario creciera sin una adecuada correspondencia entre número de universidades, calidad docente, infraestructura, laboratorios, bibliotecas, investigación, etc. El problema fue más grave en el conjunto del sistema universitario peruano (privadas y públicas), pero también alcanzó la crisis a universidades públicas históricas que, aun conservando prestigio, fueron perdiendo capacidad de renovación institucional.

Universidades públicas que se autofinancian

No existe universidad pública de calidad sin financiamiento suficiente, estable y estratégicamente asignado. Se exige excelencia a las universidades, pero asignan presupuestos para sobrevivir, no para competir. Una universidad moderna necesita recursos ordinarios para planillas, pero también requiere inversión en laboratorios, repositorios digitales, bibliotecas, centros de investigación, movilidad académica, formación doctoral, internacionalización, etc.

El caso de San Marcos es especialmente revelador. Entre 2019 y 2023, la universidad tuvo un presupuesto anual promedio cercano a S/ 563 millones, de los cuales más de la mitad provenían de recursos directamente recaudados (RDR), lo que la convertía, en la práctica, en una universidad cuasi-privada. Esa realidad no ha cambiado en lo sustancial. La universidad pública peruana sigue dependiendo de ingresos propios, tasas, posgrados, servicios y actividades complementarias para cubrir brechas que el Estado no financia plenamente.

Esta situación distorsiona la misión universitaria. Una universidad pública no debe vivir obsesionada por recaudar, como las privadas que buscan lucro; debe estar concentrada en formar, investigar y transferir conocimiento a la sociedad. La autofinanciación puede complementar, pero no reemplazar la responsabilidad del Estado.

Calidad académica: entre el mérito y la rutina

La calidad académica de la universidad pública peruana es profundamente desigual. Hay facultades y docentes de alto nivel, pero también existen programas con currículos desactualizados, baja exigencia, escasa conexión con el mercado laboral y débil formación en investigación, idiomas, tecnología y pensamiento crítico.

El problema no es únicamente presupuestal. También es institucional. En algunas universidades, la carrera docente no siempre premia la productividad académica, la innovación pedagógica o la investigación de impacto. A veces pesa más la antigüedad que el mérito, la cercanía política que la excelencia y la pertenencia a grupos internos que la capacidad intelectual. Esa es una forma silenciosa de corrupción académica: no siempre roba dinero, pero roba futuro. Una universidad que no selecciona, evalúa y promueve rigurosamente a sus docentes termina formando profesionales para un país del tercer mundo.

 Investigación: producir más no significa transformar más

La investigación universitaria peruana ha mejorado en volumen, pero su impacto sigue siendo muy pequeño. Algunas universidades públicas han incrementado publicaciones, participación en rankings y presencia en base de datos y plataformas internacionales. Sin embargo, la producción científica nacional continúa concentrada en pocas instituciones y pocos grupos de investigación.

Un estudio sobre producción científica en Scopus señaló que 97 universidades peruanas licenciadas fueron consideradas en rankings que evaluaban producción científica, impacto, excelencia internacional y patentes, mostrando fuertes diferencias de desempeño entre ellas. Asimismo, análisis recientes sobre publicaciones científicas muestran que varias universidades públicas aparecen entre las de mayor producción, pero el reto sigue siendo convertir publicaciones en innovación, políticas públicas, desarrollo productivo y solución de problemas nacionales.

La universidad pública no puede limitarse a publicar para ascender en un registro o para recibir unos soles más. Debe investigar los problemas estructurales del Perú: informalidad, pobreza, desigualdad, corrupción, productividad, minería, agua, energía, desigualdad territorial, seguridad alimentaria, transformación digital, etc. Si la investigación universitaria no dialoga con los grandes problemas nacionales, se convierte en producción bibliográfica sin alma. Y una universidad sin alma puede llenar repositorios, pero no transformar la sociedad.

