Alejandro Narváez Liceras (*)
El Perú se enfrenta a una encrucijada energética. Pese a su riqueza en recursos naturales y su potencial en energías renovables, el país carece de una política energética integral, moderna, visionaria y orientada al interés nacional. La creciente dependencia de combustibles fósiles importados (petróleo, diésel, GLP), la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica y el desbalance territorial en el acceso a la energía revelan una debilidad estructural que compromete la seguridad energética del país en el futuro cercano.
Este vacío estratégico es aún más grave en el contexto de una geopolítica global incierta, donde los precios internacionales de la energía son volátiles y las disputas tecnológicas entre potencias afectan las cadenas de suministro. Este artículo sostiene que el Perú no solo necesita una política energética urgente, sino que ésta debe estar diseñada como un componente clave de soberanía y desarrollo nacional.
La seguridad y soberanía energética
Para la Agencia Internacional de Energía (2024), “la seguridad energética implica asegurar un suministro continuo, accesible y sostenible de energía para sostener la economía y el desarrollo humano”. Cuando hablamos de seguridad energética, no nos referimos a una única energía ni a una tecnología específica, sino al sistema completo que sostiene la economía y la vida cotidiana de la gente. Es un concepto transversal que engloba electricidad, combustibles, renovables, infraestructura, precios, acceso territorial y resiliencia climática. En suma, la seguridad es una meta práctica de suministro, y la soberanía energética el concepto político y social de poder y control más amplio de un país para decidir sus fuentes, producción y políticas energéticas buscando la autosuficiencia y justicia social.
En el Perú, esta noción ha sido ignorada o reducida a medidas parciales y sin planificación de largo plazo. La producción nacional de petróleo (el recuso más vital de la civilización moderna) cubre menos del 25 % de la demanda interna, lo que obliga importar el 75% restante. El Diésel el de mayor demanda en el mercado peruano (148MBDC) la producción local asciende a 82MBDC y el resto viene de fuera. Ocurre algo parecido con el GLP, cuya demanda nacional es de 74MBDC, mientras que la producción local alcanza a 41MBDC (DGH 2025). El gas natural de Camisea (Lote 88) con una declinación creciente de reserva probadas, sigue concentrado en la costa sur y su distribución nacional es desigual. Las millonarias importaciones implican para el país sangría de divisas.
La ausencia de una política energética nacional con enfoque de seguridad expone al país a escenarios críticos, como cortes masivos, inestabilidad tarifaria o desabastecimientos regionales. En tiempos de crisis geoeconómica global, esa debilidad puede traducirse en una pérdida de autonomía económica grave para el país.
Otros ejemplos: El Euro 6 en Petroperú, con exiguo presupuesto y ahora en stand by, la promoción de Hidrógeno Verde (ley 31992), que aún no arranca. En materia de energía nuclear, el IPEN con 50 años de vida tiene una contribución muy modesta, en cambio países como China, Rusia e India consideran este tipo de energía de capital importancia para su desarrollo.
El sistema eléctrico: fragilidad y desigualdad territorial
La matriz eléctrica peruana tiene un componente hidroeléctrico dominante (cerca del 55%), pero el sistema presenta problemas de concentración, obsolescencia y falta de planificación. El 70 % de la energía se genera en pocas plantas, ubicadas en zonas vulnerables a eventos climáticos extremos (Huancavelica, Huánuco, Ancash, Cusco), lo cual reduce la resiliencia del sistema (COES, 2024). Además, la distribución eléctrica está altamente centralizada. Zonas enteras, especialmente en la Amazonía y la sierra rural, no cuentan con cobertura o sufren cortes frecuentes. Según el MINEM (2025), más de 1 millón de peruanos aún no tiene acceso regular a electricidad. Claramente, este panorama refleja la incapacidad del Estado para garantizar un derecho básico que condiciona la educación, la salud, el trabajo y la productividad.
La trampa del gas natural
El caso del gas natural de Camisea es ilustrativo de cómo el Perú convierte ventajas comparativas en problemas estructurales. Si bien el país produce en torno a 1,500 millones de pies cúbicos por día (MMPCD), la masificación del gas a domicilio que llego de Camisea a Lima en 2004, va a paso de tortuga. La infraestructura de transporte es muy limitada, las tarifas de conexión siguen siendo elevadas. En suma, los beneficios no han llegado a la mayoría de hogares peruanos ni a pequeñas industrias.
¿Cómo puede un país con abundante gas natural seguir cocinando con balones de GLP importado y costoso? Esta pregunta resume una política orientada a maximizar ganancias de unas pocas empresas que han llegado al Perú para hacerse con el lucrativo negocio de un recurso no renovable.
Transición energética: más discurso que acciones
La transición energética es una obligación global frente al cambio climático. Pero en el Perú, esta transición avanza a un ritmo muy lento, sin coordinación y sin vinculación con las comunidades. El país posee alto potencial en energía solar y eólica pero los proyectos son aislados, y la inversión privada no ha sido acompañada de un marco regulatorio promotor e institucional sólido.
El Ministerio del Ambiente (2024) reconoce que el 50 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país proviene del sector energía y transporte. Sin embargo, no existe un plan nacional de electrificación del transporte ni incentivos reales para promover eficiencia energética. Una transición sin justicia energética, es decir, sin acceso universal, tarifas justas y participación de las comunidades, es una transición fallida.
El rol estratégico de Petroperú en la seguridad energética
La empresa estatal Petroperú ha sido sistemáticamente debilitada, politizada y convertida en chivo expiatorio de la pésima política energética seguida en el país. Sin embargo, pese a sus dificultades financieras y al acoso recurrente de algunos medios y mentes nubladas, sigue siendo un actor clave para garantizar el abastecimiento de combustibles, a lo largo y ancho del país. Es la palanca que mueve la aguja de la economía financiando parte del presupuesto nacional con los impuestos que recauda y paga.
Con la Nueva Refinería de Talara (considerada como una de las 7 más modernas del mundo) y actualmente en etapa de optimización, el Perú tiene ahora la posibilidad de producir combustibles más limpios, con estándares internacionales y reducir en gran parte su dependencia externa. Pero sin una política energética de Estado que le dé a Petroperú el empuje para ser un negocio integrado verticalmente, su futuro no es halagüeño.
Conclusión
El problema del Perú no es la falta de energía, sino la falta de política de Estado. Se necesita una política energética integral, moderna, con enfoque de seguridad y soberanía nacional. La dependencia de combustibles importados, la desarticulación territorial, la concentración del sistema eléctrico, la escasa masificación del gas y el atraso en la transición energética conforman un cuadro alarmante.
Pero más grave aún, es la ausencia de visión estratégica. La energía no es solo un recurso económico, es un instrumento de desarrollo humano y de soberanía. En un mundo en proceso de desglobalización, donde las cadenas energéticas están condicionadas por la geopolítica, los países que no planifican serán subordinados. Finalmente, no hay economía sólida ni justicia social posible sin una política energética que garantice continuidad, accesibilidad y sostenibilidad. (L:061225)
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(*) Es actualmente profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ex presidente del Directorio de Petroperú.
(**) Este articulo y otros del autor tambien puede leerse en: www.alejandronarvaez.com