Alejandro Narváez Liceras(*)
Pocas expresiones han sido tan utilizadas y, al mismo tiempo, tan vaciadas de contenido en el debate económico peruano como la de “economía social de mercado”. La Constitución de 1993 recoge en su artículo 58 como principio rector del régimen económico. Tres décadas después, el Plan de Gobierno 2026-2031 del fujimorismo vuelve a presentarla como fundamento de su propuesta económica. Sin embargo, el problema no está en el concepto mismo, sino en la mutilación que ha sufrido en el Perú. Se ha usado para legitimar un modelo de más mercado y menos Estado y una economía que ha producido estabilidad macroeconómica, sí, pero sigue arrastrando desigualdad estructural, exclusión y derechos sociales mal garantizados.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿Qué significa realmente la economía social de mercado y en qué medida el modelo peruano ha respetado —o traicionado— su sentido original?
La economía social de mercado no es “mercado sin Estado”
La economía social de mercado nació en la Alemania de posguerra como una propuesta distinta tanto del capitalismo laissez-faire (dejar hacer, dejar pasar) como de la economía centralmente planificada. Alfred Müller-Armack (1946), quien acuñó el término, la definió como la combinación de la libertad de mercado con la equidad social. No se trataba de reemplazar la iniciativa privada, sino de reconocer que el mercado, por sí solo, no garantiza competencia real, cohesión social ni igualdad de oportunidades. Por ello, la economía debía organizarse dentro de un orden jurídico e institucional fuerte, capaz de corregir monopolios, abusos de poder económico y exclusiones sociales.
Autores alemanes vinculados al ordoliberalismo(**) como Walter Eucken, Wilhelm Röpke y Alexander Rüstow (1946), defendieron que la función pública debía ser reguladora, promotora y garante del bien común. En este sentido, la economía social de mercado es una tercera vía institucional: protege la propiedad privada y la libertad de empresa, pero exige políticas de empleo, seguridad social, educación, salud, infraestructura y redistribución razonable de la riqueza para evitar que la libertad económica se convierta en privilegio de pocos.
Por eso, reducir la economía social de mercado a la simple fórmula “más inversión privada, menos Estado” constituye una mutilación conceptual. Esa lectura no es alemana, ni ordoliberal, ni social: es apenas una coartada para consagrar un mercado sin suficiente contrapeso democrático.
Lo que dice realmente la Constitución de 1993
El artículo 58 de la Constitución peruana establece que la iniciativa privada es libre y que se ejerce en una economía social de mercado. Pero la norma no termina allí. Añade que, bajo ese régimen, “el Estado orienta el desarrollo del país” y actúa principalmente en promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Es decir, el texto constitucional no consagra un Estado espectador, sino un Estado con deberes económicos y sociales explícitos.
El Tribunal Constitucional ha reiterado esta lectura. En decisiones recientes, ha precisado que la economía social de mercado se diferencia de una economía de mercado simple porque habilita la intervención estatal para corregir inequidades, asimetrías y fallas del mercado, así como para crear las condiciones que permitan el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Incluso ha señalado que el Estado no puede dejar la vigencia de los derechos “sujeta a los vaivenes del mercado”.
En otras palabras, la Constitución de 1993 no obliga a escoger entre mercado y Estado. Lo que dispone es una articulación: mercado para generar riqueza; Estado para asegurar que esa riqueza se traduzca en desarrollo humano, cohesión social y oportunidades reales. Ese es el núcleo olvidado de la fórmula constitucional.
La apropiación política del concepto por el fujimorismo
El Plan de Gobierno del fujimorismo 2026-2031 insiste repetidamente en la economía social de mercado. Afirma que esta debe funcionar “al servicio del ciudadano”, que debe ir acompañada de una “acción rectora y rectificadora del Estado” y que ha de proteger a trabajadores, Mypes, agro, comuneros y consumidores. Incluso introduce la idea de un “capitalismo popular” con redistribución de la riqueza.