Enseñar en el siglo XXI con herramientas del siglo XX

La infraestructura es otro rostro de la crisis. Muchas universidades públicas tienen aulas deterioradas, bibliotecas insuficientes, laboratorios obsoletos, conectividad deficiente y equipamiento incapaz de sostener una formación científica moderna. En carreras de ingeniería, ciencias básicas, salud, agroindustria o tecnología, un laboratorio precario no es un detalle administrativo, es una mutilación de la formación profesional.

El estudiante puede tener talento, vocación y disciplina, pero si estudia en laboratorios sin equipos actualizados, con bibliografía limitada y sin contacto con tecnologías contemporáneas, egresa en desventaja. El Perú no puede hablar seriamente de industrialización, innovación o diversificación productiva si sus universidades públicas no tienen condiciones materiales para producir ciencia y tecnología.

Facultades como parcelas de poder

Uno de los problemas menos discutidos, pero más corrosivos, es la captura interna de facultades por grupos docentes. En algunas universidades, las facultades han dejado de funcionar como comunidades académicas y se han convertido en territorios de disputa: control de decanatos, direcciones de escuela, unidades de posgrado, plazas docentes, carga lectiva, jurados, concursos y presupuestos.

Esa lógica feudal destruye la universidad desde adentro. Cuando una facultad se administra como propiedad de grupo, el interés académico queda subordinado al cálculo político. Cuando el docente se convierte en operador electoral, la universidad pierde autoridad moral. Cuando la autonomía se usa para proteger mediocridad, se desnaturaliza la autonomía.

La politización universitaria no es mala en sí misma. La universidad debe ser crítica, deliberante y democrática. Lo grave es la politización facciosa (de grupos): aquella que reemplaza el debate de ideas por el reparto de cargos y que convierte la vida institucional en una guerra permanente de pequeños poderes.

Rankings:  desempeño insuficiente

Los rankings no son la verdad absoluta, pero ofrecen señales que no deben despreciarse. En el QS World University Rankings 2026, San Marcos aparece en el rango 951-1000 a nivel mundial, mientras que en el ranking de América Latina y el Caribe 2026 ocupa el puesto 44.

Estos resultados deben leerse con sobriedad. Que San Marcos sea la mejor universidad pública del Perú no significa que esté donde debería estar una universidad de su historia, tamaño y responsabilidad nacional. El problema peruano no es solo que pocas universidades aparezcan en rankings globales; el problema es que el país parece acostumbrado a celebrar posiciones discretas como si fueran hazañas.

El problema mayor: un país sin política universitaria de futuro

La crisis de la universidad pública responde, en gran medida, a la ausencia de una política educativa de largo plazo. El Perú no ha definido qué tipo de profesionales necesita, en qué sectores estratégicos quiere competir, qué investigación debe financiar, qué regiones requieren polos universitarios especializados ni cómo articular universidad, empresa, Estado y sociedad.

Por eso, la universidad pública reproduce el subdesarrollo en lugar de superarlo. Formas profesionales muchas veces desconectados de una estrategia nacional. Investiga poco o con bajo impacto. Opera con presupuestos insuficientes. Tolera prácticas internas de poder. Y, al mismo tiempo, carga sobre sus hombros la esperanza de miles de jóvenes que ven en ella una vía de ascenso social.

Conclusiones

La toma de San Marcos es un síntoma, no la enfermedad. La enfermedad es una universidad pública abandonada por el Estado, debilitada por la precariedad presupuestal y exigida por una sociedad que reclama calidad sin construir las condiciones para ella.

El Perú necesita una universidad pública que no administre inercias, sino que lidere transformaciones, y eso implica: financiamiento plurianual, meritocracia docente, laboratorios modernos, investigación útil, internacionalización, evaluación de facultades y rendición de cuentas. No basta defender la universidad pública en abstracto; hay que rescatarla de la pobreza, la mediocridad y de las facciones internas.

