Alejandro Narváez Liceras
Medir la corrupción es complejo. Es un fenómeno que se manifiesta de forma opaca y, a menudo, no deja rastros. No obstante, a pesar de su dificultad, es importante por múltiples razones conocer los niveles de corrupción de los países, y así determinar sus logros y sus fracasos. Contar con instrumentos que permitan calibrar los niveles de corrupción o de transparencia, contribuye a fortalecer los mecanismos institucionales de rendición de cuentas, así como a evaluar las políticas públicas para combatir la corrupción.
Hay evidencias que muestran que la corrupción inhibe o impide el efecto social de la inversión pública en áreas estratégicas como educación, salud, justicia, etc., fomentando así el aumento de la pobreza y la exclusión social, por ello, es innegable que los índices de corrupción ejercen una importante influencia en el desarrollo político, económico y social de un país.
La corrupción se estanca en el mundo
El Índice de Percepción de Corrupción (IPC), que se basa en macroencuestas a expertos del sector privado y ejecutivos de empresas de 180 países, que fue presentado por Transparencia Internacional (TI) este 25 de enero último, demuestra que los niveles de corrupción se encuentran estancados a nivel mundial, con escaso o ningún progreso en el 86 % de los países estudiados. Los países ejemplares en el IPC 2021 son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda (con 88 puntos de 100 posibles), seguidos de Noruega, Singapur y Suecia (con 85 puntos). Los estados que se ubican en la cola del ranking mundial son: Siria y Somalia con 13 puntos, mientras que Sudán del Sur, obtuvo apenas 11 puntos.
En América Latina y el Caribe (ALC) los países mejor ubicados en el último informe de TI son: Uruguay con 73 puntos ocupa el lugar 18 a nivel internacional. Luego vienen Chile (67 puntos), Costa Rica (58) y Cuba (46). Son los únicos cuatro países de la región que superan la puntuación media de 43 en toda América. Mención aparte merece Chile. Nuestro vecino país sigue estancado en los 67 puntos desde 2017 y hoy tiene una “oportunidad única” para mejorar esa puntuación si incorpora elementos de anticorrupción en la propuesta de la nueva Constitución que se viene gestando.
El Perú retrocede
En la última edición de IPC 2021, Perú obtuvo una evaluación de 36 puntos de 100 posibles. Con esta calificación, el país se ubica en la posición 105 de los 180 países evaluados. Esto supone un retroceso de 2 puestos con respecto al IPC 2020. Hace 10 años (2012) el Perú tenía una evaluación de 38 puntos y en el 2016 tuvo la peor nota (35). Estas cifras reflejan que en nuestro país siguen intacto los niveles de corrupción, con claros visos de extenderse aún más.
A lo largo de los últimos 20 años hubo varios intentos de lucha contra la corrupción. Por citar algunos: La Iniciativa Nacional Anticorrupción (INA, 2001) promovido por el gobierno de transición 2000 – 2001 propuso reformas contra la corrupción sistémica de los años 90. En el 2010 se creó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN). Esta Comisión publicó después de siete largos años (2017) un documento llamado “Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción (PNILC)” y puso en marcha el Plan 2018 – 2021 de lucha contra la corrupción. Los resultados de dichas iniciativas han sido claramente mediocres. Algunas razones para ello: i) la falta de una sincera voluntad política de los gobernantes, ii) Una CAN ineficiente y burocrática con 24 miembros y iii) unos planes más enfocados en procesos que en resultados.
La economía negra se extiende
En todas las ciudades hay enormes cloacas, aunque no bajemos a ellas. La vida normal de la gente produce desechos putrefactos, aunque no queramos olerlas. Haciendo un símil, la actividad económica también tiene sus propios excrementos, sus cloacas y sus fosas sépticas, aunque miremos a otro lado, o hagamos de la vista gorda.