El problema no está en esas declaraciones, sino en la brecha entre el discurso y la experiencia histórica. Durante los últimos treinta años, el Perú ha mantenido una economía ampliamente orientada al mercado, con estabilidad monetaria, disciplina fiscal y apertura comercial. Esos elementos generaron crecimiento y contribuyeron a reducir la pobreza en algunos puntos porcentuales. Sin embargo, el Banco Mundial advierte que esos avances fueron frágiles: la pandemia revirtió una década de mejora social y reveló que el crecimiento no había construido una base sólida de protección social, servicios universales ni empleos de calidad.
Por ello, reivindicar hoy la economía social de mercado sin reconocer las insuficiencias sociales del modelo aplicado equivale a repetir una consigna desprovista de autocrítica. Es más, de lo mismo. No basta con citar el artículo 58; hay que explicar por qué, después de tres décadas, el Perú sigue arrastrando estructuras incompatibles con una economía verdaderamente “social”.
Treinta años después: ¿Qué tan “social” ha sido el modelo peruano?
Los resultados obligan a una evaluación honesta. En 2025, la pobreza monetaria en el Perú se ubicó en 25.7%, es decir, 8 millones 800 mil peruanos (INEI, 2026). La desigualdad, medida por el índice de Gini, se mantuvo en torno a 40,1 (Banco Mundial, 2025). El Informe Mundial sobre la Desigualdad 2026 (WIR 2026) advierte que el 0.1% más rico de peruanos recibe el 22% de los ingresos, el más alto de la región y del mundo en 2022.
El mercado laboral ofrece un diagnóstico aún más severo. Nuevamente, el INEI reportó que, a diciembre de 2025, el 70.2% de la población ocupada tenía empleo informal. En el ámbito rural, la informalidad alcanzó 94.6%; entre los jóvenes de 14 a 24 años, 85,3%. Estos datos no describen una economía social de mercado, sino un país donde la mayoría trabaja fuera de los estándares mínimos de ciudadanía económica. Estas cifras son la radiografía de un capitalismo periférico que produce ocupación, pero no ciudadanía laboral; que permite sobrevivir, pero no progresar.
El propio Banco Mundial (2025) ha señalado que el Perú mantiene brechas persistentes en acceso a servicios públicos, baja calidad de empleo y limitada capacidad redistributiva del sistema fiscal y de transferencias. Dicho de otra forma, el país ha confiado mucho en el mercado para crecer, pero demasiado poco en el Estado para integrar.
Aquí aparece la gran contradicción, se invoca la economía social de mercado, pero se tolera una sociedad con salud fragmentada, educación desigual, pensiones insuficientes, trabajo informal generalizado y regiones enteras desconectadas del progreso. Eso no es economía social de mercado en su sentido primigenio. Es, más bien, un modelo económico neoliberal puro y duro.
Conclusiones
La economía social de mercado no significa estatismo ni planificación central; pero tampoco significa abandono social, subsidiariedad extrema o privatización acrítica. Su significado real es más exigente: mercados libres dentro de un orden político que corrija desigualdades, garantice competencia, provea bienes públicos y haga efectiva la dignidad humana.
En el Perú, la Constitución de 1993 incorporó ese concepto, pero la práctica política y económica de los últimos treinta años la redujo a más mercado y menos Estado. Por eso, cuando el fujimorismo vuelve a citar recurrentemente la economía social de mercado, corresponde recordar que su verdadero contenido no se prueba en los eslóganes, sino en los resultados: empleo digno, servicios públicos universales, reducción efectiva de desigualdades y un Estado capaz de equilibrar el poder del mercado. Si esos pilares no están presentes, hablar de economía social de mercado es traicionar su sentido original, el cual ha sido mutilado burdamente en el modelo peruano. L:20052026
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(*)Es Doctor en Ciencias Económicas y profesor principal de economía financiera en la UNMSM.
(**) El ordoliberalismo a diferencia del liberalismo clásico, sostiene que el libre mercado no se sostiene por sí solo y requiere que el Estado intervenga para crear un marco legal que garantice la competencia y evite los monopolios.