Si el Perú quiere salir del subdesarrollo, debe empezar por preguntarse qué tipo de universidad necesita. Porque ningún país es más grande que la calidad de sus universidades. Y una nación que descuida sus universidades públicas está renunciando, silenciosamente, a su propio futuro. Añado, San Marcos la universidad más antigua de América debe volver a ser también la más visionaria del Perú.  L:230526.

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac y actualmente, profesor principal en la UNMSM.

Pocas expresiones han sido tan utilizadas y, al mismo tiempo, tan vaciadas de contenido en el debate económico peruano como la de “economía social de mercado”. La Constitución de 1993 recoge en su artículo 58 como principio rector del régimen económico. Tres décadas después, el Plan de Gobierno 2026-2031 del fujimorismo vuelve a presentarla como fundamento de su propuesta económica. Sin embargo, el problema no está en el concepto mismo, sino en la mutilación que ha sufrido en el Perú. Se ha usado para legitimar un modelo de más mercado y menos Estado y una economía que ha producido estabilidad macroeconómica, sí, pero sigue arrastrando desigualdad estructural, exclusión y derechos sociales mal garantizados.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿Qué significa realmente la economía social de mercado y en qué medida el modelo peruano ha respetado —o traicionado— su sentido original?

La economía social de mercado no es “mercado sin Estado”

La economía social de mercado nació en la Alemania de posguerra como una propuesta distinta tanto del capitalismo laissez-faire (dejar hacer, dejar pasar) como de la economía centralmente planificada. Alfred Müller-Armack (1946), quien acuñó el término, la definió como la combinación de la libertad de mercado con la equidad social. No se trataba de reemplazar la iniciativa privada, sino de reconocer que el mercado, por sí solo, no garantiza competencia real, cohesión social ni igualdad de oportunidades. Por ello, la economía debía organizarse dentro de un orden jurídico e institucional fuerte, capaz de corregir monopolios, abusos de poder económico y exclusiones sociales.

Autores alemanes vinculados al ordoliberalismo(**)  como Walter Eucken, Wilhelm Röpke y Alexander Rüstow (1946), defendieron que la función pública debía ser reguladora, promotora y garante del bien común. En este sentido, la economía social de mercado es una tercera vía institucional: protege la propiedad privada y la libertad de empresa, pero exige políticas de empleo, seguridad social, educación, salud, infraestructura y redistribución razonable de la riqueza para evitar que la libertad económica se convierta en privilegio de pocos.

Por eso, reducir la economía social de mercado a la simple fórmula “más inversión privada, menos Estado” constituye una mutilación conceptual. Esa lectura no es alemana, ni ordoliberal, ni social: es apenas una coartada para consagrar un mercado sin suficiente contrapeso democrático.

 Lo que dice realmente la Constitución de 1993

El artículo 58 de la Constitución peruana establece que la iniciativa privada es libre y que se ejerce en una economía social de mercado. Pero la norma no termina allí. Añade que, bajo ese régimen, “el Estado orienta el desarrollo del país” y actúa principalmente en promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Es decir, el texto constitucional no consagra un Estado espectador, sino un Estado con deberes económicos y sociales explícitos.

El Tribunal Constitucional ha reiterado esta lectura. En decisiones recientes, ha precisado que la economía social de mercado se diferencia de una economía de mercado simple porque habilita la intervención estatal para corregir inequidades, asimetrías y fallas del mercado, así como para crear las condiciones que permitan el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Incluso ha señalado que el Estado no puede dejar la vigencia de los derechos “sujeta a los vaivenes del mercado”.

En otras palabras, la Constitución de 1993 no obliga a escoger entre mercado y Estado. Lo que dispone es una articulación: mercado para generar riqueza; Estado para asegurar que esa riqueza se traduzca en desarrollo humano, cohesión social y oportunidades reales. Ese es el núcleo olvidado de la fórmula constitucional.

