Alejandro Narváez Liceras(*)
Sin duda, será año crucial para el Perú. No sólo por el proceso electoral que definirá un nuevo gobierno, sino también por la coyuntura crítica donde convergen: fragilidad institucional, inestabilidad política, crecimiento económico débil, descontento social, inseguridad ciudadana y una corrupción generalizada que engulle el país entero. A la fragilidad interna se suma un entorno internacional adverso marcado por una crisis geopolítica aguda. El conflicto entre grandes potencias, la disrupción de cadenas de suministro, la desaceleración de la economía mundial, etc., configuran un marco en el que los países de ingreso medio, como el Perú, enfrentan importantes desafíos. Este artículo explora los principales factores que determinarán el escenario nacional en 2026 y plantea una reflexión sobre la preparación del país para enfrentar un mundo que exige Estado fuerte, visión estratégica y claridad en la conducción económica.
Un entorno internacional adverso
El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía mundial continuará desacelerándose hacia 2026, afectada por el endurecimiento de condiciones financieras, los efectos rezagados de la inflación global y la fragmentación de las reglas del comercio internacional. Países como Estados Unidos y China continúan disputando espacios de influencia económica y tecnológica, lo que provoca la reconfiguración de cadenas de suministro y la imposición de nuevas barreras comerciales.
Para una economía abierta y dependiente de materias primas como el Perú, este escenario implica volatilidad de precios de minerales, presión sobre balanza comercial y un mayor riesgo de choques externos. En términos concretos, el Perú sigue dependiendo de factores que no controla, lo que revela la ausencia histórica de una estrategia de diversificación productiva como política de Estado. Los precios del cobre, el oro, el zinc, la plata, seguirán sujetos a alta volatilidad debido a los conflictos geopolíticos en Medio Oriente, las tensiones en el Sur de China, Ucrania y el conflicto en el Caribe que puede ser un cisne negro para la región.
El cobre, clave para la transición energética, podría sostener nuestra balanza comercial, pero está condicionada por conflictos sociales no resueltos, demoras en proyectos mineros y debilidad regulatoria. El Perú tiene ventajas geológicas, pero limitaciones institucionales impiden convertir el auge de la demanda de minerales como el cobre en desarrollo sostenible e inclusivo.
Política y gobernabilidad: un país agotado de crisis
Para 2026, el riesgo es evidente. La polarización vuelve a capturar la agenda pública, postergando decisiones cruciales. El país necesita estabilidad, pero la estructura política actual la hace improbable. Las pugnas entre Congreso y Ejecutivo, la crisis y la atomización de los partidos políticos, la fragmentación legislativa y la ausencia de liderazgos claros erosionan la capacidad del Estado para ejecutar políticas a largo plazo.
El FMI (2024) advierte que sin estabilidad institucional ninguna política económica puede generar resultados sostenibles. La crisis política erosiona la inversión, debilita la gestión pública y alimenta la desconfianza social. La gobernabilidad será, más que nunca, el factor determinante de la trayectoria económica. De manera que, una reforma política integral con nuevos actores, que implique, reglas claras para la relación entre los poderes del Estado, renovación de liderazgos, entre otros. etc., pueden coadyuvar a la deseada gobernabilidad.
Pobreza y desigualdad: retrocesos profundos
Mientras el país presume de una macroeconomía robusta con sólidos fundamentos macroeconómicos, más de 90 mil millones de dólares de reservas internacionales (ahorro del país), bla, bla, bla. la fractura social aumenta. Esta realidad es indiscutible. El INEI (2025) estima la pobreza monetaria en torno al 29%, mientras la informalidad laboral supera el 70%, y el subempleo, es decir, sin derecho a nada, corresponde al 43% de la PEA (INEI, 3T2025), etc. El Banco Mundial (2024) advierte que, sin reformas estructurales, el Perú podría quedar atrapado en un “estancamiento social” que reproduzca círculos de desigualdad y menor productividad generalizada.
Desde una perspectiva crítica, el país no enfrenta un problema de recursos, sino de políticas de Estado con sentido de nación. La ausencia de un Estado eficaz impide que el crecimiento económico se convierta en bienestar real para todos los peruanos, fundamento clave de los objetivos de política económica.
La inseguridad desbordada
El Perú llega al 2026 con una crisis de seguridad sin precedentes. El INEI (2024) reporta que la inseguridad es el principal problema percibido por más del 85% de la población. La inseguridad impacta directamente en la vida cotidiana de la gente, en las decisiones de inversión, en la actividad económica y en la percepción internacional de estabilidad, convirtiéndose en una amenaza real para el crecimiento económico.
El deterioro de la seguridad es el síntoma de un Estado débil. El aumento del crimen organizado, el sicariato, las extorsiones y los delitos violentos de los pandilleros de cada día, es también, consecuencia de una profunda fragmentación social de la sociedad peruana. Se requiere: una reforma integral del sistema de seguridad (inteligencia policial, control territorial, reforma penitenciaria), reforma del código penal, y simultáneamente, atacar las causas estructurales (desempleo, desigualdad, hambre, exclusión) que los produce.
¿Está preparado el Perú para un mundo fragmentado?
El concepto de geoeconomía —entendido como el uso del comercio, la tecnología y las finanzas como armas de poder— ha transformado completamente el funcionamiento del sistema mundial. Las potencias ya no compiten sólo por mercados, sino por influencias estratégicas.
En este escenario, el Perú necesita redefinir su política exterior, diversificar socios comerciales y fortalecer su participación en organismos multilaterales. No hacerlo implica quedar atrapado en la periferia, como un país irrelevante en un mundo donde la competencia económica se mezcla con tensiones militares y tecnológicas.
Apunte final
El Perú enfrenta en 2026 un conjunto de desafíos que trascienden la coyuntura electoral. Estos desafíos (crecimiento económico débil, precios volátiles de minerales, inestabilidad política, fractura social, inseguridad ciudadana, corrupción crónica), constituyen los pilares de una agenda mínima para cualquier candidato que aspire a gobernar el país. En todo caso, la pregunta clave, es: ¿contará el país con líderes capaces y honestos para enfrentar dichos desafíos en un entorno internacional que exige un Estado fuerte, una visión estratégica y reformas profundas? (L:2911225)
_______
(*) Es actualmente profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Director del Instituto Internacional de Economía y Empresa.