Desde las más variadas formas de corrupción, hasta el fétido tráfico de drogas o de armas, pasando por el fraude fiscal, la trata de personas, el uso de información privilegiada, la piratería, la doble contabilidad, el nepotismo, el tráfico de influencias, el lavado de activos y la economía negra o informal. Son actividades que se expanden peligrosamente en nuestro país y están fuera del control del Estado.
Por citar dos casos de corrupción más conocidos en el Perú: “Lava Jato” y “Club de la Construcción”. Estos casos exhiben un esquema con patrones de corrupción de alcance nacional e internacional, involucrando actores con poder político y económico, como expresidentes de la República, exministros de gobierno, exgobernadores regionales, alcaldes, políticos de diversos partidos y tendencias, así como empresas privadas, conglomerados nacionales y extranjeros, y proyectos de gran envergadura económica e impacto social.
El caso más emblemático es el “Club de la Construcción”. Este caso hace referencia a un cartel de empresas constructoras que repartían en un orden, previamente acordado, las obras adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías Nacional, a cambio de millonarios sobornos a un grupo de personas externas y funcionarios del Ministerio. Al 31 de diciembre de 2020, sólo en este caso, estaban incorporados al proceso penal 46 empresas (véase el Informe de Gestión y Resultados 2017-2020. Procuraduría Pública ad hoc para el caso Odebrecht y otras). Estos dos ejemplos, pintan de cuerpo entero la dimensión y la gravedad de la corrupción en el Perú. Atajarlo, no será fácil.
Ese lado oscuro y opaco de la economía, ha pervertido la política, la justicia, la realidad económica, las prácticas sociales, las acciones del gobierno, el mundo del trabajo, los fines y los modos de vida cotidiana de la gente, y a su vez ha engendrado una clase rica hecha en la penumbra y al margen de la ley, empeñada en controlar la política y los principales espacios de poder, poniendo en peligro la supervivencia de nuestra débil democracia.
Un país sólo puede prosperar sobre la base de la confianza mayoritaria de sus ciudadanos y de sus socios económicos y comerciales del exterior. La confianza es una condición esencial para que las instituciones funcionen adecuadamente. Es la única garantía que tenemos para que nuestro modo de vida no se escurra por las cloacas de la economía. La desconfianza no es rentable para el país. La “falta de moral”, en términos deportivos, no ya éticos, tiende a paralizar la economía, debilita su crecimiento, desmotiva la entrada de capitales foráneos al país y la participación de emprendedores locales. El propio Adam Smith, padre supremo del liberalismo, en el capítulo III de La riqueza de las naciones (1776), aconsejaba: “el comercio y las manufacturas solo pueden florecer en un Estado en que exista cierto grado de confianza en la justicia y el gobierno.”
Cada modelo o ideología económica conlleva ciertos valores éticos y, en ese sentido, propicia o dificulta determinadas conductas humanas. El modelo económico neoliberal, que magnifica la “mano invisible del mercado” y considera al Estado como un obstáculo a la libertad, se presta más para que las sociedades devalúen sus normas éticas. El culto al dinero, la codicia, el egoísmo la insolidaridad, etc., son algunos rasgos observables de un desarme moral de la sociedad actual. El viejo Keynes, hace más de ochenta años decía al respecto: “la avaricia es un vicio, la aplicación de la usura, una fechoría y el amor al dinero, detestable”.
Finalmente, no ha sido mi intención en este artículo hacer una proclama moralizante, porque ni están los tiempos para aguantar encima sermones, ni yo soy quién para darlos. Pero, después de estar vinculado más de 20 años a instituciones públicas y privadas y de haber asumido direcciones de relevancia, puedo decir con absoluta certeza, que si bien “la falta de moral”, las prácticas perversas y toxicas de ciertas personas, están ganando terreno peligrosamente, también es verdad que he visto y conocido funcionarios públicos, empresarios privados, ciudadanos de a pie, que se resisten a ser atrapados por la corrupción, la codicia, el afán de lucro, el dinero fácil y defienden con firmeza y orgullo sus principios y sus valores, aun a costa de quedarse sin empleo o perder su empresa (publicado 29/1/22).