La apropiación política del concepto por el fujimorismo

El Plan de Gobierno del fujimorismo 2026-2031 insiste repetidamente en la economía social de mercado. Afirma que esta debe funcionar “al servicio del ciudadano”, que debe ir acompañada de una “acción rectora y rectificadora del Estado” y que ha de proteger a trabajadores, Mypes, agro, comuneros y consumidores. Incluso introduce la idea de un “capitalismo popular” con redistribución de la riqueza.

El problema no está en esas declaraciones, sino en la brecha entre el discurso y la experiencia histórica. Durante los últimos treinta años, el Perú ha mantenido una economía ampliamente orientada al mercado, con estabilidad monetaria, disciplina fiscal y apertura comercial. Esos elementos generaron crecimiento y contribuyeron a reducir la pobreza en algunos puntos porcentuales. Sin embargo, el Banco Mundial advierte que esos avances fueron frágiles: la pandemia revirtió una década de mejora social y reveló que el crecimiento no había construido una base sólida de protección social, servicios universales ni empleos de calidad.

Por ello, reivindicar hoy la economía social de mercado sin reconocer las insuficiencias sociales del modelo aplicado equivale a repetir una consigna desprovista de autocrítica. Es más, de lo mismo. No basta con citar el artículo 58; hay que explicar por qué, después de tres décadas, el Perú sigue arrastrando estructuras incompatibles con una economía verdaderamente “social”.

Treinta años después: ¿Qué tan “social” ha sido el modelo peruano?

Los resultados obligan a una evaluación honesta. En 2025, la pobreza monetaria en el Perú se ubicó en 25.7%, es decir, 8 millones 800 mil peruanos (INEI, 2026). La desigualdad, medida por el índice de Gini, se mantuvo en torno a 40,1 (Banco Mundial, 2025). El Informe Mundial sobre la Desigualdad 2026 (WIR 2026) advierte que el 0.1% más rico de peruanos recibe el 22% de los ingresos, el más alto de la región y del mundo en 2022.

El mercado laboral ofrece un diagnóstico aún más severo. Nuevamente, el INEI reportó que, a diciembre de 2025, el 70.2% de la población ocupada tenía empleo informal. En el ámbito rural, la informalidad alcanzó 94.6%; entre los jóvenes de 14 a 24 años, 85,3%. Estos datos no describen una economía social de mercado,  sino un país donde la mayoría trabaja fuera de los estándares mínimos de ciudadanía económica.  Estas cifras son la radiografía de un capitalismo periférico que produce ocupación, pero no ciudadanía laboral; que permite sobrevivir, pero no progresar.

El propio Banco Mundial (2025) ha señalado que el Perú mantiene brechas persistentes en acceso a servicios públicos, baja calidad de empleo y limitada capacidad redistributiva del sistema fiscal y de transferencias. Dicho de otra forma, el país ha confiado mucho en el mercado para crecer, pero demasiado poco en el Estado para integrar.

Aquí aparece la gran contradicción, se invoca la economía social de mercado, pero se tolera una sociedad con salud fragmentada, educación desigual, pensiones insuficientes, trabajo informal generalizado y regiones enteras desconectadas del progreso. Eso no es economía social de mercado en su sentido primigenio. Es, más bien, un modelo económico neoliberal puro y duro.

Conclusiones

La economía social de mercado no significa estatismo ni planificación central; pero tampoco significa abandono social, subsidiariedad extrema o privatización acrítica. Su significado real es más exigente: mercados libres dentro de un orden político que corrija desigualdades, garantice competencia, provea bienes públicos y haga efectiva la dignidad humana.

En el Perú, la Constitución de 1993 incorporó ese concepto, pero la práctica política y económica de los últimos treinta años la redujo a más mercado y menos Estado. Por eso, cuando el fujimorismo vuelve a citar recurrentemente la economía social de mercado, corresponde recordar que su verdadero contenido no se prueba en los eslóganes, sino en los resultados: empleo digno, servicios públicos universales, reducción efectiva de desigualdades y un Estado capaz de equilibrar el poder del mercado. Si esos pilares no están presentes, hablar de economía social de mercado es traicionar su sentido original, el cual ha sido mutilado burdamente en el modelo peruano. L:20052026

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(*)Es Doctor en Ciencias Económicas y profesor principal de economía financiera en la UNMSM.

(**) El ordoliberalismo a diferencia del liberalismo clásico, sostiene que el libre mercado no se sostiene por sí solo y requiere que el Estado intervenga para crear un marco legal que garantice la competencia y evite los monopolios.

La coyuntura actual se ha precipitado por tres hechos concretos: el rechazo al 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐲 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐢𝐫𝐢́𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐢𝐧𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐲 𝐯𝐢𝐜𝐞𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐬; la exigencia de que las próximas elecciones de rectorado y cogobierno se realicen con garantías plenas de transparencia,  de manera presencial; y el cuestionamiento al incremento de la 𝐯𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐢𝐥, elevada del 10 % al 20 %, medida que restringe la pluralidad y debilita el cogobierno universitario. Estos reclamos han sido formulados públicamente por la Federación Universitaria de San Marcos y han encontrado respaldo en sectores docentes y autoridades académicas de la propia universidad.

A mi juicio, 𝐥𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐢𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐲 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬. Defender la alternancia en el gobierno universitario no es un capricho político, sino una exigencia básica de salud institucional. Exigir elecciones confiables tampoco es una actitud obstruccionista, más aún cuando persisten cuestionamientos sobre experiencias previas de votación virtual y cuando la propia ONPE ha comunicado limitaciones para asistir técnicamente el proceso electoral sanmarquino. Asimismo, revisar una valla electoral que reduce la representación estudiantil constituye una demanda legítima en una universidad que se reclama democrática.

Por ello, expreso 𝐦𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐬𝐚𝐧𝐦𝐚𝐫𝐪𝐮𝐢𝐧𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚, 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐲 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐠𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨. San Marcos no necesita imposiciones ni maniobras de continuidad; necesita legitimidad, apertura, diálogo y una conducción institucional a la altura de su historia.

Las salidas a esta crisis deben ser inmediatas y claras:

1. 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐨 del proyecto de reelección inmediata de rectores y vicerrectores.
2. 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐚́𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 entre autoridades, FUSM, docentes y representantes de los trabajadores.
3. 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 para garantizar una representación estudiantil amplia y plural.
4. 𝐃𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐦𝐞𝐜𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐩𝐥𝐞𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞, verificable y aceptado por la comunidad universitaria.
5. 𝐂𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐦𝐚𝐭𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬, privilegiando el diálogo y no la criminalización.

San Marcos ha sido históricamente conciencia crítica del país. Sería una contradicción intolerable que, en su propio seno, se pretenda acallar la voz de sus estudiantes cuando exigen democracia.

Ciudad Universitaria, 15 de mayo de 2026

𝐀𝐥𝐞𝐣𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐍𝐚𝐫𝐯𝐚́𝐞𝐳 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐫𝐚𝐬

Docente Principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Más de 25 años al servicio de la Universidad

Código: 096652

Después de más de tres décadas de predominio del modelo neoliberal en el Perú, el balance no puede reducirse a la estabilidad macroeconómica, la baja inflación o la disciplina fiscal. Es cierto que el país ha exhibido, en diversos periodos, indicadores macroeconómicos favorables: deuda pública moderada, reservas internacionales importantes, inflación relativamente controlada y apertura comercial. Pero también es cierto que esos logros no han impedido que millones de peruanos sigan atrapados en la pobreza, la informalidad, el hambre, el desempleo encubierto y la desigualdad territorial.

El problema central no es negar los avances macroeconómicos, sino preguntarse para quién funcionó el modelo. Porque una economía puede crecer y, al mismo tiempo, fracasar socialmente. Puede tener buenos números fiscales y pésimos indicadores humanos. Puede ser celebrada por los mercados y, a la vez, condenar a la mayoría a sobrevivir en la precariedad.

Por eso, el Perú necesita algo más profundo que retoques cosméticos:  necesita resetear su economía. No se trata de destruir lo avanzado ni de negar los  logros macroeconómicos alcanzados en las últimas décadas.  Significa revisar críticamente un modelo que prometió modernidad, eficiencia y prosperidad, pero que dejó como herencia una sociedad fracturada, informal, desigual y profundamente vulnerable.

Fallas del modelo

Durante más de treinta años se instaló una idea casi dogmática: si el Perú mantenía estabilidad macroeconómica, apertura comercial, inversión privada y disciplina fiscal, el bienestar llegaría por derrame. El crecimiento del PBI sería suficiente para reducir pobreza, formalizar empleo y elevar la calidad de vida. Sin embargo, la realidad ha demostrado que el derrame fue débil, desigual y, muchas veces, ilusorio.

La cifra más contundente es la pobreza. Según cifras oficiales (INEI, 2026) en 2025 la pobreza monetaria afectó al 25.7% de la población. Ello significa que una cuarta parte de peruanos viven con ingresos insuficientes para cubrir una canasta básica que asciende a 1,848 soles (una familia con 4 miembros). ¿Puede llamarse exitoso un modelo que, después de treinta años, deja a millones sobreviviendo al borde de la necesidad?

La pregunta cae por su propio peso: ¿de qué sirve sólidos fundamentos macroeconómicos si 8 millones 800 mil peruanos viven con ingresos de 15 soles al día? ¿De qué sirve la ortodoxia fiscal si millones no pueden cubrir adecuadamente su alimentación, salud, educación o vivienda? Allí aparece la primera gran falla del modelo: confundió estabilidad macroeconómica con desarrollo.

La segunda falla es el empleo que ofrece otra prueba del fracaso estructural. El Perú no solo tiene desempleo abierto; tiene algo más profundo: subempleo, informalidad y precariedad estructural.

Nuevamente, el INEI reportó que, a diciembre de 2025, el 70.2% de la población ocupada tenía empleo informal. Esta cifra no es un accidente estadístico. Es la radiografía de un capitalismo periférico que produce ocupación, pero no ciudadanía laboral; que permite sobrevivir, pero no progresar.

La informalidad no es simplemente evasión o falta de cultura tributaria. Es el resultado de una estructura productiva débil, concentrada en actividades de baja productividad, con microempresas que sobreviven sin crédito o crédito muy caro, sin tecnología, sin capacitación y sin acceso real a mercados modernos. Durante décadas se dijo que bastaba con flexibilizar el mercado laboral, abrir y atraer inversión. Pero el resultado fue una economía dual: una parte moderna, exportadora y muy rentable; y otra inmensa, popular, informal y abandonada. Ese es el Perú real.

La tercera falla es alimentaria. El informe SOFI 2024, con cifras de FAO, señaló que 17,6 millones de peruanos enfrentaban inseguridad alimentaria moderada o grave, equivalente al 51.7% de la población. Este dato debería sacudir cualquier complacencia. No hay éxito económico posible en un país donde más de la mitad de sus habitantes tiene dificultades para acceder de manera regular a alimentos suficientes y nutritivos.

Aquí el modelo muestra su contradicción más dura: el Perú exporta alimentos, minerales y energía, pero no garantiza bienestar básico a su población. Puede producir riqueza, pero no distribuir seguridad. Puede atraer capitales, pero no alimentar dignamente a millones. Puede tener supermercados llenos y hogares con ollas vacías. Esa paradoja no es económica, es moral.

La cuarta falla es la desigualdad. Según la Plataforma de Pobreza y Desigualdad del Banco Mundial, el índice de Gini de Perú fue de 40,13 en 2024, indicador que confirma la persistencia de una distribución desigual del ingreso. El Informe Mundial sobre la Desigualdad 2026 (WIR 2026) advierte que el 0.1% más rico de peruanos recibe el 22% de los ingresos, el más alto de la región y del mundo en 2022.

Pero, la desigualdad peruana no es solo monetaria; es también territorial, educativa, sanitaria, digital, etc. No nace únicamente del mercado, sino de un Estado que llega tarde o no llega, y de una economía que concentra oportunidades en pocos espacios urbanos y pocas manos.

Resetear la economía peruana

Por ello, “resetear” la economía peruana exige abandonar la falsa dicotomía entre Estado y mercado. El Perú no necesita un Estado empresario torpe ni un mercado sin control social. Necesita un Estado estratégico y visionario, capaz de orientar inversión, regular abusos de los oligopolios, promover competencia, financiar infraestructura, elevar productividad y garantizar derechos universales básicos. Y necesita un sector privado moderno, que no viva de privilegios, exoneraciones tributarias, captura regulatoria o rentas extractivas, sino de innovación, productividad y empleo digno.

Resetear la economía implica, primero, pasar de una economía primario-exportadora a una economía productiva y diversificada. La minería seguirá siendo importante, pero no puede ser el único motor. El país necesita industria, agroindustria inclusiva, ciencia, tecnología, turismo sostenible, economía digital, petroquímica, energías renovables, manufactura especializada y cadenas regionales de valor.

Segundo, exige una reforma tributaria progresiva y técnicamente seria. No se puede financiar un Estado social con una presión tributaria débil, evasión extendida y privilegios injustificados. Pero tampoco se puede asfixiar a la pequeña empresa formal. La clave está en cobrar mejor a quienes más tienen, cerrar evasión y elusión, revisar exoneraciones ineficientes y simplificar el cumplimiento tributario para Mypes.

Tercero, requiere una revolución del empleo formal. La formalización no se decreta; se construye con productividad. Eso implica crédito barato, asistencia técnica, compras públicas, digitalización, capacitación laboral, reducción de costos burocráticos y protección social gradual. Un trabajador no se vuelve formal porque el Estado lo amenaza, sino porque la economía le ofrece una ruta viable para salir de la precariedad.

Cuarto, se necesita una política alimentaria nacional. El hambre no puede tratarse como un problema asistencial. Debe enfrentarse con agricultura familiar, infraestructura hídrica, caminos rurales, mercados mayoristas eficientes, compras públicas locales, nutrición escolar y protección frente a choques climáticos.

Quinto, el Perú debe reconstruir el Estado. No hay transformación económica con ministerios débiles, gobiernos regionales capturados, municipios ineficientes, corrupción endémica y obras paralizadas. El Estado no solo debe gastar más; debe gastar mejor, medir resultados y sancionar la incompetencia.

Conclusiones

El modelo económico peruano logró estabilidad, pero no logró justicia social. Ordenó algunas cuentas macroeconómicas, pero no ordenó la vida de millones de ciudadanos. Redujo riesgos financieros, pero dejó intactos riesgos humanos: pobreza, hambre, informalidad, desigualdad y abandono territorial.

Resetear la economía peruana no significa quemar la casa, sino cambiar sus cimientos defectuosos. Significa conservar lo que funciona, pero corregir lo que fracasó: la ausencia de política industrial, la debilidad del Estado social, la informalidad masiva, la concentración de oportunidades y la indiferencia frente al hambre.

El Perú necesita una nueva economía: productiva, inclusiva, descentralizada, soberana y socialmente responsable. Una economía que no mida el éxito solo por el PBI, sino por la dignidad de su gente. Porque un país donde millones sobreviven sin empleo digno, sin comida segura y sin servicios básicos no necesita retoques cosméticos. Necesita, con urgencia histórica, un verdadero reseteo económico. L:11052026

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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas y Profesor Principal de Economía Financiera en la UNMSM.